La Construcción del Estado Liberal

En 1833, Isabel II fue proclamada reina, aunque la regencia quedó a cargo de su madre, María Cristina de Nápoles. En un ambiente de guerra civil, provocada por el levantamiento carlista, el absolutismo moderado y reformista consideró que la única forma de asegurar el trono de Isabel II era conseguir el apoyo de los liberales y profundizar en las reformas para solucionar la crisis económica. Además, existía una presión de las potencias occidentales a favor de las reformas liberales, que se reflejó en la formación de la Cuádruple Alianza, por la que Inglaterra y Francia apoyaban a las reinas niñas de España y Portugal frente a carlistas y miguelistas. Como consecuencia, se inició una transición hacia el liberalismo.

Diferencias entre Moderados y Progresistas

El partido moderado defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, derechos y libertades limitados, la oficialidad de la religión católica, unas Cortes bicamerales con un Senado elitista y un Congreso de los Diputados elegido por un sufragio muy restringido, y fuertes poderes para el rey, que tendría derecho de veto.

El partido progresista se basaba en un liberalismo popular, que buscaba romper con el Antiguo Régimen. Defendía la soberanía nacional, garantías para los derechos y libertades individuales, especialmente de imprenta, mayor tolerancia religiosa, unas Cortes bicamerales en las que ambas cámaras serían electivas por un sufragio censitario más amplio, y unos poderes del rey más limitados.

La dinámica política se caracterizó por la falta de entendimiento entre ambos partidos, que monopolizaban el gobierno e imponían su modelo político. Por eso, el partido de la oposición, incapaz de alcanzar el poder de forma legal a través de las elecciones, recurría a formas violentas como el pronunciamiento militar o levantamientos populares.

La Constitución de 1837

La revolución liberal se inició en 1836 con la llegada de los progresistas al poder, supuso la abolición del Antiguo Régimen y la sustitución del absolutismo por el sistema político liberal. Las principales reformas consistieron en:

• Aprobación de la Constitución de 1837, que mantenía el sufragio censitario.
• Reforma agraria basada en la abolición del régimen señorial, la desvinculación de las tierras y la desamortización.
• Puesta en marcha de la desamortización de Mendizábal, que suponía dos momentos:
  • Incautación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia y de los pueblos, que dejaban de estar en manos muertas, esto es, fuera del mercado.
  • Puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos.
• Adopción de medidas liberalizadoras de la industria y el comercio.

El Estado liberal se fundamentaba en la soberanía nacional, el constitucionalismo y el parlamentarismo, alternándose en el poder moderados y progresistas.

La Constitución de 1845

La nueva Constitución, prototipo de constitución moderada, fue sancionada por la Corona el 23 de mayo de 1845. Su preámbulo contenía dos principios trascendentales: se negaba que la soberanía nacional residiera en el pueblo y se afirmaba que dicha soberanía era dual, compartida entre el rey y las Cortes. Así, ahora eran el rey y las Cortes quienes decretaban la Constitución, y no solamente las Cortes, como había sucedido en 1812 o en 1837. De ahí que las reformas políticas más importantes fueran la supresión de las limitaciones de los poderes del rey -de la reina, en este caso- y el aumento de sus prerrogativas, con la consiguiente pérdida de autonomía de las Cortes. En conjunto, la Constitución de 1845 despertó pocos entusiasmos, porque, si bien los progresistas se opusieron a ella de inmediato, el sector “duro” de los moderados consideró que era insuficiente y que había que restringir aún más el poder de las Cortes.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El escandaloso favoritismo en todos los campos de la vida social y la generalizada corrupción existente en la política económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron reacciones y movimientos subversivos en amplios sectores de la opinión liberal, incluida la moderada, que culminaron en julio de 1854 cuando una facción del ejército encabezada por el general moderado O’Donnell se pronunció en Vicálvaro, uniéndosele el general progresista Serrano, y ambos decidieron lanzar un Manifiesto al país (Manifiesto de Manzanares) con promesas progresistas. Las agitaciones populares proliferaron y casi toda España se unió a la insurrección, por lo que Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del Progresismo: el General Espartero.

Durante esta etapa, el gobierno estuvo formado por progresistas y miembros de la Unión Liberal, y se inició con la redacción de un nuevo proyecto de Constitución que no se llegó a aprobar (1856) y que se convirtió en símbolo de los progresistas.

La política económica tuvo como eje principal la desamortización de Madoz y una serie de leyes para atraer la inversión extranjera, como la Ley de Ferrocarriles y la Ley Bancaria. Desde el punto de vista social, el período se caracterizó por la conflictividad social, con los inicios del movimiento obrero en España.

La Vuelta al Moderantismo (1856-1868)

La crisis se produjo, por fin, en julio de 1856, cuando ante la inestabilidad existente, O’Donnell dio un auténtico golpe de estado contra la mayoría parlamentaria, desplazando del poder al General Espartero y al partido progresista, asumiendo la presidencia del Gobierno con el respaldo de su partido, la Unión Liberal, y presentando los objetivos principales de su política: consolidación de la monarquía constitucional, respeto a los legítimos derechos y libertades, restablecimiento del orden público y conciliación de las dos grandes tendencias: moderada y progresista.

Esta etapa se caracterizó por la estabilidad política y el crecimiento económico. Asimismo, la Guerra de Marruecos, con escasos logros territoriales, pero de notable exaltación “patriótica”, junto con sendas expediciones a México e Indochina, dieron cierto prestigio al Gobierno tanto internamente como desde el punto de vista internacional.

En la crisis final del reinado de Isabel II, que coincide con la de la Unión Liberal, actuaron como factores estructurales la imposibilidad del moderantismo de responder a las demandas sociales y de participación política de los ciudadanos, el descrédito de Isabel II y, por último, el malestar social generado por una seria crisis financiera y de subsistencias. Esto motivó un pacto entre unionistas, progresistas y demócratas para derrocar a Isabel II (Pacto de Ostende). En septiembre de 1868 se produjo por fin una sublevación triunfante, liderada por el General Prim, que provocó la caída de la dinastía borbónica y la esperanza de un régimen democrático para España.