La Quiebra Económica y los Intentos de Reforma (1825-1833)

A partir de 1825, la economía española enfrentó graves problemas, principalmente un déficit de Hacienda exacerbado por la pérdida de las colonias americanas y la caída del comercio. El gobierno de Fernando VII, ante esta situación, adoptó una postura más abierta a la colaboración con la burguesía moderada. El ministro de Hacienda, López Ballesteros, implementó varias reformas:

• Presupuestos Estatales Anuales: Se establecieron presupuestos con doble partida de ingresos y gastos para intentar controlar la deuda. Sin embargo, no se abordó una reforma fiscal profunda, ya que implicaba afectar los privilegios fiscales de la nobleza, principal soporte del rey. Se mantuvieron múltiples impuestos, y la contención del gasto ayudó a equilibrar parcialmente el presupuesto. Se negoció con Francia e Inglaterra el pago de la deuda.
• Código de Comercio: Se promulgó un Código de Comercio para facilitar los intercambios y la creación de sociedades industriales y de inversión.
• Fomento de la Riqueza y Amortización de la Deuda: Se crearon la Junta de Fomento de Riqueza Pública y la Caja de Amortización de la Deuda.
• Banco de San Fernando: Se fundó el Banco de San Fernando, sucesor del Banco de San Carlos, con ingresos estatales y el monopolio de la emisión de moneda.

El sector más conservador y tradicionalista de la Corte, la nobleza y el clero, rechazaron este cambio de orientación política. Ya estaban descontentos porque Fernando VII no había reinstaurado la Inquisición ni perseguido con suficiente dureza a los liberales. En 1827, en Cataluña, se produjo el levantamiento de partidas realistas, los “Malcontents” o “Agraviados”, que defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales.

La Desamortización

La desamortización fue el proceso legal por el cual las tierras en “manos muertas” (tierras que no se podían comprar ni vender) pasaron a ser propiedad privada.

Aunque propuesta por ministros ilustrados como Jovellanos en su “Informe sobre la ley agraria” e iniciada por Godoy, ministro de Carlos IV, y legislada por las Cortes de Cádiz durante la Guerra de Independencia, la desamortización no se llevó a cabo de forma efectiva hasta el siglo XIX, en dos fases principales: durante la década de 1830 y a partir del Bienio Progresista.

El Conflicto Dinástico y las Guerras Carlistas

El nacimiento de Isabel, hija de Fernando VII, en 1830, desencadenó un grave conflicto sucesorio. La Ley Sálica, introducida por Felipe V, impedía a las mujeres acceder al trono. Sin embargo, Fernando VII, influenciado por su esposa María Cristina, promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica y permitía a Isabel heredar el trono.

Los partidarios de Carlos María Isidro (carlistas), hermano de Fernando VII, rechazaron esta decisión. Este conflicto no era solo una disputa dinástica, sino un enfrentamiento entre dos modelos de sociedad: el Antiguo Régimen, defendido por los carlistas, y el liberalismo, apoyado por María Cristina para asegurar el trono de su hija.

María Cristina, nombrada regente, formó un gobierno reformista, decretó una amnistía para los exiliados liberales y se preparó para el enfrentamiento con los carlistas. A la muerte de Fernando VII en 1833, Carlos se proclamó rey, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.

Cronología y Consecuencias del Carlismo

El fin de la Primera Guerra Carlista en 1839 no terminó con el conflicto. Carlos se exilió, pero sus partidarios mantuvieron la hostilidad contra el régimen liberal, lo que resultó en dos guerras civiles más: la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) y la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

Las consecuencias de estas guerras fueron:

• Inestabilidad política, especialmente en Cataluña, Navarra, País Vasco y el Maestrazgo.
• Protagonismo del ejército en la vida política, con generales que se convirtieron en líderes de los principales partidos (Espartero, Narváez…).
• Movilización de recursos económicos para la guerra, agravando la situación de la Hacienda y obligando a tomar medidas como la ampliación de la deuda pública y la desamortización.

La Construcción del Estado Liberal: Regencias y Mayoría de Edad de Isabel II

El Periodo de Regencias (1833-1843)

Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina de Borbón asumió la regencia debido a la minoría de edad de Isabel II. Durante este periodo, España experimentó tensiones políticas entre liberales moderados y progresistas.

