Desamortización y Transición Liberal en España (1835-1837)

Entre 1835 y 1837, durante la regencia de María Cristina, los progresistas liderados por Mendizábal impulsaron la transición de un sistema del Antiguo Régimen a un régimen liberal en España. Este proceso incluyó reformas fundamentales en la propiedad agraria con tres acciones principales:

Abolición de los señoríos: Se eliminó la legislación que otorgaba atribuciones jurisdiccionales a los señores, aunque estos conservaron la propiedad de las tierras que administraban.

Desvinculación de los mayorazgos: Se permitió a la nobleza vender tierras que antes estaban perpetuamente ligadas a familias o instituciones, lo que favoreció la libre circulación de la propiedad.

Desamortización de bienes eclesiásticos: En 1836, Mendizábal decretó la disolución de órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y asistencia hospitalaria, y la incautación de sus propiedades por parte del Estado. Estas propiedades (incluyendo tierras, conventos, casas y monasterios) se subastaron al público para obtener fondos. Aunque se permitió pagar con títulos de deuda pública o efectivo, esto benefició principalmente a funcionarios, comerciantes, militares y nobles, dejando fuera a los campesinos, que constituían la mayoría de la población.

Objetivos de la Desamortización de Mendizábal

Reducir la deuda pública: En un contexto de déficit fiscal crónico, agravado por la ineficaz recaudación de impuestos, los privilegios fiscales de la nobleza y los gastos de la primera guerra carlista (1833-1839), la desamortización ayudó a amortizar la deuda y financiar al Estado.

Promover la propiedad privada: Se buscó transferir bienes “amortizados” (no comerciables) al mercado privado, consolidando el sistema capitalista y fortaleciendo una clase burguesa alineada con el régimen liberal.

Impacto de la Desamortización

La desamortización generó una transformación en el sistema de propiedad, consolidó el capitalismo y creó una burguesía propietaria. Sin embargo, los campesinos, principales interesados en poseer las tierras, quedaron excluidos debido a su falta de recursos económicos, perpetuando su desigualdad y dependencia.

La Desamortización de Madoz (1855)

La desamortización de Madoz, conocida también como “desamortización civil”, fue impulsada en 1855 por Pascual Madoz, ministro de Hacienda durante el Bienio Progresista (reinado de Isabel II). Esta ley abarcó un gran número de propiedades pertenecientes al Estado, la Iglesia, las órdenes militares, cofradías, instituciones benéficas, los ayuntamientos y bienes del ex infante don Carlos, entre otros. Además, incluyó la desamortización de censos de estas mismas entidades.

Características Principales de la Desamortización de Madoz

1. Mayor volumen e impacto: Fue la desamortización más extensa y de mayor repercusión en España, superando a la de Mendizábal en bienes movilizados, duración y alcance.
2. Bienes afectados: El 30% de lo desamortizado pertenecía a la Iglesia, el 20% a instituciones de beneficencia y el 50% a propiedades municipales, especialmente de los pueblos. Aunque tradicionalmente se llamó “civil”, también incluyó propiedades eclesiásticas, sobre todo del clero secular.
3. Duración: La aplicación de la ley fue intermitente. Suspendida en 1856, se reanudó en 1858 bajo el gobierno de O’Donnell y continuó hasta finales del siglo XIX, a pesar de los cambios de gobierno.

Resultados de la Desamortización de Madoz

• Volumen de ventas: Hasta 1867 se vendieron 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas, generando ingresos de 7.856 millones de reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal.
• Uso de los ingresos: Se destinó principalmente a cubrir el déficit del Estado, amortizar la deuda pública y financiar obras públicas. También se asignaron 30 millones de reales anuales para reparar y reconstruir iglesias.
• Cambios en la propiedad: Se acabó con las “manos muertas” (propiedades inmovilizadas que no podían ser compradas ni vendidas), lo que favoreció la expansión del sistema capitalista. Sin embargo, los campesinos no se beneficiaron significativamente, ya que las propiedades se concentraron en manos de clases adineradas.

Fin de la Desamortización

En 1924, el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes que permitían la desamortización de bienes municipales, marcando el fin de este proceso histórico.

Consecuencias de la Desamortización

Las consecuencias de la desamortización fueron muchas:

• Políticas: La masa de compradores, burgueses y aristócratas, conformaron una clase social dispuesta a apoyar el trono de Isabel II, lo que reforzó el régimen liberal.
• Económicas: El Estado recaudó en las dos fases entre 11 y 12 mil millones de reales, con lo que pudo hacer frente a los gastos de guerra y rescatar parte de la Deuda, equilibrando los presupuestos públicos. Además, la agricultura experimentó un impulso decisivo con la ampliación de la superficie cultivada. No se solucionaron, sin embargo, los problemas de latifundismo-minifundio.
• Sociales: Aunque la nobleza y sobre todo la burguesía se vieron beneficiadas, los campesinos no tuvieron acceso a la propiedad de la tierra.
• Urbanas: Con los inmuebles y huertos de los monasterios de las ciudades se pudieron habilitar edificios para la administración o la enseñanza y trazar plazas, que modificaron el aspecto de los cascos antiguos.
• Artísticas: El del arte fue el capítulo más negativo. Al abandonar los monjes los monasterios, se perdieron retablos y, con ellos, pinturas y esculturas de gran valor, mientras se deterioraban los edificios.

