La España en la Crisis del Antiguo Régimen

Durante el siglo XVIII, España experimentó cierto crecimiento demográfico y económico, que se tradujo en una mejora de la producción agrícola y de las condiciones de vida generales. Sin embargo, persistían profundas contradicciones estructurales:

• Las relaciones feudales (señoríos) aún vigentes en gran parte del campo impedían el pleno desarrollo económico y el progreso social.
• La mayoría de los campesinos no poseían tierras y vivían en condiciones precarias. La industria era débil y escasamente desarrollada, lo que limitaba también el crecimiento del comercio interior.
• La propiedad de la tierra estaba concentrada en manos de la nobleza y el clero (tierras amortizadas o en manos muertas), lo que impedía su libre circulación en el mercado.
• El campesino, a menudo arrendatario o jornalero, debía entregar parte de su cosecha al señor, pagar numerosos impuestos a la Corona y el diezmo a la Iglesia. Esto apenas dejaba excedentes para invertir o comerciar.
• La nobleza, heterogénea, incluía desde la alta aristocracia (Grandes de España), que poseía extensos dominios señoriales y ocupaba altos cargos políticos y militares, hasta la baja nobleza empobrecida. Mantenía importantes privilegios fiscales y jurídicos.
• La Iglesia era una institución inmensamente rica e influyente. Poseía vastas extensiones de tierra, controlaba la educación y ejercía una gran influencia ideológica sobre la población.
• La burguesía era una minoría urbana, dedicada principalmente al comercio (especialmente con América), las finanzas y las profesiones liberales. Era el grupo social más dinámico y partidario de reformas que limitaran el poder de los estamentos privilegiados y del Estado absolutista.
• El Estado absolutista sufría un déficit crónico, agravado por las continuas guerras, lo que generaba una creciente deuda pública y la necesidad de reformas fiscales que chocaban con los privilegios estamentales.
• En este contexto, se abrieron paso ideas reformistas, como la Desamortización, que proponía la expropiación por parte del Estado y la venta de las tierras pertenecientes al clero (manos muertas) y a los mayorazgos nobiliarios para sanear la Hacienda y fomentar la producción.
• El reformismo borbónico del siglo XVIII, influido por la Ilustración, intentó modernizar el país, pero sin alterar las bases fundamentales del Antiguo Régimen.

A finales del siglo XVIII, la conciencia de la profunda crisis del Antiguo Régimen era evidente. Los monarcas Borbones, especialmente Carlos IV, no supieron o no pudieron implementar las reformas necesarias, y su política exterior, intentando mantener el estatus de gran potencia, contribuyó a agravar la crisis económica y a precipitar el colapso del sistema.

Repercusiones de la Revolución Francesa y la Crisis de la Monarquía

En 1788 ascendió al trono Carlos IV, cuyo reinado tuvo que afrontar la profunda conmoción que supuso el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Inicialmente, Carlos IV y su ministro, el Conde de Floridablanca, intentaron evitar la propagación de las ideas revolucionarias mediante un férreo control en las aduanas (cordón sanitario) y una estricta censura sobre publicaciones y periódicos.

En 1792, Manuel Godoy fue nombrado Secretario de Estado, convirtiéndose en el valido del rey. Godoy, aunque representante del despotismo ilustrado y partidario de ciertas reformas educativas y económicas, se vio superado por la complejidad de la situación internacional.

La ejecución del rey francés Luis XVI en 1793 provocó la ruptura de la tradicional alianza con Francia y la incorporación de España a la coalición internacional que declaró la guerra a la Francia revolucionaria (Guerra de la Convención, 1793-1795).

La guerra resultó desfavorable para España y culminó con la firma de la Paz de Basilea (1795), por la que España cedía Santo Domingo a Francia y volvía a la alianza franco-española contra Gran Bretaña.

Esta alianza se selló en el primer Tratado de San Ildefonso (1796), que subordinó la política exterior española a los intereses franceses y tuvo consecuencias desastrosas, como la derrota naval de Trafalgar (1805) frente al almirante Nelson, que supuso la destrucción de gran parte de la flota española.

Las derrotas militares y la creciente dependencia de Francia generaron un fuerte descontento contra Godoy. Aunque Carlos IV lo apartó brevemente del poder, volvió en 1801, dirigiendo la breve campaña militar contra Portugal conocida como la «Guerra de las Naranjas».

