La Construcción y Consolidación del Estado Liberal
12.1 El Reinado de Isabel II. La Oposición al Liberalismo: Carlismo y Guerra Civil. La Cuestión Foral
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se produjo la construcción del Estado liberal en España. Se estableció un Estado burgués parlamentario, pasando de un régimen económico y social propio del Antiguo Régimen a un sistema capitalista moderno. La nueva clase dirigente fue la burguesía de negocios y la nobleza.
El carlismo tuvo un fuerte contenido ideológico y de clase. Reclamaban la defensa del derecho sucesorio masculino y la alianza del altar y del trono. Su composición social estaba formada por parte de la nobleza, miembros ultraconservadores de la administración y del ejército, la parte baja del clero, parte del campesinado y sectores del artesanado.
Desde el punto de vista territorial, triunfó en las zonas rurales del norte, como el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo aragonés. Una de las razones fue la defensa de los fueros, que consistían básicamente en la exención fiscal y de servicio militar, además de un derecho civil con algunas diferencias.
Durante la primera guerra carlista (1833-1839), se formó el bando cristino en torno a María Cristina y su hija Isabel, con el respaldo de los sectores moderados y reformistas del absolutismo y de los liberales. También contó con el apoyo de generales del ejército, funcionarios y altas jerarquías de la Iglesia, la burguesía de negocios, los intelectuales y profesionales, y las clases medias urbanas. Este bando recibió el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia (Cuádruple Alianza). Los inicios fueron favorables a los carlistas, pero en 1835 fracasaron en el sitio de Bilbao. En el verano de 1837 estuvieron a punto de tomar Madrid, pero el asalto acabó fracasando. Pasaron a la defensiva y el agotamiento llevó a iniciar negociaciones, como el llamado abrazo de Vergara. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. También se acordó la renuncia de Navarra a su condición de reino a cambio de una promesa de autonomía en una ley que se decretó en 1841.
La segunda y la tercera guerras carlistas (1846-1849 y 1872-1876): Carlos se exilió y, a su muerte, transmitió sus derechos a su hijo Carlos VI. Se intentó pactar la boda del nuevo pretendiente con Isabel II, pero el fracaso y el posterior anuncio de la boda real llevaron a la segunda guerra. Se inició en el Pirineo catalán y, a pesar de contar con una superioridad militar, los carlistas fracasaron. El carlismo permaneció en activo. Tras la caída de Isabel II y la llegada de Amadeo de Saboya, el nuevo pretendiente, Carlos VII, inició la tercera guerra. Los carlistas consiguieron arraigar en el País Vasco y Navarra. Tras la proclamación en 1873 de la Primera República, muchos monárquicos pasaron a apoyar al carlismo, extendiéndose por buena parte de la meseta norte. En 1874 se restauró la monarquía con Alfonso XII.
Isabel II (1833-1843): Las Regencias
María Cristina gobernó como regente durante la minoría de edad de su hija Isabel. A pesar de no ser liberal, en 1834 llamó a Martínez de la Rosa, un liberal moderado que ya había sido jefe de gobierno durante el Trienio Constitucional. Consiguió la ayuda extranjera (Cuádruple Alianza) y promovió un programa de tímidas medidas reformistas (amnistía que permitió el regreso del exilio de los liberales, limitada libertad de prensa y milicia nacional). Su carácter conservador se manifestó en el Estatuto Real (carta otorgada), en el que se regulaba la convocatoria de unas cortes muy elitistas con dos cámaras y reservaba a la Corona la capacidad legislativa y de veto. Existían dos alas del liberalismo: la moderada (apoyaba al gobierno y era contraria a cambios radicales) y la progresista (reformista y partidaria de la Constitución de 1812). Con el tiempo, creció el apoyo a los progresistas. En el verano de 1835 estalló una insurrección que obligó a la regente a entregar el gobierno a los progresistas. El nuevo jefe de gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, adoptó las primeras decisiones encaminadas a desmantelar el sistema legal del Antiguo Régimen. Esta política le enfrentó a los moderados y a la regente, forzando su dimisión en 1836. El 12 de agosto, con la sublevación de la Guardia Real en el palacio de La Granja, se obligó a María Cristina a entregar el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812. El nuevo gobierno, encabezado por José María de Calatrava, continuó la demolición del absolutismo. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1837. María Cristina eligió jefes de gobierno moderados que ganaban gracias a un sufragio muy restringido. En 1840 se acabó forzando la dimisión de María Cristina, sustituida por el general Espartero.
