Impacto de la Revolución Rusa y Agitación Social en España (1917-1923)

La Revolución Rusa de 1917 generó un gran entusiasmo entre las organizaciones obreras en España, lo que aumentó la agitación social en los años siguientes. Este impacto se manifestó de diversas formas en distintas regiones del país.

El Trienio Bolchevique en Andalucía

En Andalucía, se produjo el llamado “Trienio Bolchevique” (1918-1920), una etapa de intensa actividad revolucionaria causada por la pobreza de los jornaleros, el encarecimiento de la vida y la influencia de la revolución en Rusia. Los sindicatos UGT (Unión General de Trabajadores) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo) dirigieron huelgas, ocuparon tierras y ayuntamientos e impulsaron repartos de terrenos. Sin embargo, en 1920 el gobierno declaró el estado de guerra y aplicó una dura represión que puso fin a estos movimientos.

Conflictividad en Cataluña y Respuestas del Gobierno

En Cataluña, a pesar del fracaso de la huelga general de 1917, la CNT siguió creciendo y predominó su corriente anarcosindicalista, caracterizada por su acción directa y violenta. Se sucedieron huelgas, sabotajes y atentados, a lo que la patronal catalana respondió con la contratación de pistoleros para asesinar a líderes sindicales, dando lugar al fenómeno del pistolerismo: enfrentamientos violentos entre obreros y empresarios.

Ante la creciente presión obrera, el gobierno se vio obligado a tomar medidas sociales, como la aprobación de la jornada laboral de ocho horas en 1919, tras la huelga de La Canadiense en Barcelona, y la creación del Ministerio de Trabajo en 1920 para mediar en los conflictos laborales.

Divisiones en el Movimiento Obrero y Represión

La Revolución Rusa también generó divisiones en el movimiento obrero español. La fundación de la Internacional Comunista (Komintern) en 1919 llevó a que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y la CNT rechazaran su adhesión por motivos ideológicos. Sin embargo, un sector minoritario del PSOE se escindió para formar el Partido Comunista de España (PCE) en 1921, alineado con la nueva internacional.

El clima de alta conflictividad social, reflejado en un gran número de huelgas (237 solo en 1916), llevó al gobierno a tomar medidas represivas. Bajo el gobierno de Eduardo Dato, se tomaron medidas como el cierre de las Cortes y la suspensión de derechos constitucionales con el objetivo de frenar la agitación obrera.

El Protectorado Español en Marruecos y el Desastre de Annual

Establecimiento del Protectorado y Primeros Conflictos

Tras la pérdida de sus últimas colonias ultramarinas en 1898, España intentó participar en el reparto colonial de África, centrando su interés en Marruecos. Sin embargo, debido a la influencia de Francia en la región, fue necesario llegar a acuerdos. En la Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado Hispano-Francés (1912), se estableció la división de Marruecos en dos protectorados: uno francés y otro español. El territorio asignado a España, el Protectorado Español de Marruecos, incluía las regiones montañosas de Yebala y el Rif, zonas con recursos limitados y habitadas por cábilas bereberes con una fuerte tradición de resistencia.

Desde el inicio, la ocupación española se enfrentó a ataques de las cábilas, destacando la derrota en el Barranco del Lobo (1909). Para asegurar el control del territorio, se reforzó la presencia militar, lo que generó gran malestar social en España debido al reclutamiento forzoso de reservistas, principalmente de las clases populares. Esto desencadenó la Semana Trágica de Barcelona (1909) y provocó la caída del gobierno conservador de Antonio Maura.

Intereses y Divisiones en Torno a la Guerra

La intervención militar solo parecía beneficiar a un sector del ejército (africanistas), que buscaba recuperar el prestigio perdido tras el desastre de 1898 y obtener ascensos rápidos por méritos de guerra, y a ciertos capitalistas interesados en la explotación de las minas del Rif. El conflicto agudizó las divisiones dentro del propio ejército entre los llamados “africanistas”, partidarios de los ascensos por méritos de guerra, y los “peninsulares”, que defendían la antigüedad como criterio de promoción y rechazaban el sistema de recompensas vigente en Marruecos. También aumentó la impopularidad del gobierno y la tensión entre militares y políticos.

