1. El Reformismo Dinástico
1.1 El fracaso del primer gobierno regeneracionista
En 1899, la reina regente María Cristina otorgó su confianza para formar gobierno a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela. Éste convocó elecciones y su nuevo gabinete mostró cierta voluntad de renovación, introduciendo nuevas figuras políticas como el general Polavieja o el líder del conservadurismo catalán Manuel Durán y Bas.
Se inició así una política reformista con proyectos de descentralización administrativa, así como una política presupuestaria que aumentaba los tributos sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba. Esto impulsó, sobre todo en Cataluña, un boicot de los contribuyentes a la recaudación de tributos (cierre de cajas). Los ministros más renovadores terminaron dimitiendo y, aunque el gobierno conservador resistió en el poder, en 1901 la regente otorgó de nuevo el gobierno a los liberales. El espíritu de regeneración duró escasamente un año, y las viejas prácticas del turno de partidos volvieron a aparecer. El sistema de la Restauración había sobrevivido al desastre del 98.
1.2 Las reformas de Maura y Canalejas
En la primavera de 1902 subió al trono, al cumplir 16 años, el monarca Alfonso XIII, coincidiendo con una renovación de liderazgo dentro de los partidos dinásticos. En 1903 murió Sagasta y alcanzó la jefatura del Partido Conservador Antonio Maura, mientras en el Partido Liberal se afianzaba José Canalejas. Esta nueva generación de políticos, influida por el regeneracionismo, impulsó muchos proyectos de reforma, pero el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación democrática hizo que se mantuviera el turno dinástico y el fraude electoral. Esto imposibilitó la democratización real del régimen.
En 1904, el conservador Antonio Maura se convirtió en jefe de Gobierno. Su proyecto político defendía la necesidad de que el régimen debía reformarse desde el gobierno para evitar que lo transformase una revolución popular.
Para ello intentó la regeneración del sistema creando las llamadas “masas neutras”, nueva base social con cuya ayuda pretendía configurar un Estado fuerte, capaz de gobernar de forma eficaz, de conseguir desbancar a la vieja casta caciquil y de evitar un excesivo protagonismo de las clases populares.
En esta dirección se hizo una reforma electoral (Ley Electoral, 1907) que no consiguió acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político pero sí consiguió hacer más difícil el fraude electoral.
Maura intentó atraer hacia el régimen el nacionalismo moderado no republicano. El gobierno de Maura también adoptó medidas económicas para reactivar la industria y promulgó la Ley de Colonización Interior para estimular la agricultura. En el terreno social, aprobó algunas leyes como la del Descanso Dominical y creó el Instituto Nacional de Previsión (1908), dedicado a los seguros obreros. Pero la defensa del equilibrio social conllevó una actitud muy intransigente en el mantenimiento del orden público, especialmente en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (1909). La brutal represión que siguió a la revuelta fue la causa principal de la caída del gobierno conservador.
En 1910, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programa proponía la modernización de la política e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un reformismo social y de limitar el poder de la Iglesia. El gabinete emprendió una amplia tarea legislativa. Profundizó en la separación de la Iglesia y el Estado, y creó la Ley del Candado (1910) que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, debido a la negativa de la Santa Sede a cualquier proceso de reforma. En política social, sustituyó el impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta, que provocó la protesta de las clases acomodadas. También se reformó la Ley del Reclutamiento, que pasaba a ser obligatorio en tiempos de guerra, y se suprimió la redención en metálico. Finalmente, se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como la normativa sobre el trabajo de la mujer.
Canalejas fue sensible al problema de las autonomías regionales, especialmente al del nacionalismo catalán, convencido de que su incorporación al sistema ayudaría a estabilizarlo. Por ello, el gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos. Este proyecto y todas las reformas se vieron interrumpidas por la muerte de Canalejas en 1912, el cual fue asesinado por un anarquista en Madrid. La Ley de Mancomunidades sería aprobada bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato en 1914, y tan sólo se constituiría la Mancomunidad de Cataluña.
3. De la Semana Trágica a la huelga revolucionaria (1909-1917)
3.1 El conflicto colonial de Marruecos
A partir del 1900, España consolidó su penetración en el norte de África. La conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado hispanofrancés (1912), establecieron un protectorado franco-español en la zona de Marruecos. A España le correspondió el territorio de El Rif, con la obligación de pacificarlo y organizarlo. El interés español por esta región venía estimulado sobre todo por el deseo de restaurar el prestigio del ejército, hundido tras el desastre de Cuba, y conseguir que España se convirtiera de nuevo en una potencia colonial. En 1909, los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas españolas en el Barranco del Lobo. Se decidió entonces aumentar el número de soldados en el Rif con reservistas.
3.2 La Semana Trágica de Barcelona
La movilización contra la guerra se inició en el puerto de Barcelona el día 18 de Julio. El día 24 se constituyó un comité de huelga, que hizo un llamamiento a la huelga general para el día 26. Pero esa huelga derivó en una revuelta popular que desbordó el objetivo inicial de protesta contra la guerra de Marruecos y acabó siendo un estallido espontáneo de todas las tensiones sociales acumuladas.
