El sistema de la Restauración se basó en unos instrumentos para su puesta en práctica, los partidos políticos, y en una estrategia cuyas bases eran el turno pacífico en el poder y el falseamiento del proceso electoral.

El Sistema de Partidos

Aunque Cánovas no previó el número de partidos y solo hablaba de «grandes partidos políticos», acabó imponiéndose un sistema bipartidista, similar al británico, dominado por los partidos Conservador y Liberal.

Los dos grandes partidos tenían una considerable indefinición ideológica. En términos generales, el partido de Cánovas era más conservador, cercano a las posiciones de los antiguos moderados o de la Unión Liberal, mientras que el de Sagasta estaba más cercano al progresismo, aunque compartían muchos puntos. Esta indefinición explica que políticos tan destacados como Martínez Campos, Jovellar o Romero Robledo militasen tanto en uno como en otro partido.

Al margen de los dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, otros partidos políticos completaban el panorama, pero estaban excluidos en la práctica de todo contacto con el poder.

• Los republicanos radicales de Muñoz Zorrilla, los unitarios de Emilio Castelar y los federales de Pi i Margall muestran la fragmentación del republicanismo después de 1876.
• A la derecha se situaba el carlismo, también dividido tras la derrota de 1876.
• Completamente al margen del sistema estaban los movimientos de base obrerista, tanto socialista como anarquista. Solamente al final de la Restauración los partidos obreristas comenzaron a tener cierto peso electoral y alguna representación parlamentaria.
• En esta etapa fueron surgiendo movimientos nacionalistas, que también quedaron al margen del sistema de la Restauración.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta la idea de «partido» que se tenía entonces, pues el derecho de asociación no se reguló hasta 1887 y, en la práctica, los partidos eran más una reunión de amigos, que desde la corte lanzaban sus proclamas a la espera de hallar eco en provincias y en los distritos electorales. Para ello, las redes clientelares y el patronazgo eran elementos básicos.

El Turnismo

El turnismo o turno pacífico fue otro de los elementos fundamentales del sistema de la Restauración. Su origen estuvo en la exigencia de Sagasta de que el rey llamase a gobernar en el año 1881 a su partido como alternancia al de Cánovas.

La cesión del rey a esta petición instauró el precedente del relevo pacífico en el poder y alejó el riesgo de pronunciamientos y motines. Se rompía así con lo que había sido la práctica del reinado de Isabel II, que se fundamentó en el monopolio del gobierno por los moderados, por lo que los progresistas solo tenían la vía del levantamiento para alcanzar el poder.

Lo normal en este relevo era que antes existiese un cierto desgaste del gobierno y que la oposición presionase para que se produjera el cambio. Pero en la práctica esto no era lo esencial: se instauró un acuerdo tácito de que los dos partidos que apoyaban la monarquía de Alfonso XII se turnarían en el poder, mediante la manipulación del proceso electoral, un verdadero fraude que permite hablar de democracia puramente formal o «sistema liberal sin democracia».

El sistema del turno seguía estos pasos:

• El rey llamaba a gobernar a uno de los dos grandes partidos del sistema: si gobernaba el Liberal, llamaba al Conservador y viceversa. Es decir, el primer paso era contar con el apoyo de la corona.
• Como el régimen de la Restauración era un sistema parlamentario, se hacía preciso que el nuevo gobierno contara con el respaldo de las Cortes. Para ello, el rey disolvía las Cortes y se convocaban nuevas elecciones, que se manipulaban para que obtuviera mayoría el partido que debía formar gobierno.

La consolidación del turnismo tuvo lugar en la etapa de la regencia de María Cristina (1885-1902), especialmente tras el gobierno largo liberal (1885-1890) y el llamado Pacto de El Pardo, que estableció el acuerdo entre Cánovas, Sagasta y la regente de turnarse en el poder con el fin de asegurar la propia monarquía ante la doble amenaza carlista y republicana.

La secuencia de ocupación del poder entre el Partido Conservador y el Liberal muestra a la perfección cuál fue el modo en que esta práctica se llevó a cabo.

El Fraude Electoral

En definitiva, la clave del sistema de la Restauración era la inexistencia de un electorado independiente, ya que la injerencia del gobierno de turno en los resultados electorales lo hacía imposible. Un dirigente del Partido Liberal, Alonso Martínez, decía: «Aquí el gobierno ha sido el gran corruptor. El cuerpo electoral, en gran parte, no es sino una masa que se mueve al empuje y a gusto de la voluntad de los gobiernos».

La ley electoral de 1878 eliminó el sufragio universal masculino, reconocido en 1868. Se justificaba la reforma conservadora por la necesidad de «educar» al electorado y de introducir cambios que limitaran la injerencia gubernamental. Pero en la práctica, su aplicación resultó poco eficaz. La ley daba mucho poder a los ayuntamientos, que debían elaborar el censo electoral, y a los alcaldes, que revisaban el proceso electoral.

El proceso por el que se fabricaban los resultados electorales era el siguiente: aprovechando la estructura centralizada del Estado, el ministerio de la Gobernación elaboraba el encasillado (con el nombre del futuro parlamentario en cada «casilla» del mapa electoral) y luego se negociaba en las provincias los candidatos por distrito. Después, los gobernadores civiles se encargaban de controlar a los electores, de forma que votaran al candidato designado previamente. Para ello daban instrucciones a los alcaldes, nombrados por dichos gobernadores, y contaban con la ayuda de los caciques locales.

Si este proceso resultaba insuficiente para asegurar la elección del candidato designado, eran frecuentes las alteraciones de las actas o el voto de personas inexistentes en el censo. La manipulación directa de los resultados electorales recibía el nombre de pucherazo. En última instancia, el propio gobierno disponía en el Congreso de mayoría en las comisiones que daban por buenas las actas electorales, pudiendo anular a capricho aquellas que le fueran desfavorables. El proceso electoral estaba, pues, en manos del gobierno y de sus hombres de paja, no de los electores.

La ley electoral de 1890 introdujo el sufragio universal masculino, con la oposición de los conservadores, porque pensaban que sería origen de una revolución o que favorecería la corrupción. Pero, aunque en teoría introducía la democracia, en la práctica nada cambió. El derecho al voto se reducía a los hombres mayores de 25 años, lo que suponía elevar el censo electoral a unos 5 millones de electores.

España se situó con esta medida en la avanzada de los países que habían introducido el sufragio universal masculino: solo Francia, Suiza y Grecia reconocían ese derecho, aunque el divorcio entre ley y realidad política era evidente. El turnismo y el fraude electoral se mantuvieron sin variaciones hasta la segunda década del siglo XX.