Panorama General del Reinado de Alfonso XIII y la Segunda República
Regeneracionismo Intelectual
El impacto de la crisis del 98 en la opinión pública española puso de manifiesto el descontento que tenían los intelectuales y amplios sectores de las clases medias y de la pequeña y mediana burguesía, que no se identificaban con un régimen y una sociedad al servicio de una reducida oligarquía. Y esto produjo un movimiento intelectual y social, crítico con el sistema político de la Restauración y con sus prácticas políticas, conocido como Regeneracionismo. Este movimiento, que había nacido a principios del siglo XX, se mantendría durante las primeras décadas del siglo, influyendo en toda una generación de políticos, empresarios y pensadores; espíritu que se ve reflejado en la obra literaria de la conocida “Generación del 98”, cuyos miembros más destacados son Unamuno, Baroja, Machado, Valle – Inclán y Azorín.
El Regeneracionismo Político
El nuevo siglo coincidió con una crisis de liderazgo dentro de los partidos dinásticos al no existir un jefe de partido capaz de aglutinar a las distintas tendencias. Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), llegó al gobierno una generación de políticos influida por el regeneracionismo, que impulsó los más importantes proyectos de reforma desde el interior del sistema.
El Gobierno de Maura (1907-1909)
El gobierno de Antonio Maura (1907-1909) intentó una serie de reformas para modernizar el país y evitar una revolución desde abajo. Su política regeneracionista incluyó la Ley Electoral de 1907, que dificultó el fraude, aunque no logró democratizar completamente el sistema. También impulsó una reforma de la Administración Local para reducir el caciquismo, pero no llegó a aprobarse. En cuanto al catalanismo, buscó integrarlo concediendo mayor autonomía a ayuntamientos y diputaciones. En economía, promovió la exportación y el desarrollo industrial mediante acuerdos entre empresas y el gobierno. Además, impulsó reformas laborales sobre accidentes de trabajo, descanso dominical y condiciones laborales de mujeres y niños. Creó el Instituto Nacional de Previsión (1908), germen de la Seguridad Social, para garantizar el retiro obrero. En política exterior, España reforzó su presencia en Marruecos tras la Conferencia de Algeciras (1906) y aprobó la Ley de la Escuadra (1908) para reconstruir su poder naval. Sin embargo, la guerra en Marruecos generó descontento por los reclutamientos forzosos de reservistas, especialmente en Cataluña. Esto llevó a la Semana Trágica de Barcelona (1909), una revuelta obrera reprimida duramente, lo que causó la caída del gobierno de Maura.
Del 26 al 31 de julio, la Semana Trágica, la población reaccionó levantando barricadas en las calles e incendiando iglesias y conventos. El 27 de julio, se produce, además, el suceso trágico del desastre del Barranco del Lobo; derrota española cerca de Melilla frente a los rifeños, que causaron más de cien muertes, entre ellas la del general Pinto, al mando de la expedición.: La insurrección fue liquidada y se emprendió una dura represión: más de mil detenciones, con diecisiete penas de muerte, de las cuales se ejecutaron cinco, entre ellas la de Ferrer Guardia, anarquista y fundador de la Escuela Moderna. Esta ejecución levantó una ola de protesta internacional que provocó la dimisión del presidente del Gobierno, el conservador Maura.
El Gobierno de Canalejas (1910-1912)
El 9 de febrero de 1910 forma gobierno José Canalejas, que va a gobernar de 1910 a 1912. También pretendió hacer la “revolución desde arriba” y para ello intentó atraer a su partido liberal a intelectuales y a republicanos, así como regenerar la vida política, con las siguientes disposiciones: se promulgaron algunas leyes de contenido social, como la jornada laboral de nueve horas en las minas, la regulación del trabajo de las mujeres o la abolición definitiva del impopular impuesto de consumos, en cuyo lugar estableció un Impuesto Progresivo, según la riqueza de cada uno, que le enfrentaría con la burguesía acomodada. La Ley del Candado de 1910, que prohibía la libre instalación de órdenes religiosas en España si antes no contaban con la autorización del Gobierno, pretendía controlar las numerosas órdenes religiosas que querían instalarse en España huyendo del anticlericalismo de otros países. Esto provocaría una reacción de la Santa Sede y protestas en todo el país. La Ley de Reclutamiento Obligatorio de 1912, establecía el servicio militar obligatorio y acababa parcialmente con la práctica clasista de la sustitución y la redención. No obstante, los soldados de cuota cumplirían un servicio militar más corto que los que no pagaban, aunque en caso de guerra la incorporación a filas era obligatoria para todos. Un proyecto de creación de las Mancomunidades Provinciales (1912), bien acogido por los catalanes, pero mal visto por el centralismo político, quedó truncado porque el 12 de noviembre de 1912, José Canalejas fue asesinado en la Puerta del Sol de Madrid a manos de un anarquista.