La derrota de Trafalgar en 1805 aceleró la crisis económica y financiera de la monarquía. A pesar del creciente malestar, Godoy siguió secundando los planes de Napoleón Bonaparte y firmó el Tratado de Fontainebleau (1807), que autorizaba la entrada y el paso de tropas francesas por España con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Sin embargo, las intenciones de Napoleón incluían la ocupación de la propia España.

La presencia de las tropas francesas y el traslado de la familia real provocaron el estallido del Motín de Aranjuez (marzo de 1808), un levantamiento popular instigado por sectores de la nobleza y el clero contrarios a Godoy. El motín culminó con la caída del valido y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo, Fernando VII.

Napoleón aprovechó hábilmente la crisis dinástica española y convocó a Carlos IV y Fernando VII a Bayona (Francia). Allí, mediante presiones y amenazas, consiguió que ambos renunciaran a sus derechos al trono (Abdicaciones de Bayona), cediéndoselos a él, quien a su vez nombró rey de España a su hermano, José I Bonaparte.

El descontento popular por la presencia francesa y el secuestro de la familia real estalló el 2 de mayo de 1808 en Madrid con un levantamiento popular duramente reprimido por las tropas francesas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

La Guerra de la Independencia y el Inicio de la Revolución Liberal

El exilio de los Borbones, la imposición de un rey extranjero y la invasión francesa provocaron un vacío de poder y la quiebra definitiva del Antiguo Régimen. Ante la pasividad o colaboracionismo de las viejas instituciones, el pueblo español asumió la soberanía.

Para organizar la resistencia contra el invasor, se constituyeron espontáneamente Juntas Locales y Provinciales de defensa, que asumieron el poder en nombre de Fernando VII. En septiembre de 1808, estas juntas coordinaron su acción mediante la creación de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que se estableció primero en Aranjuez, luego en Sevilla y finalmente en Cádiz.

La difícil situación bélica impulsó a la Junta Central a adoptar medidas de carácter revolucionario, entre ellas, la convocatoria de Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz, ciudad libre del dominio francés y protegida por la flota británica.

En 1810, la Junta Central, desacreditada por las derrotas militares, cedió el poder a una Regencia de cinco miembros, que continuó con la convocatoria de Cortes.

Mientras tanto, el nuevo monarca, José I, intentó legitimar su reinado y atraerse el apoyo de los sectores ilustrados promulgando el Estatuto de Bayona (1808), una carta otorgada que, aunque mantenía un fuerte poder real, reconocía ciertos derechos individuales y libertades económicas, superando el marco del absolutismo tradicional. Sus seguidores, conocidos como afrancesados, pertenecían principalmente a las élites intelectuales, políticas y administrativas que veían en el régimen bonapartista una oportunidad de modernización para España.

Desarrollo de la Guerra

• Fase inicial (1808): Tras el levantamiento generalizado, las tropas españolas, compuestas por restos del ejército regular y voluntarios, consiguieron algunos éxitos notables, como la inesperada victoria en la Batalla de Bailén (julio de 1808), que obligó a José I a abandonar Madrid y a las tropas francesas a replegarse al norte del Ebro.
• Hegemonía francesa (1808-1812): Para sofocar la resistencia española, el propio Napoleón intervino al frente de la Grande Armée. Ocupó gran parte de la península, restableció a José I en Madrid y obligó al ejército británico a retirarse. Sin embargo, el dominio francés nunca fue completo. En las zonas no controladas por el ejército invasor, se desarrolló una novedosa y eficaz táctica de lucha: la «guerra de guerrillas». Pequeños grupos de combatientes locales (guerrilleros), apoyados por la población civil, hostigaban constantemente a las tropas francesas, atacando sus líneas de comunicación, abastecimientos y pequeñas guarniciones.
• Ofensiva final anglo-española (1812-1814): A partir de 1812, la situación militar cambió. La desastrosa campaña de Napoleón en Rusia obligó a retirar tropas de España. Coincidiendo con esto, el ejército anglo-luso-español, bajo el mando de Arthur Wellesley, Duque de Wellington, lanzó una gran ofensiva desde Portugal. Con el apoyo crucial de las tropas regulares españolas y de las partidas guerrilleras, Wellington infligió sucesivas derrotas a los franceses (Arapiles, Vitoria, San Marcial).