Hubo muchas revueltas y con esta se despertó un sentimiento anticlerical que desembocó en el incendio de más de 80 centros religiosos. Las autoridades respondieron declarando el Estado de guerra y enviando refuerzos para reprimir las manifestaciones. La falta de dirección y coordinación políticas derivó hacia la acción incontrolada de grupos que actuaban indiscriminadamente y sin objetivos claros. Los sucesos violentos fueron controlados el día 2 de agosto. La represión posterior fue muy dura por parte del gobierno de Maura. La represión de la Semana Trágica levantó una oleada de protestas por su virulencia y arbitrariedad. El gobierno conservador de Maura tuvo que enfrentarse a duras críticas y los liberales y los republicanos se unieron para exigir su dimisión. La oposición a Maura, apoyada por las campañas internacionales de denuncia de la represión, bajo la fórmula común “¡Maura no!”, consiguió que Alfonso XIII disolviera las Cortes y traspasara el gobierno a los liberales.
3.3 El impacto de la Gran Guerra
En el verano de 1914, gobernando Eduardo Dato, se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a los llamados imperios centrales con las potencias aliadas y en la que intervinieron otros muchos países. Dato declaró de inmediato la neutralidad española, manteniendo al país fuera del conflicto. Ésta situación supuso una extraordinaria oportunidad para la economía del país. La guerra generalizada en Europa permitió exportar productos industriales y agrarios, de los que los combatientes tenían una enorme necesidad y por los cuales estaban dispuestos a pagar altos precios. Los industriales, especialmente catalanes y vascos, hicieron grandes negocios.
Sin embargo, al dedicarse gran parte de la producción a la exportación, los precios interiores experimentaron alzas desorbitadas, que no fueron acompañadas de subidas de salarios. El conflicto social, a causa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, fue creciendo de manera imparable y las organizaciones obreras encabezaron una protesta cada vez mayor que desembocó en el movimiento huelguístico del verano del 1917.
3.4 La crisis de 1917
En 1917 se produjeron conflictos sociales y políticos en gran parte de Europa. En febrero había caído el zarismo en Rusia y en octubre se producía la revolución bolchevique. En España, las graves dificultades del sistema político de la Restauración, el descontento militar y la conflictividad social provocaron una protesta generalizada de carácter antigubernamental.
La protesta militar
El ejército español, como consecuencia de las guerras coloniales, presentaba un número excesivo de oficiales en relación al de soldados.
El fuerte descontento entre los oficiales de baja y media graduación desembocó en la formación de las llamadas Juntas de Defensa, asociaciones de militares. Las juntas reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como único criterio.
El manifiesto de junio de 1917 culpaba al gobierno de los males del ejército y del país, y hacía un llamamiento a la renovación política utilizando para ello un cierto lenguaje regeneracionista. Ante la situación, el gobierno cedió a las demandas de las Juntas, cuya actividad fue tolerada.
Los acontecimientos demostraron que las reivindicaciones de las Juntas tenían poco que ver con las de los otros sectores sociales y que éstas eran básicamente un grupo de presión al servicio de sus intereses profesionales.
La crisis política
La situación política no era menos grave. El gobierno conservador de Dato había sido sustituido, en 1916, por un gabinete liberal presidido por el conde de Romanones, que continuó con las viejas prácticas de corrupción política y decidió cerrar las Cortes en julio de 1916. En abril de 1917, Dato volvió a asumir la jefatura del gobierno y, a mediados del mes de junio, una representación de diputados de la oposición reclamó energéticamente al gobierno la reapertura de las Cortes, pero el gobierno se negó.
Aprovechando esta situación de crisis, a iniciativa de la Lliga Regionalista se organizó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios catalanes, que exigió la formación de un gobierno provisional que convocase Cortes constituyentes para reformar el sistema político y descentralizar el Estado.
Desde la Asamblea se convocó una reunión de todos los diputados y senadores españoles. El gobierno prohibió la convocatoria, pero acabó celebrándose el 19 de julio, y fue disuelta finalmente por la Guardia Civil.
El movimiento parlamentario no tuvo continuidad y desapareció sin haber conseguido la reforma constitucional. El movimiento huelguístico que se desató en agosto inhibió a las fuerzas burguesas, ante el temor de un estallido revolucionario de mayores dimensiones que la reforma constitucional planteada.
La huelga general revolucionaria
En marzo de 1917, las centrales sindicales CNT y UGT acordaron firmar un manifiesto conjunto en el que se instaba al gobierno a intervenir para contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general. La tensión estalló en agosto de 1917, y la UGT, con el apoyo del PSOE, decidió llamar a la huelga general. La protesta adquirió un carácter político y revolucionario porque las fuerzas obreras convocantes reclamaban el fin de la monarquía, la formación de un gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes y el paso a un sistema republicano.
La huelga tuvo una incidencia muy desigual. Se produjeron incidentes importantes en muchos puntos del país, donde se llegó a paralizar la vida ciudadana. La reacción del gobierno fue básicamente represiva: se declaró la Ley Marcial y se envió al ejército a aplacar el movimiento. La huelga general fracasó, pero tuvo unas enormes consecuencias: debilitó aún más al régimen y en los años siguientes, el sistema político de la Restauración entró en su crisis definitiva.