El Reinado de Isabel II (1833-1868)

El reinado de Isabel II se divide en dos grandes etapas: el período de las regencias, al ser nombrada reina siendo menor de edad (1833-1843), y su reinado efectivo (1843-1868).

Las Regencias (1833-1843)

La Cuestión Sucesoria y el Inicio del Conflicto Carlista

Isabel II accedió al trono con tres años de edad tras la abolición de la Ley Sálica por su padre, Fernando VII. Esta ley, promulgada por Felipe V de Borbón siguiendo la costumbre francesa, impedía reinar a las mujeres si existían herederos varones en la línea principal o lateral. Fernando VII, tras abolir dicha ley, llegó a un pacto con los liberales: si aceptaban a su hija como reina, la futura reina regente formaría gobierno con ellos bajo la ideología liberal. En caso contrario, la corona pasaría a manos del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, defensor del Antiguo Régimen, del mantenimiento de los fueros y contrario a la centralización borbónica.

Al aceptar el pacto, los liberales iniciaron su andadura política en el Estado español, pero tuvieron que enfrentarse a los seguidores del infante Carlos, los carlistas. Este enfrentamiento derivó en un conflicto armado: las Guerras Carlistas. Hubo varios conflictos carlistas a lo largo del siglo XIX; el último importante se desarrolló durante el Sexenio Democrático y el reinado de Alfonso XII, concluyendo con la derrota definitiva del carlismo y la marcha del pretendiente Carlos VII a Francia.

Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

María Cristina, madre de Isabel II, fue nombrada regente por las Cortes hasta la mayoría de edad de su hija. Inicialmente, mantuvo como primer ministro a Cea Bermúdez, un déspota ilustrado, continuando con una política absolutista. Sin embargo, las protestas y presiones de los liberales moderados y progresistas la obligaron a inclinarse hacia un régimen político liberal.

El Estatuto Real (1834)

La reina regente nombró como Primer Ministro a Martínez de la Rosa, un liberal doceañista, quien redactó el Estatuto Real (1834). Se trataba de una Carta Otorgada, donde la Corona concedía ciertos derechos y una estructura política limitada, sin reconocer la soberanía nacional:

• No establecía la Soberanía Nacional ni una clara División de Poderes.
• No contenía una declaración de derechos del ciudadano.
• La soberanía residía en el Rey, que compartía el poder legislativo con las Cortes (Rey + Cortes).
• Establecía un sufragio censitario muy restringido.
• Las Cortes eran bicamerales: Estamento de Próceres (Cámara Alta, designada por el Rey) y Estamento de Procuradores (Cámara Baja, electiva por sufragio censitario).
• El monarca podía convocar, disolver y suspender las Cortes, vetar las leyes y elegir a los presidentes y vicepresidentes de las cámaras.
• El monarca nombraba a los ministros que formaban parte de su consejo.

Este estatuto no satisfizo a los progresistas, que aspiraban a una constitución más liberal. La inestabilidad política, las protestas campesinas por el precio del trigo (debido a las primeras medidas de libre mercado) y la Primera Guerra Carlista (1833-1840) generaron desórdenes.

El Gobierno Progresista y la Desamortización de Mendizábal

Ante la crisis, la reina nombró Primer Ministro al liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal. Este prometió solucionar la guerra carlista y la bancarrota de Hacienda llevando a cabo la primera gran desamortización eclesiástica (1836). El gobierno expropió y nacionalizó los bienes de las órdenes religiosas (clero regular) e instituciones benéficas de la Iglesia, vendiéndolos después en pública subasta. Con los ingresos obtenidos se pretendía afrontar parte de la deuda pública y financiar el ejército liberal contra los carlistas. Sin embargo, no se solucionaron completamente los problemas de la Hacienda y Mendizábal tuvo que dimitir.

La Constitución de 1837

El retorno de los moderados al poder provocó la reacción de los progresistas mediante un pronunciamiento militar de la guardia real en La Granja de San Ildefonso (Motín de la Granja, 1836). Este motín obligó a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812 temporalmente y a entregar el poder a los progresistas, quienes convocaron Cortes Constituyentes para elaborar una nueva constitución de ideología progresista: la Constitución de 1837. Sus características principales eran:

• Soberanía Nacional.
• Separación de Poderes (aunque con un fuerte poder para la Corona).
• Cortes bicamerales: Senado (designación mixta, real y electiva indirecta) y Congreso de los Diputados (elección directa por sufragio censitario).
• Sufragio censitario (más amplio que en el Estatuto Real).
• Declaración de Derechos del ciudadano e individuales (libertad de prensa, de asociación, etc.).
• Cierta tolerancia religiosa, aunque el Estado mantenía al clero y el culto católico.