La Crisis del Bipartidismo y del Turno de Poder. La Oposición Política al Régimen
La clave del éxito del sistema político de la Restauración comenzaba a tambalearse. La crisis interna de los dos partidos dinásticos durante el reinado de Alfonso XIII explica en parte el gran protagonismo político que asumió el monarca. A partir de 1912, Maura proclamó la imposibilidad de mantener esta práctica con un Partido Liberal al que consideraba demasiado inclinado hacia la izquierda. Rota la confianza y el pacto entre los partidos, comenzaba el enfrentamiento real entre ellos.
Por otro lado, los republicanos representaban la principal fuerza de oposición política al régimen. Su ideario, defendía el progreso, la justicia social, el desarrollo de la ciencia y la extensión de la enseñanza, con un carácter anticlerical. Sus posiciones les permitieron ganarse el apoyo de la pequeña burguesía mercantil y de trabajadores e intelectuales de prestigio. Durante el reinado de Alfonso XIII surgieron dos grandes partidos republicanos: el Partido Radical y el Reformista:
- El Partido Radical, dirigido por Lerroux, más izquierdista y anticlerical, se definía como autonomista en lo político y socialista en lo social, lo que le permitió ampliar considerablemente su base popular, sobre todo por su lenguaje a menudo demagógico.
- El Partido Reformista, creado en 1912 por Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, representaba un republicanismo más moderado, dispuesto incluso a admitir la monarquía, siempre que fuera verdaderamente democrática y mantuviera una política social. Su preocupación por la cultura y la educación atrajo a destacados intelectuales, pero tuvo menos implantación social que el populista Partido Radical.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), estaba cada vez más dispuesto a participar en el juego parlamentario, sin renunciar por ello a la revolución social. Entre los nacionalismos, el catalanismo estaba presente en la vida política desde 1901, con la Lliga Regionalista, de ideología conservadora, que pretendía conseguir la autonomía de Cataluña. En 1906 se avanzó un paso más con la fundación de Solidaritat Catalana, agrupación interclasista, que integraba a todas las fuerzas políticas catalanas con el fin de defender los derechos de Cataluña. La izquierda catalanista tuvo un papel destacado con la creación en 1922 de Estat Catalá, bajo la dirección de Francesc Maciá.
La Quiebra del Sistema Político (1914 – 1923)
Esta segunda fase del reinado de Alfonso XIII se inició con el estallido de la Primera Guerra Mundial y alcanzó su punto más crítico con las convulsiones de 1917, para entrar en un declive progresivo del sistema, que por falta de madurez de las alternativas políticas democráticas, se resolvió mediante la salida autoritaria de la dictadura. El gobierno del presidente Dato decidió mantener la neutralidad de España ante la Primera Guerra Mundial que fue admitida y mantenida por gobiernos liberales y conservadores. Pero la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. La gran mayoría de intelectuales y simpatizantes de izquierdas engrosaron el bando de aliadófilos ya que representaban los ideales de la democracia. En cambio, los simpatizantes de la derecha, se inclinaron hacia el bando de los imperios centrales, representantes de los valores como el orden y la autoridad. La neutralidad le supuso a España un crecimiento espectacular de la demanda exterior de sus bienes. Pero el aumento de las exportaciones provocó un proceso inflacionista e incluso la escasez de algunos productos, entre ellos varios de primera necesidad, que repercutió negativamente sobre la población trabajadora, empeorando su nivel de vida. Además, el empobrecimiento de los trabajadores coincidía con un enriquecimiento de los empresarios en un momento de euforia económica.
La Crisis de 1917
La crisis general de 1917 tuvo diversas manifestaciones provocadas por motivos distintos (militares, políticos y sociales), pero todas ellas eran el reflejo de un extendido descontento.
Crisis Militar
Fue en el ámbito castrense donde se iniciaría la conflictividad. Las Juntas Militares de Defensa eran asambleas de jefes y oficiales, que surgieron a partir de 1916 para defender los intereses de sus miembros. Su creación se debió al malestar provocado por la pérdida de poder adquisitivo de sus sueldos a causa de la inflación, el recelo frente a los políticos, el resentimiento de los oficiales de unidades peninsulares frente a los militares destacados en Marruecos que tenían posibilidades de ascenso rápido por méritos militares, entre otros. El 19 de abril de 1917, Romanones dimitía como presidente al ser incapaz de disolver las Juntas. El 1 de junio se inició la rebelión militar con la presentación al gobierno del Manifiesto de las Juntas.
El manifiesto contenía todo un repertorio de quejas justificadas con un espíritu regeneracionista que aspiraba a la “defensa de los sagrados intereses del bien de la patria”. El apoyo de Alfonso XIII a estas pretensiones fue determinante y el nuevo gobierno acabó por reconocerlas: en 1918, la Ley del Ejército trajo la subida de los sueldos y la regulación de los ascensos por una Junta de Clasificación, que frenaba los ascensos espectaculares.
