Transformación Económica y Social en la España del Siglo XIX
El Bienio Progresista (1854-1856): Medidas Económicas Clave
El Bienio Progresista (1854-1856) implementó una serie de reformas económicas significativas. A continuación, destacamos tres medidas fundamentales:
La Desamortización de Madoz (1855)
De carácter universal, la Desamortización de Madoz afectó a todos los bienes, especialmente a los bienes propios y comunales de los ayuntamientos. Buscaba atraer recursos a la Hacienda e impulsar la modernización económica. Una parte de los ingresos se invirtió en la red de ferrocarriles, considerada esencial para el crecimiento económico. La desamortización estuvo vigente hasta finales del siglo XIX. Si bien el valor estimado de la venta de bienes fue de casi 3.500 millones de reales, las ventas entre 1855 y 1895 alcanzaron casi los 8.000 millones de reales. Las fincas se vendieron en pública subasta, con pago en metálico. Se pretendía entregar a la Iglesia y a los pueblos títulos de deuda al 3% de interés por el valor nominal de la venta de sus bienes. El importe se destinaría a amortizar la Deuda, nivelar el presupuesto del Estado y financiar obras públicas.
La Ley General de Ferrocarriles (1855)
Existe un debate historiográfico sobre el modelo ferroviario español: su concepción radial, el ancho de vía distinto al europeo y las franquicias arancelarias. Algunos historiadores argumentan que estas exenciones frenaron el desarrollo industrial, especialmente de la siderurgia. Otros defienden que el modelo fue necesario, ya que la siderurgia española no estaba preparada para satisfacer la demanda ferroviaria y, de haberlo hecho, habría sido a un ritmo más lento, a un precio más alto y sin capital exterior. Entre los aspectos positivos del ferrocarril, destaca el impacto en el comercio interior. La reducción del coste del transporte impulsó los intercambios comerciales y la articulación de un mercado nacional, previamente fragmentado en pequeños mercados locales y comarcales.
La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856)
Esta ley creó el Banco de España y reguló la fundación de sociedades por acciones, otorgándoles amplia libertad de actuación.
El Legado Romano en Hispania
Los Pueblos Prerromanos
- Iberos: Economía agrícola (cereales, vid, olivo), textil, metalurgia y orfebrería. Vivían en poblados amurallados con una organización tribal y jerarquía social basada en el poder económico y militar.
- Celtas: Economía rudimentaria y autosuficiente, con escaso comercio. Expertos en cerámica, tejidos y metalurgia. Se asentaban en poblados elevados, con organización tribal. No conocían la escritura y hablaban un idioma indoeuropeo.
La Conquista Romana y la Romanización
Etapas de la Conquista:
- 218-197 a. C.: En el contexto de la Segunda Guerra Púnica, Roma envió tropas a la península para impedir el avance cartaginés. Tras 12 años de lucha, lograron expulsar a los cartagineses y dominar el sur y la costa.
- 197-133 a. C.: Conquista de la meseta, con la feroz resistencia de los pueblos indígenas (lusitanos y celtíberos). Solo el norte peninsular permanecía fuera del control romano.
- 29-19 a. C.: Sometimiento de cántabros y astures, finalizando la conquista.
La Romanización de Hispania:
La romanización implicó la explotación de las tierras, la implantación de la organización social romana y la difusión de su religión, cultura y costumbres. Augusto dividió Hispania en tres provincias: Bética (Córdoba), Tarraconensis (Tarraco) y Lusitana (Emerita Augusta). Posteriormente, se crearon la Cartaginensis, la Gallaecia y la Balearica. Roma impuso sus estructuras económicas: latifundios, propiedad privada, mano de obra esclava y la ciudad como centro de producción e intercambio. La estructura social se basaba en la riqueza (aristocracia, burguesía, trabajadores libres y esclavos). Las ciudades, organizadas según el urbanismo romano, se convirtieron en centros administrativos, jurídicos, económicos y políticos. Gobernadas por un consejo (curia), estaban conectadas por una red de calzadas. La romanización introdujo el latín, la religión romana (y posteriormente la cristiana) y el derecho romano. A partir del siglo III, se otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio.