LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868)

1.- LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840)

1.1. Carlistas e isabelinos

Los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del difunto rey Fernando VII, iniciaron una insurrección armada ante la actitud poco firme del gobierno de la reina regente María Cristina. Los carlistas se oponían radicalmente a la revolución liberal. Consideraban a la Iglesia como la institución vertebradora del orden social. Muchos eran pequeños propietarios empobrecidos, artesanos arruinados y arrendatarios que recelaban de los nuevos impuestos estatales y desconfiaban de la reforma agraria defendida por los liberales, pues temían verse expulsados de sus tierras.

Pero ante la necesidad de ampliar esta base social para hacer frente al carlismo, la regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales. Para comprometer a la burguesía y a los sectores populares de las ciudades en la defensa de su causa, la regente tuvo que acceder a las demandas de los liberales, que exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.

1.2. Desarrollo de la Guerra

Los carlistas se hicieron fuertes en el País Vasco, Navarra y Cataluña, organizando sus fuerzas bajo el mando de líderes como Zumalacárregui. Se creó un segundo foco carlista en Cataluña, donde las partidas hostigaban a las poblaciones liberales y se extendían por las zonas montañosas, y también en el Bajo Aragón y en el Maestrazgo, donde las tropas estaban bajo el liderazgo de Ramón Cabrera.

1.3. El final del conflicto

La debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el general carlista Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero. Este pacto no fue aceptado por los sectores más intransigentes, que optaron por el exilio o por continuar la resistencia, como el general Cabrera, que fue derrotado en el verano de 1840.

2.- EL PROCESO DE REVOLUCIÓN LIBERAL (1833-1843)

2.1. Fracaso del Estatuto Real

La reacción de la regente María Cristina ante la insurrección carlista fue tibia, y el Gobierno de Francisco Cea Bermúdez, un absolutista moderado, intentó buscar un acuerdo. Las tímidas reformas que propuso el Gobierno fueron totalmente insuficientes para atraer a los liberales. La monarquía isabelina necesitaba conseguir más apoyos, por lo que la regente nombró un nuevo gobierno, encabezado por el moderado Martínez de la Rosa, que propuso la promulgación del Estatuto Real (1834). Los liberales moderados entendían que era un camino hacia una transición reformista que permitiera el acuerdo con sectores absolutistas.

Para conseguir el apoyo de los liberales y restablecer la autoridad y el orden público, la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Juan Álvarez Mendizábal.

2.2. La revuelta de 1836: el gobierno progresista

El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar al carlismo. El proyecto reformista de Mendizábal profundizó en la división en el liberalismo, entre moderados y progresistas, que consolidó las dos grandes tendencias liberales que dominarían la vida política española en los siguientes decenios. María Cristina, atendiendo las voces contrarias a las medidas reformistas, destituyó a Mendizábal y dio el gobierno a los moderados.

2.3. La nueva orden constitucional de 1837

Las Cortes abrieron sus puertas en octubre de 1836 y se decantaron por redactar una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837. Era mucho más corta que la de Cádiz y dejaba al margen una serie de cuestiones que se regularían posteriormente por leyes orgánicas con el objetivo de que la Constitución fuera aceptada por las distintas opciones liberales. La Constitución de 1837 reconocía el principio de soberanía nacional, una amplia declaración de derechos de los ciudadanos, la división de poderes y la confesionalidad católica del Estado, y se comprometía a la financiación de la Iglesia Católica. También se especificaba que las colonias serían gobernadas por leyes de excepción, al margen de la Constitución, lo que culminaría con la expulsión de los diputados americanos de la Cámara.

Otras leyes culminaron el armazón jurídico constitucional, como la Ley de Imprenta, que incrementó el control sobre los periódicos, y la Ley Electoral, que fijó un sufragio restringido a los mayores de 25 años que pagasen una renta mínima de contribución, lo que permitió ampliar el derecho a voto al 2,4% de la población.

2.4. Reforma agraria liberal

El nuevo sistema liberal significó también el impulso de una reforma agraria que desmanteló la propiedad señorial e introdujo nuevas relaciones de trabajo y de mercado, estableciendo los nuevos principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. Eliminó definitivamente la jurisdicción señorial y favoreció que la tierra pasase a manos de los antiguos señores como propiedad privada.

