Transformación Agraria e Industrialización en España (Siglo XIX)
Introducción
Durante el siglo XIX, países como Gran Bretaña, Bélgica, Alemania o Francia experimentaron profundos cambios en las formas de propiedad y producción, así como una transformación en la sociedad capitalista. España, sin embargo, seguía dependiendo mayormente de la agricultura, lo que limitaba su desarrollo económico.
Estructura de la Propiedad y Cambios Agrarios
A inicios del siglo XIX, la agricultura era la principal actividad económica en España, pero enfrentaba problemas como baja productividad, atraso tecnológico y una desigual distribución de la propiedad.
La mayor parte de la tierra pertenecía a familias aristocráticas o a la Iglesia. Estas tierras, conocidas como “manos muertas” o “amortizadas”, tenían prohibida su circulación comercial. También existían los “bienes de propios” y las “tierras comunales”, que pertenecían al ayuntamiento. Estas tierras, que no se vendían ni se utilizaban eficientemente, representaban una carga para el aumento de la producción.
Para modernizar la agricultura y fomentar la propiedad privada, los gobiernos liberales emprendieron un programa de reformas agrarias, buscando modificar la propiedad y la explotación de la tierra. El objetivo era poner la tierra en manos de pequeños propietarios y aprovecharla al máximo. Para lograrlo, los gobiernos liberales eliminaron el régimen señorial, el mayorazgo y las vinculaciones de tierras. La medida más importante fue la desamortización, que consistió en la expropiación y venta de bienes de la Iglesia y los municipios.
Análisis de la Desamortización
La desamortización se desarrolló en varias fases a lo largo del siglo XVIII y XIX:
Durante el Antiguo Régimen: Primeras ventas de tierras de los jesuitas (expulsados por Carlos III) y las desamortizaciones de Godoy, para vender instituciones y financiar deudas causadas por las guerras.
Guerra de la Independencia, Cortes de Cádiz y Trienio Liberal: Supresión de comunidades religiosas (José I), pasando sus bienes a Hacienda, dando pie a las Cortes de Cádiz. Los decretos para la venta de los bienes dan la vuelta de Fernando VII, que siguió con la sanación de la deuda pública.
Trienio Liberal: Volvieron a entrar las medidas de las Cortes de Cádiz, que con el Decreto de supresión de monacales disuelven nuevamente comunidades religiosas que se incorporan al Estado. Con ello vuelve el absolutismo con Fernando VII, que restituyó los bienes incautados.
Desamortización de Mendizábal (1836-1844): Se inició en 1836 durante su gobierno progresista. Buscaba solucionar el déficit de la Hacienda, necesario para financiar la Primera Guerra Carlista, y mejorar la producción agrícola.
El decreto desamortizador (1836) puso en venta todos los bienes del clero regular. En 1837, se pusieron en venta los bienes del clero secular. También se autorizó la venta de algunos bienes de propios de los Ayuntamientos y de algunas tierras baldías.
Los bienes desamortizados se subastaban y se adjudicaban al mejor postor, permitiendo el pago en ocho años, en metálico o con títulos de deuda pública. Algunos economistas, como Flórez Estrada, propusieron que el Estado mantuviera la propiedad y la arrendara a los campesinos, pero esta opción fue descartada por su complejidad. La desamortización eclesiástica de Mendizábal culminó en 1841 y quedó suspendida en 1844, habiendo afectado a tres cuartas partes del patrimonio eclesiástico y causando la ruptura con Roma hasta 1851.
Posteriormente, la desamortización general de Madoz, iniciada en 1855, amplió la venta de bienes eclesiásticos y comunales, afectando al 20% del suelo español. Se permitieron pagos aplazados en 15 plazos y los ingresos se destinaron a infraestructuras, como el ferrocarril. Aunque la burguesía fue la principal beneficiada, hubo mayor participación de pequeños propietarios en comparación con la desamortización de Mendizábal. Este proceso se prolongó hasta 1924, eliminando prácticamente los bienes de “manos muertas” en España.
Consecuencias de las Desamortizaciones
Económicas: No lograron el desarrollo agrario esperado. Se consolidaron los latifundios, la productividad aumentó levemente, pero no hubo avances tecnológicos significativos.
Sociales: No se creó una clase media agrícola. Los campesinos se convirtieron en jornaleros sin tierras, aumentando la pobreza y el analfabetismo.
Políticas: Generaron conflictos con la Iglesia y favorecieron a sectores conservadores. Se perdieron muchas obras de arte y edificios religiosos.
Urbanas: Transformaron las ciudades con el crecimiento de la burguesía y el desarrollo de nuevos barrios y vías públicas.
La industrialización en España comenzó con la industria textil, especialmente la del algodón, pese a la escasez de carbón y la baja demanda. Cataluña se convirtió en el centro fabril gracias a su mano de obra, mentalidad empresarial y la política proteccionista, que evitó la competencia inglesa. Aunque el proteccionismo favoreció el desarrollo inicial, también frenó la innovación.
Tras la crisis de la Guerra de Independencia y la pérdida de las colonias, se recuperó en 1830 la industria textil, pero volvió a caer en 1855 por la inversión en otros sectores y la Guerra de Secesión en EE.UU. En 1869, el monopolio comercial con Cuba y Puerto Rico impulsó su recuperación, pero la independencia de estas islas en 1898 afectó gravemente a la industria.
Otras ramas textiles se desarrollaron: la industria lanera mecanizada en Tarrasa y Sabadell, la seda se trasladó de Valencia y Murcia a Cataluña, y la del lino en Galicia desapareció por falta de adaptación tecnológica.
Hasta finales del siglo XIX, el movimiento obrero en España se manifestó a través de protestas espontáneas, principalmente en Cataluña, Bilbao y Asturias. El primer episodio destacado fue en Alcoy (1821), con acciones de carácter ludita, seguido de revueltas similares en Barcelona (1824, 1835, 1854) y la primera huelga de España en 1855. En el ámbito rural, el descontento social llevó a motines, como el “motín del pan” (1856) y el alzamiento campesino de Loja (1861).
El movimiento obrero organizado surgió en 1868, influenciado por la Primera Internacional y las ideas anarquistas y socialistas. Las condiciones de vida eran precarias, con jornadas laborales de 12-14 horas y alimentación deficiente. En 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales para analizar la situación de los trabajadores, y en 1900 comenzó la legislación laboral con la reducción de la jornada y avances como el descanso dominical (1904) y la jornada de 8 horas (1919).
Inicialmente, los partidos Progresista y Demócrata apoyaron las demandas obreras, pero tras 1874 los trabajadores se alejaron de la política tradicional y se inclinaron hacia el anarquismo y el socialismo.