El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Comienza con la firma del Tratado de Valençay en 1813, que puso fin a la ocupación francesa y permitió el regreso de Fernando VII al trono de España. A su regreso, el rey se enfrenta a la situación política que había dejado la guerra y a las tensiones internas del país. En 1814, se presenta el Manifiesto de los Persas, firmado por 69 diputados “serviles”, que apoyan el regreso al absolutismo y censuran la labor de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. En respuesta, el 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulga el Decreto de Valencia, que anulaba la legislación liberal, restaurando instituciones antiguas como los gremios, los privilegios fiscales aragoneses y la Inquisición, además de perseguir a los liberales. Durante este periodo, se reorganiza el gobierno bajo un sistema de despotismo ilustrado, con un fuerte poder de los ministerios, como los de Hacienda, Estado, Guerra, Asuntos Exteriores y Ejército. El régimen enfrenta varios pronunciamientos liberales, como los de Espoz y Mina en Navarra, Díaz-Porlier en La Coruña y Lacy en Barcelona, muchos de ellos con la influencia de la masonería en las conspiraciones. Durante este periodo, se crea el Museo del Prado en 1819 y se permite el regreso de los jesuitas, símbolos de la restauración absolutista.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Comienza con el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, la cual vuelve a estar en vigor. En esta fase, se impulsan varias medidas anticatólicas, como la expulsión de los jesuitas, la desamortización de bienes eclesiásticos, el destierro de obispos y la obligación de explicar la Constitución en las misas. La masonería crece durante este periodo, con la formación de grupos como los carbonarios, los anilleros y los comuneros. También se restablece la Milicia Nacional. Dentro del movimiento liberal, se producen divisiones entre los moderados o doceañistas, que eran antiguos diputados de Cádiz e intelectuales ilustrados, y los progresistas o exaltados (o venteañistas), que defendían un enfoque más radical del liberalismo.

Mientras tanto, la oposición al liberalismo se intensifica, principalmente a través de los realistas, quienes forman la Regencia de Urgel en Cataluña, aunque esta es disuelta rápidamente por el Ejército tras una breve guerra civil. Fernando VII obstaculiza las medidas liberales y, en nombre de la Santa Alianza, el Congreso de Verona envía a los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército que restaura el poder absoluto de Fernando VII y pone fin al Trienio Liberal.

La Década “Ominosa” (1823-1833)

Comienza con la restauración del absolutismo bajo Fernando VII, aunque el monarca acepta la presencia de ministros reformistas, que buscan adaptarse a la nueva situación política y económica tras la independencia de las colonias americanas en 1824. Estos ministros reformistas, conocidos como criptoliberales, necesitan el apoyo de la burguesía liberal para reactivar la economía, mientras que los apostólicos, apoyados por Carlos María Isidro, hermano del rey y heredero al trono, se oponen a cualquier tipo de reforma liberal. En Cataluña, estalla la Revuelta de los Agraviados en 1827, un levantamiento popular que refleja el descontento con el régimen. En cuanto a las medidas adoptadas, se crea el Consejo de Ministros como órgano central del gobierno, se implementan reformas económicas, como el Código de Comercio, los primeros presupuestos generales del Estado, la creación del Banco de San Fernando y la Ley de Baldíos, que regulaba los bienes comunales. También se toman medidas en el ámbito educativo, como el Plan General de Estudios de Calomarde, que abarcaba desde la educación primaria hasta la superior, y se crea la Policía. A nivel político, el problema sucesorio se intensifica con el nacimiento de Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina de Nápoles en 1830. La reina busca apoyo en Cea Bermúdez, un liberal conservador, para garantizar los derechos sucesorios de su hija. La controversia sobre la sucesión se resuelve cuando Fernando VII deroga la Ley Sálica mediante la Pragmática Sanción de 1830, lo que permite que una mujer pueda heredar la corona, aunque esta no fue aprobada en las Cortes, lo que genera debate sobre su legalidad. Tras la enfermedad de Fernando VII, el rey reafirma los derechos sucesorios de Isabel, lo que provoca la disputa dinástica con su hermano Carlos María Isidro, dando origen a la primera Guerra Carlista.

Isabel II: El Reinado Efectivo (1843-1868)

Entre 1833 y 1840 María Cristina gobernó como regente, tras su dimisión en septiembre de 1840 Espartero se convirtió en el nuevo regente, hasta agosto de 1843. En otoño, las Cortes votaron la mayoría de edad de Isabel II, iniciando a los trece años su reinado efectivo (1843-1868). Durante la mayoría de edad de Isabel II se procedió a la auténtica construcción del nuevo Estado liberal. Pueden distinguirse en estos años varias fases: una Década moderada, un Bienio progresista y por último la Unión Liberal y el retorno del moderantismo.