Crisis Política
La crisis del sistema bipartidista del turno y su incapacidad para renovarse favorecía el aumento de la oposición política de sectores tan diferentes como catalanistas, republicanos, socialistas, intelectuales progresistas, e incluso, mauristas. La iniciativa provino de la Lliga Regionalista, dirigida por Francesc Cambó, que convocó a los parlamentarios catalanes a una asamblea ilegal en Barcelona el 5 de julio, debido a que las Cortes estaban cerradas desde febrero de 1917. Se acordó solicitar al Gobierno la convocatoria de unas Cortes Constituyentes para acabar con el caduco y caciquil sistema político de la Restauración y definir una nueva organización del Estado que reconociera la autonomía de Cataluña. El 19 de julio, ante la negativa del gobierno de Dato, se reunió en el Círculo de Bellas Artes la Asamblea de Parlamentarios, que ratificaba los acuerdos de la reunión anterior. Pero el Gobierno se limitó a declarar inconstitucionales tales pretensiones. Finalmente, el movimiento se desarticuló. El movimiento asambleario no tuvo continuidad y murió sin haber conseguido la reforma constitucional ante la negativa de las fuerzas monárquicas a participar en el programa. También contribuyó a su fracaso las discrepancias de los regionalistas con las fuerzas de izquierda y el movimiento huelguístico que se desató a partir de agosto.
Crisis Social
Una tercera crisis tuvo su base en consideraciones ideológicas y sociales. Los principales líderes socialistas, con Pablo Iglesias a la cabeza apoyado por republicanos y reformistas, se mostraban reacios a un movimiento revolucionario y consideraban más apropiado la lucha política y la transformación económica del Estado. La conflictividad laboral fue motivada por el descenso de los salarios reales en un momento en que las empresas acumulaban importantes beneficios. La socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y la anarquista Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) habían mantenido contactos para preparar una huelga general. Declarada formalmente el 13 de agosto, tuvo un seguimiento total en Madrid, Barcelona, País Vasco, Asturias, Zaragoza y otras provincias. Aunque se limitó a trabajadores urbanos, no contó con los sectores campesinos. Se instaba al gobierno a intervenir para contener los precios, pero la respuesta fue enérgica: detuvo al comité de huelga y sacó las tropas a la calle. A finales de agosto la huelga estaba acabada, con un saldo de más de setenta muertos y en torno a dos mil detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron condenados a cadena perpetua. También hubo represión laboral por parte de patronos hacia obreros movilizados o simpatizantes de la huelga. El Ejército actuó al lado del Gobierno y así le valió la pérdida de reconocimiento popular.
Consecuencias de la Crisis: Quiebra del Sistema Parlamentario (1918 -1923)
Entre 1917 y 1923, España vivió una profunda crisis del parlamentarismo debido a tensiones políticas, sociales y militares que los partidos dinásticos no lograron resolver. La crisis de 1917 marcó el inicio de una descomposición del régimen ante su incapacidad para democratizarse y responder a los cambios sociales. Se formaron dos gobiernos de concentración para intentar estabilizar la situación. El primero, liderado por García Prieto en 1917, fracasó por las discrepancias internas. El segundo, presidido por Maura en 1918, también cayó por divisiones entre sus miembros. El auge del nacionalismo vasco y catalán llevó a Francesc Cambó a presentar un proyecto de estatuto de autonomía, que generó divisiones en el gobierno. La crisis económica tras la Primera Guerra Mundial provocó un aumento de la conflictividad social, con huelgas como la de “La Canadiense” en Barcelona (1919), que llevó a la dimisión de Romanones y el regreso de Maura al poder. La CNT y los Sindicatos Únicos lideraron las protestas, y la respuesta patronal incluyó el uso de pistoleros, desatando una ola de violencia. En 1921, el presidente Eduardo Dato fue asesinado por militantes cenetistas, mientras que el socialismo se fragmentó con la aparición del Partido Comunista Español. En Marruecos, el general Fernández Silvestre emprendió una ofensiva contra los rifeños que culminó en la derrota de Annual (1921), un desastre militar que conmocionó al país y dañó la imagen del rey Alfonso XIII. La presión política y social se intensificó, y en 1923 el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado, instaurando una dictadura.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Dictadura: Causas y Apoyos
El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, leyó un comunicado ante los periodistas dando un golpe de estado. Alfonso XIII mandó formar gobierno a Primo de Rivera, que decidió convertirse en dictador militar único. Ante esta situación, el presidente del gobierno García Prieto presentó su dimisión. Por el Real decreto de 15 de septiembre de 1923, Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente de un Directorio Militar que contaría con la asistencia de un grupo integrado por generales de brigada de cada región militar. La dictadura fue la solución autoritaria a una situación ya insostenible, cuyas causas principales fueron:
- La crisis del sistema político, incapaz de renovarse desde dentro y cada vez más minado por la inestabilidad social desde la crisis de 1917. El último gobierno de concentración liberal fue incapaz de resolver los problemas del país y los grupos antimonárquicos (republicanos y socialistas) no pasaban por su mejor momento.