Espartero gobernó durante tres años con el apoyo de los progresistas, pero su política autoritaria hizo disminuir su popularidad. En 1842 estalló una insurrección en Barcelona ante los rumores de que Espartero estaba negociando con Inglaterra el libre comercio, lo que afectaba a la industria textil catalana. Los moderados y algunos progresistas organizaron una sublevación militar que obligó a Espartero a dimitir.
El artífice del golpe, el general Narváez, ejecutó un acelerado proceso de reacción política. Se cerraron periódicos y clubes políticos, se depuso a progresistas, etc. Se convirtió en jefe de gobierno con un sistema político ultraconservador.
Isabel II (1843-1868): El Reinado Efectivo
En 1843, Isabel II inició con 13 años su reinado efectivo. Fue un periodo de tendencia muy conservadora, regulado por la Constitución de 1845. La participación política era exclusiva de una oligarquía compuesta por viejos aristócratas, ricos burgueses y altos funcionarios. El sufragio estuvo restringido y había manipulación permanente de las elecciones. Isabel intervino activamente en la vida política, apoyando a los conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. Esto provocó un deterioro progresivo hasta la caída de la monarquía en 1868. La participación de los generales en el gobierno fue continua, ya que los conservadores pensaban que la presencia militar al frente del ejecutivo garantizaba la seguridad.
Otras características fueron la exclusión de la gran mayoría del país de la vida política, la degradación de las condiciones de vida y la dura represión frente a las protestas (lo que facilitó la difusión de ideas socialistas).
Durante el reinado hubo una presencia exclusiva de partidos burgueses: moderados y progresistas, la Unión Liberal y el partido demócrata.
12.2 El Sexenio Democrático (1868-1874): Intentos Democratizadores. La Revolución, el Reinado de Amadeo I y la Primera República
La Revolución de 1868
La Gloriosa fue un golpe militar encabezado por varios generales. Los partidos formaron juntas locales y provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los llamados Voluntarios de la Libertad. Topete se sublevó con su escuadra en Cádiz, a este se sumaron los cuarteles del país e Isabel II atravesaba la frontera de Irún hacia el exilio. La revolución triunfó porque en ella confluían numerosos intereses. La apoyaron los sectores financieros e industriales, incluso miembros de la oligarquía y clases populares. Los conspiradores procedieron a detener la revolución. El nuevo gobierno, con Serrano, Prim y Sagasta, disolvió las juntas y los batallones de Voluntarios. Nombró nuevos ayuntamientos y el gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes.
La Constitución de 1869
Las elecciones se celebraron mediante sufragio universal masculino con plena libertad de prensa. El debate giró en torno a la forma de Estado: monarquía o república. El resultado fue una mayoría de candidatos monárquicos. Las Cortes elaboraron una nueva constitución, la primera democrática de nuestra historia. El país se constituía como una monarquía parlamentaria, con estricta separación de poderes: el legislativo a las Cámaras, el ejecutivo al Rey a través de los Ministros y el judicial a los jueces. Incluía una declaración de derechos detallada (libertad, residencia, expresión, etc.). Se aprobó la libertad de cultos. Se ratificaba el sufragio universal (varones de más de 25 años eligen al Congreso, ayuntamientos y diputaciones) y la plena soberanía nacional.
El Gobierno de Prim y la Búsqueda de un Rey (1869-1870)
Serrano se convirtió en regente y Prim formó un gobierno de progresistas y algunos demócratas. Se aprobó una amplia legislación encaminada a desarrollar la Constitución. En el terreno económico se adoptó una política librecambista, una reforma monetaria y se puso en circulación la peseta.
