La Segunda República Española

1. Caída de la monarquía e instauración de la República

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó volver al sistema parlamentario oligárquico de la Restauración, designando al general Berenguer como presidente del gobierno. Sin embargo, la oposición de intelectuales (como Ortega y Gasset, con su artículo “El error Berenguer”) y de amplios sectores sociales era fuerte, responsabilizando al monarca del desastre de Annual y de su colaboración con la dictadura, lo que había dañado gravemente la institución monárquica. Además, los problemas estructurales del país (agrario, social, regional, religioso) seguían sin resolverse.

En este contexto, la sociedad de 1930 anhelaba un cambio generalizado y profundo, cobrando fuerza la opción republicana. La oposición republicana buscó activamente el apoyo del nacionalismo catalán y del movimiento obrero. En agosto de 1930, firmaron el Pacto de San Sebastián, que estableció un Comité Revolucionario (presidido por Niceto Alcalá Zamora) con el objetivo de derribar la monarquía e implantar la República. Este comité buscó apoyos en el ejército, lo que llevó a un levantamiento militar prematuro (Sublevación de Jaca, diciembre de 1930), que fracasó y cuyos capitanes, Galán y García Hernández, fueron fusilados.

A principios de 1931, el almirante Aznar sustituyó a Berenguer y convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Aunque el número total de concejales monárquicos fue superior (debido al voto rural), los partidos republicanos y socialistas triunfaron abrumadoramente en las grandes ciudades y capitales de provincia (41 de 50). El resultado fue interpretado como un plebiscito contra la monarquía. Multitudes entusiastas salieron a las calles exigiendo la República, evidenciando la falta de apoyo popular del rey. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española, primero en Éibar y luego en las principales ciudades. Se formó un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora, y Alfonso XIII abandonó el país hacia el exilio.

La transición de la monarquía a la república se realizó de forma relativamente pacífica a través de las urnas. Sin embargo, los grupos tradicionalmente poderosos (Iglesia, parte del ejército, grandes propietarios agrarios, financieros) se mantuvieron inicialmente al margen, pero pronto percibieron el proyecto modernizador y de justicia social republicano como una amenaza a sus privilegios. Esta oposición creciente culminaría en el levantamiento militar de julio de 1936. Además, la crisis económica mundial (la Gran Depresión) supuso un obstáculo adicional para la consolidación del nuevo régimen.

2. La Constitución de 1931

En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, que dieron una clara mayoría a la coalición republicano-socialista. Las Cortes elaboraron una nueva Constitución, que fue aprobada en diciembre de 1931. Tras su aprobación, Niceto Alcalá Zamora fue elegido primer presidente de la República y Manuel Azaña, presidente del Gobierno.

Las principales características de la Constitución de 1931 fueron:

• Soberanía popular: Definía a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”.
• Sufragio femenino: Se aprobó el derecho al voto de las mujeres, tras un intenso debate en el que destacó la diputada Clara Campoamor frente a otras como Victoria Kent.
• Estado integral y autonomías: Se estableció un modelo de Estado “integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”. Se permitía a las provincias limítrofes con características comunes constituirse en región autónoma elaborando un Estatuto de Autonomía que debía ser aprobado por las Cortes.
• Laicismo: Se declaró un Estado laico (no confesional), sin religión oficial. Se suprimió la financiación estatal del clero, se reconoció el matrimonio civil y el divorcio, y se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza (aunque con plazos de aplicación).
• Amplia declaración de derechos: Se recogió una extensa lista de derechos y libertades individuales y sociales, incluyendo la libertad de expresión, reunión y asociación, así como derechos relativos al trabajo, la educación, la salud y la vivienda.
• Función social de la propiedad: Se contempló la posibilidad de expropiación forzosa por causa de utilidad social e indemnización, subordinando la riqueza del país al interés general y limitando el derecho absoluto a la propiedad privada.
• Nueva organización de poderes:
  • Poder legislativo: Residía en un Parlamento unicameral (las Cortes).
  • Poder ejecutivo: Compuesto por el Gobierno (Consejo de Ministros) y el Presidente de la República, jefe del Estado, elegido por un colegio formado por los diputados y un número igual de compromisarios elegidos por sufragio universal, por un mandato de seis años y con atribuciones importantes pero limitadas (nombrar al jefe de gobierno, disolver las Cortes).
  • Poder judicial: Se garantizaba su independencia y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para velar por la constitucionalidad de las leyes y resolver conflictos de competencias.

