La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Miguel Primo de Rivera estuvo en Marruecos, Cuba y Filipinas y fue capitán general de Barcelona. Desde allí observó los problemas de orden público de la ciudad durante la época del terrorismo anarquista y del pistolerismo patronal, justificando el golpe de Estado de 1923 con el argumento de que el régimen constitucional estaba bloqueado y existía un grave peligro de revolución social. Disolvió el Parlamento e implantó una dictadura. El rey Alfonso XIII apoyó el golpe y le encomendó la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares. La dictadura duró siete años.

El Directorio Militar (1923-1925)

Primo de Rivera encabezó el Directorio Militar (1923-1925) con la connivencia del rey Alfonso XIII y la aquiescencia de la patronal, del clero, del ejército y de las fuerzas conservadoras. El Dictador concentró todos los poderes del Estado, excluyendo a los políticos profesionales. Encontró poca resistencia porque prometía una dictadura meramente transitoria, inspirada en los regeneracionistas de comienzos de siglo, para restaurar el orden y acabar con la influencia caciquil en la vida política.

Durante los años del Directorio Militar, las primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución del Parlamento, cese de las autoridades civiles y prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Todo ello fue acompañado de la militarización del orden público. Se dedicó a perseguir a los anarquistas y a los comunistas, a liquidar la Mancomunidad de Cataluña, a reforzar el proteccionismo estatal en favor de la industria nacional y a fomentar la construcción de grandes obras públicas. Creó un nuevo partido político, la Unión Patriótica.

Uno de sus mayores éxitos consistió en consolidar la presencia española en Marruecos con una victoria militar que puso fin a años de guerras y dificultades. El desembarco de Alhucemas (1925) formó parte de una operación combinada con el ejército francés para acabar con la rebelión de las cabilas del Rif. Fue un éxito muy importante que animó a Primo de Rivera a institucionalizar su dictadura de una forma duradera.

El Directorio Civil (1925-1930)

El Directorio Militar dio paso al Directorio Civil (1925-1930), durante el cual el dictador intentó institucionalizar su régimen con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), que elaboró un anteproyecto de Constitución (1929). La Asamblea tuvo un carácter corporativo y autoritario; estaba compuesta por representantes de las corporaciones elegidos por sufragio indirecto, por funcionarios de la Administración y por representantes sociales escogidos desde el poder. El sufragio universal quedó relegado al olvido. Aquel simulacro de Parlamento mostró la diversidad de posiciones políticas que había entre los seguidores de la dictadura, incluyendo católicos conservadores y autoritarios.

Económicamente, la buena coyuntura internacional de los años veinte benefició a la Dictadura. Fueron años de política nacionalista y de dirigismo estatal que combinaron elementos intervencionistas, como el proteccionismo, con un impulso de las obras públicas. También concedió ayudas a las empresas que no podían competir con el exterior. A su vez, otorgó grandes monopolios, como el teléfono (a la Compañía Telefónica Nacional de España) y el control del petróleo (a CAMPSA). Encontraron apoyo en la UGT socialista, pero no en la CNT anarquista, que fue prohibida y perseguida.

El Fin de la Dictadura y la Dictablanda

Divididos sus seguidores y dañadas las relaciones del dictador con el rey, Primo de Rivera no pudo afrontar el auge de la oposición, que se movilizó ante la amenaza de ver perpetuarse el régimen. Esta oposición estuvo integrada por políticos de los partidos del turno, como el conde de Romanones, así como por socialistas, comunistas, republicanos, estudiantes, obreros e intelectuales, quienes se unieron y manifestaron contra el régimen. Los propios militares conspiraban contra Primo de Rivera.

Tras perder el apoyo del rey y los militares, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930 y se exilió en París, donde murió dos meses después. Alfonso XIII encargó al general Berenguer la tarea de restaurar el sistema constitucional, pero el intento fracasó (periodo conocido como la Dictablanda). La oposición se organizó y, en agosto de 1930, se firmó el Pacto de San Sebastián, donde republicanos, socialistas y nacionalistas acordaron derrocar la monarquía. En 1931, el gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril, consideradas un referéndum sobre la monarquía. La victoria republicana en las ciudades clave dejó claro el escaso apoyo popular que le quedaba a la monarquía.

La Segunda República Española (1931-1936)

La Constitución de 1931 y el Bienio Reformista (1931-1933)

Después de la dictadura de Primo de Rivera, se dieron dos etapas: la Dictablanda del general Berenguer y el breve gobierno del almirante Aznar. Ninguna solucionó la crisis política, y se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Previamente, en 1930, se había producido el Pacto de San Sebastián, firmado en la clandestinidad por republicanos, socialistas y nacionalistas gallegos y catalanes, en el que pactaron una estrategia antimonárquica (un intento de sublevación militar en Jaca por los capitanes Galán y García Hernández fracasó y fueron fusilados).

La coalición republicano-socialista surgida del Pacto de San Sebastián ganó en casi todas las capitales de provincia, en las grandes ciudades y en las zonas industriales y mineras. Ante estos resultados, se proclamó la II República el 14 de abril de 1931. El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes y, el 9 de diciembre de 1931, se aprobó la Constitución de la República Española, de carácter marcadamente progresista y con 125 artículos.