Esta constitución representó un consenso entre moderados y progresistas y estuvo vigente hasta 1845.

Regencia del General Espartero (1840-1843)

Las tensiones entre María Cristina y los progresistas (especialmente por la Ley de Ayuntamientos) llevaron a la renuncia de la regente en 1840. El general Baldomero Espartero, héroe liberal por su victoria en la Primera Guerra Carlista (Abrazo de Vergara, 1839), fue nombrado regente. Gobernó de forma autoritaria apoyándose en los progresistas, aplicando la Constitución de 1837 y una política de liberalismo económico (librecambismo).

Su política librecambista perjudicó a la incipiente industria textil catalana, incapaz de competir con los productos británicos que entraban con bajos aranceles. Esto provocó un levantamiento en Barcelona en 1842, que Espartero reprimió duramente, llegando a bombardear la ciudad. Esta acción le restó gran parte de su popularidad. Otras ciudades comerciales se solidarizaron con Barcelona. Finalmente, un pronunciamiento militar liderado por el general moderado Ramón María Narváez, con apoyo de algunos progresistas descontentos, puso fin a la regencia de Espartero en 1843, obligándole a exiliarse a Inglaterra.

Para evitar una nueva regencia y buscando estabilidad, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina con tan solo 13 años.

Economía Durante las Regencias

El período de las regencias se caracterizó económicamente por:

• Un débil liberalismo económico y una incipiente industrialización.
• La falta de un mercado colonial significativo tras la emancipación de la mayoría de las colonias americanas.
• Un mercado interior poco ágil debido a la carencia de infraestructuras adecuadas (transportes deficientes).
• La falta de una clase media inversora (burguesía) fuerte y de capital estatal suficiente para impulsar la industria.
• Una demanda interna limitada, en parte por el lento crecimiento de la población.
• Escasez de materias primas esenciales y fuentes de energía (carbón de baja calidad y caro).
• Persistencia de estructuras sociales casi estamentales, con una oligarquía (nobleza terrateniente y alta burguesía) que detentaba el poder político y económico, dificultando el progreso social.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Proclamada la mayoría de edad, Isabel II asumió el trono y encargó la formación de gobierno al Partido Moderado, liderado por el general Narváez. Este período se conoce como la Década Moderada.

La Constitución de 1845

Los moderados reformaron la Constitución de 1837, redactando una nueva, la Constitución de 1845, que reflejaba su ideología e intereses. Sus características principales fueron:

• Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes (predominio real).
• Cortes bicamerales: Senado (Cámara Alta) compuesto por miembros vitalicios designados por la Corona entre altas categorías de la administración, ejército, iglesia y grandes contribuyentes; Congreso de los Diputados (Cámara Baja) elegido por sufragio censitario muy restringido (aproximadamente el 1% de la población masculina).
• Se reconocían los derechos individuales, pero su desarrollo se remitía a leyes posteriores que a menudo los limitaban.
• Estado confesional católico, con la obligación de mantener el culto y clero, aunque sin prohibir explícitamente otros cultos en privado.
• Regulación de la regencia (familiar más directo).
• Supresión de la Milicia Nacional y juicio por jurado (aunque se mantuvo para delitos de imprenta).
• Control de las libertades, especialmente la de prensa.
• Fortalecimiento del poder ejecutivo: el Rey nombraba al presidente del gobierno y podía disolver las Cortes.
• Centralización administrativa: todo dirigido desde Madrid.

Ideologías Políticas del Reinado

Junto con la ideología liberal moderada dominante, convivieron otras corrientes:

• Liberal Progresista: Defendían la Soberanía Nacional, una separación de poderes más efectiva, Cortes unicamerales (o un Senado electivo), sufragio censitario más amplio (y eventualmente universal masculino), juicios con jurado, ayuntamientos elegidos democráticamente y mayores libertades individuales. Se nutrieron de clases medias urbanas y sectores del ejército.
• Demócrata: Surgido como escisión del progresismo, defendía el sufragio universal masculino y la Soberanía Popular (incluyendo al pueblo llano).
• Republicana: Ganó adeptos entre la pequeña burguesía y las clases trabajadoras urbanas, descontentas con el apoyo de la Corona a las opciones más conservadoras y la falta de mejoras sociales. Identificaban la monarquía como un obstáculo para la democracia y el progreso social.
• Carlista: Defensores del Antiguo Régimen, los fueros y la rama dinástica de Carlos María Isidro y sus sucesores.
• Monárquicos Tradicionalistas: Defensores de una monarquía más autoritaria, a veces identificados con los moderados más conservadores.