La Constitución de 1931 fue una de las más avanzadas de su tiempo, pero no logró el consenso de todas las fuerzas políticas. Generó profundas discrepancias entre izquierda y derecha, especialmente en la cuestión religiosa y la cuestión autonómica, lo que dificultó su aceptación general y contribuyó a la polarización política.

3. El Bienio Reformista (diciembre 1931 – septiembre 1933)

Tras la aprobación de la Constitución, se formó un Gobierno de coalición integrado por republicanos de izquierda (como Azaña) y socialistas (PSOE), que contó con el apoyo parlamentario necesario para poner en marcha un ambicioso programa de reformas estructurales:

3.1. La Reforma Agraria

Era una de las principales preocupaciones republicanas y una necesidad urgente ante la estructura de propiedad de la tierra (grandes latifundios improductivos en el sur y minifundios en el norte) y la mísera situación de millones de jornaleros sin tierra. Sus objetivos eran:

• Social: Entregar tierras a los campesinos para mejorar sus condiciones de vida, obtener su apoyo al régimen republicano y reducir la enorme conflictividad social en el campo.
• Político: Disminuir el poder económico y la influencia política de los grandes terratenientes (latifundistas), considerados en su mayoría monárquicos y hostiles a la República.
• Económico: Modernizar la agricultura, aumentar la productividad, incrementar la producción y la renta campesina, y crear un mercado interior que impulsara el desarrollo industrial y comercial.

Inicialmente, se promulgaron decretos urgentes (como el de laboreo forzoso o el de términos municipales) para mejorar las condiciones laborales de los campesinos, aunque su frecuente incumplimiento provocó enfrentamientos. En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Declaraba expropiables (con indemnización, salvo las tierras de la nobleza grande de España implicada en el golpe de Sanjurjo) los grandes latifundios, las tierras insuficientemente cultivadas o las sistemáticamente arrendadas. Las tierras expropiadas se destinarían al asentamiento de campesinos en régimen de propiedad o usufructo. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para gestionar el proceso.

Sin embargo, la aplicación de la reforma fue muy lenta debido a complejidades técnicas, burocráticas, la resistencia de los propietarios y la falta de presupuesto suficiente. Esto generó una profunda decepción y frustración entre los jornaleros y campesinos sin tierra, que en ocasiones recurrieron a la ocupación de fincas, y aumentó la hostilidad de los grandes propietarios hacia la República.

3.2. La reforma autonómica

Atendiendo a las demandas históricas de los nacionalismos periféricos y al compromiso del Pacto de San Sebastián, la República abordó la descentralización del Estado. En 1932, las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña (conocido como Estatuto de Nuria), que establecía la Generalitat como gobierno autónomo. Otras regiones, como el País Vasco (cuyo Estatuto se aprobó más tarde, en 1936) y Galicia (cuyo proyecto fue aprobado en plebiscito en 1936 pero no llegó a ser ratificado por las Cortes debido a la guerra), iniciaron también la elaboración de sus proyectos de estatuto.

3.3. La reforma del ejército

El ministro de Guerra, Manuel Azaña, impulsó una reforma militar con el objetivo de modernizar el ejército, reducir su excesivo número de oficiales (macrocefalia) y asegurar su subordinación al poder civil. Se ofreció el retiro voluntario con sueldo íntegro a los oficiales que no quisieran jurar fidelidad a la República (Ley Azaña), lo que fue aprovechado por muchos. Se revisaron los ascensos obtenidos por méritos de guerra durante la dictadura de Primo de Rivera, lo que afectó especialmente a los militares africanistas. Además, se clausuró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida entonces por el general Francisco Franco. Estas medidas, sumadas a otras reformas republicanas (sociales, religiosas, autonómicas) que algunos sectores militares consideraban una amenaza a la unidad de la patria y al orden tradicional, generaron un profundo malestar y resentimiento hacia Azaña y la República en amplios sectores de las fuerzas armadas.

