La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

1. Introducción

La dictadura de Primo de Rivera fue un régimen político autoritario que se inspiró en los modelos intervencionistas que existían en otros países europeos durante el mismo período.

Se implantó a partir del pronunciamiento militar del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. Apenas encontró oposición, dado el deterioro del régimen político de la Restauración y la desconfianza que en él tenía el monarca Alfonso XIII, así como el malestar del ejército y la indecisión del gobierno.

Primo de Rivera hizo públicas sus intenciones en un “Manifiesto” en el que presentaba el régimen como transitorio, afirmando que una vez extirpados los males del sistema, se volvería a la normalidad constitucional. Así, anunció su propósito de resolver los que él consideraba graves problemas de España:

• Destruir el caciquismo.
• Poner fin al desgobierno y a la anarquía social.
• Y a la amenaza del separatismo.

El golpe, que en general fue bien recibido, contó con el apoyo del empresariado, la banca y la iglesia. No se opusieron ni republicanos ni socialistas. Solo anarquistas y comunistas manifestaron una clara oposición.

El rey le encargó la formación de un nuevo gobierno el 15 de septiembre.

2. El Directorio Militar (1923-1925)

Comenzó proclamando el estado de guerra durante dos años, suspendiendo la Constitución de 1876, disolviendo las Cortes, implantando la censura de prensa y prohibiendo las actividades de partidos políticos y sindicatos.

Comunismo, anarquismo y nacionalismos (especialmente el catalán), fueron duramente reprimidos. A destacar, por la brutalidad de su represión y por la puesta en práctica de la “Ley de fugas”, la figura de Martínez Anido, ministro de la Gobernación.

La reforma de la administración era su gran proyecto de regeneración para el país. Se trataría de liquidar la vieja estructura de poder de la restauración (el caciquismo). Para ello, nombra gobernadores militares y delegados del gobierno (también militares), para controlar los ayuntamientos, que fueron disueltos y sustituidos por unas juntas de “vocales asociados” elegidos por los grandes contribuyentes, que tenían mucho que ver con los caciques. Así, el caciquismo, lejos de desaparecer, tomó nueva forma, limitándose a reprimir a los no adictos al régimen.

Acerca del conflicto con Marruecos, Primo, consciente de su impopularidad, intenta resolverlo negociando y concediendo una amplia autonomía a los territorios, lo que no hizo sino envalentonar aún más a los marroquíes e irritar a los militares africanistas.

El avance de Abd-el-Krim sobre el Marruecos francés hizo posible un acuerdo ofensivo francoespañol: el desembarco de Alhucemas fue un éxito rotundo. Abd-el-Krim se entregó a los franceses y un año después el Protectorado quedó sometido.

3. El Directorio Civil (1925-1930)

Resuelto el problema del orden público y pacificado Marruecos, Primo sustituyó el Directorio Militar por uno Civil, en el que se rodeó de políticos conservadores como José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós. Y ello con la clara intención de permanecer en el poder.

En esta segunda fase, el dictador aspiró a constituir un régimen político totalitario como el italiano de Mussolini.

Para consolidar el régimen, se creó en 1924 un partido único: la Unión Patriótica. Carente de una ideología definida, nunca llegó a ser un partido poderoso, sirviendo solo como instrumento de propaganda del régimen. La mayoría de los afiliados eran funcionarios y pequeños y medianos propietarios rurales.

En 1926 anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar una nueva constitución. Compuesta por representantes del estado, del partido y de actividades profesionales, dos de sus tres tercios fueron nombrados por el gobierno, que evidentemente la controlaría. Además, sus funciones serían solo consultivas.

La oposición de los socialistas y la reticencia del rey, que cada vez dudaba más de la eficacia de la “solución Primo”, paralizaron el proyecto y aceleraron la oposición al dictador.

