Origen y Consolidación del Régimen Franquista (1939-1945)

La dictadura franquista surgió como resultado de la victoria del bando sublevado contra el régimen republicano de 1931, tras una cruenta guerra civil de tres años. Este conflicto bélico marcó profundamente la dinámica del nuevo sistema, caracterizado por una intensa represión durante la posguerra (con aproximadamente 50.000 ejecutados después de 1939 y un estado de guerra que no concluyó formalmente hasta abril de 1948). La influencia de las potencias fascistas, Italia y Alemania, que apoyaron a Franco, fue determinante en la consolidación del régimen.

Francisco Franco se erigió como líder absoluto del Estado, ejerciendo un poder basado en el caudillaje y una lenta institucionalización. En la configuración del régimen, se aprecia el peso de elementos fascistas (Partido único – FET y de las JONS, Sindicatos Verticales, Sección Femenina…), nacionalcatólicos (la Iglesia como referente moral y educativo, y la conceptualización del régimen como una “Cruzada”) y, en menor medida, tradicionalistas. A estos componentes se sumaron sectores conservadores (políticos y económicos) que, tras fascistizarse durante la guerra, se adhirieron al nuevo régimen, opuesto a la democracia liberal y representativa, y firmemente anticomunista.

Adaptación y Supervivencia en el Contexto Internacional (1945-1959)

Tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista se adaptó a las nuevas circunstancias internacionales. Otorgó mayor peso a los sectores católicos y conservadores, distanciándose de sus antiguos aliados del Eje. Sin embargo, nunca buscó la reconciliación con los exiliados españoles ni con los partidos y movimientos políticos de oposición, que fueron constantemente perseguidos.

El régimen se institucionalizó a través de una serie de “Leyes Fundamentales”, siempre promulgadas directamente por Franco:

• Fuero del Trabajo (1938)
• Ley Constitutiva de las Cortes (1942)
• Ley de Referéndum Nacional (1945)
• Fuero de los Españoles (1945)
• Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947)
• Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)
• Ley Orgánica del Estado (1967)

La Ley Orgánica del Estado (1967) representó una importante modernización administrativa y preparó el camino para la sucesión de Franco, designando a Juan Carlos de Borbón como su sucesor.

En política exterior, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el franquismo aspiró a integrarse con las potencias del Eje en un proyecto de dominación europea. No obstante, la debilidad española, consecuencia de los estragos de la guerra civil, llevó al régimen a atravesar diferentes fases: neutralidad inicial, no beligerancia (con el envío de la División Azul) y, finalmente, el retorno a la neutralidad a partir de 1943.

La derrota del Eje en 1945 sumió al régimen en un período de aislamiento internacional. Esta situación se prolongó hasta 1953, año en que se firmaron acuerdos con Estados Unidos y la Santa Sede. Estos pactos permitieron a España integrarse en el bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría. En 1955, España ingresó en la ONU, lo que supuso una relativa normalización política del régimen, aunque permaneció al margen del proceso de construcción europea.

En cuanto a la política colonial, España fue perdiendo gradualmente sus posesiones africanas: Marruecos (1956), Guinea Ecuatorial (1968), Ifni (1969) y, finalmente, el Sáhara Occidental, tras la Marcha Verde y en plena agonía del dictador (1975).

Desarrollismo y Oposición Interna (1959-1975)

Económicamente, los años cuarenta fueron extremadamente difíciles debido al legado de la Guerra Civil y a una política autárquica que lastró la producción industrial, extendiendo la miseria, las enfermedades y el racionamiento. Esta política, parcialmente relajada en los años cincuenta, solo cambió radicalmente con el Plan de Estabilización de 1959, que sentó las bases del desarrollismo de la década de 1960. Durante este período, España experimentó un crecimiento económico excepcional y vio surgir una amplia clase media. Este progreso fue posible gracias a la inversión extranjera y al fenómeno migratorio, tanto interno como externo, que impulsó un notable proceso de urbanización e industrialización.

El personal político de la dictadura fue diverso, pero siempre giró en torno a la figura central de Franco. Destacan en los primeros años Ramón Serrano Súñer (ministro de Gobernación y de Asuntos Exteriores hasta 1942) y Luis Carrero Blanco, fiel colaborador de Franco y presidente del gobierno, asesinado por ETA en 1973. Aunque el único partido legal era FET y de las JONS, en los gobiernos siempre estuvieron presentes, con mayor o menor relevancia según la época, falangistas, sectores católicos (especialmente del Opus Dei), militares e incluso carlistas.

La oposición al franquismo, siempre presente, se articuló inicialmente en el exilio, a través de los partidos y grupos republicanos derrotados. Existió un gobierno republicano en el exilio en México, pero los partidos de oposición nunca lograron amenazar seriamente la continuidad del régimen. Más relevante fue la oposición interna, que comenzó con la lucha armada de los “huidos” en los primeros años y continuó con el Maquis, una guerrilla activa en zonas rurales montañosas entre 1944 y 1952. El Partido Comunista de España (PCE) fue la principal fuerza en la clandestinidad contra la dictadura, aunque también hubo sectores monárquicos en torno a Juan de Borbón. El “Contubernio de Múnich” en 1962 fue el acto político más importante de la oposición moderada, tanto interna como externa, en los años sesenta.

A partir de 1956, cobró fuerza la movilización estudiantil universitaria, que, junto con sectores obreros juveniles, protagonizó los primeros desafíos al régimen. A ellos se unió, en los años setenta, la movilización vecinal, motivada por la falta de equipamientos en los barrios. Desde finales de los sesenta, las manifestaciones culturales (como los cantautores) y la actitud crítica de la Iglesia de base (a través de los curas obreros) contribuyeron a socavar aún más la posición de la dictadura.

Crisis y Fin del Régimen

La presión de estos sectores, en un contexto de modernización económica y social que demandaba cambios políticos, provocó continuos estados de excepción y represión. La crisis de la dictadura se agravó en sus últimos años debido al terrorismo de ETA y del FRAP.

En los momentos finales del régimen, y ante estas circunstancias, la propia clase política se dividió entre los inmovilistas, partidarios del continuismo, y los aperturistas, que consideraban inevitable una limitada liberalización política. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se inició un proceso de democratización que supuso la superación de las consecuencias de la Guerra Civil y el retorno de los exiliados.