- El fracaso de la política en Marruecos, agudizado por el desastre de Annual de 1921. Se deterioraron las relaciones entre jefes militares y gobierno.
- El problema del orden público, especialmente en Barcelona. El terrorismo anarcosindicalista y de los “sindicatos libres” había convertido la ciudad en un campo de batalla. La opinión pública perdía la esperanza de una solución por medios legales.
Pero si triunfó el golpe de Primo de Rivera fue porque desde el comienzo contó con apoyos importantes:
- Alfonso XIII, que veía amenazada la propia institución monárquica.
- Un sector del ejército, partidario del restablecimiento del orden, la iglesia, la aristocracia y parte de la prensa.
- El empresariado catalán, que aspiraba a acabar con el peligro anarquista y restaurar así el orden público en Barcelona.
En cambio se pusieron en contra el Partido comunista y la CNT, que fueron declaradas ilegales. El PSOE y la UGT, no se definieron, lo que permitió durante un tiempo mantener abiertas las Casas del Pueblo.
El Directorio Militar (1923-1925)
Miguel Primo de Rivera, ministro único y presidente del Directorio militar formado por ocho generales y un almirante, prepara una serie de reales decretos que configuran el nuevo régimen. El régimen de la dictadura suspendió la Constitución y fue, por lo tanto, una solución transitoria al desmoronamiento del sistema político de la Restauración. Prohibió los partidos políticos que fueron sustituidos por la Unión Patriótica y se cerraron las Cortes, sustituidas por una Asamblea Nacional. Dispuso el cese en sus funciones de los gobernadores civiles de todas las provincias y su sustitución por gobernadores militares. Creó la figura del delegado gubernativo, que informaba de las deficiencias funcionales de los ayuntamientos a su cargo y proponía los remedios adecuados a “una nueva vida ciudadana”. Fue un paso más para militarizar la Administración. El último paso fue la disolución de los ayuntamientos sustituidos por Juntas de vocales asociados, integrados por los mayores contribuyentes de cada localidad. Pero estas acciones depuradoras no afectaron al poder real de los grandes caciques. No obstante, si la dictadura duró algo más de seis años fue en gran medida por sus éxitos iniciales, principalmente el restablecimiento del orden público y la resolución del problema de Marruecos, sin despreciar tampoco la favorable coyuntura económica internacional, de la que España se benefició.
El Restablecimiento del Orden Público
Aunque el golpe de estado fue bien recibido por las clases burguesas catalanas, pronto se derrumbaron sus expectativas ante las prohibiciones y los juicios de delitos contra la seguridad y la unidad de la patria establecidos por la dictadura. Primo de Rivera estableció un Estatuto Provincial que fortalecía a las diputaciones frente a la Mancomunidad catalana. Pero el problema del orden público se centraba, sobre todo, en Barcelona. Por eso, la dictadura implantó el estado de guerra durante casi dos años. La política de represión se concretó en la merma de las libertades públicas, la constante prohibición de reuniones y asociaciones, la censura de la prensa, etc. Se buscó la colaboración de la UGT y de los socialistas, nombrando Consejero de Estado a Largo Caballero, dirigente del PSOE. Pero la medida más contundente fue la persecución de los anarquistas (se declaró ilegal la CNT), por lo que la mayor parte de las sociedades anarquistas decidieron pasar a la clandestinidad para evitar persecuciones. Los resultados se hicieron notar rápidamente: disminuyó la conflictividad social y se restauró el orden y la seguridad ciudadana.
El Final de la Guerra de Marruecos
El problema marroquí era uno de los asuntos más espinosos tras el desastre de Annual. Además de la gran impopularidad del conflicto entre la población, el propio ejército estaba dividido en dos grupos: los africanistas (partidarios de seguir la lucha) y los abandonistas. El propio dictador se había pronunciado desde hacía tiempo en contra de continuar las operaciones en Marruecos. Pero la liquidación de la guerra se debió, fundamentalmente, a un error de Abd-el-Krim. Creyendo que había derrotado a los españoles, ocupó los territorios del protectorado francés. Esto propició una contundente actuación militar hispano-francesa en Alhucemas (desembarco del 8 de septiembre de 1925). La consecuencia inmediata fue la rendición de Abd-el-Krim, que despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927). Este fue, sin duda, el mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar con la guerra, y elevó al mismo tiempo el prestigio de los militares africanistas.
El Directorio Civil (1925-1930)
Primo de Rivera tuvo la oportunidad de retirarse de la política una vez que se hubieron resuelto los dos grandes problemas que podían justificar la situación excepcional de la dictadura y permitir así el retorno a la normalidad constitucional. Pero no lo hizo, sino que, por el contrario, a finales de 1925, se propuso renovar su régimen dictatorial mediante la sustitución del directorio militar por un nuevo directorio civil. Esta renovación del equipo de gobierno demostraba la intención del dictador de perpetuarse en el poder. Para ello necesitaba transformar la dictadura en un nuevo régimen a su medida:
- Los primeros meses de 1924 nacía la Unión Patriótica como organizaciones ciudadanas cuyo primer objetivo era “orientar y apoyar al Directorio”. A partir de abril de 1924, la Unión Patriótica pasaba a convertirse en un partido gubernamental que pretendía “unir y organizar a todos los españoles de buena voluntad” en torno al lema: “religión, patria y monarquía”. Pero esta fuerza política dependía absolutamente del gobierno, lo que le impedía poseer autonomía propia y todo el poder estaba centralizado en manos del dictador.