Tras las derrotas en España y en Europa, Napoleón se vio forzado a negociar. Mediante el Tratado de Valençay (diciembre de 1813), devolvió la corona de España a Fernando VII, poniendo fin a la guerra.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias se iniciaron en septiembre de 1810 en la Isla de León (actual San Fernando) y posteriormente se trasladaron a Cádiz. La composición de las Cortes fue variada, pero en ella predominaban miembros del clero ilustrado, abogados, funcionarios, militares e intelectuales, con una notable presencia de la burguesía liberal y una escasa representación de la nobleza y el campesinado.

En sus primeras sesiones, en un acto de clara naturaleza revolucionaria, las Cortes se autoproclamaron depositarias de la soberanía nacional, afirmando que representaban a la nación española y exigiendo juramento de fidelidad.

Pronto se perfilaron dos grandes tendencias ideológicas entre los diputados:

• Liberales: Partidarios de reformas profundas y revolucionarias, inspiradas en los principios de la Ilustración y la Revolución Francesa. Defendían la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídica y la promulgación de una Constitución escrita.
• Absolutistas (o serviles): Defensores del mantenimiento del Antiguo Régimen, la monarquía absoluta y los privilegios estamentales. Consideraban que las Cortes debían limitarse a aprobar subsidios para la guerra.

Impulsados por el grupo liberal, mayoritario en las Cortes, se inició la primera revolución liberal burguesa en España. Las Cortes adoptaron una intensa labor legislativa destinada a abolir las estructuras políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen y a diseñar un nuevo Estado liberal.

Principales Decretos y Reformas de las Cortes de Cádiz:

• Libertad de Imprenta (1810): Aunque con limitaciones en materia religiosa, fue un paso fundamental para la libertad de expresión y la difusión de las ideas liberales.
• Abolición de los Señoríos Jurisdiccionales (1811): Se suprimió la capacidad de los señores para administrar justicia y nombrar autoridades en sus dominios, aunque se mantuvieron los señoríos territoriales (la propiedad de la tierra), lo que generó conflictos posteriores.
• Supresión de la Inquisición (1813): Símbolo de la intolerancia y el control ideológico del Antiguo Régimen.
• Reformas económicas: Se decretó la abolición de los gremios, lo que favorecía la libertad de producción; la supresión de la Mesta, que beneficiaba a los agricultores frente a los ganaderos trashumantes; y se permitió el cercamiento de tierras comunales.
• Tímida Desamortización (1813): Se decretó la incautación y venta de algunos bienes de las órdenes militares disueltas, de los jesuitas expulsados y de conventos destruidos durante la guerra, así como de una parte de los baldíos y propios municipales.
• Igualdad ante la ley: Se sentaron las bases para la eliminación de los privilegios fiscales y jurídicos de la nobleza y el clero.

La Constitución de 1812 («La Pepa»)

La obra cumbre de las Cortes de Cádiz fue la elaboración y aprobación de la primera Constitución de la historia de España, promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José (de ahí su nombre popular, «La Pepa»). Es uno de los grandes textos liberales de la historia, muy avanzada para su época, que ejerció una notable influencia en el constitucionalismo posterior, tanto en España como en Hispanoamérica e incluso en otros países europeos (Portugal, Nápoles).

Principales Rasgos de la Constitución de 1812:

• Soberanía Nacional: Se proclamó solemnemente que la soberanía residía esencialmente en la Nación española, representada por las Cortes elegidas por el pueblo.
• División de Poderes: Se estableció una monarquía moderada hereditaria basada en una estricta separación de poderes:
  • Poder Legislativo: Correspondía a las Cortes unicamerales junto con el Rey. Las Cortes tenían amplias facultades (elaboración de leyes, aprobación de presupuestos y tratados internacionales, etc.). El Rey tenía derecho de veto suspensivo limitado.
  • Poder Ejecutivo: Residía en el Rey, que nombraba a sus ministros (Secretarios de Despacho), dirigía el gobierno y la administración, y era el jefe supremo del ejército. Sin embargo, su poder estaba limitado por la Constitución y las Cortes (no podía disolverlas ni convocarlas libremente).
  • Poder Judicial: Se encomendaba a los tribunales de justicia independientes, estableciendo los principios básicos de un Estado de derecho.
• Sufragio Universal Masculino Indirecto: La Nación ejercía su soberanía a través de sus representantes en Cortes, elegidos mediante un complejo sistema de sufragio universal masculino (para varones mayores de 25 años, con ciertos requisitos) e indirecto en cuatro grados (parroquia, partido, provincia).
• Igualdad Jurídica: Se estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que suponía el fin de los privilegios estamentales. Se reconocía la igualdad fiscal y la unidad de códigos legales para todo el territorio.
• Amplia Declaración de Derechos Individuales: Se reconocían importantes derechos y libertades: libertad de imprenta (para textos no religiosos), inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad privada, garantías procesales y penales (habeas corpus), derecho a la educación elemental, etc.
• Otras Disposiciones: Se estableció un ejército permanente y se creó la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados para defender el régimen liberal y el orden constitucional. Se promovió la educación primaria obligatoria y se estableció una nueva división territorial en provincias y municipios.
• Confesionalidad Católica del Estado: A pesar del espíritu liberal predominante, y como concesión al sector absolutista y al clero, la Constitución declaró el catolicismo como la religión oficial y única del Estado español, prohibiendo el ejercicio público de cualquier otra.

