Las Desamortizaciones
Durante el siglo XIX, España vivió un proceso de cambios económicos y sociales marcados por las desamortizaciones, la industrialización y la modernización de las comunicaciones.
Las desamortizaciones, iniciadas por Mendizábal en 1836 y ampliadas por Madoz en 1855, consistieron en la expropiación y venta de tierras de la Iglesia y los municipios con el objetivo de obtener fondos para financiar la guerra y mejorar la economía. Sin embargo, estas medidas no beneficiaron a los campesinos, ya que las tierras fueron adquiridas por la nobleza y la burguesía, consolidando la gran propiedad y generando malestar social, especialmente entre el clero y las clases más desfavorecidas.
La Industrialización Española
La industrialización española fue tardía y limitada a regiones como Cataluña, que destacó en la industria textil, y Vizcaya, que se convirtió en el centro de la siderurgia gracias a su relación comercial con Gran Bretaña. La minería se expandió con la Ley de Minas de 1868, pero la mayor parte de los recursos quedaron en manos de empresas extranjeras. Factores como la geografía accidentada, la falta de capital y la inestabilidad política dificultaron el desarrollo de una industria nacional fuerte.
Comunicaciones y Comercio
En cuanto a las comunicaciones, se ampliaron carreteras, se modernizaron puertos como los de Barcelona y Bilbao, y se impulsó la red ferroviaria con la Ley de Ferrocarriles de 1855, permitiendo la inversión extranjera y mejorando el comercio y la movilidad. Sin embargo, la dependencia del material ferroviario importado impidió el desarrollo de una industria metalúrgica propia.
El comercio español estuvo marcado por el enfrentamiento entre proteccionistas, que buscaban proteger la industria nacional, y librecambistas, que defendían la apertura del mercado. Aunque el proteccionismo favoreció a sectores como el textil catalán y la siderurgia vasca, no logró impulsar el desarrollo industrial de manera significativa.
No transformaron completamente la estructura económica del país. Las desamortizaciones beneficiaron a las élites y no resolvieron el problema agrario, la industrialización fue desigual y dependiente del capital extranjero, y las mejoras en infraestructuras no fueron suficientes para consolidar un mercado nacional fuerte.
El Sistema Canovista
El Sistema Canovista se instauró en 1874, tras la Restauración borbónica, con el objetivo de garantizar la estabilidad política en España mediante la alternancia en el poder entre dos partidos: el Partido Liberal Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Este sistema se basaba en la creación de una red clientelar que aseguraba el control de las elecciones mediante prácticas como el caciquismo, el encasillado y el pucherazo, que manipulaban los resultados electorales. A través de estas prácticas, se lograba un gobierno pacífico y estable.
La Constitución de 1876 fue clave en la consolidación del sistema, estableciendo una monarquía constitucional en la que el rey, Alfonso XII, gozaba de amplios poderes: era el árbitro de la vida política, encargado de convocar y disolver las Cortes, nombrar al presidente del gobierno y sancionar las leyes. El sistema político se organizaba en un sistema bicameral con un Congreso elegido por sufragio censitario hasta 1890, y un Senado compuesto por senadores vitalicios, designados por el rey. Además, la Constitución reflejaba un centralismo que consolidaba el control del Estado sobre las instituciones locales y un Estado confesional católico con la financiación estatal de la Iglesia.
El Turno de Partidos
Hasta 1885, Cánovas y Sagasta se alternaban en el poder, y, tras la muerte de Alfonso XII en 1885, la regencia de María Cristina de Habsburgo consolidó aún más esta práctica. Durante este período, Cánovas defendió el orden social y la monarquía, mientras que Sagasta promovió reformas como la expansión de los derechos políticos. A pesar de estas reformas, el sistema entró en crisis en los últimos años del siglo XIX, especialmente por la Guerra de Cuba (1895-1898), que culminó con la pérdida de las últimas colonias españolas y la crisis económica y social.
La Oposición al Sistema
El nacionalismo catalán comenzó como un movimiento cultural en el siglo XIX, pero se transformó en un movimiento político. A partir de 1891, Prat de la Riba fundó la Unió Catalanista, que defendía un liberalismo moderado y una autonomía política para Cataluña. Este movimiento continuó evolucionando con la formación de la Lliga Regionalista en 1901, que se centró en la defensa de los intereses económicos de la burguesía catalana.
El nacionalismo vasco tuvo sus raíces en la pérdida de los fueros vascos tras la Tercera Guerra Carlista. Este movimiento fue impulsado por figuras como Sabino Arana, quien fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895, defendiendo una Euskadi tradicionalista e independiente. Este nacionalismo vasco tenía un componente racial y cultural, y se dividió entre las corrientes independentista y autonomista.
En Galicia, el nacionalismo gallego se centró en la defensa de la lengua gallega y una mayor descentralización del poder. Este movimiento estuvo asociado al romanticismo y tuvo un carácter principalmente cultural, con la creación de la Asociación Regionalista Gallega en 1890, dirigida por Manuel Murguía.
El movimiento obrero también comenzó a fortalecerse después de las movilizaciones del Sexenio Democrático. El socialismo se organizó en torno al PSOE (fundado por Pablo Iglesias en 1879), que en 1887 consiguió la legalización gracias a la Ley de Asociaciones de Sagasta. Además, se fundó la UGT (1888), un sindicato socialista que fue aliado del PSOE. Por otro lado, el anarquismo ganó terreno en zonas como Cataluña y Andalucía, donde se formaron asociaciones como la Federación Regional Española de la Internacional (FREI) y la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE).
A finales del siglo XIX, el anarquismo adoptó una postura más violenta, con atentados y magnicidios como el asesinato de Cánovas en 1897.
La Evolución de la Población
Durante el siglo XIX, la población española creció lentamente debido a las altas tasas de natalidad y mortalidad, causadas por guerras, epidemias y crisis de subsistencia. Aunque a finales de siglo el crecimiento se aceleró, la densidad de población siguió siendo baja y con grandes desigualdades territoriales. La migración interna aumentó con el éxodo rural hacia las ciudades industriales y portuarias como Barcelona, Bilbao y Madrid, mientras que la emigración externa se dirigió a América y el norte de África tras la legalización en 1869.
El desarrollo urbano fue impulsado por la división provincial de 1833 y la industrialización. Las ciudades crecieron desordenadamente hasta mediados de siglo, cuando se implementaron planes urbanísticos como el Ensanche de Madrid y Barcelona. Sin embargo, la expansión urbana trajo problemas de hacinamiento y degradación de los barrios obreros, que carecían de infraestructuras y servicios básicos.
Transformación Social
En el ámbito social, se produjo la transición de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Se eliminó el sistema feudal y la posición social pasó a depender de la riqueza. La clase alta, formada por la aristocracia y la burguesía, concentró el poder económico y político. La clase media creció, aunque sin alcanzar la relevancia de otros países europeos. Las clases populares, mayoritarias, enfrentaron duras condiciones laborales, lo que impulsó el movimiento obrero.
La Iglesia perdió parte de su influencia con las desamortizaciones, aunque el Concordato de 1851 le permitió mantener su peso en la sociedad. Por otro lado, el Ejército jugó un papel clave en la política mediante pronunciamientos y liderazgos políticos.
En conclusión, el siglo XIX trajo cambios importantes en la demografía, la urbanización y la estructura social, aunque las desigualdades y las dificultades económicas persistieron.