La Segunda República Española: Del Bienio Conservador al Frente Popular (1933-1936)

El periodo de gobierno de centro-derecha, conocido como Bienio Conservador o Bienio Radical-Cedista, abarcó los años 1933-1935, seguido por el gobierno del Frente Popular en 1936. Las elecciones generales de 1933 se celebraron con una nueva ley electoral que favorecía la formación de amplias alianzas electorales, y en ellas las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en España. Los partidos de centro-derecha obtuvieron la victoria y su gobierno se estructuró principalmente alrededor de dos formaciones políticas: el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux (de tendencia más conservadora en esta etapa) y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido de la derecha católica liderado por José María Gil Robles, con un programa que proponía la revisión de la Constitución de 1931 y la legislación social del bienio anterior. Fue un período de marcha atrás en las reformas emprendidas entre 1931 y 1933. El creciente desorden público y la polarización política provocaron la Revolución de 1934. En 1936, se conformó el Frente Popular, una coalición electoral de partidos de izquierda, con el objetivo de ganar las elecciones de febrero. Pocos meses después, un golpe de Estado, cuyo principal planificador fue el general Emilio Mola, fracasó en su intento de tomar el poder rápidamente y degeneró en una sangrienta Guerra Civil.

Las Elecciones de 1933 y el Ascenso del Centro-Derecha

Las elecciones de noviembre de 1933 se celebraron bajo una nueva ley electoral que favorecía las coaliciones. En ellas se ejerció el voto femenino por primera vez a nivel nacional y se desarrollaron en un ambiente de fuerte confrontación política y un importante despliegue de propaganda. La CEDA trató de movilizar a los sectores católicos para que apoyaran la defensa del orden y la religión. Mientras tanto, el sector más radical del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mostró su deseo de separarse de los republicanos burgueses y llevar a cabo una revolución social si vencía la derecha, una postura similar a la de los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), aunque estos últimos propugnaron la abstención. Por su parte, José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española, de carácter inspirado en el fascismo italiano.

La CEDA y la Renovación Española (partido monárquico alfonsino) fueron los grandes vencedores de las elecciones. Los gobiernos subsiguientes procedieron a revisar las reformas aprobadas en el bienio anterior, destacando:

• Paralización de la reforma agraria.
• Contrarreforma en la política religiosa.
• Amnistía para los condenados tras el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932.
• Propuesta de revisión de la Constitución.

Los socialistas no aceptaron restablecer la antigua coalición republicano-socialista y los partidos de izquierda se mantuvieron divididos. El Parlamento quedó profundamente fragmentado entre los partidos fundadores de la República y aquellos que cuestionaban, desde la derecha y la izquierda revolucionaria, el régimen republicano.

Los Gobiernos Radicales y la Rectificación de Reformas (1933-1934)

Los gobiernos del Partido Radical se formaron inicialmente en coalición con partidos republicanos de centro y contaron con el apoyo parlamentario de la CEDA, necesario para llevar a cabo la revisión de las reformas del bienio anterior. Consiguieron que no se aplicase la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, permitiendo que los colegios católicos siguieran funcionando, y aprobaron una ley para que los sacerdotes volvieran a recibir una asignación económica del Estado. Se revirtieron medidas favorables a los sindicatos, se anuló la ley de términos municipales (que obligaba a contratar preferentemente a jornaleros del propio municipio) y se devolvieron tierras expropiadas a la aristocracia terrateniente. La ley de amnistía de 1934 permitió que los militares condenados tras el intento de golpe de Sanjurjo se reintegraran al servicio activo.

Estas políticas provocaron una escisión en el Partido Radical: su ala más izquierdista formó la Unión Republicana, liderada por Diego Martínez Barrio. Paralelamente, los republicanos de izquierda se reagruparon en Izquierda Republicana, bajo el liderazgo de Manuel Azaña. Los gobiernos radicales tuvieron que afrontar una creciente conflictividad social: los propietarios agrarios incumplían con frecuencia las normativas laborales y bajaban los salarios, lo que llevó a una huelga general de campesinos convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT) que se extendió por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia. También estalló un conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña, pues el Parlamento catalán aprobó la Ley de Contratos de Cultivo, a la que se oponían los propietarios y que fue recurrida ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, la paralización del debate sobre el Estatuto de Autonomía Vasco produjo un acercamiento entre nacionalistas vascos y socialistas.

La Revolución de Octubre de 1934

En octubre de 1934, se produjo un intento revolucionario. La Unión General de Trabajadores (UGT), cada vez más controlada por su sector revolucionario dirigido por Francisco Largo Caballero, adoptó un programa insurreccional y se alió con el PSOE para luchar contra lo que consideraban la amenaza del fascismo y establecer una república federal socialista. La CNT, aunque participó en algunos lugares, mayoritariamente rechazó sumarse a una insurrección dirigida por socialistas. La CEDA, como partido mayoritario en las Cortes, exigió entrar en el gobierno para aplicar políticas más decididas contra el desafío de los movimientos izquierdistas. La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux en octubre de 1934 fue el detonante.

