La Segunda República I: Configuración del Nuevo Régimen (1931-1933)

El Pacto de San Sebastián y las Primeras Reformas

Tras el Pacto de San Sebastián, el gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931. Algunos miembros del gobierno promulgaron decretos para emprender reformas urgentes. Largo Caballero dictó decretos que afectaban a los trabajadores del campo, como la equiparación del salario mínimo agrícola al industrial, la jornada de 8 horas en el campo, la Ley de Términos Municipales y la Ley de Laboreo Forzoso. Azaña, ministro de Guerra, emitió la Ley de Retiro de la Oficialidad, que permitía jubilar con sueldo íntegro a los oficiales del ejército que no jurasen lealtad al nuevo régimen. Se iniciaron negociaciones con catalanes y vascos para una solución autonómica en la nueva constitución. La República se enfrentó a la animadversión de empresarios, grandes propietarios agrícolas y gran parte del ejército. También se opuso la Iglesia. El arzobispo de Toledo, cardenal Segura, manifestó abiertamente su oposición a la república. Esto provocó un fuerte anticlericalismo popular en la izquierda, que se manifestó con la quema de conventos y edificios religiosos los días 11 y 12 de mayo, ante la pasividad del gobierno. Los anarquistas continuaron con huelgas y conflictos sociales, demandando reformas sociales al gobierno republicano. Las elecciones dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista, una aplastante victoria de la izquierda. La derecha obtuvo menos representación en las Cortes que la que tenía en la sociedad, lo que indicaba que la constitución sería más liberal de lo que España quería.

La Constitución de 1931

Las Cortes nombraron una comisión encargada de elaborar la constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre, tras tres meses de debates. Con un marcado carácter democrático y progresista, definía al Estado Español como una república de trabajadores de todas las clases, resaltando la voluntad popular. Establecía:

• Estado: Se configuraba de forma integral, aceptando la posibilidad de gobiernos autónomos en regiones con conciencia nacionalista.
• Poder Ejecutivo: Recaía en el Consejo de Ministros y el Presidente de la República, elegido por el Congreso de los Diputados, con competencias bajo el control de la cámara, que podía cesarle.
• Poder Legislativo: Residía en las Cortes, constituidas por una cámara: el Congreso de los Diputados, con atribuciones por encima del resto de instituciones.
• Sufragio: Universal para hombres y mujeres mayores de 23 años.
• Ley Electoral: Primaba al partido más votado (que conseguía el 80% de los escaños de la circunscripción), favoreciendo la coalición de partidos.

Incluía una amplia declaración de derechos y libertades personales, igualdad de los ciudadanos ante la educación y el trabajo, separación Iglesia-Estado, matrimonio civil y divorcio, posibilidad de expropiación forzosa con indemnización y la posibilidad de nacionalizar servicios públicos. Dos de los artículos más discutidos fueron el 26, que prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, la industria y el comercio, disolvía la Compañía de Jesús y establecía un plazo para la financiación de la Iglesia. Se buscaba una sociedad laica, de ahí la frase de Azaña: “España ha dejado de ser católica”. Esta situación provocó la primera crisis de gobierno, con la dimisión de los dos ministros católicos: Maura (Gobernación) y Alcalá Zamora (Presidente del Gobierno). También fue polémica la concesión del voto a la mujer. Victoria Kent se opuso, argumentando que el voto femenino estaría condicionado por la educación religiosa tradicional, dando más fuerza a las derechas. Clara Campoamor defendió apasionadamente el voto femenino, indicando que la mujer tenía los mismos derechos políticos y que su voto era imprescindible para una sociedad moderna. La posibilidad de establecer gobiernos autonómicos también generó controversia, con la derecha centralista en desacuerdo. La Constitución se aprobó con una amplia mayoría, aunque sin consenso. El gobierno de Azaña intentó llevarla a la práctica. Se nombró a Alcalá Zamora como Presidente de la República, cargo que ocupó hasta 1936.

Reformas del Bienio Republicano-Socialista (1931-1933)

Entre 1931 y 1933, con Azaña como presidente y tres ministros socialistas, se intentó modernizar España, igualándola a su entorno. Muchas reformas fueron obstaculizadas por la derecha y la izquierda radical. La cuestión religiosa fue un gran problema, con el intento de secularizar la sociedad. Se proclamó la libertad de cultos, la supresión de la financiación del culto, se permitió el divorcio y el matrimonio civil, se disolvió la Compañía de Jesús y se prohibió la enseñanza religiosa. Los sectores católicos reaccionaron considerando esta legislación como una agresión a la religión católica y a la Iglesia. Sectores radicales respondieron con violencia, quemando edificios religiosos. La Constitución reconocía el derecho a la autonomía política. Cataluña redactó un Estatuto, aprobado por el 99% de los votantes catalanes, que se presentó a las Cortes en agosto de 1931. La derecha se opuso, presentando enmiendas para retrasar su aprobación, que finalmente llegó en 1932, tras el intento de golpe de Estado de Sanjurjo. Se estableció la Generalitat, con gobierno y parlamento propios, y competencias económicas, sociales y la cooficialidad del catalán. Esquerra Republicana de Cataluña venció en las elecciones autonómicas, con Macià como presidente. Se intentaron reformas agraria, educativa y del ejército:

• Reforma Agraria: Dada la importancia del campo, se estableció la expropiación por parte del Estado de todas las fincas de más de 200 hectáreas de secano o 10 de regadío, las fincas que llevasen más de 20 años sin cultivar, las cultivadas deficientemente, las que pudiendo ser regadas no lo fueran, las arrendadas sistemáticamente, etc. La ley tardó mucho en aprobarse (1932) debido a la Sanjurjada. El presupuesto era de 50 millones de pesetas para indemnizaciones. Los resultados fueron limitados, con pocas hectáreas expropiadas y solo 12.000 familias campesinas asentadas. Las causas fueron la falta de presupuesto, la complejidad técnica, las dificultades burocráticas y legales, y la resistencia de los propietarios, que se aliaron con los enemigos del régimen. Los campesinos, decepcionados, se radicalizaron.
• Reforma Educativa: Se impulsó una educación liberal y laica, con el Estado como garante del derecho a la educación. Se aumentó el presupuesto para educación, buscando acabar con la hegemonía religiosa. Se estableció la escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita, y se crearon las misiones pedagógicas.
• Reforma del Ejército: Azaña pretendía un ejército profesional y democrático. Se suprimió el fuero especial militar, se estableció la obediencia a la ley civil, se aprobó la Ley de Retiro de la Oficialidad, se redujeron las unidades, se clausuró la Academia Militar de Zaragoza, se establecieron solo 8 regiones militares, se suprimieron los tribunales militares y se racionalizaron los ascensos. No se lograron todos los objetivos. Se redujo el gasto, pero no se modernizó el ejército. Los africanistas vieron la reforma como una agresión a la tradición militar.

La conflictividad social marcó todo el bienio, no solo por la oposición de la derecha (golpe de Estado de Sanjurjo en 1932), sino también por la actividad de los anarquistas, que fomentaban la insurrección campesina. La Federación Anarquista Ibérica (FAI) se radicalizó, aumentando las huelgas y las ocupaciones de tierras, lo que provocó graves enfrentamientos y deterioró el orden público. Azaña dimitió en 1933.