Casas viejas supuso el golpe de gracia para el gobierno de Manuel Azaña y la derecha acusó al gobierno de incapacidad para garantizar la paz social. El resultado de las elecciones de noviembre de 1933 puso de manifiesto el agotamiento del gobierno de la República. El sistema electoral primaba las coaliciones electorales en detrimento de los partidos que concurrían en solitario y se terminó de diseñar un escenario nuevo. Las derechas se hicieron con la victoria y la izquierda sufrió una derrota. La CEDA logró 113 diputados, mientras que el PSOE y Acción Republicana se vieron incapaces de ofrecer una alternativa. El único en aproximarse a los resultados fue el Partido Radical de Lerroux, con preponderancia absoluta de los grupos de derecha y centro derecha. En Cataluña, la Liga Regionalista consiguió la mayoría de votos, y en el País Vasco el PNV consolidó su supremacía. La CEDA no pudo formar gobierno en solitario y cedió a Lerroux la presidencia del consejo de ministros. Dentro de la CEDA cohabitaban distintas opciones políticas, desde sectores democráticos hasta otros identificables con las ideologías autoritarias, cuyo elemento de cohesión era su tajante oposición al modelo de República nacido en 1931. La labor del gobierno de la CEDA desmanteló las reformas. La reforma agraria fue revertida, las medidas en materia laboral fueron revisadas, y quedó derogada la ley de salarios, se amnistió al general Sanjurjo. Condenado a muerte por el intento de golpe de estado, se exilió a Lisboa. Se restableció parcialmente el papel de la iglesia. Se aprobó el retorno de los jesuitas y la devolución a la compañía de los bienes incautados. Respecto al ejército, Gil Robles recompensó a generales contrarios a la República. La política radical-cedista incrementó la tensión entre los grupos obreros. Dentro de la conyuntura internacional, el avance de la extrema derecha parecía anunciar una deriva similar en España. La señal que pareció confirmar esta hipótesis llegó en el verano de 1934 cuando la CEDA quiso hacerse con el control del gobierno. Esta iniciativa radicalizó la izquierda y valoraron esta maniobra como preludio del ascenso del fascismo en España. Las posturas más radicales comenzaron a manejar abiertamente un lenguaje revolucionario. El socialismo de Largo Caballero, el anarcosindicalismo y el comunismo tuvieron una creciente importancia. La Falange ganaba adeptos. Las presiones de la CEDA provocaron que el 4 de octubre
de 1934 Lerroux nombrase un nuevo gobierno. La UGT convocó huelga general, pero la falta de apoyo por parte de la CNT, la precipitación en la organización y la represión provocaron su fracaso. En Asturias, la huelga derivó en una sublevación encabezada por los mineros y consolidada gracias a la alianza de socialistas, cenetistas y comunistas. La alianza obrera fue capaz de tomar cuarteles y de ocupar fábricas de armamento. Después, llegaron a sitiar la ciudad de Oviedo antes de proclamar la República Socialista que emprendió una política de incautación de empresas e intentó llevar a cabo una revolución. El gobierno envió a la legión y a los regulares marroquíes, y nombró jefe del estado mayor a Francisco Franco. El resultado fue de varios centenares de muertos y múltiples daños materiales. Millares de encarcelados y varias condenas a muerte. En Cataluña, la falta de apoyo de los anarquistas convirtió la huelga convocada por la UGT en un fracaso, pero el miedo de Lluís Companys a una suspensión del estatuto de autonomía llevó a proclamar la República Catalana dentro de la República Federal Española. Estos hechos coincidieron cronológicamente con los sucesos de Asturias, pero no tuvieron ninguna correlación política. Los partidos de izquierda no aceptaron la maniobra de Companys, como tampoco el gobierno. De nuevo el ejército intervino en Cataluña. Se declaró el estado de guerra y se controló Barcelona. Companys junto a sus ministros se entregaron a las autoridades. El gobierno decretó la suspensión del estatuto de autonomíaLa política fue concentrándose en bloques antagónicos: a la derecha las próximas al fascismo y a la izquierda el frente popular antifascista. Los gobiernos de centro derecha no fueron capaces de garantizar la estabilidad interna, sino que las protestas se fueron haciendo cada vez más frecuentes e intensas. A esta situación se le añadió la corrupción por los radicales en su labor de gobierno, su máxima expresión fue con el escándalo de estraperlo, un caso turbio de pago de comisiones ilegales. El partido radical entró en crisis y Gil Robles intentó aprovechar la situación para encabezar un nuevo gobierno. La negativa de Alcalá-Zamora frustró el intento. Después de dos gobiernos técnicos, se convocaron nuevas elecciones, fijadas para febrero de 1936. A la altura de 1936 se produjo una crisis económica y un descontrol del desempleo. Las democracias estaban en franco
