El Reinado de Isabel II (1833-1868): Conflicto Dinástico y Construcción del Estado Liberal

La Cuestión Sucesoria y la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El pleito dinástico que marcó el inicio del reinado fue a la vez una disputa sucesoria y un conflicto ideológico en el que tradicionalistas (absolutistas) combatieron contra los isabelinos, apoyados estos últimos por los liberales, dando lugar a dos bandos:

Los Bandos Enfrentados

Bando Carlista

• Partidarios del infante Don Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII), conocido como “el Pretendiente”, que reivindicaba sus derechos dinásticos frente a su sobrina Isabel. Argumentaban la vigencia de la Ley Sálica (que impedía reinar a las mujeres), a pesar de que Fernando VII la había derogado mediante la Pragmática Sanción (aprobada por las Cortes en 1789 pero no publicada hasta 1830). Don Carlos alegaba que su nacimiento era anterior a dicha derogación efectiva.
• Ideología: Defendían el absolutismo monárquico (realismo exaltado), el origen divino del poder real, la continuidad del Antiguo Régimen, el integrismo religioso y la preservación de los fueros (régimen jurídico y administrativo particular, especialmente en Navarra y las Provincias Vascongadas, que incluía exenciones fiscales y del servicio militar obligatorio o quintas). Esta defensa foral atrajo a muchos navarros y vascos a la causa carlista.
• Privilegios forales vasco-navarros defendidos:
  • Instituciones de autogobierno y administración de justicia propias.
  • Exenciones fiscales.
  • Exención del servicio militar obligatorio (quintas), aunque existía la obligación de defender el propio territorio.
• Lema: “Dios, Patria y Fueros”.
• Apoyos sociales: Principalmente en el mundo rural: gran parte del campesinado (afectado por las reformas liberales y la presión fiscal), la nobleza rural, el clero regular (perjudicado por las desamortizaciones) y una parte del clero secular, así como algunos mandos intermedios del ejército.
• Apoyos internacionales: Potencias absolutistas (Rusia, Prusia y Austria), que enviaron dinero y armas.

Bando Isabelino o Cristino

• Agrupaba a los partidarios de Isabel II y de su madre, la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.
• Ideología: Aunque internamente diverso, este bando apoyó la transición hacia un régimen liberal.
• Apoyos sociales: La defensa de la legalidad dinástica aglutinó a gran parte de la administración, la jerarquía eclesiástica, la alta nobleza, la mayoría de los mandos del ejército, la burguesía urbana (financieros, comerciantes, profesionales liberales) y amplios sectores populares urbanos.
• Apoyos internacionales: Potencias liberales (Reino Unido, Francia y Portugal), interesadas en la consolidación de un régimen liberal moderado en España.

Desarrollo y Fases de la Guerra

Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su hermano Carlos María Isidro se autoproclamó rey desde Portugal mediante el Manifiesto de Abrantes (1 de octubre de 1833), dando inicio a la Primera Guerra Carlista (1833-1840). El conflicto se concentró principalmente en el País Vasco y Navarra y en la zona del Maestrazgo (entre Aragón, Cataluña y Valencia), aunque hubo partidas carlistas en otras regiones.

Las fases principales fueron:

1. Iniciativa carlista (1833-1835): Fuerte implantación en el País Vasco y Navarra bajo el mando del general Tomás de Zumalacárregui. Surgieron otros focos en Aragón, Cataluña, Valencia y Castilla. Los liberales resistieron en las ciudades. Zumalacárregui murió durante el primer sitio de Bilbao (1835).
2. Extensión del conflicto (1835-1837): Los carlistas lanzaron expediciones fuera de sus bastiones (como la Expedición Real de 1837 que llegó a las puertas de Madrid), pero evidenciaron su incapacidad para ocupar grandes ciudades o sumar apoyos decisivos. Fracasaron en la toma de Madrid y en un nuevo sitio de Bilbao (defendido por el general liberal Baldomero Espartero).
3. Victoria liberal (1837-1840): El bando carlista se dividió entre los intransigentes (partidarios de continuar la lucha) y los transaccionistas (favorables a un acuerdo). El general carlista Rafael Maroto lideró a estos últimos y firmó con Espartero el Convenio o Abrazo de Vergara (agosto de 1839). Este acuerdo preveía la integración de los oficiales carlistas en el ejército real y el compromiso de Espartero de recomendar a las Cortes el mantenimiento o modificación de los fueros vasco-navarros.

La resistencia carlista continuó únicamente en el Maestrazgo bajo el mando del general Ramón Cabrera, hasta la caída de Morella en mayo de 1840.

Consecuencias de la Guerra

El fin de la guerra consolidó el trono de Isabel II y el triunfo del liberalismo. Aunque el Convenio de Vergara prometía respetar los fueros, estos sufrieron modificaciones y restricciones posteriores (Ley Paccionada de Navarra de 1841).

Aunque derrotado militarmente en 1840, el carlismo pervivió como fuerza política y volvería a levantarse en armas en la Segunda Guerra Carlista (1846-1849, también conocida como Guerra dels Matiners, principalmente en Cataluña) y la Tercera Guerra Carlista (1872-1876, durante el Sexenio Democrático).

