Siglo XVII: Decadencia de la Monarquía Española

A lo largo del siglo XVII, la monarquía española vivió una etapa de decadencia que puso fin a la expansión del siglo XVI. Esta progresiva decadencia se inició al final del reinado de Felipe II, coincidiendo con la decadencia económica de Castilla, núcleo de la monarquía, y con una grave crisis social y política en el entorno del territorio español.

Los monarcas se negaron a realizar personalmente las tareas del gobierno por miedo a perder sus riquezas y prestigio. Delegaron sus tareas a los validos, altos aristócratas que se acercaron a la persona del rey y consiguieron su confianza y poder político. En España destacó Felipe IV, con el Conde Duque de Olivares, cuyo gobierno destacó por el autoritarismo y la centralización. Durante su reinado estalló la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), un conflicto religioso y una pugna por la hegemonía europea que enfrentó a los príncipes alemanes protestantes y al rey católico Felipe IV. Fue partidario de entrar en la guerra para defender la hegemonía de los Habsburgo en Europa y para frenar el protagonismo de Francia. A pesar de las victorias iniciales, los tercios españoles cayeron derrotados y pactaron la Paz de Westfalia (1648), que reconocía la independencia del Norte de los Países Bajos y confirmaba el declive del Imperio Hispánico en Europa.

La participación de España en la guerra puso en evidencia la falta de recursos económicos y humanos de la monarquía. Para solucionar este problema, el Conde Duque de Olivares implantó una reforma de carácter centralizado, el Gran Memorial, con el que esperaba conseguir más recursos económicos y militares. Esta idea la llevó a cabo iniciando un programa para reunir a todos los reinos en un único Estado común, con las mismas leyes e instituciones.

El primer paso fue la creación de la Unión de Armas, un sistema militar de carácter defensivo que consistía en que todos los territorios de la corona debían contribuir con tropas e impuestos a las necesidades militares para la defensa del Imperio. El proyecto unificador y centralista provocó sublevaciones, destacando la de Cataluña y Portugal en 1640.

La Constitución de Cádiz de 1812

La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, fue la primera constitución española de carácter liberal. Se elaboró y promulgó en plena Guerra de Independencia. Consta de 384 artículos, de los que podemos destacar los siguientes:

• Principio de soberanía nacional: Este principio se opone a la soberanía monárquica absolutista legitimada por el origen divino.
• División de poderes: El poder legislativo pasó a manos de unas Cortes unicamerales y al rey. El poder judicial pasó a manos del tribunal de justicia. El poder ejecutivo acabó con limitaciones en manos del rey. Aunque el rey reina pero no gobierna, sigue teniendo grandes influencias: es el jefe supremo de las fuerzas armadas, etc.
• Nuevo derecho de representación: Los diputados representan a todos los españoles y no a los estamentos, como las antiguas cortes. De este modo, los ciudadanos pueden participar en la política, aunque la nación solo puede ejercer su poder indirectamente.
• Declaración de igualdad de derechos: Fue el fin de las diferencias estamentales con los privilegios fiscales y jurídicos.
• Se crearon derechos individuales como el derecho a la educación, derecho a una vivienda, etc.
• Se recoge el concepto de nación española, que se define como la “reunión de todos los españoles de ambos hemisferios´´.
• Propone como forma de gobierno la monarquía constitucional.
• Se proclama el catolicismo como única confesión permitida, interpretando esta negación de la libertad religiosa como un gesto de prudencia por la guerra y la necesaria colaboración del clero católico en la lucha con los franceses.

La Constitución de Cádiz no tuvo una gran incidencia práctica. La situación de la guerra impidió su efectiva aplicación y, la vuelta de Fernando VII supuso el retorno del absolutismo.

Crisis del Sistema de la Restauración a principios del Siglo XX

A comienzos del siglo XX, el sistema político de la Restauración aún seguía vigente y se sustentaba en una monarquía liberal, que se basaba en la Constitución de 1876. Este sistema había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos (Liberal y Conservador).

Pero a finales del siglo XIX, una corriente ideológica denunció los vicios del sistema y realizó una serie de propuestas para la modernización de España en lo social, lo político y lo económico. Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos optaron por dos líderes: Antonio Maura (Partido Conservador) y José Canalejas (Partido Liberal).

Gobierno de Antonio Maura (1907-1909)

En el llamado gobierno largo del conservador Antonio Maura (1907–1909), su iniciativa más importante fue el Proyecto de Ley de Administración Local, que contemplaba una mayor autonomía para las corporaciones locales y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Su programa incluyó otras disposiciones, como la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP), la Ley de Descanso Dominical y la legalización del derecho a huelga.

Gobierno de José Canalejas

Por su parte, el liberal José Canalejas, intentó la secularización del Estado (“Ley del Candado” 1910) y una amplia intervención en materia social: reducción de la jornada laboral, ley de accidentes de trabajo, prohibición del trabajo femenino nocturno, etc. El 11 de julio de 1912, José Canalejas aprueba la Ley de Cabildos Insulares para dar cierta autonomía a cada una de las Islas Canarias y acabar con el pleito inter capitalino entre Gran Canaria y Tenerife.