retroceso, acechadas por soluciones antidemocráticas. Estas amenazas fortalecieron los frentes antifascistas. La III Internacional lanzó las políticas de los frentes populares. La represión tras el fracaso de la revolución de Asturias fortaleció los lazos y las solidaridades entre las fuerzas de izquierdas. La gestación del frente popular fue posible en torno a una campaña a favor de la amnistía de los millares de presos políticos. Dicha coalición estaba integrada por los partidos republicanos, el PSOE, la UGT y el PCE y contaba con el apoyo externo de la CNT. Los partidos republicanos se reorganizaron. Una parte configuró la Unión Republicana por Diego Martínez Barrio y otro sector la Izquierda Republicana bajo la dirección de Manuel Azaña. El pacto del frente popular fue firmado en enero de 1936. Las derechas no fueron capaces de consumar una alianza similar. La Falange quedó excluida del pacto. La polarización ideológica se intensificó. Los enfrentamientos entre izquierda y derecha se agudizaron. El frente popular presentó un programa electoral basado en la amnistía y en el restablecimiento de las reformas puestas en marcha entre 1931 y 1933. Las elecciones dieron la victoria con más de un 60% de los diputados; el panorama general ofrecía un parlamento muy polarizado, las opciones más moderadas habían desaparecido del arco político. Azaña formó un nuevo gobierno, los partidos republicanos y los socialistas declinaron formar parte del consejo de ministros. En esta decisión tuvo influencia la postura de Largo Caballero, cuya deriva hacia la izquierda revolucionaria era evidente; el gobierno de Azaña inició su andadura sumido en la debilidad que dificultó la puesta en marcha de reformas. El gobierno fue consciente de los problemas y la presión de sus propias bases sociales, eran difíciles de controlar y exigían reformas. Los sectores reaccionarios del ejército y la derecha mostraron su oposición frontal al nuevo gobierno y grupos fascistas realizaban acciones para crear desorden social. El parlamento decidió sustituir a Alcalá-Zamora en la presidencia al considerarle incompatible con las aspiraciones del frente popular y al hecho de que había disuelto las cortes en contra de lo dispuesto en la constitución. Eligieron presidente a Manuel Azaña. El candidato idóneo era Indalecio Prieto, pero las divisiones en el PSOE provocaron la oposición frontal de Largo Caballero y el gobierno recayó en Santiago Casares Quiroga
quien fue incapaz de gestionar una situación política muy radicalizada. La sustitución de Alcalá-Zamora enconó los ánimos del parlamento, la clase política manejó un discurso incendiario, que tuvo su reflejo en la creciente confrontación social. A la izquierda, el campesinado (anarcosindicalismo) ocupó grandes latifundios. En las zonas urbanas las huelgas y protestas aumentaron. La derecha, los propietarios agrarios e industriales, cerraron fábricas. Los pistoleros fascistas actuaban contra miembros de izquierdas. En los cuarteles, los oficiales manifestaban descontento, y algunos de ellos ultimaban unos detalles para un pronunciamiento militar.Los historiadores próximos al franquismo sostuvieron que la sublevación militar fue una respuesta al asesinato de Calvo Sotelo el 13/07/36. El líder de Renovación Española fue secuestrado y asesinado como represalia tras el asesinato del teniente Castillo. Sin embargo, resulta indiscutible la evidencia de una conspiración preparada con anterioridad. En marzo tuvo lugar una primera reunión de los generales conspiradores entre los que se encontraba Mola, Franco y Goded. Se constató el clima favorable existente en los cuarteles, donde las doctrinas fascistas de Falange y antirrepublicanas habían encontrado acomodo entre los oficiales más conservadores, que habían creado la Unión Militar Española. En el propio ejército, la minoría de oficiales y suboficiales fieles a la República habían constituido la Unión Militar Republicana Antifascista. Se ha insistido en la inacción del gobierno de Casares Quiroga ante la certidumbre de una conspiración militar; si tenemos en cuenta los límites impuestos por el estado de derecho, la realidad es que el presidente tenía poco margen de maniobra, de modo que procuró utilizarlo para enviar a los generales sediciosos a destinos alejados de la capital. La conspiración siguió su curso entre abril y junio y logró apoyo y compromiso económico de los antirrepublicanos. El 17 de julio de 1936 comenzó en el Protectorado Español en Marruecos la sublevación militar contra la República. Al día siguiente, el general Francisco Franco se puso al mando del gobierno africanista y dirigió su pronunciamiento. Durante los 3 días siguientes, la rebelión se extendió a la península dirigida por Emilio Mola; en las zonas más conservadoras se consolidó con relativa facilidad, pero en las ciudades y regiones de mayor tradición republicana encontró una fuerte resistencia.