El Reinado de Carlos IV y la Guerra de Independencia Española: Causas, Desarrollo y Consecuencias

El Declive del Reinado de Carlos IV (1788-1808)

Tras la muerte de Carlos III, le sucede su hijo Carlos IV. El miedo al contagio revolucionario tras la Revolución Francesa, apartó del gobierno a los ilustrados, confiando el poder a Manuel Godoy. La acumulación de poder por parte de este levantó una fuerte oposición que se acentuó por su errática política exterior. Así, se pasó de declarar la guerra a Francia tras la ejecución de Luis XVI a la firma de la Paz de Basilea (1795), por la que los intereses españoles quedaban subordinados a los franceses. Esta alianza llevó a España a un enfrentamiento con Gran Bretaña, que destruyó la flota franco-española en la Batalla de Trafalgar (1805).

Esta derrota acrecentó aún más la grave crisis de la Hacienda española, por lo que Godoy puso en marcha medidas extraordinarias, como el aumento de impuestos o la desamortización de tierras eclesiásticas, lo que provocó un gran descontento en todos los sectores, que se plasmará en numerosos motines.

El Tratado de Fontainebleau y el Motín de Aranjuez

El panorama se volvió mucho más complicado cuando Godoy firmó con Napoleón en 1807 el Tratado de Fontainebleau, por el que autorizaba a los ejércitos franceses a entrar en España con la intención de atacar Portugal. Las tropas francesas entraron, estableciéndose en puntos estratégicos como Barcelona, Vitoria y Madrid. Estas actuaciones levantaron la oposición creciente del llamado “partido antigodoyista”, favorable al príncipe Fernando. Tras un primer fracaso, triunfarán en el Motín de Aranjuez (marzo de 1808), por el que Carlos IV abdicó en su hijo Fernando y Godoy huye.

Las Abdicaciones de Bayona y el Inicio de la Guerra de Independencia

Ante estos sucesos, Carlos IV escribió una carta a Napoleón pidiendo su ayuda para recuperar el trono. Esta fue la última gota que necesitaba el emperador para ver de forma clara la debilidad e incapacidad de la monarquía española, lo que le llevó a decidir la invasión del país. Llamó a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona, y ambos abdicaron en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España (Abdicaciones de Bayona, 6 de mayo de 1808).

Mientras se producían las abdicaciones de Bayona, el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses para impedir la marcha de la familia real. La revuelta fue duramente reprimida por el general Murat, pero su ejemplo cundió por el país. En Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla y muchos lugares más, la población se alzó contra los franceses. Había comenzado la Guerra de Independencia.

Características y Fases de la Guerra de Independencia (1808-1814)

Fue una guerra de liberación, una guerra civil y un conflicto internacional. Estuvo protagonizada por el ejército regular español (escasa artillería y caballería insuficiente, aunque disciplinados y bien organizados), con apoyo del inglés (muy importante por el número de soldados y, sobre todo, la armada) y por la guerrilla. Los guerrilleros, mayoritariamente de origen humilde, basaban su sistema de lucha en el conocimiento del terreno y una gran disciplina. Se organizaban en pequeños grupos (partidas) de entre 30 y 50 miembros y hostigaban al ejército francés, sometiéndoles a un desgaste permanente. Destacar también el papel jugado por la “Flotilla a la española”, barcos comerciales o de pesca que hostigaban las costas, obligando a los franceses a vigilarlas continuamente. Otra forma de lucha propia de la guerra fueron los sitios, en donde se defendía casa por casa, impidiendo el avance francés (Gerona, Zaragoza o Tarragona).