Los socialistas justificaron su acción ilegal argumentando que era necesaria para impedir que Gil Robles y la CEDA destruyesen la República por medios legales, siguiendo el ejemplo de Hitler en Alemania. La revolución comenzó cuando Largo Caballero convocó la huelga general, pero obtuvo un seguimiento desigual y fracasó en la mayor parte de España. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero la acción no fue respaldada por los sindicatos y fue rápidamente sofocada por el ejército. En Asturias, sin embargo, se produjo una auténtica revolución social, donde mineros de la UGT, CNT y comunistas formaron una coalición (la Alianza Obrera). La revolución se inició cuando los mineros ocuparon Oviedo y otras localidades, y el Comité Regional de la Alianza Obrera adoptó medidas revolucionarias y de castigo contra quienes se opusieran. El gobierno recurrió al Ejército de África (dirigido operativamente por el general Franco desde Madrid) y a la Guardia Civil para sofocar la rebelión, lo que se hizo con extrema dureza.

Consecuencias de la Revolución de 1934

La represión fue severa. Manuel Azaña, a pesar de no tener relación con los hechos, fue encarcelado. Se suspendió la autonomía de Cataluña y la Ley de Contratos de Cultivo fue anulada. Lerroux formó un nuevo gobierno con una presencia más nutrida de ministros de la CEDA. Se intensificó la política de rectificación: se abolieron reformas sociales y laborales y se aprobó una ley para la Reforma de la Reforma Agraria que en la práctica la liquidaba. Gil Robles, como Ministro de la Guerra, promovió a puestos clave a militares considerados antirrepublicanos o contrarios a Azaña: Emilio Mola asumió la jefatura del ejército en Marruecos y Francisco Franco fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central. Gil Robles y la CEDA planeaban una reforma constitucional para modificar aspectos clave de la Constitución de 1931.

Crisis del Gobierno y Convocatoria de Elecciones (1935-1936)

Sin embargo, antes de que estos planes pudieran llevarse a cabo, estalló una crisis política definitiva en el seno de la coalición gubernamental. Escándalos de corrupción como el del straperlo (un juego de ruleta fraudulento) y el asunto Nombela (malversación en una adjudicación naval) salpicaron a miembros destacados del Partido Radical, erosionando su credibilidad y la del gobierno. Ante la inestabilidad, el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

El Frente Popular y la Escalada hacia la Guerra Civil (Febrero-Julio 1936)

En las elecciones de febrero de 1936 triunfó, por escasa mayoría de votos pero amplia mayoría de escaños, el Frente Popular. Esta era una coalición electoral (no de gobierno en un principio) que agrupaba a republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, Unión Republicana), socialistas (PSOE, UGT), comunistas (PCE) y otros grupos progresistas. Su objetivo principal era frenar el avance del fascismo y retomar el programa reformista del primer bienio.

El nuevo gobierno, formado exclusivamente por republicanos bajo la presidencia inicial de Azaña y luego de Santiago Casares Quiroga, con el apoyo parlamentario del resto de la coalición, tomó medidas inmediatas:

• Amnistía general que liberó a miles de encarcelados por motivos políticos (principalmente los represaliados de la Revolución de 1934).
• Restablecimiento de la autonomía catalana.
• Reanudación del proceso reformista: agrario, social, religioso y militar.

Se aceleró la Reforma Agraria ante la creciente conflictividad social en el campo. Se expropiaron fincas con indemnización, pero la presión de sindicatos y campesinos llevó a la ocupación masiva de latifundios, especialmente en Extremadura y Andalucía, que el Instituto de Reforma Agraria (IRA) se vio forzado a legalizar a posteriori. En abril, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora como Presidente de la República, siendo reemplazado por Manuel Azaña. El gobierno de Casares Quiroga se enfrentó a una grave crisis económica (aumento de precios, reducción de la producción, aumento del desempleo) y a una espiral de violencia política y desorden público.

El gobierno se vio debilitado por los conflictos internos en la coalición y la creciente polarización. Sectores del PSOE (liderados por Largo Caballero) y la CEDA contribuyeron también a la inestabilidad de la República con discursos y acciones cada vez más radicales. Se detuvo a José Antonio Primo de Rivera y se clausuraron las sedes de la Falange. Ante la persistencia de la violencia y los rumores de conspiración militar, el gobierno intentó alejar a los generales sospechosos: Franco fue enviado a Canarias y Mola a Navarra (donde, paradójicamente, pudo conspirar con más facilidad).

Varios generales, con Mola como principal organizador (“el Director”), acordaron llevar a cabo un golpe de Estado para derribar al gobierno del Frente Popular. Contaron con el apoyo de sectores monárquicos (alfonsinos y carlistas) y de las milicias de la Falange Española. El proceso conspirativo se aceleró tras el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, en represalia por el asesinato previo del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. El alzamiento militar comenzó en Marruecos el 17 de julio y se extendió a la península al día siguiente. El golpe fracasó en las principales ciudades y en gran parte del país, pero triunfó en otras zonas, dividiendo España en dos. Este fracaso parcial del golpe degeneró en una larga y sangrienta Guerra Civil que duró tres años (1936-1939).

Conclusión

En definitiva, el bienio de centro-derecha (1933-1935) fue una etapa breve y convulsa en la que se intentó revertir gran parte de las reformas llevadas a cabo durante el bienio reformista anterior (1931-1933), generando una fuerte oposición y conflictividad. La posterior etapa del Frente Popular (1936) comenzó con una victoria electoral de las izquierdas unidas para frenar el avance de la derecha y retomar las reformas, pero se desarrolló en un clima de extrema polarización, violencia política y crisis económica. Se intentó consolidar la democratización de España, pero el país estaba profundamente dividido y socialmente tensionado. Finalmente, el golpe de Estado de julio de 1936 no logró su objetivo inmediato, pero desencadenó la Guerra Civil Española, que puso fin a la Segunda República y abrió paso a la larga dictadura del general Franco.