La Desamortización en la España del Siglo XIX

Durante gran parte del siglo XIX, el estado liberal pretendió terminar con la estructura de propiedad heredada del Antiguo Régimen para convertirla en propiedad privada y permitir su venta en el mercado libre. Su propósito era aumentar los ingresos para reducir la deuda pública, financiar las guerras carlistas y el ferrocarril. Partiendo del análisis de la estructura de propiedad del Antiguo Régimen, la mayor parte de la población tenía como subsistencia la actividad agraria. La propiedad de la tierra en su mayoría pertenecía a los estamentos privilegiados (nobleza y clero) y a los ayuntamientos (bienes propios y comunes) y no se podían vender al hallarse defendida por los mecanismos jurídicos tradicionales. La nobleza, a través de los señoríos y de los mayorazgos, acumuló un extensísimo patrimonio rústico y urbano vinculado a un linaje o casa señorial, estimado en vísperas de las Cortes en el 51% del territorio nacional cultivable. El clero, además de percibir el diezmo, poseía señoríos, órdenes militares y bienes amortizados equivalentes al 17% de la superficie nacional cultivable. Los municipios disfrutaban de tierras, concebidas desde la Reconquista, aprovechadas comunalmente.

Obstáculos para la Explotación Capitalista

Los tres colectivos impedían la explotación capitalista, burguesa, de grandes extensiones de tierras, excluidas del mercado libre. El resultado de esta situación era la infravaloración de las tierras, sus bajos rendimientos, el perjuicio para el campesinado y especialmente para la Hacienda, ya que su condición privilegiada le libraba del pago de impuestos y no podía endurecer la fiscalidad sobre un campesinado mísero no propietario de las tierras que cultivaba. El estado era el más interesado en integrar todas esas tierras en el circuito comercial favoreciendo su venta a particulares, privatizándolas, en especial consolidando clases medias de campesinos propietarios, para aumentar sus rendimientos y modernizar sus técnicas al tiempo que aseguraran al estado mayores ingresos fiscales y apoyaran la consolidación del régimen liberal frente a la oposición presentada por los representantes del Antiguo Régimen.

Medidas Liberales para la Redistribución de la Propiedad

Los liberales destruirán esta injusta distribución de la propiedad aplicando medidas básicas:

• La primera es la abolición del diezmo (1837), que libró a los colonos del pago de esta renta.
• La segunda se basa en la desvinculación de los bienes de la nobleza, consistente en mantener sus propiedades, pero permitiéndoles su venta libremente, no en expropiarlas, ya que los liberales fueron incapaces de erosionar la propiedad de la nobleza, que sale libre de este proceso. Este proceso se llevó a cabo con la abolición de los señoríos, que consistió en finalizar las relaciones feudales mantenidas entre señores y vasallos y convertir a sus poseedores en propietarios de estas tierras, y la supresión de mayorazgos, que permitía a los propietarios vender libremente su patrimonio.
• La tercera es la privatización de bienes propios y comunes de los ayuntamientos y privatización de baldíos y realengos, ambas operaciones legalizadas en 1834 y 1837 y que disminuían los ingresos de los ayuntamientos.
• Finalmente, la cuarta incluía las desamortizaciones.

Las Desamortizaciones: Expropiación y Venta de Bienes

Las desamortizaciones consistieron en expropiar bienes hasta entonces imposibles de vender en manos del clero y de los municipios y, mediante su venta en subasta pública, ponerlas en circulación de mercado. En el siglo XIX el estado no pretendió ninguna reforma agraria, sino incrementar los ingresos fiscales para anular la deuda pública, financiar las guerras carlistas o el ferrocarril y crear un nuevo colectivo de propietarios afines al régimen liberal que debilitara los estamentos del Antiguo Régimen.

Principales Desamortizaciones del Siglo XIX

Aunque iniciadas por los ilustrados, las desamortizaciones más decisivas las llevaron a cabo los liberales del XIX. Las más importantes se debieron a Álvarez Mendizábal (1836-37) y Pascual Madoz (1855).

Desamortización de Mendizábal (1836-37)

La desamortización de Mendizábal, ejecutada durante la minoría de edad de Isabel II y Regencia de María Cristina, recayó sobre los bienes del clero regular y secular, pero tuvo pobres resultados: las comisiones municipales encargadas de las subastas configuraron grandes lotes, que sólo resultaron accesibles para la oligarquía y burguesía adineradas, convertidas de este modo en propietarios latifundistas, mientras el pequeño y mediano labrador, incapaces de comprar, no pudieron convertirse en propietarios. Las burguesías compraron masivamente al permitírseles pagarlas con el valor nominal de títulos de deuda pública. Habría que añadir la expropiación de los bienes del clero secular durante la regencia de Espartero (1840-43).

Desamortización de Madoz (1855)

La desamortización de Madoz, iniciada durante el bienio liberal y mayoría de edad de la reina, fue la de mayor extensión por su duración y volumen de bienes expropiados y vendidos, así como por las repercusiones sociales y los cambios en el régimen de propiedad agraria que implicó, así como en las formas de pago. Recayó sobre bienes del clero regular, pero sobre todo secular, de las órdenes militares y especialmente en los propios y comunes de los municipios para financiar la construcción de obras públicas, en especial del ferrocarril. Se obtuvo prácticamente el doble que con la desamortización de Mendizábal.

Consecuencias de la Desamortización

Entre las consecuencias de la desamortización, cuyas ventas afectaron al 50% de la tierra cultivable, además de la privatización de buena parte de los bienes eclesiásticos y municipales, hay que destacar cómo los liberales perdieron esta oportunidad de conseguir el apoyo del campesinado para consolidar el régimen liberal, ya que no lograron un campesinado medio y pequeño propietario, al no poder participar en las pujas. En segundo lugar, mantuvieron la división del país en dos zonas: latifundista en el sur y pequeña-media propiedad en el centro y norte. En tercer lugar, las desamortizaciones potenciaron la sustitución de la sociedad estamental por la clasista, no solo porque modificaron la estructura jurídica de la propiedad al convertirse en libre, individual y abierta al mercado, sino porque favorecieron la aparición de nuevos terratenientes burgueses con intereses agrarios, que perjudicaron el desarrollo industrial, cuyas inversiones se destinaban ahora al negocio agrario. En cuarto lugar, nuestra agricultura apenas se enriqueció con el cambio y se mantuvo por mucho tiempo a nivel de subsistencia, de tecnología rudimentaria, sin inversiones de capital, dedicado al cultivo del cereal, vid, olivo y cítricos. Consecuentemente, apenas participó en el desarrollo industrial del país, entrando en el siglo XX con una población de alta mortalidad, analfabetismo, pobre alimentación y baja calidad de vida. En quinto lugar, empeoró las economías de los municipios y de los servicios asistenciales de los ayuntamientos, que se vieron obligados a incrementar la presión fiscal sobre sus vecinos, acentuándose la emigración hacia ciudades industrializadas del país o de América. Finalmente, las desamortizaciones acentuaron la conflictividad social, especialmente en el sur, donde provocaron revueltas agrarias.