La reforma agraria favoreció la concentración de la propiedad en manos de los antiguos propietarios y de los nuevos compradores de bienes, y no supuso una redistribución de la tierra entre los campesinos. Dichas medidas consolidaron la libertad de contratación en el trabajo y la libertad de industria, mientras que la eliminación de las aduanas interiores estableció la libertad de comercio, que favoreció la creación de un mercado nacional.

3.- LOS PRIMEROS PARTIDOS POLÍTICOS

La instauración del liberalismo trajo consigo la formación de órganos representativos (Cortes, diputaciones, ayuntamientos…), cuyos miembros eran electivos. Los partidos políticos fueron los instrumentos para proveer a dichas instituciones de representantes y organizar las diferentes opciones políticas. Estos primeros partidos tenían poco arraigo social. Hay que tener en cuenta que el derecho a voto estaba muy restringido y que no había tradición parlamentaria, lo cual alejaba a la mayoría de la población de la política de los partidos. Estos no eran más que una agrupación de personalidades alrededor de algún notable -civil o militar-, y no contaban con programas políticos elaborados. Se trataba de corrientes de opinión vinculadas por relaciones personales o por intereses, que se unían para participar en las elecciones, se dotaban de periódicos como medios de expresión y aspiraban a controlar parcelas de poder. Durante el reinado de Isabel II se fueron configurando las grandes familias políticas y los partidos que dominaron la vida política española del siglo XIX. Las grandes opciones del liberalismo fueron la moderada y la progresista, que se alternaron en el poder durante décadas. En medio de ambas opciones surgió la Unión Liberal, un partido con intenciones centristas. También se configuraron opciones más radicales, que recuerdan las aspiraciones populares, como el Partido Demócrata (1849), que defendía el sufragio universal masculino y aceptaba la monarquía como institución simbólica, sin intervención política, y el Partido Republicano, que propugnaba la abolición de la monarquía.

4.- LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)

4.1. El sistema liberal moderado

En las elecciones de 1844, los moderados consiguieron una amplia mayoría, y el general Narváez formó un nuevo gobierno. Se trataba de crear un sistema liberal moderado que garantizara el dominio de lo que los demócratas llamaban la oligarquía: la gran burguesía terrateniente y financiera y algunos sectores profesionales liberales y del ejército. El decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta, que pasó a control gubernativo. La Ley Electoral de 1846 estableció un sufragio censitario restringido al 1% de la población.

4.2. Concordato con la Santa Sede y reformas administrativas

Para mejorar las relaciones del Estado con la Iglesia, muy deterioradas por las desamortizaciones, se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), por el que el Papado reconocía a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador que, desde aquel momento, quedaba en suspenso. El Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia y le otorgaba competencias en educación y moral pública. Se restablecían las órdenes regulares y se reconocía el catolicismo como religión oficial del Estado.

De otro lado, se procedió a la reforma de la Administración Pública del Estado y de la Administración provincial y municipal, con un sistema jerárquico de control: gobernadores civiles, diputaciones y ayuntamientos. De esta forma, el alcalde de los municipios de más de 2000 habitantes y de las capitales de provincia era elegido por la Corona, mientras que el gobernador civil designaba el de los municipios menores.

El temor a que la centralización diera lugar a un nuevo levantamiento carlista propició una solución intermedia para la cuestión foral: un decreto de 1844 acordó el mantenimiento en el País Vasco y Navarra de las Juntas Generales y de los ayuntamientos forales.

Otra serie de medidas completaron este proceso.

4.3. La crisis del moderantismo

La deriva autoritaria del régimen moderado desde mediados de la década de 1840 provocó la oposición de un sector de los moderados y acentuó la desintegración del partido en grupos rivales, que se mostraron incapaces de hacer frente a los problemas del país y a la fuerte oposición de progresistas y demócratas, cada vez más marginados del sistema.

