IV. El Frente Popular (1936)

Fue un gobierno débil, compuesto principalmente por republicanos de izquierda. Intentó continuar con las reformas iniciadas durante el primer bienio. Sin embargo, se observó una radicalización tanto del movimiento obrero (temor a la revolución) como de las derechas (temor a un golpe militar).

Las reformas continuaron. El 1 de febrero, Azaña formó gobierno exclusivamente con republicanos de izquierda, quienes no controlaban ni una cuarta parte de los escaños. Contaron con el apoyo de socialistas y comunistas. En mayo, Azaña fue elegido Presidente de la República y ofreció la jefatura a Indalecio Prieto, pero su propio partido lo vetó. Finalmente, el cargo recayó en Casares Quiroga.

Se decretó una amplia amnistía para los revolucionarios de 1935. Se restableció el Estatuto de Cataluña y Companys fue reelegido presidente. El Estatuto Vasco fue votado en Cortes, y el 28 de junio se celebró el referéndum sobre el Estatuto Gallego.

Se reactivó la Ley de Reforma Agraria, y entre marzo y junio se asentaron a 72.000 campesinos, principalmente en Extremadura. Además, se produjeron ocupaciones espontáneas de tierras a partir de marzo, que el gobierno terminó reconociendo.

La convivencia social se deterioró, y la lucha dejó de ser meramente dialéctica. El orden público se resintió, lo que facilitó el golpe de estado: asaltos a edificios religiosos, huelgas organizadas por la CNT y UGT, manifestaciones violentas, ocupaciones de tierras, un alto número de parados (cerca de un millón) y asesinatos políticos (FE=Funeraria Española), así como enfrentamientos directos entre jóvenes socialistas, anarquistas y falangistas. El gobierno se vio desbordado por la violencia. El 12 de julio fue asesinado en Madrid el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, socialista. El 13 de julio, guardias de asalto secuestraron y asesinaron a Calvo Sotelo, quien había estado manifestando su autoritarismo e incitando a la insurrección.

Desde el triunfo del Frente Popular, comenzó a tomar forma una conspiración antigubernamental. El gobierno alejó de Madrid a los sospechosos del golpe de Estado: Franco fue destinado a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Navarra. Mola fue el cerebro de la conspiración, entrando en contacto con los carlistas, que ya estaban armados, y con la CEDA, que les proporcionó apoyo económico. La Falange no participó hasta el 10 de junio. A principios de julio aún tenían muchas dudas. El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante. Mola planificó el alzamiento para el 18 de julio. La rebelión comenzó el 17 de julio en Marruecos. El gobierno, a pesar de los numerosos rumores de golpe, no actuó.

Azaña: “Quise dirigir el país con dos instrumentos, razones y votos, y se me han opuesto insultos y fusiles”.

Partidos y organizaciones durante la República

• Derecha liberal republicana: conservadores, antiguos monárquicos: Alcalá Zamora y Miguel Maura
• Acción Republicana (después integrada en Izquierda Republicana): de Manuel Azaña
• Partido Radical: de Lerroux, inicialmente de izquierda, pero rápidamente se desplazó a la derecha
• Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo
• Esquerra Republicana de Catalunya: Nicolau d’Olwer
• Republicanos Galleguistas (ORGA): Casares Quiroga
• PSOE: de Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.

III. Bienio Negro o Derechista (1933-1935)

Tras su victoria electoral, la derechista CEDA y el centrista Partido Radical iniciaron una colaboración parlamentaria y gubernamental con el propósito de “rectificar” la labor del gobierno anterior y detener las reformas iniciadas. A pesar de que la CEDA obtuvo el mayor número de escaños, se encargó el gobierno a Lerroux para evitar protestas si la CEDA, sospechosamente antirrepublicana, llegaba al poder. Se argumentó que la CEDA no estaba preparada para gobernar. Las decisiones tomadas fueron de tono reaccionario:

