Proclamación de la Segunda República y Gobierno Provisional
Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, aunque los partidos monárquicos lograron una mayoría en las zonas rurales, influenciadas por el caciquismo, la coalición republicano-socialista obtuvo una victoria decisiva en las principales ciudades. Esta situación provocó la salida de España del rey Alfonso XIII. Consecuentemente, el 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora, al frente del gobierno provisional, proclamó en Madrid la II República Española.
Durante sus primeros meses, este gobierno provisional implementó una serie de reformas urgentes:
- Organización Territorial: Se abordó el debate territorial con el fin de diseñar una nueva estructura para el Estado que pudiera satisfacer las demandas nacionalistas.
- Reforma Agraria: Para enfrentar la miseria agraria, se introdujeron dos decretos clave: el de laboreo forzoso, que exigía a los propietarios mantener sus tierras cultivadas, y el de términos municipales, orientado a reducir el desempleo rural obligando a contratar trabajadores locales.
- Reforma Educativa: Se fijó el objetivo de combatir el analfabetismo y fomentar una enseñanza laica y accesible.
- Reforma Militar: Se buscó modernizar el ejército reduciendo el número de oficiales y se afirmó la supremacía del poder civil sobre el militar.
- Orden Público: Para la protección en entornos urbanos, se estableció la Guardia de Asalto.
Las Cortes Constituyentes y la Constitución de 1931
El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes. La coalición republicano-socialista consiguió una abrumadora mayoría, cercana al 90%, relegando a los partidos de derecha antirrepublicana a una posición minoritaria. No obstante, en las provincias vascas, la izquierda sufrió un revés significativo, mientras que el PNV obtuvo un resultado histórico. Este periodo marcó el inicio del conocido como bienio de izquierdas (1931-1933).
Las Cortes elaboraron y aprobaron la Constitución de 1931, la primera de carácter republicano en la historia de España, con el propósito de fundar una república democrática y no confesional. El texto constitucional incluía una extensa declaración de derechos y libertades, destacando:
- El sufragio femenino.
- El matrimonio civil y el divorcio.
- El derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita.
Además, se estableció que la riqueza nacional debía subordinarse a los intereses económicos generales y se contempló la nacionalización de determinados sectores económicos.
División de Poderes
La Constitución de 1931 instauró una clara división de poderes:
- Poder Legislativo: Residía en el Congreso de los Diputados, dotado de amplias facultades legislativas.
- Jefatura del Estado: Se asignó al presidente de la República.
- Poder Judicial: Se fundamentó en la independencia de los tribunales y se introdujo la figura del jurado.
Es importante señalar que la Constitución fue aprobada sin el consenso de todas las fuerzas políticas, y la derecha no republicana manifestó desde el principio su intención de revisarla.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Con la aprobación de la Constitución, se inició el bienio reformista. Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y encargó a Manuel Azaña la formación de gobierno. Azaña conformó un ejecutivo basado en la alianza entre republicanos de izquierda y socialistas. Durante este bienio, se impulsaron numerosas reformas:
- Cuestión Religiosa: Se promovió la separación Estado-Iglesia. Mediante la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, el Estado cesó su financiación a la Iglesia Católica y se dispuso el cierre de centros educativos religiosos.
- Reforma Educativa: Se consolidó la educación gratuita y laica como un derecho universal. Se fomentó la difusión cultural en zonas rurales a través de las Misiones Pedagógicas.
- Reformas Laborales: Se promulgaron leyes significativas como la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Asociaciones Obreras.
Estas reformas encontraron una fuerte oposición en la derecha conservadora. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) emergió como un influyente partido de masas. La crisis interna en la coalición de izquierdas y el ascenso de la CEDA llevaron a Alcalá Zamora a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en 1933.
El Bienio de Centro-Derecha (1933-1935)
Las elecciones de 1933 dieron la victoria a las fuerzas de centro-derecha, principalmente la CEDA y el Partido Radical. Su programa se centraba en la defensa del orden, la religión y la revisión de las reformas del periodo anterior. Así comenzó el bienio de centro-derecha (1933-1935).
En 1934, se formó una alianza obrera entre el PSOE y la UGT con el objetivo de oponerse al avance del fascismo. La exigencia de la CEDA de formar parte del gobierno resultó en un nuevo gabinete radical que incluía tres ministros cedistas. Este hecho fue interpretado por el sector izquierdista republicano como una traición. Un comité revolucionario socialista, liderado por Largo Caballero, promovió huelgas generales que desembocaron en insurrecciones, especialmente graves en Asturias. El gobierno declaró el estado de guerra, dando lugar a un periodo de intensa represión, con miles de detenidos, la suspensión de los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, y la paralización o anulación de las reformas previas.
El Frente Popular y la Crisis Final (1936)
Diversos escándalos de corrupción afectaron al Partido Radical, lo que condujo a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en febrero de 1936. En estos comicios triunfó el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda encabezada por Azaña.
La República entró entonces en una fase de crisis aguda. El presidente Alcalá Zamora fue destituido y Azaña ocupó su lugar. Las crecientes tensiones entre los principales partidos, como el PSOE y la CEDA, generaron una profunda inestabilidad política, agravada por una crisis económica y numerosas huelgas.
En este contexto, un grupo de generales, entre los que destacaba Emilio Mola, comenzó a conspirar contra el gobierno republicano de izquierdas. Acordaron llevar a cabo un alzamiento militar con el pretexto de restablecer el orden. La jefatura de la sublevación se confió al general Sanjurjo.
El plan consistía en una serie de levantamientos militares violentos y coordinados para neutralizar a los líderes y organizaciones de izquierda. La sublevación se inició el 17 de julio de 1936. Sin embargo, su fracaso en asegurar el control de la mayoría de las grandes ciudades españolas impidió un triunfo rápido y derivó en el estallido de la Guerra Civil Española, un conflicto que se prolongaría durante casi tres años.