La Restauración de Fernando VII: El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Tras la firma del Tratado de Valençay en diciembre de 1813, que ponía fin a la Guerra de la Independencia, Fernando VII («el Deseado») se preparó para regresar a España y recuperar el trono.

El monarca, sin embargo, no acudió directamente a Madrid para jurar la Constitución, como le indicaba la Regencia. Desembarcó en Valencia en abril de 1814, donde recibió el apoyo de altos mandos militares absolutistas (como el general Elío) y de un grupo de 69 diputados absolutistas de las Cortes ordinarias, quienes le presentaron el documento conocido como «Manifiesto de los Persas». En este escrito, se criticaba duramente la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y se le instaba a restaurar el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta.

Amparado en estos apoyos y en la debilidad del sector liberal, Fernando VII dio un golpe de Estado y emitió el Decreto del 4 de mayo de 1814 en Valencia. Por este decreto, declaraba nula y sin ningún valor ni efecto la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, y anunciaba la restauración del absolutismo.

Este golpe de Estado se enmarcaba en el contexto internacional de la derrota definitiva de Napoleón. Las potencias vencedoras (Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña) iniciaron en el Congreso de Viena (1814-1815) una nueva etapa en la historia de Europa, conocida como la Restauración. Este sistema se basaba en los principios de legitimidad monárquica (restauración de los monarcas depuestos por Napoleón), retorno al absolutismo y solidaridad entre las monarquías (ejemplificada en la Santa Alianza) para mantener el orden establecido y sofocar cualquier intento revolucionario liberal.

La Difícil Situación del País

El regreso al absolutismo se produjo en un contexto de profunda crisis para España:

• Crisis económica y social: El país estaba devastado por los seis años de guerra. La agricultura estaba desorganizada, la incipiente industria colapsada, el comercio paralizado (especialmente con América) y la Hacienda pública en completa bancarrota.
• Restauración señorial y de privilegios: La vuelta al Antiguo Régimen implicó la restitución de los señoríos jurisdiccionales, la devolución de los bienes desamortizados y el restablecimiento de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. Esto agravó la crisis económica al impedir las reformas fiscales necesarias y generar descontento entre el campesinado y la burguesía.
• Proceso de Independencia Americana: Durante la guerra, en las colonias americanas se habían iniciado procesos de autogobierno que derivaron en una lucha abierta por la independencia. La incapacidad de la monarquía restaurada para sofocar las rebeliones privaba a la Corona de importantes recursos económicos y de su prestigio como potencia colonial.

Represión y Pronunciamientos

La principal característica del gobierno de Fernando VII durante el Sexenio Absolutista (1814-1820) fue la represión sistemática de los liberales y de todos aquellos sospechosos de simpatizar con las ideas de las Cortes de Cádiz (incluidos los afrancesados). Muchos fueron encarcelados, depurados de sus cargos, obligados al exilio o incluso ejecutados.

Ante la imposibilidad de cualquier forma de oposición política legal, los liberales recurrieron a la conspiración clandestina y al pronunciamiento militar como única vía para intentar derribar el absolutismo y restablecer la Constitución de 1812. Muchos militares que habían luchado en la Guerra de la Independencia y habían adoptado ideas liberales se integraron en sociedades secretas (como la masonería) y protagonizaron diversos intentos de levantamiento armado (Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Lacy en 1817). Aunque todos estos pronunciamientos fracasaron y fueron duramente reprimidos, evidenciaban el profundo malestar existente en sectores del ejército y la pervivencia de la opción liberal. Finalmente, el pronunciamiento del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla) en enero de 1820 lograría triunfar, obligando a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y dando inicio al Trienio Liberal (1820-1823).