España en Transición: Consolidación Democrática y Constitución de 1978

La Transición Española y la Consolidación Democrática

De la Muerte de Franco a las Elecciones de 1977

A la muerte de Franco se inició la transición política, que suponía desmantelar el régimen franquista e implantar un régimen democrático cuya expresión jurídica fue la Constitución de 1978.

El 22 de noviembre de 1975, de acuerdo con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue designado jefe de Estado a título de rey. El rey confirmó a Arias Navarro como presidente de gobierno. La situación era muy conflictiva:

  • Coyuntura económica complicada por la crisis del petróleo de 1973.
  • Gran conflictividad laboral. Por ejemplo, la huelga general de Vitoria en el mes de marzo del 76. Las huelgas tenían un carácter reivindicativo no sólo laboral sino también político.
  • Gran presión terrorista: ETA, GRAPO, FRAP…
  • Posturas enfrentadas ante la nueva situación:
    1. Los franquistas inmovilistas, el búnker. No deseaban ninguna reforma.
    2. Los franquistas aperturistas o reformistas querían una reforma sin rupturas, una “reforma pactada”. El presidente del gobierno Adolfo Suárez, que procedía del Movimiento, con el apoyo del monarca pilotaron este proceso.
    3. Los “rupturistas” querían iniciar un periodo constituyente con un Gobierno provisional para alcanzar un sistema político nuevo. Eran partidos de derecha como los demócrata-cristianos y de izquierda como los partidos obreros, el PSOE (cuyo líder era Felipe González) o el PCE de Santiago Carrillo, los sindicatos UGT, CC.OO., CNT y partidos nacionalistas que exigían una nueva estructura del Estado. Actuaban desde la clandestinidad pues no estaban legalizados todavía.

El primer paso fue nombrar en julio de 1976 un nuevo presidente de Gobierno: Adolfo Suárez cuyo proyecto era el de reforma política, es decir, de pasar del régimen franquista a uno democrático sin ruptura legal, “de la ley a la ley”. El presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, creó un instrumento legal, la Ley de Reforma Política. Esta establecía las elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. La ley fue aprobada por las Cortes franquistas y por el Consejo Nacional del Movimiento quienes firmaron su disolución. Fue “un suicidio político”. En diciembre de 1976, la ley fue aprobada mediante referéndum. La oposición hizo campaña a favor de la abstención que fue de un 23%.

Tras la aprobación de la ley, se produjo la legalización de los partidos políticos incluido el PCE (abril de 1977), se reformó el Código Penal para permitir el ejercicio de las libertades y se decretó una amnistía de la que se excluyeron los delitos de sangre. La oposición se vio obligada a replantear su estrategia, abandonar su postura de “ruptura” y participar en el proceso de reforma. Finalmente, el 15 de junio de 1977, la reforma política culminó con la celebración de las primeras elecciones democráticas en las cuales triunfó la UCD de Suárez, seguido del PSOE. Tras ser conformadas las primeras Cortes democráticas, Adolfo Suárez fue investido presidente de gobierno en julio de 1977 y se iniciaron varios procesos determinantes para el establecimiento de la democracia:

  • Pactos de la Moncloa. El 25 de octubre de 1977 todos los partidos parlamentarios y centrales sindicales firmaron los Pactos de la Moncloa con dos objetivos fundamentales: reducir la inflación causada por la crisis industrial y del petróleo y buscar medidas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Para ello se llevó a cabo una reforma fiscal.
  • Reforma fiscal y de la Seguridad Social. Entró en vigor el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
  • Redacción de la Constitución a cargo de una comisión del Parlamento. Sería aprobada a finales de 1978.
  • Reconocimiento de la Generalitat catalana y del Consejo General Vasco. Se empezó a trabajar en regímenes preautonómicos.

La Consolidación Democrática: Constitución de 1978, 23-F y Elecciones de 1982

El Parlamento nombró una comisión de siete diputados para elaborar el borrador de la nueva Constitución, que se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

Define España como un “Estado social y democrático de derecho”, organizado en monarquía parlamentaria. Establece la soberanía popular, reconoce los derechos individuales y la mayoría de edad en 18 años. Afirma la “indisoluble unidad de la nación española”, pero a continuación “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Define al Estado no confesional, aunque establece relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Promueve el bienestar dentro de una economía mixta (propiedad privada y mercado libre pero con planificación económica estatal). Políticamente progresista, pero con cierta ambigüedad, para ser asumida por la izquierda y por la derecha.

El nuevo modelo de Estado descentralizado fue lo más novedoso. Se preveían dos procedimientos para acceder a la autonomía, la vía lenta (art. 143) y la vía rápida (art. 151). Se establecen las instituciones que deberán regir la comunidad autónoma, define las competencias que podrán asumir los gobiernos autonómicos y las que quedan como competencias exclusivas del Estado, establece también un Fondo de Compensación para corregir desequilibrios económicos entre los territorios. En 1979, fueron aprobados en referéndum los primeros estatutos de autonomía (Cataluña, País Vasco).

En marzo de 1979 se celebraron nuevas elecciones legislativas con el triunfo de UCD, más ajustado que en 1977. Ese mismo año se celebraron elecciones municipales y en las grandes ciudades se formaron ayuntamientos de izquierda, lo que mostró la debilidad de la UCD. Pero fue el proceso autonómico y las divisiones internas lo que evidenció la debilidad del gobierno. En mayo de 1980 se sometió a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes. El terrorismo independentista (ETA) y anticapitalista (GRAPO, FRAP) añadió una notable tensión en la construcción del nuevo estado y situó la violencia en el primer plano de la vida política. Existían muchos rumores sobre presiones militares para destituir a Suárez, al que se acusaba de debilidad ante el separatismo y el terrorismo. En enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimisión. El 23 de febrero, durante la sesión de votación para la investidura de Calvo Sotelo en el Parlamento, tuvo lugar un intento de golpe de estado, con la ocupación del Congreso por un destacamento de guardias civiles, a las órdenes del teniente coronel Tejero. Valencia fue tomada por los tanques del capitán general Milans del Bosch. Pero la intentona fracasó.

El proceso autonómico generó fuertes tensiones en el ámbito político español. El último gobierno de UCD llevó al Congreso la LOAPA –Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico-, aprobada en el Congreso, que pretendía homogeneizar todos los Estatutos de autonomía.

La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), conocida como Amejoramiento del Fuero, se promulgó el 10 de agosto de 1982. Es el estatuto de autonomía de la Comunidad Foral de Navarra. Mediante la disposición adicional 1ª Navarra adaptó su peculiar sistema foral (Ley Paccionada) a la nueva realidad constitucional.

En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE obtuvo mayoría absoluta (con un 80% del censo). El PSOE gobernó ininterrumpidamente desde 1982 a 1996.