Obra Político-Administrativa Moderada

Durante la Década Moderada se llevaron a cabo importantes reformas:

1. Creación de la Guardia Civil (1844): Cuerpo armado con funciones policiales, destinado a mantener el orden público, especialmente en las zonas rurales, y proteger la propiedad.
2. Control de las libertades: Se restringió la libertad de prensa mediante censura y leyes restrictivas para evitar críticas al gobierno.
3. Centralización administrativa: Se consolidó la división provincial de Javier de Burgos (1833), con gobernadores civiles en cada provincia designados por el gobierno central, y se aprobó una Ley de Administración Local (1845) que reforzaba el control gubernamental sobre los ayuntamientos.
4. Reforma fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845): Intentó racionalizar y unificar los impuestos, suprimiendo tributos locales para agilizar el mercado interior, aunque aumentó la carga sobre el consumo.
5. El matrimonio de la Reina (1846): Se convirtió en una cuestión de Estado con intervención de potencias europeas (Francia y Gran Bretaña). Finalmente, se casó con su primo Francisco de Asís de Borbón, un matrimonio considerado de conveniencia política y personalmente infeliz.
6. Concordato con la Santa Sede (1851): Acuerdo con el Papa Pío IX que normalizó las relaciones Iglesia-Estado tras las desamortizaciones. El Estado reconoció la religión católica como la oficial, se comprometió a sostener económicamente al clero y el culto, y otorgó a la Iglesia competencias en la enseñanza. A cambio, la Iglesia aceptó las ventas de bienes desamortizados y reconoció a Isabel II. Este concordato reforzó el carácter confesional del Estado y la influencia de la Iglesia, manteniéndose vigente hasta la Segunda República (1931).
7. Obras Públicas y Desarrollo Económico: Se impulsaron obras para desarrollar una economía de mercado: primer Plan General de Carreteras (radial con centro en Madrid), mejoras urbanas (agua, empedrado, inicio del alumbrado a gas), y fomento de la industria (especialmente textil). Se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas (1848) para promover la inversión. El logro más destacado fue el inicio de la construcción de la red ferroviaria (primera línea peninsular: Barcelona-Mataró, 1848), aunque la Ley General de Ferrocarriles llegaría más tarde (1855). La construcción ferroviaria, con trazado radial, atrajo capital extranjero y nacional, pero también generó especulación y benefició más a las industrias extranjeras (importación de material) que a la siderurgia nacional.

La Segunda Guerra Carlista y la Sociedad Moderada

El gobierno moderado tuvo que hacer frente a la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), también llamada Guerra dels Matiners, centrada principalmente en Cataluña. El pretexto fue el fracaso del matrimonio de Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón (conde de Montemolín). La guerra supuso un nuevo desgaste para la Hacienda y un freno para la economía.

La sociedad de la etapa moderada mantenía una fuerte influencia de la aristocracia y el clero. La burguesía era relativamente débil y las clases populares (proletariado industrial incipiente y un numeroso proletariado agrícola o jornaleros) estaban social y políticamente marginadas. Las condiciones de vida y trabajo de obreros y jornaleros eran muy duras (salarios bajos, largas jornadas, falta de seguridad e higiene, miseria en el campo). El malestar social era controlado por el ejército y la Guardia Civil.

A pesar de las dificultades, comenzó a desarrollarse una conciencia de clase entre los trabajadores urbanos, dando lugar a las primeras asociaciones obreras. Inicialmente ilegales, a menudo se organizaron como sociedades de socorros mutuos o beneficencia. Las primeras protestas obreras incluyeron episodios de ludismo (destrucción de máquinas). También penetraron las ideas del socialismo utópico.

Crisis del Moderantismo

Hacia 1854, el régimen moderado entró en crisis debido a varios factores: el autoritarismo del gobierno de Bravo Murillo (que intentó reformar la Constitución en un sentido aún más restrictivo en 1852), escándalos de corrupción (especialmente ligados a las concesiones ferroviarias) y el enfrentamiento interno entre facciones moderadas. Esto provocó un creciente descontento entre los progresistas y sectores del propio moderantismo.

La crisis culminó en un pronunciamiento militar en Vicálvaro (Madrid), conocido como la Vicalvarada (junio de 1854), liderado por militares moderados puritanos (O’Donnell) y progresistas. Los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), que pedía reformas políticas (reforma electoral y de imprenta, descentralización municipal, convocatoria de Cortes Constituyentes) para atraer el apoyo popular. El levantamiento se extendió a varias ciudades (Barcelona, Zaragoza, Sevilla) con participación popular y obrera, que añadieron reivindicaciones sociales y gritos de “¡Viva la República!”.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Ante la revolución, Isabel II llamó a Espartero (progresista) para formar gobierno, en coalición con Leopoldo O’Donnell (moderado puritano y líder de la Vicalvarada). Se inició así el Bienio Progresista.

