El régimen dictatorial de Franco, que comenzó en 1939 con el fin de la Guerra Civil, terminó con su muerte en 1975. Las Leyes Fundamentales preveían la continuación del régimen franquista en una monarquía no democrática encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, a partir de 1975 se desarrolló en España un proceso de transición política en el que se promulgó la Constitución de 1978 que estableció un sistema democrático.

De la Transición a la Democracia (1975-1978)

Del Inmovilismo al Reformismo

En 1947, las cortes franquistas aprobaron la Ley de Sucesión mediante la cual se determinaba la forma del Estado: España era un reino, lo que significaba el restablecimiento de una monarquía. Pero se establecía que la jefatura de Franco al frente del Estado era vitalicia. Franco decidía la persona que lo sustituiría y el elegido fue Juan Carlos de Borbón. En noviembre de 1975 fallece Franco y Don Juan Carlos de Borbón es nombrado rey. España entraba en un nuevo capítulo que se caracterizó por el esfuerzo para recobrar las libertades y los derechos. Se le conoce a esta etapa como la transición democrática. El nuevo rey juró lealtad a los principios del Movimiento Nacional, pero también habló de una reconciliación entre los españoles y la necesidad de caminar hacia un sistema democrático.

Arias Navarro continuó como presidente del gobierno y propuso algunos cambios. La oposición defendía un programa común con un gobierno provisional y elecciones libres. También se promovieron las movilizaciones populares que reclamaban libertades y amnistía para presos políticos. Aumentaron los conflictos laborales. Se polarizaron las posturas provenientes del franquismo: los inmovilistas solo aceptaban la continuidad del régimen y los reformistas querían algunos cambios. Se pasó de Arias Navarro a Adolfo Suárez como presidente (30-6-1976).

La Reforma Política de Adolfo Suárez

Juan Carlos I se encontraba con dos opiniones en España que representaban dos proyectos políticos distintos: los partidarios de una democracia y los ultraderechistas y el aparato inactivo de la dictadura. Adolfo Suárez fue el propulsor del cambio, el cual pretendía implantar un sistema democrático. Este tuvo que ser aprobado por las cortes franquistas. En 1976 se sometió a referéndum la Ley de Reforma Política. El siguiente paso hacia la democracia fue la legalización de los partidos políticos. Se tomaron medidas para celebrar unas elecciones democráticas: libertad sindical, ley electoral y legalización de partidos. Hubo un nuevo panorama político: partidos de izquierda, de derechas y de centro. Hubo más de 150 formaciones políticas legalizadas. Hubo una transición política: pacto entre reformistas exfranquistas y oposición democrática en circunstancias difíciles: crisis económica, huelgas, violencia, terrorismo y resistencia de sectores ultras del franquismo.

Las Elecciones Democráticas de 1977

El 15-06-1977 se convocan las primeras elecciones democráticas:

• UCD organizado por Adolfo Suárez, 165 escaños.
• PSOE liderado por Felipe González, 118 escaños.
• PCE liderado por Santiago Carrillo, 20 escaños.
• AP liderado por Manuel Fraga, 16 escaños.

Adolfo Suárez formó gobierno (sin mayoría absoluta). Se crea una etapa de consenso político y una nueva Constitución.

Crisis Económica y Pactos de la Moncloa

Todos firmaron los llamados Pactos de la Moncloa que adoptaron una serie de medidas para frenar los efectos de la grave crisis económica iniciada en 1973 debido a la subida del precio del petróleo. Esto provocó una inflación y una disminución de la demanda de los bienes de consumo. El problema más preocupante pasó a ser el paro.

Los objetivos de los Pactos de la Moncloa son: reducir la inflación. Y las medidas que se tomaron fueron: devaluación de la peseta, control del gasto público, moderación salarial y reformas laborales.

Se hizo una Reforma tributaria con Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF. Hubo desempleo e incremento de pensiones.

Entre el Consenso y la Violencia

El involucionismo político, el golpismo militar y el terrorismo extremista pretendieron desestabilizar al país y obstaculizar el sistema democrático. Se produjeron atentados terroristas por parte de la ETA, la extrema derecha y de la extrema izquierda, buscando provocar un golpe de Estado que acabara con la transición democrática. Un intento de golpe de estado fue la Operación Galaxia (1978). A pesar del consenso político generalizado entre 1975-1982 hubo casi 600 víctimas y 2000 heridos por actos violentos. Ante las demandas de autonomía de catalanes, vascos y gallegos, el gobierno de UCD impulsó la generalización del principio de autonomías regional. Estas dificultades pusieron en peligro la transición. Salvaron el proceso: la voluntad democrática de la sociedad, la actitud de los partidos de la oposición y la actuación del gobierno.

Los Cambios Sociales y de Mentalidad

La sociedad fue cambiando de mentalidad y pautas de conducta. Un cambio fue el creciente papel de la mujer en la sociedad que ahora se incorpora al mundo laboral. Otro testimonio fue la disminución de la tasa de fecundidad española. La secularización fue otra transformación reflejada en el hecho de que el número de no practicantes católicos o de cualquier otra religión se ha triplicado. Esto se impuso a raíz de la inexistencia de una imposición legal que induzca a la práctica religiosa.

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

Las nuevas cortes democráticas elaboran una Constitución que será aprobada en referéndum por el pueblo el 6 de diciembre de 1978. Es la ley suprema y fundamental sobre la que se estructura todo el Estado de derecho español. Recoge los derechos y deberes, regula el funcionamiento del Estado y sus instituciones, y establece el Estado de las autonomías. Los derechos y libertades son muy amplios y su cumplimiento está garantizado por el Tribunal Constitucional. Entre los derechos civiles: el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, el derecho a la intimidad y las libertades de expresión, asociación y reunión. Los derechos sociales: la seguridad social, un medio ambiente adecuado, trabajo y vivienda digna.

España es un Estado social y democrático de derecho. Social ya que predominan los intereses sociales; democrático porque garantiza la participación en la vida política; y de derecho porque sus actos están regulados. La forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, donde el rey es el jefe de Estado y la máxima representación de la nación, con poderes limitados por el parlamento. Los poderes del Estado se dividen en: legislativo que reside en las cortes, por 2 cámaras, congreso de diputados y senado; ejecutivo en el Gobierno; y judicial en tribunales de justicias. La Constitución establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Configuró un estado descentralizado con capacidad de autogobierno: municipios, provincias y comunidades autónomas.