• Amnistía para militares y monárquicos de la Sanjurjada.
• Contrarreforma agraria que bloqueó el proceso, aumentando exageradamente las indemnizaciones a los propietarios, lo que agudizó los conflictos campesinos.
• Mantenimiento económico del clero católico en zonas rurales (en contra de la Constitución).
• Ralentización del programa de creación de escuelas públicas.
• Supresión del Estatuto de autonomía para Cataluña. El conflicto se había iniciado a partir de la Ley de Contratos de Cultivo, por la que la Generalitat daba la opción a los rabassaires, arrendatarios del sector vinícola, de comprar la tierra que hubieran trabajado después de 18 años. El gobierno recurrió la ley al Tribunal de Garantías Constitucionales y fue declarada inconstitucional.

En octubre de 1934, la CEDA entró en el gobierno, lo que provocó que al día siguiente se proclamara la huelga general en toda España. Se acusó a la CEDA de fascista y de intentar acabar con la república por medios legales, como estaba haciendo Hitler. El comité estaba dirigido por los socialistas (Largo Caballero) y se había organizado en febrero. Se unieron sectores de la CNT, aunque no todos, comunistas y el PCE (stalinista) cuando la III Internacional lo aprobó. La huelga estuvo mal organizada, sin coordinación, programa ni objetivos claros. Se produjo en Sevilla, Córdoba, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Palencia, León, Barcelona y Madrid, pero no se consolidó. Los campesinos estaban agotados tras la huelga que habían realizado en febrero.

En Madrid, las juventudes socialistas no consiguieron apoderarse de los centros neurálgicos. En Barcelona tuvo éxito a pesar del dominio de la CNT. El 6 de octubre, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República federal española, pero el general Domingo Batet sofocó la revolución. El Estatuto de Autonomía se suspendió indefinidamente, y tanto Companys como sus consejeros fueron encarcelados.

En Asturias, la huelga se convirtió en una verdadera revolución centrada en las minas. La Alianza Obrera, que contaba también con los anarquistas, estableció una comuna (como en París en 1871). Se movilizaron 20.000 obreros (y maestros) en la cuenca minera, sobre todo en Oviedo. Establecieron el orden revolucionario: suprimieron la moneda oficial y organizaron los servicios de abastecimiento, sanidad y transporte.

Las fuerzas del gobierno controlaron pronto la situación. Los miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos. Se proclamó la Ley Marcial. Franco coordinó la represión: 1.200 muertos entre los rebeldes y 450 del ejército. 30.000 detenidos. La izquierda culpó al gobierno de decenas de ejecuciones, torturas y juicios sumarísimos. La derecha habló de la violencia de los revolucionarios y asesinatos de sacerdotes.

Después de la Revolución de Octubre, se aceleraron las políticas de rectificación de las reformas. Se desmontaron las reformas laborales (anulación de jurados mixtos), se nombraron mandos antirrepublicanos en el ejército y se llegó a plantear una reforma constitucional que cambiara la política religiosa.

La coalición gobernante se rompió al verse los radicales implicados en escándalos de corrupción (el asunto Nombela y el “estraperlo”, dos extranjeros, Strauss y Perel, obtuvieron permiso, tras entregar numerosos regalos a políticos radicales, para instalar en San Sebastián un sistema de ruleta que garantizaba beneficios a los propietarios, septiembre/octubre de 1935). Se hundió la mayoría parlamentaria.

Para las nuevas elecciones, la izquierda intentó reagruparse de nuevo. El 15 de enero de 1936 se creó el FRENTE POPULAR, con republicanos de izquierda, PSOE, PCE, sindicalistas, POUM y los anarquistas incluso les apoyaron, no pidieron la abstención. Eran más gente, pero menos comprometidos. Se trataba de un programa electoral, pero no de gobierno: amnistía, reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales, continuidad de las reformas, restauración de las autonomías.

La derecha no logró la unidad en un FRENTE NACIONAL. Las elecciones se celebraron el 16 de febrero de 1936. El margen de diferencia fue de un 1%, pero hubo un claro predominio de escaños para el FRENTE POPULAR. El centro fue derrotado y la CEDA siguió siendo la derecha.