La Restauración del Absolutismo (1814-1820)
Los liberales, desconfiando del monarca, dispusieron que Fernando VII viajara a Madrid para jurar la Constitución y aceptar el nuevo marco político. Por temor, Fernando acató inicialmente estas condiciones. Sin embargo, los absolutistas veían en el regreso del monarca la oportunidad de restaurar el antiguo régimen. Tras el Manifiesto de los Persas, Fernando, seguro de la debilidad del sector liberal, traicionó sus promesas. Mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, restaurando el absolutismo. La monarquía reinstauró las antiguas instituciones, incluyendo el régimen señorial y la Inquisición. El Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza garantizaban el absolutismo y el derecho a frenar el liberalismo en cualquier país.
A partir de 1815, Fernando VII intentó reconstruir el país, devastado por la guerra, mediante la restauración del antiguo régimen. Sus gobiernos fracasaron sucesivamente: las pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado, el comercio se paralizó, la Hacienda se declaró en bancarrota y los gastos militares en América impidieron la llegada de nuevos ingresos.
Entre 1808 y 1814, la mentalidad de los grupos sociales había cambiado. El campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales, las protestas se sucedían y gran parte de la burguesía reclamaba el regreso del régimen constitucional. La integración de jefes de la guerrilla en el ejército originó un sector liberal partidario de reformas. Fernando VII, incapaz de solucionar los problemas, enfrentó pronunciamientos militares que evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta de la monarquía.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820, Rafael del Riego se sublevó proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución. Se formó un nuevo gobierno y se convocaron Cortes.
Las elecciones dieron la mayoría a los diputados liberales, quienes iniciaron una importante obra legislativa. Restauraron parte de las reformas de Cádiz: la libertad de industria, la abolición de gremios, la supresión de señoríos jurisdiccionales y mayorazgos, y la venta de tierras de los monasterios. También establecieron la disminución del diezmo, reformas del sistema fiscal, un nuevo código penal y la reorganización del ejército. Impulsaron la liberalización de la industria y el comercio. Finalmente, iniciaron la modernización política y administrativa, con la formación de ayuntamientos y diputaciones electivos, y la reconstrucción de la Milicia Nacional.
Estas reformas suscitaron la oposición de la monarquía. Fernando VII paralizó cuantas leyes pudo y conspiró contra el gobierno buscando recuperar su poder. Sin embargo, las nuevas medidas liberales también provocaron el descontento de los campesinos, ya que no les facilitaban el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en propietarios y los campesinos en arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban, perdiendo así sus derechos. No se produjo una rebaja de impuestos, diezmos ni rentas, lo que obligaba a los campesinos a vender sus productos para obtener dinero. De este modo, los campesinos se unieron a la agitación antiliberal. La nobleza y la Iglesia, perjudicadas por la supresión de los diezmos y la venta de bienes monacales, impulsaron una revuelta contra los gobernantes del Trienio. Las tensiones entre los liberales provocaron su división entre moderados, partidarios de reformas que no perjudicasen a la nobleza ni a la burguesía, y exaltados, partidarios de reformas radicales favorables a las clases medias.
La Década Ominosa (1823-1833)
La Santa Alianza encargó a Francia la intervención en España con los Cien Mil Hijos de San Luis, que irrumpieron en el país y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Las potencias restauradoras, alarmadas por la agitación en España, consideraban necesarias reformas moderadas. Fernando VII no aceptó estas peticiones y desató una represión contra los liberales, depurando la administración y el ejército, y persiguiendo a los partidarios de las ideas liberales. La preocupación de la monarquía se centró en el problema económico, especialmente en las dificultades de la Hacienda por la pérdida de las colonias americanas.
A partir de 1825, Fernando VII buscó la colaboración del sector moderado, recurriendo a López Ballesteros. Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas, descontentos con el monarca por no haber restablecido la Inquisición ni actuar con mayor contundencia contra los liberales. En la corte, este grupo se aglutinó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey.
El Conflicto Dinástico
En 1830, el nacimiento de la hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica, pero generó un conflicto por la sucesión al trono. La Ley Sálica impedía la llegada al trono de las mujeres, pero Fernando VII, influido por su esposa, anuló esta ley con la Pragmática Sanción. Los carlistas se negaron a aceptarlo y, en 1832, presionaron al monarca, que estaba enfermo, para que repusiera la Ley Sálica. Alrededor de Don Carlos se agrupaban los partidarios del antiguo régimen. Por el contrario, María Cristina, para salvar el trono de su hija, buscó el apoyo de los liberales. Fue nombrada regente mientras el rey estaba enfermo y formó un nuevo gobierno de carácter reformista. En 1833, Fernando VII murió. El mismo día, Don Carlos se proclamó rey.