La política económica de la dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años 20. Se caracterizó por el intervencionismo del estado, que tenía como principal objetivo impulsar la industria nacional mediante unos aranceles elevados, mediante la concesión de ayudas a las grandes empresas y mediante el aumento del gasto público. Así, se fomentaron ampliamente las obras públicas, construyendo embalses, carreteras, ferrocarriles y puertos; se crearon las confederaciones hidrográficas para controlar el aprovechamiento del agua de los ríos, tanto para riego como para la obtención de energía eléctrica. Se crearon también los grandes monopolios estatales, como la Compañía Arrendataria de Petróleos S.A. (CAMPSA), o la Compañía Telefónica Nacional de España.

Esta política de gasto público no se acompañó, sin embargo, de una política fiscal adecuada, lo que hizo aumentar peligrosamente nuestro déficit público.

La escasa conflictividad social del período se explica en parte por la represión, pero también por el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas baratas, creación de escuelas, servicios sanitarios, protección a la emigración…); y por el nuevo sistema de relaciones laborales, el llamado sistema corporativo, en el que se integraba en la misma organización al estado y a las organizaciones obreras, eso sí, solo las moderadas.

Así, la Organización Corporativa Nacional, se basaba en unos “comités paritarios” de cada oficio, formados por el mismo número de vocales de obreros y de patronos. Su objetivo era resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación. Su éxito se basó en buena parte en el apoyo que le prestaron los socialistas.

A partir de 1926 comenzaron a crecer las críticas y la oposición a la dictadura. Quizás el conflicto más importante fue el militar, que se produjo cuando Primo de Rivera suprimió los ascensos por antigüedad para primar los obtenidos por méritos de guerra. Se opusieron los oficiales del arma de Artillería, que fue suprimida. Una parte del ejército se separó desde ese momento del dictador y del rey.

Se produjeron intentos de pronunciamientos; entre ellos el más destacable fue “la sanjuanada” (previsto para el día de San Juan de 1926), que pretendió acabar con la dictadura y restablecer el orden constitucional, pero que fracasó.

Otro importante frente opositor lo componían los intelectuales y periodistas (Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez…), quienes, respaldados por estudiantes, fundaron la Federación Universitaria Escolar, especie de sindicato estudiantil que organizó multitud de manifestaciones.

En cuanto a las fuerzas políticas de oposición, hay que decir que los republicanos se agruparon en un par de partidos nacionales y otros nacionalistas, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, nacido en marzo de 1931. Por lo que respecta a los anarquistas, frente a su sector sindicalista, los partidarios de la insurrección revolucionaria fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Primo de Rivera, falto de apoyos, presentó su dimisión al rey el 30 de enero de 1930.

Alfonso XIII encargó formar gobierno al general Dámaso Berenguer, quien restableció las libertades y disolvió la Asamblea Nacional.

Sin embargo, algo había cambiado en la sociedad española: los dirigentes de los partidos dinásticos, desarticulados por la dictadura, habían dejado de creer en el rey, mientras el republicanismo cobraba auge.

En agosto de 1930 los partidos republicanos y los nacionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián, con el objetivo de proclamar la república. Un comité revolucionario prepararía el cambio mediante un levantamiento militar que contaría con apoyo civil; sus miembros formarían parte del gobierno provisional de la república. En octubre se adhirieron los socialistas.

Los intelectuales (Ortega, Marañón y Pérez de Ayala) por su parte, fundaron una Agrupación al Servicio de la República.

Aunque el primer intento de insurrección (en Jaca), fracasó y sus dirigentes (los capitanes Galán y García Hernández) fueron fusilados, el anuncio de republicanos, socialistas y antiguos políticos dinásticos de no participar en las elecciones legislativas que se habían convocado para 1931, provocó la inmediata dimisión de Berenguer.

Lo sustituyó un gobierno presidido por el almirante Aznar, que anunció la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril, a las que seguirían otras generales, de carácter constituyente.

El triunfo de republicanos y socialistas en las grandes ciudades, menos influidas por los caciques, se interpretó como un rechazo a la monarquía, dando pie a la proclamación de la república el 14 de abril de 1931.