El 20 de noviembre de 1975, el gobierno de Carlos Arias Navarro reportó la muerte de Franco. Desde ese momento hasta la llegada del PSOE al gobierno en 1982, España, que había sido una dictadura, protagonizó una transición pacífica a la democracia. Franco murió dos días después del anuncio y el Rey Juan Carlos I fue proclamado.
El Gobierno de Arias Navarro y la Reforma Política
El rey Juan Carlos I optó por mantener inicialmente al gobierno de Carlos Arias Navarro. Con figuras clave como Torcuato Fernández-Miranda en la Presidencia del Consejo del Reino y las Cortes, la dictadura católica nacional inició su transformación en un régimen parlamentario. Sin embargo, Arias Navarro, reticente a una democracia real, se vio como un obstáculo y finalmente dimitió. El 5 de julio de 1976, el Rey nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno.
En septiembre de 1976, la Ley de Reforma Política, presentada por Suárez en televisión, se convirtió en un paso fundamental hacia la democracia. No obstante, la violencia de ETA dificultaba el progreso. Grupos de extrema izquierda como el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) secuestraron al Presidente del Consejo de Estado y al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Ante esta situación, Adolfo Suárez impulsó una reforma institucional para instaurar un nuevo sistema político.
Legalización del Partido Comunista y Primeras Elecciones Democráticas
En enero de 1977, el asesinato de varios abogados laboralistas, relacionados con el sindicato Comisiones Obreras y el Partido Comunista (PCE), aceleró la legalización de este último. A pesar de la oposición del Tribunal Supremo, Suárez legalizó el PCE mediante un decreto-ley. En junio de 1977, se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Adolfo Suárez, liderando la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de centro, socialdemócratas, liberales y democrata-cristianos, ganó las elecciones, seguido de Felipe González (PSOE). Suárez formó su segundo gobierno en julio de 1977, esta vez con el respaldo de las urnas.
Crisis Económica y Constitución de 1978
Entre las prioridades del nuevo gobierno estaban la institucionalización de las autonomías, el reinicio de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, la lucha contra la inflación, el déficit exterior y el desempleo, la búsqueda de consenso político y social, y la elaboración de una Constitución. La crisis económica de los 70, que afectaba al mundo, llegó a España, agravando la situación desde 1975. El 25 de octubre de 1977, tras una importante devaluación de la peseta, se firmó el Pacto de la Moncloa entre el gobierno y los partidos políticos. Este acuerdo buscaba la aprobación del modelo económico y social por parte de la clase trabajadora, crear un clima de paz social, normalizar las relaciones laborales y preparar el camino para la Constitución. Se inició la reforma de Hacienda. Ante la amenaza terrorista, las fuerzas políticas elaboraron una nueva Constitución, que fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. España se definió como un “Estado social y democrático de derecho”, con una monarquía parlamentaria. La Constitución limitó los poderes de la Corona, definió los poderes del Estado y garantizó los derechos de los españoles, incluyendo el derecho a la vida, la abolición de la pena de muerte y el divorcio. También reconoció el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
Los Estatutos de Autonomía y la Crisis de UCD
Tras la aprobación de la Constitución, se convocaron elecciones para marzo de 1979, que volvió a ganar la UCD de Suárez. Se aprobaron los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña y Galicia. En Andalucía, el artículo 151 de la Constitución permitió el proceso autonómico. La crisis económica continuaba afectando a la sociedad, y ETA seguía cometiendo atentados. A principios de 1981, crecieron los rumores sobre una posible destitución de Suárez, debido a la inestabilidad política, el terrorismo y la crisis interna de la UCD. El 29 de enero de 1981, Suárez anunció su dimisión. Leopoldo Calvo Sotelo fue elegido candidato a la presidencia. El 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado, liderado por el teniente coronel Tejero, pero la intervención del Rey Juan Carlos I frustró el golpe y salvó la democracia. En junio de 1982, se aprobó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Se aprobó la ley del divorcio. En octubre de 1982, el PSOE ganó las elecciones.
El Estatuto de Guernica y la Integración Europea
El Estatuto de Guernica, similar al que estuvo en vigor durante la Guerra Civil, se restableció, con competencias en educación y autofinanciación. El nacionalismo vasco ganó las elecciones y el gobierno nombró al PNV como único interlocutor para reducir la violencia de ETA. El 25 de octubre de 1979 se aprobó la ley. Se formaron las instituciones autonómicas vascas: Parlamento Vasco, Gobierno Vasco y Presidente (Lehendakari). El 9 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas y Carlos Garaikoetxea fue elegido primer Lehendakari. La muerte de Franco abrió el camino a la integración europea. En julio de 1977, Adolfo Suárez presentó la solicitud de ingreso a la Comunidad Económica Europea (CEE). El 5 de febrero de 1979 comenzaron oficialmente las negociaciones. España, junto con Portugal, se unió a la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985.
Cambios Sociales y Culturales
La transición trajo consigo importantes cambios sociales y culturales. Aumentó el empleo femenino y se cuestionaron los valores tradicionales. La influencia de la Iglesia disminuyó. La educación y los medios de comunicación impulsaron el desarrollo intelectual. En 1977 se creó el Ministerio de Cultura. La ideología socialdemócrata se reflejó en los medios de comunicación. La prensa adquirió gran importancia política y social. Diarios como El País, fundado en mayo de 1976, contribuyeron al debate democrático.