Las principales consecuencias de la Primera Guerra Carlista fueron:

• Profunda inestabilidad política y lastre para la consolidación del Estado liberal.
• Auge del militarismo y protagonismo del ejército en la vida política (pronunciamientos).
• Debilitamiento de la identificación de vascos y navarros con el Estado liberal centralizado, lo que contribuyó al posterior surgimiento del nacionalismo vasco.
• Enorme coste económico y agravamiento del déficit de la Hacienda Pública.

Las Regencias (1833-1843)

Durante la minoría de edad de Isabel II, el poder fue ejercido por regentes.

Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1833-1840)

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, sin convicciones liberales, necesitó el apoyo de estos para defender los derechos al trono de su hija Isabel II frente a los carlistas. Durante su regencia, se afrontó simultáneamente la guerra civil, el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen y la construcción de un Estado liberal.

El Estatuto Real de 1834

Inicialmente, la regente mantuvo a Francisco Cea Bermúdez (absolutista moderado) al frente del gobierno. Sin embargo, la presión liberal y las necesidades de la guerra forzaron su sustitución por el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa. Este impulsó el Estatuto Real de 1834, una Carta Otorgada que establecía unas Cortes bicamerales consultivas y sin iniciativa legislativa. No reconocía la soberanía nacional ni los derechos individuales, representando una transición muy limitada desde el absolutismo.

El Estatuto Real profundizó la división del liberalismo español entre:

• Moderados: Partidarios de reformas limitadas, soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, sufragio muy censitario y un poder ejecutivo fuerte. Se sentían cómodos con el Estatuto.
• Progresistas: Defensores de la soberanía nacional, Cortes con plenos poderes, sufragio censitario más amplio, limitación del poder real y restauración de la Milicia Nacional. Reclamaban la vuelta a la Constitución de 1812 o una nueva constitución basada en sus principios.

La Constitución de 1837

El descontento progresista y la presión popular (revueltas urbanas en 1835) llevaron a la regente a nombrar jefe de gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Este impulsó medidas clave como la desamortización de bienes eclesiásticos (1836) para financiar la guerra y sanear la Hacienda. Destituido Mendizábal por la regente y sustituido por el moderado Francisco Javier de Istúriz, se produjo el Motín de los Sargentos de La Granja (agosto de 1836), que obligó a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista.

El nuevo gobierno progresista, presidido por José María Calatrava (con Mendizábal en Hacienda), convocó Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución de 1837. Este texto buscaba el consenso entre moderados y progresistas, adoptando principios progresistas (soberanía nacional, derechos individuales, división de poderes, Milicia Nacional) pero con concesiones a los moderados (Cortes bicamerales -Congreso y Senado-, poder de veto y disolución de las Cortes para la Corona).

Entre 1837 y 1840 se alternaron gobiernos moderados y progresistas en un clima de inestabilidad. La crisis definitiva estalló en 1840 a raíz de la aprobación de una Ley de Ayuntamientos de corte moderado, que otorgaba a la Corona la designación de los alcaldes en las capitales de provincia. Los progresistas, liderados por el general Espartero (héroe de la guerra carlista), se opusieron frontalmente. La presión popular y militar forzó la renuncia de María Cristina a la regencia y su exilio a Francia.

Regencia de Espartero (1840-1843)

El general Baldomero Espartero, enormemente popular tras la victoria en la guerra carlista, asumió la regencia. Su mandato (1840-1843) representó el auge del progresismo, pero también consolidó el intervencionismo militar en la política.

Espartero gobernó de forma autoritaria, rodeado de su camarilla militar (los “ayacuchos”), lo que le granjeó la oposición no solo de los moderados (apoyados por María Cristina desde el exilio), sino también de parte de los propios progresistas. Su política librecambista, plasmada en un acuerdo comercial con el Reino Unido, perjudicaba a la incipiente industria textil catalana, provocando una sublevación en Barcelona en 1842 que fue duramente reprimida con el bombardeo de la ciudad. El autoritarismo, el nepotismo y la represión minaron su popularidad.

En 1843, una coalición de moderados y progresistas descontentos, liderada militarmente por el general moderado Ramón María Narváez, protagonizó un pronunciamiento que obligó a Espartero a exiliarse.

Ante el vacío de poder, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, quien fue proclamada reina con tan solo trece años.

El Reinado Efectivo (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Tras la caída de Espartero, el Partido Moderado, liderado por el general Narváez, se hizo con el poder e inició un largo periodo de gobierno conocido como la Década Moderada (1844-1854). Durante esta etapa se consolidó un modelo de liberalismo doctrinario, caracterizado por el fortalecimiento del poder real, el centralismo administrativo, el sufragio muy restringido y el orden público como prioridad. Las principales realizaciones fueron:

La Constitución de 1845

De carácter moderado, establecía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, reforzaba los poderes de la Corona (nombramiento de ministros, disolución de Cortes, veto legislativo), establecía un sufragio muy censitario, suprimía la Milicia Nacional y declaraba la confesionalidad católica del Estado.