3.4. La cuestión religiosa

La política religiosa, derivada del carácter laico del Estado definido en la Constitución de 1931, fue una fuente constante de conflicto. Las principales medidas fueron:

• Supresión del presupuesto de culto y clero.
• Obligación para la Iglesia de pagar impuestos por sus actividades económicas no relacionadas directamente con el culto.
• Legalización del matrimonio civil y el divorcio.
• Secularización de los cementerios.
• Disolución de la Compañía de Jesús (jesuitas) por su voto de obediencia al Papa.
• Prohibición a las órdenes religiosas de dedicarse a la enseñanza (Ley de Congregaciones Religiosas, 1933), aunque su aplicación efectiva fue limitada.

Estas medidas fueron percibidas por la jerarquía eclesiástica y gran parte de los católicos como una persecución religiosa, generando una fuerte oposición a la República y un clima de gran tensión, agravado por algunos episodios de anticlericalismo violento (quema de conventos en mayo de 1931).

3.5. La reforma educativa y cultural

La educación fue considerada un pilar fundamental para la modernización del país y la formación de ciudadanos libres y críticos. La Constitución estableció la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica. El gobierno republicano-socialista realizó un gran esfuerzo presupuestario para construir miles de escuelas (se proyectaron 27.000, aunque se construyeron unas 10.000), aumentar el número de maestros y mejorar sus salarios y formación. Se impulsó la cultura popular con iniciativas innovadoras como las Misiones Pedagógicas (que llevaban bibliotecas, cine, teatro y conferencias a las zonas rurales) y el teatro universitario La Barraca, dirigido por Federico García Lorca.

3.6. Crisis del gobierno de Azaña

A pesar de los esfuerzos reformistas, el gobierno de Azaña se vio sometido a una creciente presión desde la derecha y la izquierda más radical, en un contexto de crisis económica y conflictividad social:

• Oposición de la derecha: Los sectores conservadores (terratenientes, financieros, Iglesia, ejército) se opusieron frontalmente a las reformas. En agosto de 1932, se produjo un intento fallido de golpe de Estado militar liderado por el general Sanjurjo (la Sanjurjada), que fue rápidamente sofocado.
• Conflictividad social y anarquista: La lentitud de las reformas y la crisis económica provocaron la frustración de campesinos y obreros. El sindicato anarquista CNT, opuesto al Estado republicano, protagonizó numerosas huelgas e insurrecciones. En enero de 1933, la brutal represión de un levantamiento anarquista en Casas Viejas (Cádiz) por las fuerzas de orden público (Guardia de Asalto), con ejecuciones sumarias, causó un enorme escándalo y erosionó gravemente la imagen del gobierno.

Estos sucesos, junto con el desgaste general del gobierno y las crecientes discrepancias dentro de la coalición republicano-socialista (los socialistas empezaron a cuestionar su participación), provocaron la caída del gobierno. Azaña dimitió en septiembre de 1933 y el presidente Alcalá Zamora convocó nuevas elecciones para noviembre de ese año.

4. La reacción conservadora: Bienio Radical-Cedista (noviembre 1933 – diciembre 1935)

Mientras la izquierda se desgastaba en el gobierno, la derecha se había reorganizado. En 1933 se consolidó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil Robles, un gran partido católico de masas, accidentalista en cuanto a la forma de régimen (no se definía oficialmente como monárquico o republicano, aunque muchos de sus miembros y votantes lo eran) y cuyo objetivo era revisar la legislación laica y social del primer bienio. También surgió Falange Española (FE), fundada por José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador), de inspiración fascista, con un discurso antiliberal, nacionalista radical y partidario de la acción violenta (sus militantes eran conocidos como “camisas azules”).