Desde la perspectiva militar, la guerra se desarrolló en tres etapas:

• Primera Etapa (1808-1810): La sublevación popular se convirtió en guerra abierta, destacando la resistencia de Gerona, Zaragoza o Tarragona, lo que inmovilizó parte del ejército francés, impidiendo el avance hacia Levante. Esto, unido a las derrotas en Bruc y en Bailén (julio de 1808), tendrá importantes consecuencias al impedir la conquista de Andalucía, forzar a José I a abandonar Madrid y a una gran parte de los soldados franceses a replegarse hacia el norte del Ebro. Ante estos acontecimientos, Napoleón llega a España al frente de 200.000 hombres (“Grande Armée”) y, con un avance imparable, llega hasta Madrid a principios de diciembre, volviendo a la capital José I. A partir de 1809, su dominio se extiende por la mayoría del territorio.
• Segunda Etapa (1810-1812): Los franceses ocupan toda Andalucía, excepto Cádiz. La ocupación era casi total, pero no efectiva, ya que la actuación de los guerrilleros hacía que los franceses solo fueran dueños del terreno que pisaban.
• Tercera Etapa (1812-1814): A partir de 1812, la invasión de Rusia marcará la guerra, ya que Napoleón tuvo que retirar gran parte de sus efectivos en España. Se inició entonces la ofensiva angloespañola, dirigida por Wellington, donde la victoria de Arapiles (1812) marcará un punto de inflexión. La guerra se inclina del lado español, destacando las derrotas francesas de Vitoria y San Marcial, que supondrán la retirada francesa a través de los Pirineos.

El Tratado de Valençay, firmado en otoño de 1813, pone fin a la guerra, y Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España y las Indias.

Consecuencias de la Guerra

Fue un conflicto largo que dejó al país devastado. Demográficamente, destacar la gran mortalidad entre la población civil (alcanzándose en algunas zonas el 50% de la población) y el descenso de la natalidad. En términos económicos, la producción agraria quedó destruida y la industria colapsada, a la vez que el comercio se paralizaba, provocando una gran deuda pública.

Dos Regímenes Políticos: El Reinado de José I y la Revolución Liberal

Mientras se desarrollaba la Guerra de la Independencia, en España encontramos dos regímenes políticos diferentes: el Régimen Josefino y la Revolución Liberal (Juntas).

El Reinado de José I (1808-1813)

Fue apoyado por algunos ilustrados (“afrancesados”) que vieron en él al rey que España necesitaba para salir del Antiguo Régimen. José siempre se mostró preocupado por su pueblo, pero se vio presionado por cuatro grandes problemas: su impopularidad (extranjero e impuesto), los problemas económicos que asolaban el país y que le obligaron a aumentar los impuestos, el hecho de que su política estuviese condicionada por las necesidades militares y la intención de Napoleón de utilizarlo como un rey-títere.

Pese a todo, puso en práctica una experiencia reformista que pretendía la liquidación del Antiguo Régimen, para lo que promulgó el Estatuto de Bayona. Esta Carta Otorgada recogía que todos los poderes estaban concentrados en el rey, aunque existían tres órganos consultivos. Como novedad, incluía algo parecido a una declaración de derechos y una serie de reformas de carácter liberal (libertad de imprenta, “habeas corpus”,…). Además, abolió el régimen señorial, puso en marcha la desamortización de las tierras de la Iglesia y la desvinculación de los mayorazgos. Esta reforma contó con escasos apoyos y una total incomprensión.

Las Juntas y la Convocatoria de Cortes

El segundo régimen existente desde el inicio del conflicto fueron las Juntas, en las que se basó el poder civil español resistente. Este movimiento juntista tenía gran arraigo en el pensamiento político español y tenían dos objetivos: organizar la resistencia militar contra los franceses y dirigir el país en ausencia del monarca. Desde su creación, se encontraron jerarquizadas en Juntas Locales, Juntas Provinciales y la Junta Suprema Central, con 35 miembros. Ante el avance francés, la Junta Suprema huyó a Sevilla y desde allí a Cádiz en 1810. En enero de ese mismo año, decide disolverse por su incapacidad para dirigir la guerra, aunque antes inicia un proceso de convocatoria de Cortes. Mientras se reunían las Cortes, se mantuvo una Regencia formada por cinco miembros.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las Cortes se convocaron para junio de 1810 y, pese a las diferencias entre absolutistas y liberales, vencen en principio las aspiraciones de estos últimos, al reunirse en una sola cámara, frente a la tradicional representación estamental. El primer problema que encuentran es la dificultad para que pudieran llegar a Cádiz los diputados a causa de la guerra. Para solventarlo, se nombraron suplentes (la mayoría del propio Cádiz, zona muy liberal por su condición burguesa y mercantil). Resulta curioso que, siendo España eminentemente rural, la representación en Cortes fue, sobre todo, urbana y liberal. La composición social de los diputados que actuaron en Cádiz mostraba la compleja situación de aquella sociedad. Junto a viejos miembros de los antiguos estamentos, donde el clero tenía un papel destacado, estaban los representantes de las clases medias urbanas, servidores del Estado (militares, magistrados, funcionarios) y profesiones liberales.

