Durante la Regencia de María Cristina (esposa de Fernando VII y madre de la futura Isabel II), los liberales, al dar su apoyo contra los carlistas, fueron poniendo los cimientos de la construcción del nuevo edificio del Estado. Primero los moderados (1833-1836), con algunas incursiones de miembros progresistas como Mendizábal, y luego los progresistas (1836-1837 y 1840-1843) fueron socavando las viejas estructuras del Antiguo Régimen.

Aunque progresistas y moderados pertenecían a la familia liberal, tenían sensibles diferencias acerca de cómo construir el Nuevo Régimen político. Así los moderados, pensaban que

las reformas tenían que hacerse sin poner en peligro sus propiedades y sustentadas en el orden y en una autoridad fuerte; por ello fortalecerán las atribuciones de la Corona y limitarán al máximo la participación política. Los progresistas en cambio, serán partidarios de acometer reformas profundas y radicales, limitando el papel político de la Corona y ampliando la base electoral.

Serán estos últimos los que accederán al poder en 1836 gracias a la sublevación de los sargentos de la Granja de San Ildefonso e inicien realmente la revolución liberal. Mendizábal emprendió reformas fundamentales y asumió personalmente las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 (muy restrictiva que sólo afectaba a los muy poderosos económicamente) por otra más amplia; el restablecimiento de la libertad de imprenta y otros derechos fundamentales; la reforma a fondo de la Hacienda y sobre todo fue el principal responsable de la Ley de Desamortización eclesiástica más importante aprobada en España, indispensable marco jurídico para acometer la “reforma agraria” que querían los liberales. Tres fueron los objetivos que Mendizábal quería alcanzar:

a) Objetivo financiero: buscar ingresos para pagar la deuda pública del Estado, tanto a nacionales como a extranjeros. De este modo quedarían resueltos los problemas hacendísticos y se obtendrían además recursos económicos para costear la guerra contra los carlistas.

b) Objetivo político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo, crear un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino porque los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria del bando liberal en la guerra, pues un hipotético triunfo de los carlistas obligaría a devolver las fincas a la Iglesia. Además, hay que tener en cuenta que buena parte del clero era simpatizante de la causa carlista.

c) Objetivo social: crear una clase media de campesinos propietarios.

Poco antes de la subida al poder de Mendizábal se aprobaron dos reales decretos (15 de julio de 1834 y 4 de julio de 1835) que suprimían definitivamente la Inquisición y la Compañía de Jesús. Los bienes de ambas instituciones se dedicaban a la extinción de la deuda pública. El mismo mes de julio se decretó la supresión de conventos y monasterios que tuviesen menos de doce profesos, aplicándose sus bienes a la misma finalidad que los anteriores. Mendizábal, no adoptó una política absolutamente novedosa, lo que hizo fue sistematizar y radicalizar estas medidas de sus antecesores.

El 11 de octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas y se justificaba la medida, en tanto se consideraban desproporcionados sus bienes a los medios que entonces tenía la nación. Otro decreto, promulgado el 19 de febrero de 1836, declaraba en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro.

La secuencia desamortizadora se sustenta en dos niveles: el primero se refiere a la supresión de instituciones religiosas y la aplicación de sus patrimonios para la extinción de la deuda pública; y el segundo (decreto de febrero de 1836) establece los principios y mecanismos de la desamortización (catalogación, tasación y subasta pública como normas para realizar las ventas) y como forma de pago se admitía el dinero en efectivo o los títulos de la deuda consolidada por todo su valor nominal.

Entre 1836 y 1844 se vendieron propiedades por valor de 3.274 millones de reales. Se habían desamortizado el 62 % de las propiedades de la Iglesia, primero del clero regular (tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres) y después del clero secular (Catedrales e iglesias en general).

Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida; estas pujas fueron acaparadas por los inversores burgueses, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Además comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un artículo publicado en El Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria. Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo. Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.

Aunque los moderados paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la que gobernaron en solitario (1844-1854), en realidad ya quedaba muy poco bien eclesiástico que nacionalizar.