Esta definía a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, reconocía el sufragio universal masculino y femenino para mayores de 23 años, permitía la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad social y otorgaba a las Cortes el poder legislativo exclusivo. También garantizaba la independencia judicial con el Tribunal de Garantías Constitucionales y abría la posibilidad de autonomía para regiones formadas por una o varias provincias. Uno de los debates más intensos giró en torno a la cuestión religiosa: se disolvió la Compañía de Jesús, se prohibió a las órdenes religiosas impartir enseñanza, se estableció la libertad de cultos y la jurisdicción civil sobre cementerios, y se suprimió la financiación estatal de la Iglesia. La Constitución tenía un carácter avanzado, inspirada en modelos como la Constitución de Weimar en Alemania.

El primer presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora, con Manuel Azaña como jefe de Gobierno. Durante su mandato (el Bienio Reformista), se enfrentaron a grandes desafíos:

• Conflicto religioso: La oposición de la Iglesia y de amplios sectores católicos generó tensiones. Hubo quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, lo que alejó a parte de la población católica de la República.
• Reforma militar: Azaña promovió la “ley de retiro de la oficialidad”, permitiendo la jubilación voluntaria con sueldo íntegro a militares no afines a la República, buscando modernizar y asegurar la lealtad del ejército. En agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado (la “Sanjurjada”), que fracasó.
• Cuestión agraria: Se estableció la jornada laboral de 8 horas en el campo y se aprobó la Ley de Reforma Agraria (1932), que preveía la expropiación de latifundios para asentar a campesinos sin tierra. Sin embargo, su aplicación fue lenta y compleja, provocando descontento tanto en propietarios como en campesinos.
• Autonomías: Cataluña logró la aprobación de su Estatuto de Autonomía (Estatuto de Nuria) en 1932. El proceso autonómico en el País Vasco y Galicia quedó incompleto durante este periodo.
• Educación y cultura: Se impulsó decididamente la educación pública y laica, creando miles de escuelas primarias y promoviendo iniciativas culturales como las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura a las zonas rurales.

A pesar de estas reformas, el clima social se volvió cada vez más inestable y polarizado. En 1933, la derecha se reorganizó en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil Robles, mientras que surgieron grupos de corte fascista como la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador). La radicalización de ambos bandos se agudizó con sucesos violentos como la represión de la revuelta anarquista en Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, que desgastó al gobierno de Azaña.

El Bienio Conservador (1933-1935)

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha (Partido Radical y CEDA). Alcalá Zamora encomendó la formación de gobierno a Alejandro Lerroux (líder del Partido Radical), con el apoyo parlamentario de la CEDA. Su administración revirtió o paralizó varias reformas del bienio anterior, como la reforma agraria, y aprobó una ley de amnistía que benefició a Sanjurjo. Se permitió la devolución de bienes a la Iglesia y se restableció parte de su financiación.

En octubre de 1934, la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno alarmó a la izquierda, que convocó una huelga general revolucionaria. La insurrección de octubre de 1934 fracasó en la mayor parte del país, pero tuvo especial virulencia en Asturias y Cataluña. En Asturias, la revuelta minera fue brutalmente reprimida por el ejército, dirigido desde Madrid por el general Francisco Franco, con un saldo de más de 1.000 muertos y miles de detenidos. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero el movimiento fue rápidamente sofocado y el Estatuto de Autonomía suspendido.

El gobierno de Lerroux se vio debilitado por escándalos de corrupción, como el caso del Straperlo (sobornos relacionados con una ruleta trucada) y el caso Nombela, lo que llevó a Alcalá Zamora a retirar la confianza a Lerroux, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

El Frente Popular y el inicio de la Guerra Civil (1936)

Ante las elecciones de febrero de 1936, la izquierda (republicanos, socialistas, comunistas y otros) se unió en el Frente Popular. Esta coalición logró una ajustada victoria electoral. El nuevo gobierno, presidido nuevamente por Manuel Azaña (Alcalá Zamora fue destituido como Presidente de la República y Azaña ocupó su lugar), impulsó una amnistía para los presos políticos de la revolución de 1934 y retomó las reformas del primer bienio, especialmente la agraria y la autonómica (se restauró el Estatuto catalán y se aprobaron los estatutos vasco y gallego).

Mientras tanto, la polarización política y la violencia social se intensificaron. La conspiración militar contra la República, que venía gestándose desde hacía tiempo, se aceleró bajo la dirección principal del general Emilio Mola “El Directo”), quien buscó apoyo en la Italia fascista y la Alemania nazi. La situación estalló definitivamente en julio de 1936: el día 12 fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista José Castillo; en represalia, miembros de las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron al día siguiente al destacado político monárquico y líder derechista José Calvo Sotelo.

Este doble asesinato fue el detonante inmediato del golpe de Estado militar, que comenzó el 17 de julio de 1936 en el Protectorado de Marruecos y se extendió a la Península al día siguiente. El golpe triunfó en algunas zonas (Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón, parte de Andalucía), pero fracasó en otras clave como Madrid, Barcelona, Valencia y Asturias. El fracaso parcial del golpe dividió a España en dos bandos irreconciliables y dio inicio a la Guerra Civil Española (1936-1939).