La Transición Española: De la Dictadura a la Democracia (1975-1982)
Introducción
El mayor éxito del régimen franquista, el desarrollismo económico de la década de los 60, supuso también la principal causa de su caída, ya que perdió sus principales bases sociales. Las nuevas clases medias, deseosas de libertad, y las clases altas, interesadas en el ingreso del país en la CEE, optaron por la democracia. Aunque a la muerte de Franco en 1975 subió al trono el rey Juan Carlos I, quien se suponía que debía garantizar la perpetuación del régimen, el camino hacia la democracia fue asumido con un gran consenso por casi todos los partidos políticos. Estos tuvieron que hacer frente a la fuerte conflictividad social y al efecto distorsionador del terrorismo. Pese a las dificultades de la crisis económica y de las heridas no cerradas de la Guerra Civil, la democracia sentó sus bases con la Constitución de 1978 y se consolidó definitivamente tras el intento de golpe de Estado de 1981, cuando en 1982 alcanzó el poder el PSOE de Felipe González, uno de los partidos perdedores de la Guerra Civil.
Características Generales de la Transición
- La Transición española forma parte del avance democrático en la Europa mediterránea, ya que entre 1974 y 1975 cayeron los regímenes dictatoriales de Portugal y Grecia.
- Hubo una ausencia de conflictividad política debido a la larga extensión de la Dictadura, la decidida voluntad del rey Juan Carlos I y las ansias de libertad de la sociedad española, que había experimentado un desarrollo espectacular desde 1960.
- La Transición fue un programa de reformas desde arriba y desde la legalidad; no supuso una ruptura, sino una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas.
Evolución Política de la Transición
El Gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976)
Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, dos días después las Cortes proclamaron rey de España a Juan Carlos I.
Las diferentes opciones políticas acogieron el cambio presentando tres alternativas:
- Continuismo-inmovilismo: mantener el régimen sin Franco.
- Reformismo-aperturismo: reformar el régimen desde sus propias instituciones, liberalizándolo para responder a la nueva situación social y llegando, o no, al establecimiento de la democracia.
- Rupturismo: la oposición antifranquista se inclinaba por romper totalmente con el pasado dictatorial y construir un nuevo sistema democrático.
Debido a la fuerza de los sectores inmovilistas del régimen, el rey nombró presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro. Este optó por una política reformista muy tibia, compensada por el reformismo más profundo defendido por Torcuato Fernández Miranda, nombrado presidente de las Cortes, convirtiéndose en la mano derecha del rey durante el proceso de Transición.
Arias Navarro formó un gobierno con un equilibrio entre la ortodoxia franquista y los reformistas o aperturistas. Su programa, conocido como “Espíritu del 12 de Febrero”, se limitó a otorgar algunas libertades, pero sin permitir el pluralismo político, quedando clara su voluntad continuista.
Ante la ausencia de reformas, la oposición se unió en la llamada Platajunta, producto de la unificación de la Junta Democrática (organizada por el PCE) y de la Plataforma de Convergencia Democrática (organizada por el PSOE). Aumentó la conflictividad social y política con manifestaciones, huelgas y campañas a favor de las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. A estos problemas se unieron los sucesos de Montejurra (enfrentamientos internos entre los tradicionalistas inmovilistas y reformistas) y los atentados de ETA. Falto de apoyos y forzado por el rey, Carlos Arias Navarro dimitió el 1 de julio de 1976.
El Primer Gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979)
El rey eligió para suceder a Arias al joven político Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento Nacional, quien optó claramente por las reformas. Su objetivo, apoyado por el monarca, era conseguir una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas. Para ello, necesitaba anular la resistencia de los inmovilistas y atraer a la oposición rupturista hacia posiciones reformistas.
Tras conceder una amplia amnistía y mantener contactos con la oposición democrática, en noviembre de 1976 consiguió que las antiguas Cortes franquistas aprobaran la Ley para la Reforma Política. Esta ley fue la pieza esencial para el logro de la reforma. Acababa con el franquismo a partir de su propia legalidad y establecía un sistema bicameral (Congreso y Senado) elegido por sufragio universal. Suárez la llevó a las Cortes en octubre. En noviembre fue aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. El 4 de enero de 1977, la ley entró en vigor y el gobierno quedó obligado a convocar elecciones.