Dos Opciones Enfrentadas: El Carlismo vs. el Isabelismo

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, se reactivó la dinámica de guerra y revolución que caracteriza el proceso de disolución del Antiguo Régimen en España. Los sectores absolutistas partidarios de Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, iniciaron una insurrección armada para impedir la consolidación del trono isabelino. Esta derivó en una guerra civil, que no fue una simple cuestión dinástica, sino un conflicto de gran contenido social e ideológico.

Los carlistas se agrupaban ideológicamente bajo el lema Dios, Patria y Rey, que representaba los intereses del legitimismo absolutista (Altar y Trono), la preeminencia social de la Iglesia, el mantenimiento de las estructuras económicas del Antiguo Régimen y la conservación de un sistema foral particularista frente a la centralización política liberal.

La sublevación se desplegó por zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Contó con el respaldo social de sectores contrarios al liberalismo, aunque por diversos motivos: miembros del clero (desamortización), buena parte de la pequeña nobleza agraria (desvinculación y mayorazgos), oficiales reaccionarios del Ejército, numerosos artesanos arruinados (abolición de los gremios) y campesinos arrendatarios. Parte del campesinado se unió al carlismo ante el temor de verse expulsados de sus tierras por la reforma de la propiedad liberal y los nuevos impuestos estatales. Su comportamiento refleja una resistencia colectiva frente a las innovaciones en virtud de un pasado idealizado.

La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza, de los funcionarios reformistas y de un sector de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, la dinámica de guerra y los problemas económicos obligaron a ampliar esta base social comprometiendo a la burguesía (adquisición de bienes desamortizados) y a los sectores populares (participación en la Milicia Nacional) a cambio de reformas en el régimen político. La guerra se convertiría en un acelerador del cambio político.

El conflicto también presentó una dimensión internacional en una Europa dividida entre absolutistas y liberales. Los carlistas recibieron el apoyo de potencias contrarrevolucionarias como Rusia, Prusia, Austria y Nápoles. Mientras que los liberales recibieron la ayuda de Francia y el Reino Unido con las que firmaron la Cuádruple Alianza de 1834, que evidenciaba el interés de ambas potencias acreedoras por estabilizar los regímenes liberales.

Desarrollo de la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Carlos María Isidro reivindicó sus derechos dinásticos en el Manifiesto de Abrantes, poco después de la muerte de su hermano, y no tardaron en producirse insurrecciones armadas. Los carlistas se hicieron fuertes en las zonas montañosas de Navarra y País Vasco y en zonas aisladas de Valencia y Aragón, donde organizaron sus efectivos en partidas armadas. En 1834, Carlos María Isidro se instaló en zona carlista y logró organizar un pequeño Estado y formar un ejército al mando de Zumalacárregui.

La guerra se desarrolló en las siguientes etapas:

• Entre 1833 y 1835, se produjo la estabilización y avance del ejército carlista, hasta la muerte del general Zumalacárregui en 1835 durante el asedio de Bilbao, donde los carlistas perdieron a su mejor organizador y estratega. En esta fase se delimitaron las áreas y zonas de influencia.
• Entre 1835 y 1837, aprovechando el momento más crítico de la regencia, los carlistas organizaron expediciones militares para romper su aislamiento. En 1836, el ejército carlista extendió su actividad hasta Andalucía y, en 1837, una expedición real encabezada por Don Carlos llegó a las puertas de Madrid con la intención de pactar con la regente, pero fue rechazada por las tropas liberales. En ambas expediciones quedó patente el escaso apoyo de la población civil fuera de sus zonas de influencia. De nuevo, fracasó un intento de tomar Bilbao gracias a la victoria del general isabelino Baldomero Espartero en la batalla de Luchana.
• Entre 1837 y 1839 se desarrolló la ofensiva isabelina bajo el mando de Espartero, que constató la debilidad del carlismo y la escisión carlista entre los transaccionistas de Maroto y los intransigentes o apostólicos de Cabrera. Finalmente, Maroto acordó con Espartero la firma del Convenio de Vergara en 1839. El acuerdo preveía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real.
• A partir de 1839, solo las partidas de Cabrera continuaron resistiendo en la zona del Maestrazgo hasta su derrota en 1840, que supuso la retirada hacia Francia y el exilio del pretendiente carlista.

Consecuencias de la Primera Guerra Carlista

Las consecuencias de la guerra se pueden dividir en:

• Demográficas: El número de muertos se contabiliza entre 150.000 y 200.000, en un país de 13 millones de habitantes, con episodios de crueldad en forma de represalias y venganzas que sembraron el terror en la población.
• Políticas: La guerra consolidó la división del liberalismo español en moderados y progresistas y, al mismo tiempo, situó en el liderazgo de ambas tendencias políticas a los militares que protagonizaron los principales pronunciamientos del periodo hasta 1874.
• Económicas: La guerra incrementó la deuda, condicionó los objetivos de la desamortización y dificultó el desarrollo industrial.