La Década Moderada (1844-1854)

Narváez, líder de los moderados, estuvo al frente del gobierno. Estableció un sistema político estable, donde primaba el orden a la libertad, marginando a los progresistas, y contando con el apoyo del Ejército y las élites sociales. Suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844). Se promulga la Constitución de 1845, más conservadora que la de 1837, soberanía compartida Rey-Cortes, Cortes bicamerales y sufragio censitario. Se adoptaron medidas de control de la Administración provincial y local: se crea el cargo de gobernador civil y se suprime el carácter electivo de los alcaldes, siendo elegidos por el Gobierno; y se aprueba un nuevo Código Civil y Penal. En Hacienda se aprobó la Ley Mon-Santillán, potenciándose los impuestos indirectos. Se firmó el Concordato de 1851, por el que el Papa reconocía a Isabel II como reina, y el Estado se comprometía a financiar la Iglesia y entregarle el control de la enseñanza y la censura. Desde 1849 se incrementó el autoritarismo; se funda el Partido Demócrata, reivindicando el sufragio universal, Cortes unicamerales, libertad religiosa, instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en las relaciones laborales. A comienzos de 1854 las Cortes se habían suspendido y el descontento aumentaba.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Comienza en julio de 1854 con el pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro (Vicalvarada). En su retirada hacia Andalucía, se le unió el general Serrano, y ambos proclaman el Manifiesto de Manzanares con promesas progresistas, consiguiendo que casi toda España se les uniera. Isabel II encargó formar gobierno al progresista general Espartero, con O Donnell como ministro de la Guerra. Durante el Bienio progresista se restauran leyes e instituciones como la Ley de Imprenta, Ley Electoral y Milicia Nacional. Se elabora la Constitución de 1856, non-nata, similar a la de 1837, soberanía nacional, Cortes bicamerales electivas, potestad legislativa Rey-Cortes, y ampliaba los derechos individuales. En economía se aplicó la Ley desamortizadora de Madoz (1855) de bienes eclesiásticos, municipales y del Estado; Ley de Ferrocarriles (1855), Ley Bancaria (1856) creando el Banco de España. Pero la conflictividad social provocó una crisis y en julio de 1856 Espartero dimitió y la reina encargó gobierno al general O Donnell.

De 1856 a 1868 se produjo la alternancia entre los moderados y la Unión Liberal. En 1856 O Donnell, con su nuevo partido la Unión Liberal, intentaba establecer un liberalismo centrista (moderados de izquierda y progresistas), repuso la Constitución de 1845 con un Acta Adicional progresista. Pero este gobierno fue breve, Narváez retornó, suprimió el Acta Adicional y se rodeó de los elementos más conservadores del moderantismo. De nuevo la Unión Liberal (O’Donnell) estaría en el Gobierno (1858-1863). Años de expansión económica y de una activa política exterior: apoyó a Francia en Indochina, Guerra contra Marruecos, expedición a México y guerra contra Perú y Chile. En 1863, el desgaste en el gobierno y las divisiones del partido llevaron a O’Donnell a dimitir. Volvió Narváez al Gobierno (1864-1865), con una política conservadora y de represión de las libertades, pero incapaz de responder a las demandas sociales y políticas. La expulsión de los catedráticos Sanz del Río y Emilio Castelar (noche S. Daniel 1865) puso fin al Gobierno de Narváez. O Donnell asumió el Gobierno (1865-1866), pero los desacuerdos con la reina condujo a Narváez a un nuevo Gobierno (1866-abril 1868). El descrédito de Isabel II y la recesión económica generaban malestar social.

En junio 1866 se produjo la sublevación de los sargentos del cuartel de S. Gil (Madrid); y en agosto, progresistas, demócratas y republicanos, liderados por Prim, firman el Pacto de Ostende, querían destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. La muerte de Narváez y O Donnell, y el débil Gobierno de González Bravo, aisló a la reina. En septiembre de 1868 Prim y Topete inician la sublevación (“La Gloriosa”), que dirigida por Serrano provocó la caída de Isabel II y abrió la esperanza de un régimen democrático para España.

El Sistema Canovista (1874-1931)

La Restauración en España abarca tanto el restablecimiento de la monarquía con Alfonso XII en 1874 como el periodo entre 1874 y 1931, cuando la Corona se sustentó en un sistema político que se dividió en dos fases: el asentamiento del sistema (1875-1902) y su crisis (1902-1931), coincidiendo con la mayoría de edad de Alfonso XIII, quien asumió tras la regencia de su madre, María Cristina. Antonio Cánovas del Castillo, figura clave, estructuró el nuevo régimen después del fallido intento republicano, presentando a Alfonso XII como candidato al trono mediante el Manifiesto de Sandhurst.

