a) Desmantelamiento casi completo de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza. El diezmo fue suprimido en 1837. La Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado aunque conservaba gran influencia en la sociedad por medio de la educación que casi monopolizaba.

b) Se eliminó la propiedad comunal, lo que agrava la situación económica de los campesinos; esto forzó a una parte de la población rural a emigrar a las ciudades profundizando en el proceso de proletarización del campesinado.

c) No resolvió el problema de la deuda pero sí contribuyó a atenuarlo. Se eliminaron cinco mil de los catorce mil millones de reales de deuda y tributaron enormes cantidades de tierras que antes no lo hacían. Una parte de la deuda del Estado no se consiguió pagar hasta el siglo XX.

d) No produjo un aumento de la producción agraria porque los nuevos propietarios no emprendieron mejoras sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas antiguas o incluso las incrementaron.

e) La compra de tierras inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital importancia para poner en marcha la incipiente industrialización de España.

f) Gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios e iglesias. Muchas obras arquitectónicas se arruinarían y los bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios irrisorios. En las ciudades la alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, las clases medias quedaron confinadas en las viejas viviendas y los obreros vivieron en los arrabales de la periferia. Los grandes edificios de los conventos se convirtieron en cuarteles, en edificios públicos o fueron derribados para construir grandes plazas.

g) Provocó un reforzamiento del latifundismo en Andalucía y Extremadura. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes, a los nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios. Los campesinos no recibían información de las subastas, no sabían pujar o no tenían dinero para hacerlo.

h) La desamortización benefició a quiénes pertenecían a la élite financiera y comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles.

La economía española durante el reinado de Isabel II y durante todo el siglo XIX se caracteriza por el estancamiento. La población aumentó de unos once millones a principios del XIX a unos diecinueve a fines del siglo; la producción de alimentos, de prendas de vestir, de viviendas, se desarrolló a lo largo de estos años al menos lo suficiente para atender, aunque precariamente, a las necesidades de esta creciente población; se construyó una gran parte de la red ferroviaria; las ciudades crecieron con gran rapidez; varias industrias, como la textil algodonera, la siderúrgica, la minera vieron su producción multiplicada, etc. Pero a pesar de estos progresos, en comparación con la de otros muchos países de Europa, la economía española se estancó visiblemente. Es decir, hay un desfase creciente entre la renta española y la europea.

Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos los cambios que se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la primera mitad del siglo XIX no se tradujeron en innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. Incluso bajó el rendimiento medio por unidad de superficie, porque las nuevas tierras cultivadas eran de peor calidad.

La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de la cabaña ganadera, en parte porque muchas de las tierras que habían servido de pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron especies laneras que eran más rentables y productos textiles más competitivos. El resultado fue que la ganadería lanar experimentó un decrecimiento importante, tanto en número de cabezas como en las tierras dedicadas a pastos. También disminuyó el abono natural aportado a la tierra, lo que contribuyó a hacer descender los rendimientos.

Aunque aumentó el cultivo de patata y maíz, especialmente en el Norte, el trigo y otros cereales siguieron siendo los productos fundamentales y la base de la alimentación de la gran mayoría de la población, que tenía unos salarios muy bajos. La población agrícola se mantuvo en permanente amenaza de hambre a causa de malas cosechas o de plagas. Se sucedieron varias crisis agrarias en los años 1825, 1837, 1847, 1856 y 1866-68 (una hogaza de pan de 700 gramos que costaba en Jaén 19 céntimos en 1863 pasó a costar 154 céntimos en 1868); el campesinado utilizó entre el 50 y el 60% en la alimentación en general y esto afectó a los negocios industriales y financieros por falta de demanda de productos.

Los gobiernos moderados, que defendían los intereses de los propietarios de tierras, realizaron una política comercial proteccionista para garantizar la venta a precios elevados de la producción, reservando para ello el mercado nacional. El resultado es que, en años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron relativamente altos al no haber competencia exterior ni un mercado nacional suficientemente articulado (buenas comunicaciones entre los distintos puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios se disparaban. Los propietarios conseguían acumular enormes ganancias sin invertir en la mejora de las tierras.

A pesar de todos los cambios agrarios que se operan en la primera mitad del siglo XIX estamos ante una agricultura estancada que no suministra mano de obra a la industria, ni mercado suficiente para los productos fabriles, ni los capitales necesarios para invertir en la renovación industrial. La agricultura será un lastre para el desarrollo de los demás sectores productivos