La revolución de 1854

La deriva autoritaria del régimen moderado precipitó el levantamiento de progresistas, demócratas y republicanos, y llegó a incorporar algunos sectores del moderantismo. La incorporación de los progresistas al movimiento, que publicaron el Manifiesto de Manzanares de contenido reformista, desencadenó la revuelta popular en las ciudades con la intervención de demócratas y republicanos y la formación de Juntas revolucionarias. Las elecciones dieron una amplia mayoría a progresistas y unionistas y, por primera vez, hubo una minoría de 20 diputados demócratas, un número equivalente a los moderados, cuya presencia quedó muy reducida.

5. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

5.2. La acción de los gobiernos

El gobierno progresista impulsó importantes reformas que dieron lugar a una etapa de desarrollo y expansión económica hasta 1866, cuando se inició una grave crisis económica. Con la desamortización de Madoz (1855) se consiguió la venta y privatización de bienes comunales. Se obtuvieron recursos para la Hacienda y se desarrolló la agricultura de mercado en beneficio de la nueva burguesía agraria y en detrimento de los pequeños campesinos, que perdieron el derecho al uso de las tierras comunales. Todo esto atrajo a inversores extranjeros, sobre todo franceses y británicos.

5.3. Los problemas sociales

El nuevo gobierno tuvo que enfrentarse a graves problemas sociales. Una crisis de subsistencias que, unida a una epidemia de cólera, afectó especialmente a las clases populares, acentuó el malestar social. El descontento social provocó también una importante conflictividad obrera, especialmente en Cataluña. Aunque el Gobierno tomó medidas conciliadoras, los métodos represivos del capitán general de Cataluña provocaron importantes huelgas obreras entre los años 1854 y 1855.

5.4. La crisis del bienio progresista

Ante la conflictividad social de los primeros meses de 1856, algunos jefes militares promovieron duras medidas represivas que, amparadas por el Ministro de la Guerra, O’Donnell, provocaron el enfrentamiento con el gobierno de Espartero, que estaba en desacuerdo. La intervención de la reina en favor de O’Donnell, al que nombró nuevo jefe del Ejecutivo el 14 de julio, ratificó el cambio y se proclamó el estado de guerra.

7. LA DESINTEGRACIÓN DE LA MONARQUÍA (1857-1868)

7.1. La reacción moderada (1856-1857)

Tras el golpe militar de 1856, O’Donnell restableció la Constitución de 1845 con un acta adicional de carácter más liberal. Sin embargo, perdió la confianza de la reina que, en octubre de 1856, nombró al moderado Ramón María Narváez nuevo presidente del Ejecutivo. Narváez intentó volver a la situación anterior a 1854, aprobó una quinta de 50.000 hombres, suspendió la desamortización, restringió derechos y libertades, y convocó elecciones para marzo de 1857, mediante la restrictiva Ley de 1846. Narváez fue destituido por la reina debido a cuestiones internas de palacio.

7.2. El gobierno unionista de O’Donnell (1858-1863)

O’Donnell, líder de la Unión Liberal, fue nombrado presidente del gobierno en 1858. O’Donnell liberalizó la Constitución de 1845 reduciendo el control de la prensa, aumentando la autonomía de los ayuntamientos y reforzando el poder judicial. Se llevó a cabo una activa política exterior, con campañas militares en Marruecos. La guerra movilizó a soldados y promovió una oleada de patriotismo que alcanzó su cénit con las victorias en Tetuán, Castillejos y Wad-Ras, que otorgaron gran prestigio al militar progresista Juan Prim. Estos éxitos no pudieron esconder el desgaste de la coalición gubernamental, a causa del descontento del sector más progresista. Cuando O’Donnell decidió incorporar a Prim al gobierno, el disgusto de la reina derivó en conspiración y tuvo que dimitir.

7.3. La crisis final del sistema (1863-1868)

La radicalización del autoritarismo desde 1863 y el fuerte intervencionismo de la reina, refrendado por la creciente influencia de su camarilla ultracatólica, acabaron por desnaturalizar el sistema liberal y provocar una gran inestabilidad gubernamental. Los progresistas, demócratas y republicanos responsabilizaron a Isabel II de su exclusión y del mal funcionamiento de las instituciones y se decidieron por el pronunciamiento como única vía de acceso al poder.