Crisis y Dictadura en España: De la Restauración a la II República

El Colapso de la Restauración (1917-1923)

Tras la crisis de 1917, la descomposición de los partidos dinásticos culminó, poniendo fin al turno pacífico establecido desde 1885. Este fraccionamiento dificultó la formación de gobiernos con mayorías parlamentarias, acentuando la inestabilidad política. Entre 1917 y 1923 se sucedieron once gobiernos. La crisis reflejaba la incapacidad del sistema liberal oligárquico para democratizarse. Los planes de reforma quedaron postergados por problemas como la cuestión catalana, la conflictividad social, el conflicto de Marruecos y el desastre de Annual.

Entre 1917 y 1918, los gobiernos de concentración, con participación de diversas facciones conservadoras y liberales, despertaron esperanzas de renovación, pero no lograron estabilizar el régimen. Los gobiernos posteriores, débiles, recurrieron a medidas excepcionales como el cierre de las Cortes, la suspensión de garantías constitucionales y la represión militar, aumentando el desprestigio del sistema.

El Desastre de Annual (1921)

En el verano de 1921, Marruecos fue escenario de la crisis más grave. A pesar del debate sobre el papel colonial de España, el gobierno decidió completar la ocupación. El general Silvestre avanzó precipitadamente hacia el Rif, con el objetivo de ocupar la bahía de Alhucemas. Abd el-Krim lideró una rebelión rifeña, cercando a las tropas españolas en Annual. La desbandada española hacia Melilla resultó en la pérdida del territorio ocupado y más de 10.000 bajas, incluyendo al general Silvestre.

La tragedia conmocionó a la opinión pública y tuvo graves consecuencias políticas, contribuyendo al fin del régimen parlamentario. La exigencia de responsabilidades llevó a la creación de una comisión investigadora presidida por el general Picasso. Militares, partidos dinásticos y el rey se vieron envueltos en el debate, aumentando el desprestigio del régimen y la crítica al ejército. El gobierno de García Prieto intentó salvar el régimen con un programa de democratización y reforma constitucional, aceptando una comisión de responsabilidades políticas. Días antes de que el informe llegase a las Cortes, el general Primo de Rivera encabezó un golpe de Estado, instaurando una dictadura militar.

El Directorio Civil (1925-1930)

Tras resolver el problema del orden público y la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil, con la intención de permanecer en el poder. En esta fase, el Directorio Civil, se buscó construir un régimen autoritario. Se impulsó la creación de la Unión Patriótica, un partido de derechas que sirvió como instrumento de propaganda gubernamental.

En 1923, Primo de Rivera anunció la convocatoria de una asamblea nacional consultiva para elaborar una nueva constitución. La oposición de los políticos dinásticos, la negativa socialista y la reticencia del rey paralizaron el proyecto y aceleraron la oposición al dictador.

La política económica se benefició de la expansión internacional de los años veinte, caracterizándose por el intervencionismo estatal y la protección de la industria nacional. Se crearon monopolios estatales como CAMPSA y la Compañía Telefónica Nacional de España. El fomento de obras públicas, con la creación de las Confederaciones Hidrográficas en 1926, fue otro aspecto destacado.

La escasa conflictividad social se debió a la represión, especialmente contra anarquistas, pero también al desarrollo de una política social y un nuevo modelo de relaciones laborales basado en comités paritarios.

Creciente Oposición y Fin de la Dictadura

A partir de 1926, la dictadura perdió apoyos y aumentaron las críticas y la oposición, incluyendo al rey Alfonso XIII. El conflicto militar surgió cuando Primo de Rivera intentó reformar el sistema de ascensos militares. Parte del ejército se distanció de la dictadura y del rey.

Políticos y republicanos conspiraron para restablecer el orden constitucional. En 1926, la Sanjuanada, un intento fallido de golpe de Estado, marcó un punto de inflexión. Intelectuales y periodistas, como Unamuno y Ortega y Gasset, se enfrentaron al dictador a pesar de la censura. Republicanos y nacionalistas también se opusieron al régimen.

La CNT, tras la represión, se radicalizó, y en 1927 se creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI). La oposición del PSOE fue más tardía. Primo de Rivera, sin apoyos, dimitió en enero de 1930.

La Revolución de 1934

La Revolución de 1934 tuvo sus antecedentes en el cambio de estrategia del socialismo. En enero de 1934, la UGT aprobó un programa revolucionario. En mayo, el PSOE y la UGT se aliaron para combatir el fascismo y establecer una república federal socialista.

En octubre de 1934, la CEDA entró en el gobierno. Los republicanos de izquierda lo consideraron una traición, y los socialistas lo vieron como un riesgo de fascismo, justificando un levantamiento. La revolución se inició con una huelga general. En Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de una república federal española, quebrantando la legalidad.

En Asturias se produjo una auténtica revolución social, con una alianza obrera (UGT y CNT) que ocupó la cuenca minera, Avilés, Gijón, la fábrica de armas de Trubia y parte de Oviedo. El gobierno declaró el estado de guerra y envió al ejército del protectorado de Marruecos y a la Guardia Civil para sofocar la rebelión. El resultado fue más de un millar de muertos entre los sublevados y unos 300 entre las fuerzas de seguridad. La represión posterior incluyó miles de detenciones, torturas y condenas a muerte. La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente.