La Transición Política Española y la Constitución de 1978
Introducción
En noviembre de 1975, tras la proclamación de Juan Carlos I como rey, existía incertidumbre sobre la posibilidad de una transición democrática pacífica en España. Mientras que los sectores franquistas dudaban de las intenciones del nuevo monarca, la oposición lo percibía como un continuador del régimen de Franco. Sin embargo, en un breve período, España logró transitar de una dictadura a una democracia constitucional plena, en un proceso conocido como la transición política, considerado un modelo por su carácter pactado y no violento.
Las Fuerzas Políticas en la Transición
Dentro del franquismo, se distinguían dos facciones: el búnker, compuesto por sectores inmovilistas liderados por figuras como Girón de Velasco, Fernández Cuesta y Blas Pinar, cuyo poder residía en las Cortes y en el control de los medios de comunicación del Movimiento; y los aperturistas, políticos jóvenes como Pío Cabanillas, Adolfo Suárez, Martín Villa, Alfonso Osorio y Marcelino Oreja, que buscaban modernizar el régimen. También destacaban figuras veteranas como Fraga y José María de Areilza.
La oposición política se encontraba fragmentada. Por un lado, existían grupos de derecha democrática liderados por Gil Robles, con escasa influencia popular, y las fuerzas nacionalistas catalana y vasca. En la izquierda, Tierno Galván fundó el Partido Socialista Popular, con apoyo principalmente entre los estudiantes. El PSOE, dividido hasta 1974, fue impulsado por la Internacional Socialista, eligiendo a Felipe González como secretario general. Aunque su influencia era limitada, UGT tenía presencia entre los obreros en algunas regiones. El PCE, dirigido por Santiago Carrillo, había ganado influencia gracias a su activismo contra el régimen y su sindicato CCOO. En 1974, creó una Junta Democrática para unir a la oposición, aunque el PSOE se negó a integrarse.
El Reinado de Juan Carlos I: Inicio de la Transición
Tras la muerte del General Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juró como rey el 22 de noviembre. Su discurso inicial generó decepción entre quienes esperaban un mensaje aperturista, y su presencia en actos oficiales llevó a muchos a creer que continuaría el legado franquista.
No obstante, el entorno del monarca ya había diseñado un plan para la transición política, que consistía en reformar el sistema desde dentro, aprovechando las leyes fundamentales del régimen franquista. El Rey mantuvo a Arias Navarro como presidente para tranquilizar a los sectores inmovilistas, pero incluyó en el gobierno a ministros jóvenes y reformistas como Fraga y Areilza. El gobierno de Arias se caracterizó por la tensión entre el presidente, que obstaculizaba los cambios, y los ministros reformistas.
La situación social evolucionó rápidamente. En enero de 1976, una ola de huelgas sacudió el país en medio de una crisis económica y un creciente desempleo. A finales de marzo, la oposición se unió en la Coordinación Democrática, fortaleciendo su presencia en las calles. Ante esta situación, el Rey destituyó a Arias y encargó la formación de gobierno a Adolfo Suárez.
El Gobierno de Suárez y la Ley para la Reforma Política
El nombramiento de Suárez generó desconcierto, ya que se dudaba de la capacidad de un falangista para liderar la reforma. Ante la negativa de Areilza y Fraga a colaborar, Suárez formó un gabinete con políticos jóvenes. El nuevo gobierno reconoció la necesidad de acelerar los cambios.
Bajo presión popular, las Cortes aprobaron en julio de 1976 la reforma del Código Penal, permitiendo la legalización de partidos (excepto el PCE). El gobierno anunció un programa de reformas basado en la soberanía nacional, la democracia y las libertades. Se aprobó una amplia amnistía para liberar a presos políticos. En septiembre, Suárez presentó un proyecto de Ley para la Reforma Política, redactado por Fernández Miranda, que buscaba transformar el sistema hacia un modelo parlamentario y constituyente. Esta ley requería el respaldo de las Cortes franquistas y de la oposición.
La Ley de Reforma Política fue aprobada por las Cortes en noviembre de 1976. Este texto breve defendía la soberanía nacional y la democracia, otorgando el poder legislativo a unas Cortes elegidas por sufragio universal, divididas en Congreso y Senado. También establecía aspectos de la futura ley electoral. Se convocó un referéndum para el 15 de diciembre de 1976, en un clima de tensión marcado por manifestaciones, violencia y presión de la oposición. A pesar de ello, el referéndum fue un éxito para el gobierno, con una amplia mayoría de votos a favor del cambio. La Ley de Reforma Política obligó al gobierno a convocar elecciones, pero antes era necesario legalizar los partidos políticos.
La Legalización del PCE y la Convocatoria de Elecciones
Los meses posteriores al referéndum fueron críticos. La adopción de medidas para restablecer las garantías democráticas se vio acompañada de tensiones causadas por terroristas de extrema derecha y grupos como el GRAPO y ETA. El gobierno negoció con la oposición, pero se negó a legalizar el PCE, considerado por el búnker político y la cúpula militar como un símbolo de resistencia al cambio.
El 1 de abril, el gobierno disolvió el Movimiento y el 9 de abril legalizó el Partido Comunista, generando un gran impacto. Mientras los comunistas celebraban, el consejo del ejército mostró su rechazo. El 28 de abril, se legalizaron las centrales sindicales y se aceleró el regreso de los exiliados.
Las fuerzas políticas se prepararon para las elecciones. En la derecha surgió Alianza Popular, liderada por Fraga, que integraba a ex ministros franquistas. Suárez formó la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de democristianos, liberales, socialdemócratas y miembros del Movimiento. En la izquierda, el PSOE inició la campaña con ventaja gracias al apoyo internacional y su imagen de responsabilidad. El PCE tuvo poco tiempo para organizar su campaña.
Conclusión: Las Elecciones y la Constitución de 1978
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en 40 años. Los resultados dieron la primacía a UCD (centro-derecha) y PSOE (centro-izquierda), con minorías significativas para el PCE y AP, así como para los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV). La UCD obtuvo una mayoría suficiente para formar gobierno.
El 13 de julio se constituyeron las nuevas Cortes, mostrando un deseo común de elaborar una nueva constitución. Se formaron la Comisión Constitucional y una ponencia de 7 diputados de todos los grupos, excepto del PNV.
El primer gobierno democrático se enfrentó a una situación económica difícil. Los nacionalistas vascos y catalanes reclamaron autonomía, culminando con manifestaciones masivas y el restablecimiento de la Generalitat en Cataluña y la preautonomía de Euskadi.
El proceso constitucional continuó, y tras 17 meses de debates, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras el 31 de octubre de 1978. La Constitución española vigente es un texto extenso que busca establecer un marco válido para todas las opciones políticas y sociales, garantizando la estabilidad del régimen. Define al Estado como social y democrático de derecho, estableciendo una monarquía parlamentaria con poderes formales para la Corona.
La declaración de deberes y derechos es detallada e incluye la mayoría de edad a los 18 años, la libertad religiosa y la abolición de la pena de muerte. Reconoce derechos sociales, garantiza la propiedad privada y define la economía como social de mercado. Políticamente, organiza un Estado con división de poderes y un poder legislativo bicameral elegido por sufragio directo. El Congreso nombra al Presidente del Gobierno y ejerce control parlamentario sobre el ejecutivo. El poder judicial reside en los jueces y tribunales, con un Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional.
La principal novedad es la configuración de un Estado casi federal, formado por nacionalidades y regiones, mediante la libre constitución de Comunidades Autónomas. La Constitución establece las competencias de las Comunidades y del Estado.
Tras la aprobación de la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones. La UCD comenzó a debilitarse, y a su derecha surgió Coalición Democrática, liderada por Fraga. En la izquierda, destacaban el PSOE y el PCE. Las elecciones del 1 de marzo dieron la victoria a UCD, pero Suárez inició esta nueva etapa constitucional con un partido en crisis y un país con una situación económica difícil.