Los moderados, partidarios de un monarca con amplios poderes y un Estado confesional, se aliaron con la regente. El gobierno de Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real de 1834, que mantenía estructuras del Antiguo Régimen.

Las revueltas populares de 1835 obligaron a la regente a nombrar al progresista Mendizábal, quien intentó reformas liberales y una reforma agraria. Sin embargo, la regente volvió a dar el poder a los moderados, lo que provocó la revolución progresista de 1836 y la aprobación de la Constitución de 1812. Se formó un gobierno progresista bajo Calatrava y Mendizábal.

Entre 1835 y 1837, los gobiernos progresistas desmantelaron el Antiguo Régimen y establecieron una monarquía parlamentaria. En 1837, se aprobó una nueva Constitución con principios progresistas (soberanía nacional, derechos ciudadanos) y elementos moderados (dos cámaras legislativas, fortalecimiento de la Corona).

Entre 1837 y 1840, los moderados volvieron al poder con una postura autoritaria. Las revueltas progresistas llevaron al exilio de María Cristina y a la regencia de Espartero.

Espartero gobernó de forma autoritaria. Su falta de apoyo popular y acciones represivas, como el bombardeo de Barcelona, provocaron su exilio en 1843, finalizando el periodo de regencias.

La Década Moderada (1844-1854)

En 1844, el general Narváez instauró un régimen basado en el liberalismo moderado, apoyado por la burguesía terrateniente, la Corona y el ejército. Se manipulaban las elecciones, dejando a la oposición sin opciones, salvo la conspiración.

Se redactó la Constitución de 1845, que reflejaba el moderantismo:

• Soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
• Ampliación de los poderes del ejecutivo y reducción de los del legislativo.
• Restricción del derecho de voto.
• Senado no electivo.
• Ayuntamientos y diputaciones sometidos a la administración central.
• Catolicismo como religión oficial.
• Mantenimiento del culto y el clero bajo amparo estatal.

Se intentó consolidar el Estado liberal mediante el centralismo y la uniformidad. Se controló la prensa, se instauró un sufragio censitario muy limitado (1% de la población) y se firmó un Concordato con la Santa Sede.

Se realizó una reforma fiscal, se reformó la administración pública, se unificaron leyes (Código Penal, proyecto de Código Civil), se creó un sistema nacional de educación (Ley Moyano), se adoptó el sistema métrico decimal y se creó la Guardia Civil.

Las propuestas autoritarias de Bravo Murillo, que buscaban limitar el régimen parlamentario, provocaron la unión de moderados y progresistas para derrocarlo.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El alzamiento militar de O’Donnell (la Vicalvarada) en 1854 y las jornadas revolucionarias de julio abrieron una nueva etapa con Espartero como presidente y O’Donnell como ministro de Guerra.

Durante este periodo, se impulsó la desamortización con Madoz, se aprobó la Ley General de Ferrocarriles y la Ley de Banca.

Se redactó la Constitución de 1856 (“nonnata”, no entró en vigor), que reflejaba el ideario progresista:

• Soberanía nacional.
• Senado electivo.
• Tolerancia religiosa.

La crisis de subsistencias provocó revueltas sociales. Las discrepancias dentro de la coalición gubernamental se agudizaron. En 1856, la Reina encargó el gobierno a O’Donnell, quien adoptó posiciones más conservadoras.

Últimos Años del Reinado de Isabel II (1856-1868)

Se alternaron en el gobierno los moderados de Narváez y los unionistas de O’Donnell. Hubo intervenciones en conflictos exteriores (Marruecos, México, Conchinchina).

A partir de 1863, el autoritarismo y la inestabilidad política aumentaron. Los progresistas se unieron a la oposición con demócratas y republicanos. El levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil (1866) fracasó.

A partir de 1866, se sumó la crisis económica:

• Crisis de subsistencias.
• Crisis financiera (escasa rentabilidad de las inversiones ferroviarias).
• Crisis industrial (sector textil).

Progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866 para acabar con la monarquía de Isabel II, formar un gobierno provisional y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. En 1867, se sumaron los unionistas.