El Desastre de Annual y sus Consecuencias

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en la que España se mantuvo neutral, la situación en el protectorado permaneció relativamente estable. Sin embargo, en 1921, España decidió reanudar la ofensiva militar para consolidar su dominio. El general Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla, nombrado con el apoyo del rey Alfonso XIII, dirigió una imprudente ofensiva avanzando profundamente en el territorio rifeño sin asegurar adecuadamente su retaguardia ni sus líneas de suministro.

Esta temeridad fue aprovechada por el líder rifeño Abd el-Krim el-Jattabi, quien el 17 de julio de 1921 lanzó un ataque masivo que cercó a las tropas españolas en la posición de Annual. La desorganización, el pánico y la falta de liderazgo provocaron una retirada caótica que se convirtió en una masacre. Se estima que entre 8.000 y 13.000 soldados españoles perdieron la vida, incluyendo al propio general Silvestre. Este episodio es conocido como el Desastre de Annual.

El Desastre de Annual tuvo un impacto político y social en España comparable al de 1898, generando una profunda crisis, debilitando al gobierno y aumentando la presión sobre la monarquía de Alfonso XIII. La opinión pública, especialmente socialistas y republicanos, exigió responsabilidades y señaló directamente al rey Alfonso XIII por su presunta implicación y conocimiento de la arriesgada operación militar. Se inició una investigación parlamentaria, dirigida por el general Juan Picasso, cuyo informe, conocido como el Expediente Picasso, apuntaba a graves negligencias en el mando militar y salpicaba indirectamente al monarca. Sin embargo, antes de que el informe se debatiera en las Cortes y se depuraran responsabilidades, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, instaurando una dictadura militar con el consentimiento del rey Alfonso XIII, lo que impidió cualquier consecuencia política derivada del desastre.

Las Desamortizaciones en la España del Siglo XIX

Concepto y Objetivos Generales

Las desamortizaciones en España fueron procesos legales mediante los cuales el Estado expropió y posteriormente vendió en pública subasta tierras y bienes que hasta entonces no se podían vender, por estar vinculados a la Iglesia (manos muertas) o a los municipios (bienes de propios y comunales). Estos procesos se desarrollaron principalmente durante el siglo XIX con el objetivo de sanear las finanzas públicas, modernizar la estructura agraria y consolidar el régimen liberal.

La Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

El proceso se impulsó decisivamente con la Desamortización de Mendizábal (1836-1837), durante la regencia de María Cristina de Borbón. Esta primera fase se centró principalmente en la venta de las propiedades del clero regular (órdenes religiosas). Sus objetivos eran: financiar la Primera Guerra Carlista contra los absolutistas, reducir la enorme deuda pública del Estado y crear una base de propietarios burgueses y clases medias comprometidos con el régimen liberal.

Sin embargo, los resultados fueron contradictorios. Aunque se obtuvieron ingresos significativos, no se solucionó el problema de la deuda. Además, la forma en que se realizaron las ventas favoreció a especuladores y grandes terratenientes que ya poseían capital, consolidando una estructura de latifundios en muchas zonas. Los campesinos, que eran los principales cultivadores de esas tierras, apenas tuvieron acceso a la propiedad. Por otro lado, la medida provocó la ruptura de relaciones con la Iglesia Católica y generó un considerable conflicto social.

La Desamortización General de Madoz (1855)

La segunda gran fase fue la Desamortización General de Madoz (1855), promulgada durante el Bienio Progresista (1854-1856) del reinado de Isabel II. Esta ley afectó no solo a los bienes eclesiásticos que quedaban sin vender (incluidos los del clero secular), sino también, y de forma muy significativa, a los bienes de los municipios, tanto los bienes de propios (arrendados por los ayuntamientos para obtener ingresos) como los bienes comunales (aprovechados directamente por los vecinos).

Sus objetivos principales eran seguir reduciendo la deuda pública y obtener fondos para financiar la construcción del ferrocarril y otras obras públicas, consideradas clave para la modernización del país. Aunque se recaudaron importantes sumas de dinero, la venta de los bienes municipales tuvo consecuencias sociales muy negativas. Privó a los ayuntamientos de una fuente tradicional de ingresos (los propios), lo que obligó a aumentar los impuestos municipales. La pérdida de los bienes comunales perjudicó gravemente a los campesinos más pobres, que dependían de ellos para obtener leña, pastos o cultivar pequeñas parcelas, dejándolos sin recursos complementarios y empujándolos a la proletarización. Esto generó un malestar social generalizado en el mundo rural y numerosas protestas, ya que la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos se acentuó, aumentando la desigualdad en el campo español.