La Política Española Después de la Revolución de 1868: Intentos Democratizadores
Tras la promulgación de la Constitución de 1869, se buscó establecer una legislación que amparara los intereses económicos de la burguesía nacional y de los inversores extranjeros. La política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero. El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, suprimió la contribución de consumos, aunque esta se restableció para las haciendas locales con una nueva ley en 1870. Para compensar la pérdida de ingresos, introdujo la contribución personal, que gravaba a todos los ciudadanos de forma directa según su renta. Otro decreto estableció la peseta como unidad monetaria, equivalente a cuatro de los antiguos reales.
A pesar de las reformas, el país arrastraba una gran deuda pública que no se consiguió atajar. La única gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1869 mediante la Ley de Bases Arancelarias, que ponía fin a la tradición proteccionista. Sin embargo, esta ley no fue bien recibida por las industrias algodoneras ni por los cerealistas, pues veían peligrar su monopolio.
La opinión política quedó polarizada entre dos grandes opciones: monarquía o república. La tendencia republicana creció de forma imparable, especialmente ante el descontento existente con la nueva regencia, ya que la forma de gobierno monárquica disgustó a los distintos sectores. Esto llevó a una fuerte conflictividad social durante el periodo de regencia (1869-1870).
El Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
El periodo de regencia del gobierno provisional concluyó en noviembre de 1870, cuando las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya como rey de España. El general Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias. Sin embargo, tras el asesinato de Prim, el nuevo monarca se quedó sin su consejero y valedor más fiel. Además, la nueva monarquía contaba con escasos apoyos: la Iglesia y los carlistas se oponían, y una parte del ejército mostró su resistencia a expresar fidelidad al nuevo monarca, lo que fue especialmente grave cuando se desencadenó el conflicto carlista y se inició la guerra en Cuba. A este descontento popular hay que sumar la deuda pública, que seguía en aumento. La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Finalmente, privado de todo apoyo, el 11 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España.
De la Revolución al Ensayo Republicano
La Primera República Española (1873-1874)
La última etapa política del Sexenio Democrático fue la Primera República (febrero de 1873 – enero de 1874). Estanislao Figueras, como presidente de la República, contó para gobernar con los miembros de su partido y con algunos republicanos unitarios. Figueras dimitió a los pocos días y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall. A nivel internacional, salvo Estados Unidos y Suiza, ninguna potencia reconoció la República española, a la que veían como un régimen revolucionario que podía poner en peligro la estabilidad de una Europa mayoritariamente burguesa y conservadora. Pese a todo, las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal. El propósito de Pi y Margall, junto a los miembros de su partido, era elaborar una constitución federal, separar la Iglesia y el Estado, y promulgar una serie de leyes sociales. En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución. La Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la Constitución de 1869. El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. Se establecía que la Nación española estaba compuesta por diecisiete Estados, entre ellos Cuba, y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, Estados regionales y Estado federal.
Fin de la República
La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción de gobierno: la insurrección carlista, la guerra en Cuba, el obstruccionismo de los partidos monárquicos y la división entre los propios republicanos. Pi y Margall se opuso a sofocar el conflicto por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón. Este nuevo presidente dimitió a principios de septiembre al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, mucho más conservador en cuestiones sociales. La República inició a partir de ese momento un progresivo desplazamiento hacia la derecha. El 3 de enero de 1874, cuando se abrieron las Cortes, el gobierno de Castelar fue derrotado en una votación y se pretendió implantar un gobierno de izquierdas. Al conocer este hecho, el capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía, exigió por la fuerza la disolución de las Cortes republicanas. Una vez que dimitieron las Cortes republicanas, el poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Pero el 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII (hijo de Isabel II), y Cánovas del Castillo se convirtió en el dirigente político de su causa. El 1 de diciembre del mismo año, el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sandhurst, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina: un régimen de signo conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal y restablecería la estabilidad política y el orden social.