Dictadura de Primo de Rivera: Golpe, Directorio y Caída de la Monarquía

El Golpe de Estado y el Directorio Militar

Durante el reinado de Alfonso XIII, España se vio sumida en una profunda crisis política. En este contexto, el general Miguel Primo de Rivera, con la promesa de conducir al país hacia el progreso, dio un golpe de Estado que fue aceptado tanto por el rey como por gran parte de la población.

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera publicó un manifiesto proponiendo la creación de un Directorio militar. Su objetivo era claro: resolver los problemas de España, acabando con la vieja política del régimen, ampliamente rechazada por el pueblo.

Con la implantación del Directorio militar, se suprimieron todas las instituciones constitucionales, a excepción de la Corona. Además, se suspendieron las actividades de los partidos políticos y los sindicatos. Los nuevos gobernantes se centraron en resolver los problemas internos y poner fin a la guerra de Marruecos.

Los Problemas Internos

En materia de orden público, Primo de Rivera persiguió a los grupos radicales (comunistas y anarquistas) y combatió la violencia de los pistoleros a sueldo de las patronales.

Para combatir el caciquismo, el Directorio destituyó a las autoridades locales y, en pocos meses, elaboró los estatutos municipal y provincial, otorgando autonomía financiera a las corporaciones locales.

El Final de la Guerra de Marruecos

A pesar de haber defendido previamente el abandono de Marruecos por su elevado coste, Primo de Rivera, una vez en el poder, priorizó la resolución del conflicto. Asumió el cargo de alto comisario y dirigió operaciones militares que, con la colaboración de Francia en el desembarco de Alhucemas, culminaron con la conquista del territorio y el fin de la guerra.

El Directorio Civil

A los éxitos en materia de orden público y en Marruecos, se sumó una economía en expansión y el apoyo de la UGT a la política social del dictador.

Primo de Rivera fundó la Unión Patriótica, un partido político creado para aglutinar el apoyo al régimen. Sin embargo, también existía una oposición considerable, compuesta por viejos políticos liberales, anarquistas, comunistas, nacionalistas e intelectuales como Miguel de Unamuno.

El 3 de diciembre de 1925, Primo de Rivera sustituyó el Directorio militar por uno civil, con el objetivo de institucionalizar la Dictadura. Para ello, se implementaron diversas medidas:

  • Ámbito político: Se anunció la creación de una Asamblea Nacional Consultiva, que llegó a preparar un proyecto de Constitución, aunque sin éxito.
  • Ámbito social: Eduardo Aunós creó la Organización Corporativa del Trabajo, que reconocía la libertad sindical. Se establecieron Comités Paritarios (formados por obreros y patrones) para regular la vida laboral, con el apoyo de la UGT, y se implementaron medidas favorables a los obreros.
  • Ámbito económico: Bajo la dirección del Conde de Guadalhorce, se llevó a cabo un ambicioso plan de obras públicas que mejoró las infraestructuras. Se crearon las confederaciones hidrográficas para la mejora de los cultivos. El ministro Calvo Sotelo impulsó una política económica que mejoró las condiciones de vida de los españoles.

La oposición a Primo de Rivera se manifestó en la “Sanjuanada”, un golpe de Estado fallido el 24 de junio de 1926. También surgieron conflictos con el arma de artillería. Intelectuales y republicanos se agruparon en la Alianza Republicana. Los anarquistas más radicales fundaron la Federación Anarquista Ibérica (FAI), partidaria de la violencia. El socialismo español rompió su colaboración con el régimen, debilitándolo progresivamente.

La situación económica y financiera se volvió insostenible al cesar los préstamos extranjeros. Calvo Sotelo, figura clave del Directorio, dimitió. Alfonso XIII se distanció de Primo de Rivera. El Ejército y los grupos que apoyaban al régimen consideraron la retirada del dictador y el retorno a la normalidad constitucional. Ante esta situación, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey, quien la aceptó.

La “Dictablanda”

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró presidente a Dámaso Berenguer, con el objetivo de restaurar la normalidad constitucional. Se suprimió la censura, se permitió el regreso de los exiliados y se toleraron las actividades de los partidos. Sin embargo, la situación no mejoró.

Políticos monárquicos, como Miguel Maura, se inclinaron por la República. Se firmó el Pacto de San Sebastián, con el objetivo de crear un Comité Ejecutivo Republicano presidido por Niceto Alcalá-Zamora, que reconocería la autonomía catalana. Posteriormente, se produjo la sublevación de la guarnición de Jaca, que fracasó y cuyos responsables fueron fusilados. Los miembros del comité fueron encarcelados.

En 1931, Berenguer convocó elecciones legislativas, pero los partidos políticos se negaron a participar. Ante esta situación, Berenguer dimitió.

La Caída de la Monarquía

Alfonso XIII formó un gobierno de concentración presidido por Juan Bautista Aznar y el Conde de Romanones. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 enfrentaron al bloque monárquico y al republicano-socialista. El triunfo del bloque republicano-socialista en las principales ciudades fue interpretado como un respaldo a la República. El pueblo se manifestó en las calles a favor de la República, y Romanones negoció con el Comité Republicano, que exigió la salida del rey del país. El 14 de abril de 1931, el gobierno aceptó las condiciones del Comité, y Alfonso XIII partió al exilio.