En las elecciones de noviembre de 1933 (las primeras con voto femenino en España), la izquierda concurrió desunida (republicanos y socialistas separados, los anarquistas llamaron a la abstención), mientras la derecha se agrupó en torno a la CEDA y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. El resultado fue una victoria del centro-derecha (Partido Radical y CEDA fueron los más votados). Se inició el llamado Bienio Conservador o Bienio Negro (denominación dada por las izquierdas), o más propiamente Bienio Radical-Cedista.

4.1. Desmantelamiento de la política reformista

Aunque la CEDA fue el partido más votado, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Lerroux (Partido Radical), temiendo las intenciones de Gil Robles. El nuevo gobierno, con apoyo parlamentario de la CEDA, procedió a paralizar o rectificar gran parte de la legislación reformista del periodo anterior:

• Contrarreforma agraria: Se frenó la expropiación y el asentamiento de campesinos, se aprobó una ley de amnistía que permitió la devolución de tierras a la nobleza implicada en la Sanjurjada.
• Contrarreforma religiosa y educativa: Se suspendió la aplicación de la Ley de Congregaciones, se reanudó la financiación estatal del clero (aunque no se derogó la Constitución) y se intentó negociar un nuevo Concordato con la Santa Sede. Se paralizó la construcción de escuelas públicas.
• Paralización de estatutos de autonomía: Se frenó la tramitación del Estatuto Vasco y se produjeron conflictos con la Generalitat de Cataluña.
• Amnistía: Se amnistió a los implicados en el golpe de Sanjurjo de 1932.

Esta política de rectificación agravó las tensiones sociales y políticas. La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 fue interpretada por la izquierda obrera (PSOE, UGT, CNT, PCE) como el preludio de la instauración del fascismo en España (siguiendo los ejemplos de Italia y Alemania). En respuesta, convocaron una huelga general revolucionaria.

La Revolución de Octubre de 1934 fracasó en la mayor parte de España, pero tuvo especial virulencia en Asturias, donde los mineros, bien organizados y armados, protagonizaron una auténtica insurrección social que controló la región durante dos semanas. El gobierno reprimió duramente el levantamiento, encargando la dirección de las operaciones al general Franco, quien empleó a las tropas de la Legión y los Regulares (el Ejército de África). La represión fue brutal, con miles de muertos, heridos y más de 30.000 detenidos en toda España.

La dura represión y la política conservadora provocaron la reorganización y unidad de las fuerzas de izquierda, que vieron la necesidad de colaborar para frenar a la derecha. A finales de 1935, diversos escándalos de corrupción (como el caso del Estraperlo) afectaron al Partido Radical y a Lerroux, provocando una profunda crisis de gobierno. Ante la inestabilidad, el presidente Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

5. El triunfo del Frente Popular (Febrero 1936) y la escalada de tensión

A las elecciones de febrero de 1936, las izquierdas (republicanos de izquierda, socialistas del PSOE y UGT, comunistas del PCE, POUM, Partido Sindicalista) concurrieron unidas en la coalición del Frente Popular. Su programa electoral se centraba en la amnistía para los presos políticos de la Revolución de Octubre, la readmisión de los despedidos por razones políticas y la reanudación de la política reformista del primer bienio. La derecha se presentó dividida (CEDA por un lado, Bloque Nacional con monárquicos y tradicionalistas por otro).

El Frente Popular ganó las elecciones por un estrecho margen en número de votos, pero obtuvo una amplia mayoría de escaños gracias a la ley electoral. Se formó un gobierno compuesto exclusivamente por republicanos de izquierda (liderado primero por Azaña y luego por Casares Quiroga), con el apoyo parlamentario del resto de la coalición. Azaña pasó a ser Presidente de la República tras la destitución de Alcalá Zamora.