Tuvieron que enfrentarse a una doble crisis: la guerra en Cuba y el clima de agitación social. En la primera, a causa del descontento con la presencia de peninsulares en la isla, que desembocó en una guerra civil que acabó por hipotecar la Hacienda y la acción del gobierno en España. En la segunda, hubo levantamientos campesinos y ocupaciones de fincas, extendiéndose la sublevación republicana por buena parte del país.
La difícil tarea de buscar un rey que obtuviera el respaldo de las Cortes y de los gobiernos extranjeros concluyó con la elección de Amadeo de Saboya.
El Reinado de Amadeo I (1871-1872)
Cuando Amadeo desembarcó en Cartagena (1870), recibió la noticia del asesinato del general Prim en un atentado. El reinado fue un fracaso por la ausencia de Prim (hombre que mantenía unidos a progresistas y a la coalición gobernante). Amadeo fue identificado con la democracia, el desorden social y la dinastía que mantenía al Papa prisionero en el Vaticano. Poco a poco, se creó el apoyo al príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II.
Fueron dos años de gobiernos inestables. El partido progresista se dividió en constitucionales de Sagasta (más conservadores) y los radicales de Ruiz Zorrilla (partidarios de la democracia a través de reformas). En el segundo año de reinado, el conflicto cubano se agravó y estalló la tercera guerra carlista en el País Vasco. Amadeo presentó su abdicación en 1873 y se proclamó la República.
La I República y la Constitución de 1873
El Congreso eligió a Estanislao Figueras como jefe del poder ejecutivo. La República nacía sin apoyos políticos suficientes. En el exterior, sólo la apoyó Estados Unidos; los demás la asociaban al peligro de una revolución social. En el interior, los conservadores rechazaron la República, e incluso los radicales pasaron a la oposición. Tampoco sus partidarios tenían una visión común de lo que debía ser la República. El propio movimiento republicano estaba dividido entre federalistas (partidarios de un estado federal) y unionistas (estado de tipo centralista). Se produjeron levantamientos de campesinos en Andalucía y los primeros intentos de insurrección federalista en Cataluña. Poco después hubo un intento de golpe de estado de radicales y parte del ejército. Las elecciones les dieron la victoria a pesar del escaso apoyo real. Pi y Margall se convirtió en presidente tras dimitir Figueras.
Las Cortes redactaron la Constitución de 1873, que establecía una república confederal de 17 estados y varios territorios de ultramar. Los municipios tendrían también constitución local y división de poderes. En el Estado, el poder ejecutivo lo ejercía un gobierno; el legislativo, dos Cámaras con un Senado; y el judicial lo presidía un Tribunal Supremo. Esta incluía la declaración de derechos y la afirmación de estado laico.
La Constitución no llegó a entrar en vigor. Se desencadenó la revolución cantonal: tras sucesivas sublevaciones, se proclamaron cantones y las Juntas revolucionarias (Levante, Andalucía y Castilla). Los carlistas habían aprovechado la situación para avanzar; bajo su posesión estaban Albacete, Cuenca, el País Vasco, Navarra, Aragón y parte de Cataluña. Pi y Margall presentó su dimisión el 18 de julio.
El nuevo presidente, Nicolás Salmerón, inició un giro a la derecha, dio poderes al ejército y restableció la pena capital, pero prefirió dimitir antes que ordenarla.
Le sustituyó Emilio Castelar, que acentuó el giro autoritario. Obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios y suspendió sus sesiones, restableció las Quintas y sofocó la revolución. Sólo Cartagena resistió. La caída de Castelar, derrotado en las Cortes, precipitó el golpe de estado en el que el ejército ocupó los puntos clave de la capital. El general Pavía hizo entrar tropas en el Congreso y proclamó un gobierno militar de emergencia, presidido por el general Serrano. Fin de la Primera República.