La Guerra de Sucesión Española (1701-1714)

La Guerra de Sucesión Española se desencadenó en 1701 por el desacuerdo de Austria con el testamento de Carlos II de España. Carlos II, fallecido sin heredero directo, nombró como sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de su propia hermanastra, María Teresa de Austria. El emperador de Austria había iniciado hostilidades en Italia contra esa decisión y a favor de los derechos de uno de sus hijos, el archiduque Carlos de Austria. Este era el otro candidato con más derechos al trono español al ser nieto de Mariana de Austria, hija de Felipe III.

Las hostilidades iniciales se convirtieron en una guerra abierta cuando Inglaterra y Holanda decidieron apoyar a Austria, temerosas de la formación de un poderoso bloque franco-español. Este temor estaba justificado porque Luis XIV obraba como si fuera el rey efectivo de España y, además, había reconocido los derechos sucesorios de Felipe V al trono francés, lo que podría conducir en un futuro a la unión de Francia y España bajo una misma Corona, cuya hegemonía sería indiscutible.

Las causas señaladas explicarían la Guerra de Sucesión Española como guerra europea, pero también fue una guerra civil española. La mayor parte de la Corona de Aragón apoyó al archiduque Carlos de Austria frente a Felipe V, quien tuvo el apoyo, en líneas generales, de la Corona de Castilla. La mayor parte de los aragoneses consideraban que si Felipe reinaba impondría una política centralista que resultaría en la pérdida de sus fueros, lo que no sucedería con la monarquía pactista de los Habsburgo representada por Carlos.

En definitiva, los dos bandos enfrentados en la guerra quedaron configurados de la siguiente manera:

• El bando borbónico: Felipe V apoyado por Francia y la Corona de Castilla.
• La Gran Alianza antiborbónica: Compuesta por Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal y el ducado de Saboya, que apoyaban los derechos del archiduque Carlos de Austria, quien dentro de España también contaba con el apoyo de la mayor parte de la Corona de Aragón.

Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716)

Se denomina Decretos de Nueva Planta a una serie de normas promulgadas por Felipe V entre 1707 y 1716 que, en represalia al apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, suprimen los fueros e instituciones particulares de Valencia y Aragón (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716), es decir, de los territorios de la Corona de Aragón.

Esto significaba que en esos territorios regirían las mismas leyes e instituciones que en el resto de España, siguiendo el modelo castellano. Los Decretos, en concreto, disponían:

• La sustitución de la figura del virrey por un capitán general al frente de una Audiencia en cada territorio.
• La supresión de las Cortes particulares de Aragón, Valencia y Cataluña, existiendo, a partir de entonces, sólo unas Cortes Generales del Reino (de España) en las que también estuvieron representados aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines.
• La supresión de las instituciones forales como las Diputaciones.
• La desaparición del Consejo de Aragón.
• La posibilidad de que los castellanos pudiesen ocupar cargos en aquellos territorios, y viceversa.
• El uso de una sola lengua administrativa: el castellano.

En definitiva, los Decretos tuvieron como consecuencia la unificación jurídica e institucional de España según el modelo castellano, configurándose, en gran medida, una monarquía unitaria y centralizada (todo el territorio de la monarquía se regiría por las mismas leyes e instituciones según el modelo castellano y el rey no vería sus atribuciones limitadas por los derechos particulares -forales- de algunos territorios), aunque se mantuvieron los fueros e instituciones vascos y navarros, por la fidelidad de estos territorios al bando borbónico durante la Guerra de Sucesión.

La Ilustración y el Despotismo Ilustrado en España

La Ilustración fue una nueva corriente de pensamiento caracterizada por la utilización de la razón para la comprensión de la realidad. Careció de una teoría sistemática y sus ideas procedían de diversos autores: Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Tuvo unas características doctrinales comunes:

• Predominio de la razón.
• Autonomía del poder político.
• Tolerancia religiosa.
• Interés por las actividades productivas.
• Valoración de la educación para el logro de la felicidad.

El despotismo ilustrado intentó conciliar el absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la Ilustración. Fue la teoría política dominante en Europa durante el siglo XVIII y se basaba en tres principios:

1. Reafirmación del poder absoluto de la Monarquía.
2. El ideal del “rey filósofo”: el monarca, asistido por las minorías ilustradas, estaba en condiciones de impulsar reformas racionales necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la felicidad al pueblo.
3. El pueblo como objeto, nunca como sujeto de su propia historia, según la archiconocida expresión: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.

En España, el despotismo ilustrado coincide con los reinados de Fernando VI y, sobre todo, de Carlos III, con ministros ilustrados como Floridablanca, Campomanes, Ensenada o el propio Jovellanos, que plantearon reformas en el sistema del Antiguo Régimen para lograr su supervivencia. Tales reformas afectaron especialmente a cuestiones secundarias, porque las principales —modificar la estructura de la propiedad de la tierra y los privilegios de nobleza y clero para conseguir un crecimiento económico— no pudieron ser acometidas por la negativa de los sectores más privilegiados a prescindir de algunos de ellos.

El Fomento de la Industria Nacional

La preocupación por el fomento de la industria nacional fue una constante entre los gobernantes del siglo. Destaca el ministro Campomanes con sus dos obras capitales: Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774) y Discursos sobre la educación popular de los artesanos (1775). Desde una óptica esencialmente mercantilista, se pensaba que para mantener una balanza comercial favorable era preciso crear una industria nacional potente, capaz de competir con los productos extranjeros y de asegurar el abastecimiento a todos los dominios españoles, peninsulares y coloniales. En tal sentido, destaca la creación de las “Manufacturas Reales”. Se trataba de una iniciativa destinada a crear una estructura industrial en un país eminentemente rural. Esta nueva industria se apoyaba en una financiación pública y en la producción de artículos de lujo para que las clases ricas españolas no acudieran a Francia a comprar tales productos. Así se crearán talleres de tapices, porcelanas… La experiencia no logró crear un tejido industrial privado vinculado a estas industrias artesanales y habrá que esperar un siglo para el desarrollo de la industrialización en España.

Cambios en la Política Americana

Es, sobre todo, a partir de mediados del siglo cuando se modifica la política hacia América, decidiendo incrementar la explotación colonial para aumentar su rentabilidad. La economía colonial, basada hasta ese momento en la producción agraria, se dinamiza con una fuerte actividad comercial, tras adoptar como medidas la creación de las Compañías de Comercio y con la recuperación de la minería. Asimismo, se liberaliza algo el tráfico comercial con América a partir del puerto de Cádiz (sustituto de Sevilla) y, posteriormente, la ampliación del permiso para comerciar con América a otros puertos litorales españoles.