El nuevo gobierno intentó retomar la agenda reformista (se aceleró la reforma agraria, se aprobó el Estatuto Vasco, se reanudó la política educativa), pero el clima social y político estaba extremadamente polarizado y radicalizado:

• Aumento exponencial de la conflictividad social: oleadas de huelgas en las ciudades, a menudo con motivaciones políticas.
• Ocupaciones masivas de tierras por campesinos impacientes ante la lentitud de la reforma agraria, especialmente en Extremadura y Andalucía.
• La derecha política y económica (terratenientes, financieros, Iglesia, parte del ejército) percibió el triunfo del Frente Popular como una amenaza revolucionaria inminente a sus intereses y al orden social tradicional. Se intensificó la conspiración militar contra la República, que venía gestándose desde 1934.
• Violencia política en las calles: enfrentamientos, atentados y asesinatos entre militantes de extrema izquierda (juventudes socialistas unificadas, comunistas, anarquistas) y extrema derecha (especialmente falangistas y carlistas). El gobierno se vio desbordado por el desorden público.

6. La Conspiración militar y el inicio de la Guerra Civil

La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular fue organizada principalmente por un grupo de generales, entre los que destacaban Emilio Mola (destinado en Pamplona, fue el principal organizador o “Director” del golpe), Manuel Goded (capitán general de Baleares) y Francisco Franco (comandante general de Canarias, inicialmente dubitativo pero que se sumó decididamente). Muchos de ellos eran militares africanistas, resentidos con las reformas de Azaña y convencidos de la necesidad de “salvar” a España del comunismo y la anarquía.

Planearon un golpe de Estado rápido y violento que debía triunfar simultáneamente en toda España. Contaban con el apoyo de tramas civiles de derechas (monárquicos alfonsinos y carlistas –que aportaron sus milicias, los requetés–, Falange Española) y esperaban obtener ayuda de la Italia fascista de Mussolini y, posiblemente, de la Alemania nazi. El liderazgo nominal del golpe recaía en el general Sanjurjo, exiliado en Portugal.

El objetivo era derribar al gobierno del Frente Popular e instaurar, previsiblemente, una dictadura militar o un Directorio Militar que restaurase el orden y acabase con las reformas republicanas. El golpe representaba los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad española (Iglesia católica, ejército, grandes propietarios agrarios y financieros) que se oponían radicalmente al proyecto republicano.

El asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 (en represalia por el asesinato previo del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo por pistoleros de derechas) precipitó los acontecimientos. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se sublevó, y el levantamiento se extendió rápidamente al resto del Protectorado de Marruecos y, al día siguiente, 18 de julio, a la Península.

Sin embargo, el golpe de Estado fracasó en su objetivo de controlar rápidamente todo el país. Triunfó en Navarra, Castilla y León, Galicia, parte de Aragón, Andalucía occidental, Baleares (excepto Menorca) y Canarias, pero fue sofocado en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao) y en las zonas industriales y mineras, gracias a la lealtad de parte del ejército y las fuerzas de seguridad, y sobre todo a la movilización de las milicias obreras y populares. El fracaso parcial del golpe dividió a España en dos zonas enfrentadas y dio inicio a la trágica Guerra Civil Española (1936-1939).

7. Balance Final

A modo de conclusión, puede afirmarse que durante la Segunda República Española (1931-1936) afloraron con una virulencia inusitada las profundas tensiones sociales, políticas, económicas y culturales que se habían acumulado en España durante décadas, si no siglos. Se produjo un enfrentamiento directo y cada vez más enconado entre dos visiones antagónicas del país:

• Por un lado, los sectores que aspiraban a modernizar España, democratizarla en profundidad, secularizarla, resolver la cuestión agraria y reconocer la diversidad regional, siguiendo los modelos de las democracias liberales y sociales europeas.
• Por otro lado, los sectores reaccionarios (grandes propietarios agrarios, parte significativa del ejército, la jerarquía de la Iglesia católica, grupos monárquicos, carlistas y fascistas) que se resistían ferozmente a perder sus privilegios históricos y veían en la República y sus reformas una amenaza intolerable al orden social tradicional, a la unidad nacional y a los valores religiosos católicos.

La incapacidad de las fuerzas políticas para encontrar vías de consenso, la radicalización ideológica en un contexto internacional de crisis económica y ascenso de los totalitarismos, y el recurso a la violencia como instrumento político por parte de diversos actores, condujeron finalmente al colapso de la experiencia democrática republicana y al estallido de la Guerra Civil.