I. El Inmovilismo y la Ruptura Democrática
La denominada Transición Democrática se extiende desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución de 1978, en la que se enmarcan las legislaturas que la siguen. Durante estos años, España vivió la tensión entre las fuerzas inmovilistas y las que buscaban romper con el franquismo para implantar la democracia. Entre estas dos, una tercera vía optará por una transición sin ruptura legal de la dictadura a la democracia.
Al morir Franco se presentan distintas opciones políticas para España:
- La de aquellos que pretenden la continuidad del régimen, entre quienes hay dos tendencias: la de los inmovilistas (el llamado búnker constituido por falangistas y militares, asentados en el “espíritu del alzamiento” y en la “Victoria”), y la de los aperturistas del régimen: los que veían necesario introducir ciertos elementos de participación política para adaptarlo a los cambios sociales, pero manteniendo la «herencia irrenunciable de Franco» (por ejemplo, Arias Navarro a través de la Ley de Asociaciones Políticas); o incluso abrirse al liberalismo, pero excluyendo a los comunistas (Fraga).
- La de los “rupturistas” que buscaban la disolución inmediata de las instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que garantizase el establecimiento de estructuras democráticas (caso de comunistas y socialistas, en su planteamiento inicial).
- Entre las dos opciones anteriores se abre paso otra proveniente de políticos del régimen que aprovechan la posibilidad que la propia legalidad franquista ofrece para dar paso a un Estado liberal y democrático (Adolfo Suárez). Algunas fuerzas rupturistas acabarán acercándose a esta vía que hace posible la Transición, cuyo núcleo se desarrolla de 1976 (elección de Suárez como presidente de gobierno) a 1978 (proclamación de la Constitución).
El desarrollo político hasta la elección de Adolfo Suárez comienza con Arias Navarro como jefe de gobierno a la muerte de Franco, ratificado por el Rey. En lo socioeconómico, Arias Navarro se encontraba en medio de una crisis económica con fuertes presiones sociales lideradas por los sindicatos de clase (CC.OO., UGT), clandestinos pero con gran capacidad de movilización. En lo político, buscaba la continuidad del régimen autoritario introduciendo cierto pluralismo político que lo enfrentaba tanto al búnker como a quienes dentro de su gobierno exigían más liberalismo (Areilza, Fraga), y la oposición rupturista de la recién creada Junta Democrática (Platajunta –fusión de la Junta Democrática y de la Plataforma Democrática, lideradas por el PCE y el PSOE respectivamente). En un intento de acelerar las reformas, en mayo de 1976 se presenta la Ley de Asociaciones. Pero ésta contenía importantes restricciones (las asociaciones debían respetar los “Principios del Movimiento”, lo que excluía a los «comunistas, separatistas y terroristas»), y no se acompañó de la reforma del Código Penal que autorizase el asociacionismo democrático y los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación.
En esa circunstancia, Juan Carlos I viaja a EEUU y anuncia su predisposición a favorecer el cambio hacia la democracia en España. Unos días después pide a Arias Navarro su dimisión y pone a Adolfo Suárez al frente del gobierno.
II. La Reforma Democrática
Adolfo Suárez era un dirigente del régimen, y su nombramiento y la composición de su gobierno fueron calificados como error por la prensa, la oposición y elementos aperturistas. Sin embargo, Adolfo Suárez puso en marcha el proceso de la transición a la democracia con el respaldo de la Corona y estableciendo contactos con la oposición. La Ley para la Reforma Política, que será la clave legal del proceso, será aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976. Esta ley, diseñada por Fernández Miranda, presidente de las Cortes, permitiría pasar de la ley a la ley, es decir, de la legalidad franquista a la legalidad democrática. Por su relevancia, fue sometida a referéndum y confirmada con amplia mayoría. La oposición, a pesar de no apoyarla, fue cambiando su estrategia de ruptura, acercándose a la estrategia del gobierno. Al ser aprobada, se disolvía el régimen dictatorial para dar paso a un sistema parlamentario con sufragio universal, para lo que, en la primera mitad de 1977, se realizaron reformas de cara a la promesa de elecciones generales libres que crearon las condiciones de pluralidad política (legalización de partidos políticos –particularmente del PCE–), de libertad de asociación (sindicatos libres), expresión (supresión de la censura) y participación (nueva normativa electoral); y se procedió a desmantelar las organizaciones franquistas ligadas al Estado (TOP, el Movimiento, el sindicato único).
Sin embargo, el proceso estuvo siempre amenazado por fuerzas involucionistas, o bien por las exigencias de cambio rápido de la izquierda, los sindicatos y los nacionalistas, o por el terrorismo (ETA, GRAPO, FRAP). La situación llegó a su momento de máxima tensión en la última semana de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los “Guerrilleros de Cristo Rey”, le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO, y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de extrema derecha. La respuesta popular fueron manifestaciones masivas de repulsa desarrolladas pacíficamente y que mostraron claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.