La vía hacia la democracia estaba asegurada. En el País Vasco se vivía una fuerte tensión por la lucha por la amnistía de los presos vascos, los enfrentamientos entre policías y manifestantes y las acciones terroristas de ETA. En Cataluña, aunque no se vivía esa violencia, el sentimiento nacionalista estaba muy presente. La fragilidad del proceso se mantuvo con los secuestros protagonizados por el GRAPO en diciembre de 1976 y enero de 1977. El 24 de enero de 1977, pistoleros de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas del PCE en su despacho de la calle Atocha de Madrid.
En abril de 1977 fue legalizado el PCE y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales democráticas. La centrista Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez obtuvo la victoria por mayoría simple, seguida de cerca por el PSOE. Tanto la derecha (Alianza Popular, AP) como la extrema izquierda (PCE) quedaron muy por detrás. El electorado había optado por la moderación.
El nuevo gobierno de Suárez se enfrentó a tres tareas principales mediante una política de consenso:
- La crisis económica de 1973, mediante los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977 (reforma fiscal, moderación salarial y medidas contra el paro).
- La aprobación de la constitución del nuevo régimen político (Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978).
- La solución del problema regional, a través de la progresiva construcción del Estado Autonómico (Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco de diciembre de 1979).
Aparte de la crisis económica de 1973, los principales problemas fueron las amenazas involucionistas de la extrema derecha (atentados terroristas e intento de golpe de Estado en 1978: “Operación Galaxia”) y el terrorismo de los grupos de extrema izquierda (GRAPO, FRAP y, sobre todo, ETA, que perpetró casi 100 asesinatos en 1980).
La Constitución de 1978
El encargo de elaborar la Constitución recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados de los diferentes partidos. Esta designó a un grupo de siete miembros para la redacción del texto: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (de UCD), Jordi Solé Tura (del PCE), Gregorio Peces Barba (del PSOE), Manuel Fraga Iribarne (de AP) y Miquel Roca (de CiU). Aunque hubo momentos de evidentes diferencias ideológicas, prevaleció el espíritu de consenso para elaborar una Constitución que no fuera la imposición de una sola ideología, sino la síntesis de posiciones ideológicas divergentes.
Tras ser largamente debatida en las Cortes, ambas cámaras (Congreso y Senado), en sesión conjunta, aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978. Fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre: votó un 67% del censo; los votos afirmativos representaron el 88%, y los negativos el 8%. En el País Vasco, la abstención del PNV contribuyó a que votara solo el 53% del electorado. La Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el 29 de diciembre.
Características generales: Tiene un carácter progresista en cuanto a sus principios, y su imprecisión y ambigüedad fueron una de las causas de su éxito, al poder ser asumida por la mayor parte de los ciudadanos y opciones políticas.
Los derechos constitucionales en España se definen como un Estado Social y Democrático de Derecho. Se respetarían y ampararían desde el Estado los siguientes derechos:
- Reconocimiento de una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas.
- Justa distribución de la riqueza.
- Participación libre en la vida política.
- Pluralismo político.
- Libertad de mercado.
- Libertad religiosa (estado aconfesional).
El sistema político se configuró como una monarquía parlamentaria. La Corona tiene funciones representativas; las Cortes actúan como representante de la soberanía nacional, ostentando el poder legislativo, y nombran al presidente del gobierno (poder ejecutivo) y a las máximas instancias judiciales (poder judicial). Las Cortes serían bicamerales: Congreso de los Diputados (cámara de representación popular) y Senado (cámara de representación territorial). Se establece la independencia del poder judicial, cuya máxima instancia sería el Tribunal Constitucional, y una organización descentralizada del Estado (municipios, provincias y derecho a la autonomía de las regiones).
Conclusiones
Pese a todas las dificultades (crisis económica internacional, terrorismo, conflictividad social, intentos de involucionismo), durante la Transición política se estableció en España un régimen democrático. Este se consolidó gracias a la nueva estructura social del país, con el predominio de la clase media, y al consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978. Esto último explica que continúe vigente en la actualidad sin apenas reformas de importancia y que, en general, siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las opciones políticas. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y modernización social, aunque con el problema actual de la crisis económica.