- El 2 de diciembre de 1925 se producía la sustitución de la dictadura militar por otra “civil y de organización adecuada, pero no menos vigorosa”. Compuesto por militares y civiles, entre estos civiles destacó José Calvo Sotelo, encargado del ministerio de Hacienda.
- El 26 de noviembre de 1926, un real decreto creaba la Organización Corporativa Nacional, un sindicato controlado por el Estado.
- Una Asamblea Nacional Consultiva, en sustitución de las viejas Cortes, que inició sus sesiones en 1927.
- Un proyecto de nueva Constitución presentado en 1929.
Otras medidas destacadas fueron la reorganización del Ejército, creándose la Academia General Militar de Zaragoza, con la intención de acabar con el exclusivismo de determinados cuerpos en cuanto a la formación de sus oficiales (como el de Artillería), encargándose su dirección a un general que había hecho una carrera meteórica en África, el general Francisco Franco. Se fundamentaba, por tanto, en una intervención del Estado siguiendo el modelo del fascismo italiano, basado en tres pilares: la familia, el municipio y las organizaciones profesionales.
La Intervención de la Dictadura en la Economía
La política intervencionista de la dictadura en la economía estuvo caracterizada por la diversidad de actuaciones y la amplitud de las mismas en un corto intervalo de tiempo. Se aprovechará la favorable coyuntura económica internacional de los años 20 para realizar un gran plan de obras públicas, con el cual se pretendía modernizar el país y, a la vez, resolver el problema del paro obrero y las limitaciones nacionales de producción, supliendo la falta de iniciativa privada por medio de la inversión pública:
- Se destinaron grandes cantidades de los presupuestos del Estado a subvencionar industrias con problemas económicos, especialmente las compañías ferroviarias y navieras.
- También dirigió una política paternalista con los seguros de maternidad, familias numerosas, seguridad social, los comités paritarios entre obreros y empresarios. E incluso las mejoras educativas.
- Se establecieron monopolios en diversos sectores clave de la economía:
- La Compañía Telefónica de España fue concedida a la norteamericana International Telephone and Telegraph (ITT).
- La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. (CAMPSA), que ejercía el monopolio de la importación, refinado, distribución y venta del petróleo, fue concedida a un consorcio de bancos españoles. Esta operación es considerada el mejor ejemplo del nacionalismo económico al que aspiraba la dictadura.
- Se pudo en marcha un ambicioso programa de obras públicas:
- Se pretendían mejorar 7000 kilómetros de carreteras, pues el mal estado del firme dificultaba la circulación, especialmente tras la aparición del automóvil, aunque sólo se arreglaron unos 3000 kilómetros.
- Se inició un plan de construcción de embalses en las cuencas de los ríos con el doble objetivo de producir electricidad y aumentar las superficies de regadío, aunque solo se realizó parcialmente en la cuenca del Ebro.
En definitiva, se pretendía favorecer un capitalismo nacional, en gran parte financiado por el Estado, pero sin acometer la reforma necesaria de la Hacienda que obligara a pagar más a los que más tenían, lo cual condicionaba las actuaciones a la limitada capacidad del gasto.
La Oposición a la Dictadura
Estos intentos de erigir un nuevo régimen no obtuvieron prácticamente ningún apoyo político. Los primeros brotes opositores que encontró Primo de Rivera vinieron de un reducido grupo de intelectuales con Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset a la cabeza. Esta oposición, claramente republicana, decidió constituir un organismo conjunto: la Alianza Republicana. Las críticas de los intelectuales procedían de los Ateneos (que fueron cerrados), los cafés y la prensa. Por su parte, el PSOE ya había dejado de colaborar con el régimen y daba sus primeros pasos hacia la oposición. Aparecerá el primer sindicato de estudiantes: la FUE (Federación Universitaria Escolar), y estallará la conflictividad en la calle. A ello se sumará el comienzo de una crisis económica que llevará a la suspensión de las obras públicas y al aumento del paro. Las posturas tienden a radicalizarse: en 1927 los anarquistas se organizarán en la FAI (Federación Anarquista Ibérica) e iniciarán su propia oposición. Por último, su política en Cataluña le sirvió para contar con la oposición de la burguesía catalanista y de los obreros de los sindicatos, especialmente de la CNT. Un pronunciamiento militar el 24 de junio de 1926, conocido como la “Sanjuanada”, fracasa, pero ponía de manifiesto la división del ejército y la viabilidad del recurso a la violencia para modificar la situación política. El 29 de enero de 1929, se levantaba un regimiento de artillería en Ciudad Real, pero tampoco triunfó. Desde marzo de 1929 se generalizaron las huelgas en las universidades y los estudiantes se unieron a las protestas del frente antidictatorial, que pedía el fin de la monarquía y la implantación de la República. El abandono del proyecto de crear una nueva Constitución que estableciera una monarquía autoritaria, mostraba el distanciamiento entre el rey y el dictador. Así, no es de extrañar que cuando Primo de Rivera solicitara el 28 de enero de 1930 a las Capitanías Generales que le manifestaran su adhesión a la Dictadura y al Directorio, no recibiera la respuesta esperada y ello provocara su decisión de dimitir; dos meses después de su dimisión moriría en su exilio de París en marzo de 1930.