Cánovas instauró un sistema político basado en el bipartidismo, inspirado en el modelo británico. La Constitución de 1876 reconoció la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, estableció un Parlamento bicameral y una alternancia pacífica de poder entre los dos principales partidos: el Conservador, liderado por Cánovas, y el Liberal, liderado por Sagasta. Ambos representaban intereses diferentes: los conservadores apoyaban una visión restrictiva del sufragio y el orden social, mientras que los liberales defendían una interpretación más aperturista de los derechos y un Estado laico. Aunque las elecciones se celebraban formalmente mediante sufragio censitario, en realidad eran manipuladas por fraudes electorales masivos, donde los caciques locales jugaban un papel fundamental.

Las principales medidas del gobierno restauracionista incluyeron la pacificación del país tras la Tercera Guerra Carlista (1876) y la Primera Guerra de Cuba (1878), la aprobación de reformas liberalizadoras como la libertad de prensa y el Código Civil, así como la expansión del sufragio universal masculino en 1890. También se implementaron políticas proteccionistas, como el arancel de Cánovas de 1891, y se legalizó la creación de organizaciones obreras en 1887.

Sin embargo, el sistema enfrentó la oposición de diversos movimientos, principalmente los nacionalistas y obreros. El nacionalismo catalán, impulsado por el desarrollo económico de Cataluña y el deseo de recuperar su identidad cultural, se organizó en la “Lliga Regionalista”, liderada por Francesc Cambó y Enric Prat de la Riba, con el objetivo de obtener más autonomía. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), creado en 1895 por Sabino Arana, defendía la independencia vasca y la creación de un gobierno propio. En Galicia, surgieron dos tendencias regionalistas, una tradicionalista y otra liberal-democrática.

El movimiento obrero también cobró fuerza tras la legalización de las organizaciones sindicales en 1881, destacando el anarquismo y el marxismo. Los anarquistas abogaban por la revolución violenta y la destrucción del Estado burgués, mientras que los socialistas, organizados alrededor de Pablo Iglesias, fundaron el PSOE en 1879 y la UGT en 1887, buscando una transformación socialista a través de la organización y la propaganda.

Isabel II: Regencias, Guerras Carlistas y Grupos Políticos

El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en la minoría de edad (1833-1843), con las regencias de María Cristina y Espartero, y el reinado efectivo (1843-1868). Durante la minoría de edad, estalló la Primera Guerra Carlista (1833-1840), un conflicto motivado por la cuestión sucesoria entre los carlistas, que apoyaban a Carlos María Isidro y defendían el Antiguo Régimen y los fueros, e isabelinos, que eran liberales. La guerra tuvo tres fases: avance carlista (1833-1835), repliegue carlista (1835-1837) y triunfo isabelino (1837-1839), que culminó en el Convenio de Vergara (1839), donde se pactó integrar a los militares carlistas al ejército isabelino y mantener los fueros. Tras la guerra, las regencias liberalizaron gradualmente el país. El Partido Moderado defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, mientras que el Progresista abogaba por la soberanía nacional. Durante la regencia de Maria Cristina, se promulgó el Estatuto Real (1834), una carta otorgada que establecía unas Cortes bicamerales pero sin reconocer la soberanía nacional ni los derechos individuales. En 1835 hubo una revuelta liberal, donde se implementaron cambios importantes como la libertad de prensa, la venta de tierras de la Iglesia, y el fin de los privilegios de la nobleza. Todo esto culminó en la Constitución de 1837, que estableció ideas como la soberanía del pueblo, la división de poderes, un parlamento bicameral y derechos para las personas. Después de que María Cristina dejase el poder, Espartero se hizo cargo como regente (entre 1840 y 1843), pero su forma autoritaria de gobernar provocó mucha oposición y tuvo que renunciar tras un levantamiento. En 1843, Isabel II fue proclamada mayor de edad y empezó a gobernar.

Década Moderada (1844-1854)

Narváez gobernó con un estilo autoritario, aprobando una Constitución que le daba más poder al rey. También creó la Guardia Civil y firmó un acuerdo con la Iglesia para mantener su poder. La oposición se organizó en el Partido Demócrata en 1849, pidiendo más libertad y el sufragio universal (voto para todos).

Bienio Progresista (1854-1856)

El líder Espartero intentó hacer reformas para dar más derechos y mejorar la economía. Restableció la Milicia Nacional y aprobó una nueva Constitución (que no llegó a entrar en vigor). También impulsó cambios como la Desamortización de Madoz (vendiendo bienes de la Iglesia y el Estado) y la Ley de Ferrocarriles. Pero una crisis económica hizo que Espartero tuviera que dimitir.

Crisis y Revolución (1866-1868)

La política en España seguía muy dividida, y en 1866, los opositores de Isabel II se unieron en el Pacto de Ostende para quitarla del poder. Finalmente, en 1868, una revolución militar (la “Gloriosa”) logró que Isabel II fuera derrocada y se abriera paso a un gobierno más democrático.