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes (con una ley electoral más amplia) que elaboraron un proyecto de constitución muy avanzada, la Constitución “Non nata” de 1856, que nunca llegó a promulgarse. Esta constitución establecía la soberanía nacional, ampliaba derechos y libertades, y limitaba el poder de la Corona.

La obra legislativa más importante del Bienio fue:

• La Desamortización General de Madoz (1855): Afectó a los bienes de los municipios (propios y comunes), del Estado, de las órdenes militares y eclesiásticos que quedaban. Su objetivo era obtener recursos para Hacienda y fomentar la inversión en obras públicas, especialmente el ferrocarril. Aunque amplió la superficie cultivada, perjudicó a los campesinos más pobres que dependían de las tierras comunales.
• La Ley General de Ferrocarriles (1855): Ofreció grandes incentivos a las empresas constructoras, atrayendo masivamente capital extranjero (sobre todo francés). Impulsó la construcción de la red ferroviaria, estimulando el comercio interior, pero consolidó la estructura radial y la dependencia tecnológica y financiera del exterior.
• Legislación económica complementaria: Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856), que facilitó la inversión y dio lugar a la creación de importantes bancos y sociedades de crédito, culminando con la creación del Banco de España (1856) como banco emisor.

Sin embargo, el Bienio se caracterizó por una gran inestabilidad política y social. Hubo huelgas obreras (como la primera huelga general en Barcelona en 1855), motines de subsistencia en el campo (“hambre de tierra”, ocupaciones de fincas) y divisiones dentro de la coalición gubernamental entre Espartero y O’Donnell. La conflictividad social fue reprimida duramente por el ejército.

En 1856, ante el caos social y las discrepancias políticas, O’Donnell dio un golpe de fuerza con el apoyo de la reina, desplazando a Espartero y poniendo fin al Bienio Progresista.

Los Gobiernos de la Unión Liberal y la Crisis Final (1856-1868)

Tras la caída de Espartero, O’Donnell fundó un nuevo partido, la Unión Liberal, que intentaba ser una opción centrista entre moderados y progresistas. Se restableció la Constitución de 1845, aunque con un Acta Adicional que introducía algunos principios progresistas (finalmente suprimida).

El período 1856-1868 se caracterizó por la alternancia en el poder entre la Unión Liberal de O’Donnell y el Partido Moderado de Narváez, con un breve retorno de los progresistas al margen del sistema.

• Gobierno Largo de O’Donnell (1858-1863): Fue la etapa de mayor estabilidad del reinado. Se caracterizó por una relativa calma política, expansión económica (favorecida por las inversiones ferroviarias y la desamortización) y una activa pero costosa política exterior de prestigio (intervenciones en Indochina, México y Marruecos -Guerra de África 1859-1860-).
• Retorno de Narváez y los Moderados (1863-1868, con interrupciones): Se volvió a políticas más autoritarias y represivas.

A partir de 1863-1864, el régimen isabelino entró en una profunda crisis:

• Crisis política: Desgaste de los partidos dinásticos (moderados y unionistas), autoritarismo creciente, represión de la oposición (expulsión de catedráticos como Castelar, Noche de San Daniel en 1865), retraimiento de los progresistas (que optaron por la vía insurreccional) y creciente impopularidad de la reina por su intervención en la política y su vida privada.
• Crisis económica (a partir de 1866): Una grave crisis financiera (quiebra de bancos y sociedades de crédito ligadas al ferrocarril), industrial (por la Guerra de Secesión de EEUU -‘hambre de algodón’- y la contracción del mercado) y de subsistencias (malas cosechas en 1867-1868) que provocó paro, hambre y malestar social generalizado.
• Conspiración contra la Corona: La oposición (progresistas, demócratas y, más tarde, unionistas descontentos tras la muerte de O’Donnell) se unió para derrocar a Isabel II. En 1866, firmaron el Pacto de Ostende (Bélgica), comprometiéndose a acabar con la monarquía isabelina y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal para decidir la futura forma de gobierno (monarquía o república).

Esta confluencia de crisis política, económica y social, junto con la unión de las fuerzas opositoras, desembocó en la Revolución de Septiembre de 1868 (“La Gloriosa”), que puso fin al reinado de Isabel II y abrió el período conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874).