Al autoconstituirse en Asamblea Constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados gaditanos ponían en marcha la revolución liberal en España.

Labor Legislativa y Constitución

La labor de las Cortes de Cádiz fue muy intensa, siendo sus dos iniciativas principales: una labor legislativa destinada a liquidar al Antiguo Régimen y la elaboración de una Constitución.

Por lo que respecta a la labor legislativa, establecieron que la soberanía residía en la nación, se proclamó la igualdad ante la ley y se estableció la igualdad entre españoles y americanos. Junto a esto, se plantearon un conjunto de reformas, como la supresión de los señoríos jurisdiccionales, la eliminación de los mayorazgos y la puesta en marcha de medidas desamortizadoras (bienes de los afrancesados, de las órdenes militares disueltas, de los conventos y monasterios destruidos por la guerra,…). Además, se decretó la libertad de imprenta, excepto en temas religiosos, y se abolió la Inquisición. También se decretó la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado, lo que pretendía marcar las líneas básicas en lo que debía ser la modernización de España.

Pero, sin lugar a dudas, la gran obra de las Cortes de Cádiz fue la elaboración de la Constitución de 1812 (promulgada el 19 de marzo -“La Pepa”-). Era un texto largo (384 artículos) y su tramitación se vio afectada por la guerra y por las diferencias entre absolutistas y liberales. Reunía los dos requisitos fundamentales para ser considerada una Ley Fundamental: la división de poderes y una declaración de derechos.

Por lo que se refiere a la división de poderes, el régimen político se configura como una monarquía parlamentaria, con un poder legislativo que recaería en las Cortes unicamerales como representantes de la voluntad nacional, con amplios poderes (elaboración de leyes, mando sobre el ejército, aprobación de los presupuestos y de los tratados internacionales…). El ejecutivo recaía en el monarca, que intervenía en la elaboración de las leyes, poseyendo veto suspensivo durante dos años, aunque sus decisiones debían ser refrendadas por los ministros. El poder judicial era competencia de los tribunales y se establecían los principios básicos de un Estado de derecho.

La Declaración de Derechos del Ciudadano contiene ideas como libertad de pensamiento y de opinión, igualdad de todos los españoles ante la ley o el derecho a la propiedad, entre otros. Además, la Constitución establecía la soberanía nacional y el sufragio universal masculino indirecto, además de la confesionalidad católica del Estado. Otros artículos planteaban la reforma de los impuestos y la Hacienda, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio y la implantación de la enseñanza primaria, pública y obligatoria. Por lo que respecta a la distribución territorial, el texto recoge que España se dividía en provincias (en manos de las Diputaciones Provinciales), estableciéndose además la formación de Ayuntamientos con cargos electivos y la creación de la Milicia Nacional.

La Constitución de Cádiz, primera en España, será considerada “sagrada”, siendo ejemplo para las Constituciones que surgieron a partir de las revoluciones de 1820 y 1830.

El Regreso de Fernando VII y la Abolición de la Constitución

Fernando VII entró en España el 22 de marzo de 1814, siendo aclamado por el pueblo. Un grupo de diputados le presentó el Manifiesto de los Persas, donde se pedía la vuelta al absolutismo. El 4 de mayo de 1814, el rey emite un decreto por el que disolvía las Cortes y abolía la Constitución de 1812, retornando al absolutismo.