Efímero Regreso a la Monarquía Parlamentaria
En un intento por salvar la monarquía tras la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII restauró el sistema parlamentario y nombró al general Dámaso Berenguer para volver a la normalidad constitucional. Sin embargo, su lento avance y la intención de restaurar prácticas caciquiles aumentaron la oposición al rey y fortalecieron el movimiento republicano. En agosto de 1930, el Pacto de San Sebastián unió republicanos, autonomistas y socialistas con el objetivo de instaurar la República mediante un alzamiento militar. En diciembre, fracasaron las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, con fusilamientos de oficiales implicados, lo que intensificó la movilización social. Berenguer convocó elecciones generales para enero de 1931, pero su fracaso lo llevó a dimitir, siendo reemplazado por Juan Bautista Aznar. El 12 de abril se celebraron elecciones municipales, donde los republicanos triunfaron en las principales ciudades. Manifestaciones en favor de la República estallaron en varias ciudades, y en Barcelona, Francesc Macià proclamó el Estat Català dentro de la República Española. El gobierno intentó pactar con los republicanos, pero estos exigieron la marcha del rey. Alfonso XIII, sin apoyo militar suficiente, partió al exilio el 14 de abril de 1931. Ese mismo día, el Comité Republicano proclamó la II República de manera pacífica.
La Segunda República (1931-1936)
Proclamación de la República
El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades precipitó el 14 de abril de 1931 la proclamación de la República. La amplitud del movimiento popular llevó a que el rey Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, se exiliara. La proclamación de la República desde el balcón del Ministerio de la Gobernación en Madrid fue una auténtica fiesta popular. Sobrevino pacíficamente a causa del vacío de poder que dejó el hundimiento de la dictadura, de la desorientación y desaliento de los monárquicos y de la irresolución mostrada por el propio rey Alfonso XIII. Se constituyó un Gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora e integrado por un amplio espectro político: desde la derecha republicana (a la que pertenecía su presidente) hasta los socialistas, pasando por los republicanos de izquierdas y nacionalistas. El gobierno debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen.
Problemas Iniciales
El 14 de abril de 1931, junto a la proclamación de la República en Madrid, Francesc Macià declaró en Barcelona la República Catalana independiente. Sin embargo, renunció a su proyecto tras el compromiso del Gobierno de buscar una solución para la autonomía catalana. El ejército, con fuertes vínculos con la monarquía, representaba un desafío para la República. Para garantizar su lealtad, el Gobierno aprobó la Ley de Retiro de la Oficialidad, permitiendo la salida voluntaria de militares con sueldo íntegro y alejando a oficiales monárquicos. La Iglesia también se mostró hostil al nuevo régimen. Mientras el nuncio apostólico pedía respeto a la República, el cardenal Segura exaltó a Alfonso XIII, provocando su destitución. La tensión creció cuando monárquicos hicieron sonar la Marcha Real en Madrid, lo que desencadenó ataques a edificios religiosos y la quema de conventos. Aunque el Gobierno no fue responsable, tampoco intervino para frenar los disturbios.
Las Elecciones de Junio de 1931 y la Constitución de 1931
Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces. La participación fue alta (más del 70% del censo electoral) y otorgó una amplia victoria a los partidos que integraban el Gobierno provisional.. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE, seguido del Partido Radical de Lerroux. La composición de estas Cortes constituyentes explica el carácter democrático y avanzado de la Constitución cuyos principales contenidos eran los siguientes:
- Soberanía popular. Se declaraba al nuevo estado español como una “República democrática de trabajadores de todas clases que se organiza en régimen de libertad y justicia”.
- Sufragio universal masculino y femenino. Tras un largo y complejo debate en las Cortes, las mujeres españolas obtuvieron el derecho de voto.
- Extensa declaración de derechos y libertades.
- Derechos civiles: divorcio, equiparación hijos legítimos e ilegítimos.
- Derecho a la educación.
- Poderes del Estado
- Poder legislativo quedó en manos de unas Cortes unicamerales, que adquirían un gran poder y eran elegidas por sufragio universal.
- Poder ejecutivo
- Presidente de la República con escasos poderes.
- Jefe de Gobierno, nombrado por el Presidente pero que debía contar con la aprobación de las Cortes.
