La Ley para la Reforma Política de 1976 y su Aprobación
El proyecto de la Ley para la Reforma Política fue redactado inicialmente por Torcuato Fernández Miranda y luego revisado por una comisión del gobierno presidida por Adolfo Suárez. En septiembre de 1976, se dio el visto bueno a un texto ligeramente retocado, y el día 10 se aprobó definitivamente. Al día siguiente, se dio a conocer al Consejo Nacional del Movimiento y el presidente Suárez se dirigió al país para presentarlo a través de la televisión.
Esta Ley era la pieza clave para conseguir la introducción de un sistema de democracia parlamentaria en España, y este cambio debía realizarse a partir de las instituciones franquistas. Por eso, requería que fueran las mismas Cortes vigentes las que aprobaran la ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición. Esta Ley venía a ser, en realidad, un acta de autoliquidación del franquismo aprobada por las Cortes franquistas.
La Ley, que obtuvo el rango de Ley Fundamental, afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular; decía que las Cortes tenían el poder legislativo; establecía la elección de los diputados por sufragio universal, directo y secreto de todos los españoles, y la división de las Cortes en dos cámaras, el Congreso y el Senado, regulándose la vía para que ambas asumieran en el futuro la reforma constitucional. También se fijaban algunos aspectos de la futura ley electoral.
La Ley primero pasó por el Consejo Nacional del Movimiento, donde fue aprobada por 80 votos contra 13 y 6 abstenciones. Posteriormente, y a lo largo del mes de noviembre, esta Ley fue debatida por las Cortes, las cuales, bajo la hábil presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron el 18 de noviembre por 425 votos a favor, con 59 votos negativos y 13 abstenciones. Todo el aparato del “búnker” se opuso, como se esperaba, pero su fuerza era ya muy pequeña.
La Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales. A partir de este momento, se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, para la reunión de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una constitución democrática.
Relaciones del Gobierno Suárez con la Oposición
Pero no toda la opinión pública era partidaria de una reforma que seguía permitiendo la supervivencia del régimen anterior. Así pensaba la mayor parte de la oposición antifranquista, y Suárez tuvo que resolver antes este problema, y sobre todo promover la legalización de los partidos políticos. Para dar credibilidad a su proyecto, fue adoptando una serie de medidas políticas:
- Amnistía política parcial (julio 1976) que excluía expresamente a los condenados por terrorismo y que dejaba en prisión a la mayoría de los presos vascos; luego ampliada (marzo 1977) y total (mayo del mismo año).
- En agosto de 1976, Suárez mantuvo contactos con todos los líderes de la oposición, como Tierno Galván, presidente del PSP; Felipe González, secretario general del PSOE, que mantuvo una actitud positiva; incluso por vía indirecta contactó con Santiago Carrillo, secretario del PC. Por entonces, los comunistas eran ya los únicos que eran objeto de persecución policial directa.
- Disolución del Tribunal de Orden Público, TOP (diciembre 1976), encargado de juzgar los delitos políticos.
- Decreto-Ley publicado el 10 de febrero de 1977 y discutido previamente con la oposición, en el que se regulaba el Derecho de Asociación Política. En muy poco tiempo, quedaron legalizados o en trámites de legalización más de 150 partidos, pero entre ellos no estaba el partido comunista.
Con todas estas medidas de gobierno, Suárez iba cumpliendo todas las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Pero el principal problema para la normalización política del país iba a ser la legalización del Partido Comunista, que era en aquel momento el grupo político de la oposición más organizado y con mayor número de militantes. En una entrevista que mantuvo Suárez en septiembre de 1976 con altos mandos del Ejército, éstos le manifestaron claramente su oposición a legalizar el Partido Comunista.
Relaciones del Gobierno Suárez con el Ejército
Suárez tenía muy buenos contactos con oficiales del Ejército y ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores militares, por ello, decidió apoyarse en el grupo de militares más liberales a los que intentó colocar en los puestos de mayor responsabilidad.
La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del Ejército era el general Gutiérrez Mellado y fue el sustituto del Ministro de Defensa, Fernando de Santiago, que pertenecía al núcleo más inmovilista del Ejército y que fue destituido por Suárez el 21 de septiembre de 1976, al no admitir de buen grado los cambios que iba introduciendo el Presidente. Este hecho le acarreó a Suárez la oposición de un amplio sector del Ejército, oposición que llegó al máximo con la legalización del PC en abril de 1977.
El Terrorismo
El terrorismo se reactivó en esta etapa. El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este periodo, en plena ebullición política y ni siquiera la concesión de amnistía política total (mayo 1977) consiguió frenarla. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes no cesaban y ETA reemprendió sus acciones terroristas (después de un verano –1976- de tregua) en octubre del mismo año.
Entre diciembre de 1976 y enero de 1977 fue cuando se desencadenó un conjunto de acciones terroristas que mantuvieron el país en una situación de fuerte tensión: primero fue el GRAPO (colocación de varias bombas y secuestros de personalidades importantes), y luego un comando de ultraderecha (asesinato de seis personas, cinco de ellas abogados laboralistas, miembros del PC, en un despacho de la calle de Atocha en Madrid, 2 de enero de 1977). Aunque esto sonaba a maniobra de provocación, Suárez consiguió en aquellos momentos que, por primera vez, buena parte de los líderes de la oposición, reunidos con el presidente del Gobierno, publicaran un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación de Suárez; sin embargo, las fuerzas del “búnker” se aprovecharon de la inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el caos.