Reformas y Centralización

• Consolidación de la división provincial de Javier de Burgos (1833) y fortalecimiento de las figuras del Gobernador Civil y las Diputaciones Provinciales.
• Implantación de un modelo de administración centralizada.
• Creación de la Guardia Civil (1844) por el Duque de Ahumada, cuerpo militar encargado del mantenimiento del orden público, especialmente en el medio rural, y la protección de la propiedad.
• Reforma fiscal de Alejandro Mon y Ramón de Santillán (1845), que racionalizó y centralizó los impuestos (creando contribuciones directas e indirectas, como el impopular impuesto de consumos).
• Aprobación del Código Penal (1848) y proyecto de Código Civil.
• Reforma educativa (Plan Pidal).

El Concordato de 1851

Reestableció las relaciones con el Vaticano. La Iglesia aceptaba la desamortización ya realizada, pero el Estado se comprometía a la sostenibilidad económica del culto y el clero, reconocía la confesionalidad católica y otorgaba a la Iglesia amplias competencias en educación y censura.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La Revolución de 1854

El desgaste de los gobiernos moderados, acusado de corrupción y autoritarismo, culminó en la Revolución de 1854. Se inició con un pronunciamiento militar moderado “puritano” liderado por el general Leopoldo O’Donnell en Vicálvaro (“la Vicalvarada”).

Ante el escaso éxito inicial del pronunciamiento, los conspiradores buscaron el apoyo popular publicando el Manifiesto de Manzanares (redactado por Antonio Cánovas del Castillo), que incluía reivindicaciones progresistas (reforma electoral, libertad de imprenta, descentralización administrativa, restauración de la Milicia Nacional). Esto desencadenó una insurrección popular en las principales ciudades. Isabel II, para salvar el trono, llamó al general Espartero para formar gobierno, en coalición con O’Donnell, dando inicio al Bienio Progresista (1854-1856).

Principales Medidas

1. Elaboración de una nueva Constitución en 1856, de carácter progresista (soberanía nacional, libertades ampliadas, tolerancia religiosa), que no llegó a entrar en vigor (fue “non nata“).
2. Importante legislación económica destinada a impulsar la modernización del país:
   • Desamortización General de Madoz (1855): Afectó a bienes de la Iglesia, pero sobre todo a los bienes de propios y comunes de los ayuntamientos.
   • Ley General de Ferrocarriles (1855): Facilitó la inversión extranjera y la construcción de la red ferroviaria.
   • Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856): Impulsó el sistema financiero.
3. Creación de la Unión Liberal (1854), partido político liderado por O’Donnell que buscaba aglutinar a los sectores más centristas de moderados y progresistas.
4. Aumento de la conflictividad social: motines de subsistencia en el campo y primeras huelgas obreras importantes (como la huelga general de 1855 en Cataluña). La dura represión de estos movimientos y las disensiones internas entre Espartero y O’Donnell debilitaron al gobierno.
5. Una grave epidemia de cólera en 1855 agravó la situación social y económica.

Gobiernos Unionistas y Crisis Final del Reinado (1856-1868)

El “Gobierno Largo” de O’Donnell (1858-1863)

En julio de 1856, O’Donnell dio un golpe de fuerza que desplazó a Espartero y puso fin al Bienio Progresista. Tras un breve gobierno de Narváez, O’Donnell volvió al poder al frente de la Unión Liberal, inaugurando el llamado “Gobierno Largo” (1858-1863). Este periodo se caracterizó por una relativa estabilidad política y un cierto crecimiento económico.

Se continuó con la expansión del ferrocarril, las obras públicas y las inversiones. Sin embargo, también fue una época de corrupción y favoritismo. Para desviar la atención de los problemas internos y fomentar un espíritu nacionalista, se desarrolló una activa y costosa política exterior de prestigio: expediciones a Indochina (1858-1863), Marruecos (1859-1860) y México (1861-1862).

Inestabilidad y Descomposición del Régimen (1863-1868)

El desgaste del gobierno, las divisiones internas en la Unión Liberal y la falta de un proyecto político claro llevaron a la caída de O’Donnell en 1863. Se inició entonces una etapa de gran inestabilidad política (1863-1868), con una rápida sucesión de gobiernos moderados (liderados de nuevo por Narváez) y unionistas, cada vez más autoritarios y represivos. Los progresistas, liderados por el general Juan Prim, y los demócratas (partidarios del sufragio universal) fueron sistemáticamente excluidos del poder y optaron por la vía conspirativa.

El Pacto de Ostende y la Crisis Final

La crisis se agudizó con hechos como la Noche de San Daniel (1865), una protesta estudiantil duramente reprimida, y la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866), también aplastada sangrientamente. La represión (fusilamientos, cierre de Cortes, censura) alienó a amplios sectores del ejército y la política. La muerte de O’Donnell (1867) y Narváez (1868) dejó al régimen sin sus principales sostenes. En 1866, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende (al que se sumaría la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell), comprometiéndose a derrocar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. La crisis económica de 1866-1868 (financiera, industrial y de subsistencias) agravó el descontento general, preparando el terreno para la revolución que pondría fin al reinado.