- Por primera vez en nuestra historia, se establece el derecho de las regiones a establecer Estatutos de Autonomía.
- En lo relativo a la “cuestión religiosa” se establece un estado laico:
- Separación de la Iglesia y el Estado
- Desapareció el presupuesto de culto y clero, que implicaba poner fin al mantenimiento económico del clero por parte del Estado.
- Prohibición de ejercer la educación
- Libertad de conciencia y cultos.
Finalmente, la Constitución fue aprobada en Cortes el día 9 de diciembre de 1931. Días después se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña e integrado, principalmente
por republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador, se cedió la presidencia de la República a Alcalá Zamora, hasta entonces presidente del Gobierno provisional. El Bienio Reformista (1931-1933): El gobierno republicano-socialista emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro. Estas fueron sus principales medidas: Reformas laborales: iniciadas desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos, pero que encontraron la cerrada oposición de los empresarios.
Reforma educativa: Amplio programa de construcción de escuelas y contratación de maestros: 6750 escuelas y 7000 maestros con mejores salarios. Se estableció la enseñanza mixta y se crearon las Misiones Pedagógicas con la finalidad de llevar la educación y la cultura al mundo rural. La religión dejó de ser asignatura obligatoria lo que agudizó el enfrentamiento con la IglesiaReforma militar: A las medidas iniciales adoptadas durante el Gobierno provisional ya mencionadas, siguieron otras que supusieron una importante reorganización, así como el sometimiento del Ejército al poder civil. Se suprimieron organismos innecesarios, se redujeron efectivos y se abolieron leyes e instituciones que situaban a los militares fuera del alcance de la justicia civil. Reforma agraria: Sin duda el proyecto económico y social de mayor magnitud y urgencia. España seguía siendo un país eminentemente agrario y tanto socialistas como republicanos estaban de acuerdo en poner fin al predominio de latifundios de bajo rendimiento. Pero, no ocurría lo mismo con el procedimiento para conseguirlo. Las discusiones parlamentarias se prolongaron durante más de un año, hasta la aprobación de la definitiva Ley de Bases de la Reforma Agraria en septiembre de 1932. Para su aplicación se creó el Instituto de Reforma Agraria, encargado de confeccionar un inventario de las tierras expropiables, que se emprendió de forma demasiado lenta y burocrática. Su aplicación fue un fracaso y muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley. Esto provocó una decepción generalizada entre el campesinado en un contexto económico de paro creciente. La política autonómica: el Estatuto de Cataluña: Reconocidas las autonomías por la Constitución, se encomendó la elaboración del proyecto de Estatuto a los propios catalanes. El Estatuto que finalmente aprobó el Parlamento español recortaba y modificaba en parte el proyecto catalán. Se creaba un Gobierno autónomo (la Generalitat) y se concedía a Cataluña un notable marco de autogestión. La oposición al gobierno: La derecha tradicional quedó desorganizada tras la proclamación de la República en los primeros meses del nuevo régimen. Los partidos de derechas se podían clasificar en dos grandes grupos, según su actitud frente a la República: la derecha posibilista, cuya estrategia consistía en conquistar el poder por las urnas para convertir la República de izquierdas en una conservadora. Se articuló en torno a una nueva organización dirigida por José María Gil Robles, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que contaba con el apoyo de la Iglesia y agrupaba amplios sectores católicos de clases medias, alta burguesía y terratenientes, así como pequeños y medianos campesinos. Y un sector monárquico y antirrepublicano, que pretendía, en cambio, acabar con la República mediante la conspiración militar. Estuvo representado por las viejas organizaciones ligadas al tradicionalismo carlista y por Renovación Española, de Calvo Sotelo. También surgieron partidos totalitarios, como Falange Española, fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, la izquierda revolucionaria no dio tregua al nuevo gobierno. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con más de un millón de afiliados, siguió la línea extremista marcada por los militantes de la Federación Anarquistas Ibérica (FAI). El minoritario Partido Comunista de España (PCE) se hallaba también instalado en una línea radical, defendida en aquel momento por la Komintern y Stalin. Las tensiones sociales y políticas: La crisis económica, la radicalización de la CNT y la resistencia de la patronal generaron fuertes tensiones sociales, con frecuentes y violentos enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil (Castilblanco, Arnedo, Baix Llobregat). El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado en Andalucía, pero fracasó por falta de apoyo. Fue condenado a muerte, aunque se le conmutó la pena por prisión perpetua. Pese a esto, el gobierno republicano-socialista aprobó la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde triunfó Esquerra Republicana de Catalunya. Sin embargo, la dura represión de una revuelta anarquista en Casas Viejas, con la muerte de campesinos a manos de la Guardia de Asalto, desacreditó al gobierno y aceleró su caída. Crisis y caída del social – azañismo: El escándalo consiguiente llevó al gobierno a la decisión de convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933. Para estas elecciones, con Diego Martínez Barrio como presidente del Gobierno provisional, la derecha se había reorganizado, en torno al Partido Radical y a la recién creada CEDA. Mientras la izquierda se presentó fragmentada en múltiples grupos y los anarquistas llamaron a la abstención. El partido que obtuvo más escaños fue la CEDA (115), seguida de cerca por el Partido Radical de Lerroux (112). En la izquierda, el PSOE seguía siendo el partido con más escaños (58). El triunfo conservador fue contestado por una insurrección anarquista que tuvo como resultado más de cien muertos.
El Bienio Radical – Cedista (1933 – 1936): Tras las elecciones, Lerroux formó un gobierno integrado solo por su partido, con el apoyo parlamentario de la CEDA, lo que lo obligó a rectificar las reformas del bienio anterior. Se paralizó la reforma agraria, se aprobó una Ley de Amnistía que benefició a los implicados en la sublevación de Sanjurjo (1932), y se anuló la enseñanza mixta. Además, se restablecieron relaciones con la Iglesia, pero aumentaron los conflictos con nacionalistas vascos y catalanes. En 1935, se propuso una reforma constitucional para modificar aspectos como religión, enseñanza, autonomías y propiedad privada, pero no llegó a aplicarse. Revolución de Octubre de 1934: Tras la victoria electoral de la derecha, los socialistas consideraron una revolución popular, que solo en Asturias tuvo éxito. La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 fue vista por la izquierda como una amenaza fascista, lo que llevó a la UGT a convocar una huelga general el 5 de octubre. Sin embargo, la sublevación fracasó en la mayor parte del país, salvo en Asturias, donde socialistas, anarquistas y comunistas proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno envió tropas de Marruecos bajo el mando de Franco, sofocando la rebelión el 18 de octubre. El saldo fue más de 1.300 muertos, miles de heridos y 30.000 detenidos, incluyendo Companys, Azaña y líderes del PSOE. Como represalia, el gobierno suspendió el Estatuto de Cataluña y aplicó una contrarreforma agraria, endureciendo su política. Radicalización del enfrentamiento político: España se polarizó entre las “derechas” y las “izquierdas”. Por parte de la derecha, Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional, en diciembre de 1934, con el que pretendía ofrecer una alternativa a la República, que consistía en una monarquía tradicional basada en una autoridad fuerte. Por otro lado, a principios de 1934, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ledesma. Quedaba así constituido el núcleo político de ideología fascista en España. Dentro del Ejército se creaba poco después la Unión Militar Española, formada por destacados jefes militares como Goded, Mola Villegas, Fanjul y Sanjurjo. Por parte de la izquierda, la represión que siguió a la revolución de octubre impulsó una concentración de fuerzas, que desembocó en la creación del Frente Popular. También contribuyó a ello el avance del fascismo en Europa y la recomendación de la Internacional Comunista de frenarlo mediante la formación de frentes antifascistas integrados por todas las fuerzas de izquierdas. El final del Bienio: Las disensiones en el seno del gobierno eran crecientes. Las diferencias entre el Partido Radical y la cada vez más extremista CEDA eran evidentes. Un ejemplo de la orientación de la CEDA fueron los nombramientos que hizo Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa. Militares claramente contrarios a la república y la democracia fueron designados para puestos clave en la estructura del Ejército. Franco, por ejemplo, fue nombrado jefe del Estado Mayor. La máxima aspiración política de José María Gil Robles fue el intento de reforma constitucional, ya mencionado, pero el desarrollo de los acontecimientos impidieron su cumplimiento. La crisis definitiva vino con un escándalo de corrupción, el escándalo del Estraperlo, que afectó a altos cargos gubernamentales. Lerroux y el Partido Radical cayeron en un descrédito total. La aparición de nuevos escándalos precipitó el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936. Las elecciones de 1936 y el Frente Popular: En las elecciones de febrero de 1936, se enfrentaron dos grandes bloques: el Frente Popular, que unió a las izquierdas (Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM y Esquerra Republicana de Catalunya), y la coalición de derecha (CEDA y Renovación Española), mientras que Falange y PNV se presentaron por separado. La victoria fue para el Frente Popular (266 escaños), logrando apoyo en ciudades y el sur, mientras que la derecha dominó en el norte y el interior. Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República, y aunque se esperaba que Indalecio Prieto liderara el gobierno, la división del PSOE llevó a que Casares Quiroga asumiera la presidencia con un gabinete solo de republicanos de izquierda. El gobierno inició reformas rápidamente: amnistía para represaliados de 1934, restablecimiento del Estatuto de Cataluña, alejamiento de generales sospechosos de golpismo (Franco, Mola y Goded), reanudación de la reforma agraria, y avance en estatutos de autonomía para Galicia y el País Vasco. Sin embargo, la radicalización social aumentó las tensiones en el país.
La conspiración militar: Mientras, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente el fin del sistema democrático. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados: Franco, Goded, Fanjul, Varela… Emilio Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el “director” del golpe. El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable. El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio cómo el 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. El triunfo parcial del golpe desencadenó la guerra civil.