1. La llegada de una nueva dinastía: Los Borbones

1.1. La cuestión sucesoria. Los bandos en conflicto

En 1700, Carlos II murió sin descendencia, lo que puso fin a la dinastía de los Austrias en España.

Los principales candidatos al trono eran Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV de Francia) y Carlos de Habsburgo (Archiduque de Austria).

El nombramiento del nuevo monarca provocó un grave conflicto internacional por el equilibrio europeo. Internamente, Castilla se mostró fiel al testamento de Carlos II, que establecía como sucesor a Felipe V; en cambio, la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca) se opuso mayoritariamente al candidato borbónico, temiendo sus tendencias centralistas y absolutistas.

1.2. La Guerra de Sucesión (1701-1714)

Se firmó el Tratado de La Haya, que conformó la Gran Alianza entre el Sacro Imperio Romano Germánico, Holanda e Inglaterra para oponerse a los Borbones (Felipe V y Luis XIV) y apoyar a Carlos de Habsburgo.

Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en los territorios austriacos fronterizos con Francia y en las posesiones españolas en Italia.

Los sectores partidarios de Carlos de Habsburgo dentro de España, principalmente en la Corona de Aragón, firmaron el Pacto de Génova (1705) dando su apoyo a la causa austriaca. Una gran flota aliada desembarcó en Barcelona, ocupando la ciudad. A partir de ese momento, la causa austriaca se impuso en Cataluña, Aragón y Valencia, llegando incluso a alcanzar Madrid brevemente, donde Carlos fue proclamado rey.

Un ejército anglo-luso-holandés se enfrentó a las tropas de Felipe V en la Batalla de Almansa (1707). La victoria borbónica fue incontestable. Felipe V recuperó Aragón y Valencia, y los austriacos se retiraron hacia Cataluña.

1.3. La Paz de Utrecht. El fin de la guerra

En 1711 murió José I, emperador del Sacro Imperio, por lo que su hermano, el archiduque Carlos, ocupó el trono imperial como Carlos VI. Esta nueva situación suponía que un Habsburgo podía volver a unir el trono imperial y el español, recreando el poder de Carlos I. Ante este temor, los ingleses y holandeses manifestaron su interés por reconocer a Felipe V como rey de España.

La paz entre los contendientes se firmó en los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Felipe V era reconocido rey de España y de las Indias, pero a cambio de importantes concesiones:

• Austria recibió los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña.
• Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca, además de concesiones comerciales en América (navío de permiso y asiento de negros).
• Saboya recibió Sicilia (que luego intercambiaría por Cerdeña).

Cuando se firmó el Tratado de Utrecht, únicamente resistían Barcelona y otros reductos de Cataluña. Abandonados por Carlos de Habsburgo, las Cortes catalanas decidieron luchar contra los ejércitos borbónicos. Tras un largo asedio, las tropas de Felipe V tomaron Barcelona el 11 de septiembre de 1714.

2. Orientación de la política exterior española tras la Paz de Utrecht

Tras la pérdida de las posesiones europeas, la política exterior de Felipe V se centró en recuperar los territorios italianos. Posteriormente, durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, se buscó mantener un equilibrio y defender el imperio colonial frente a Gran Bretaña.

2.1. Pactos de Familia

Fueron alianzas político-militares entre los Borbones de Francia y España para unir fuerzas contra enemigos comunes, principalmente Gran Bretaña y Austria.

• Primer Pacto (1733): Firmado por Luis XV de Francia y Felipe V de España durante la Guerra de Sucesión Polaca. Felipe V buscaba recuperar las antiguas posesiones españolas en Italia. España consiguió instalar al infante Carlos (futuro Carlos III de España) como rey de Nápoles y Sicilia.
• Segundo Pacto (1743): Firmado por Luis XV y Felipe V durante la Guerra de Sucesión Austriaca. Se luchó contra Gran Bretaña y Austria. A cambio de la ayuda española, se obtuvieron los ducados de Parma y Piacenza para el infante Felipe. Al subir al trono Fernando VI (1746-1759), España adoptó una política de neutralidad.
• Tercer Pacto (1761): Firmado por Carlos III de España y Luis XV de Francia (aunque reinaba Luis XVI cuando se aplicó en la Guerra de Independencia de EE.UU.). El objetivo era hacer frente al expansionismo británico. España entró en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), con resultados negativos (pérdida de Florida). Posteriormente, apoyó a las colonias americanas contra Gran Bretaña, recuperando Menorca y Florida (Tratado de Versalles, 1783).

3. El modelo absolutista de los Borbones

3.1. El absolutismo monárquico

El absolutismo implicaba que el monarca encarnaba al propio Estado. El rey poseía un poder prácticamente ilimitado, considerado de origen divino: era la fuente de ley, la autoridad máxima del gobierno y la cabeza de la justicia.

Los Austrias ya habían iniciado un proceso de concentración de poder en Castilla. Sin embargo, en la Corona de Aragón y otros territorios (como Navarra y el País Vasco) se conservaban instituciones propias (Cortes, fueros) que limitaban el poder real.

Los Borbones impusieron el modelo absolutista francés, centralista y unificador. Felipe V, y en menor medida sus sucesores como Fernando VI y Carlos III, fortalecieron el poder real.

3.2. Los Decretos de Nueva Planta

Los Borbones asumieron la tarea de unificar y reorganizar los diferentes reinos peninsulares bajo el modelo castellano y el absolutismo monárquico. Esto significó la pérdida de la soberanía y las instituciones propias de los territorios de la Corona de Aragón, que habían apoyado al archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión.

Felipe V, mediante los llamados Decretos de Nueva Planta (promulgados entre 1707 y 1716 para Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña), abolió las leyes e instituciones políticas propias de estos reinos. Se mantuvieron las instituciones y fueros de Navarra y el País Vasco, por su fidelidad al bando borbónico durante la guerra.

La Nueva Planta abolió las Cortes de los diferentes reinos de la Corona de Aragón, integrándolas en las de Castilla, que se convirtieron en las Cortes de España. Estas Cortes solo se reunían a petición del rey, principalmente para jurar al heredero.

El Consejo de Aragón fue abolido, y el Consejo de Castilla se configuró como el órgano esencial de gobierno del país, con funciones consultivas, legislativas y judiciales.

3.3. Organización centralizada y uniforme del territorio

Por encima de cualquier institución se encontraba el poder del Rey. Este gobernaba auxiliado por las Secretarías de Despacho (antecedentes de los ministerios), cuyos titulares eran nombrados y destituidos por él:

• Secretaría de Estado y Asuntos Extranjeros
• Secretaría de Asuntos Eclesiásticos y Justicia
• Secretaría de Guerra
• Secretaría de Marina e Indias
• Secretaría de Hacienda

El territorio se reorganizó siguiendo el modelo francés:

• Se eliminaron los antiguos virreinatos (excepto en América) y se crearon demarcaciones provinciales.
• Al frente de cada provincia se instauró un Capitán General, con funciones militares y gubernativas.
• Se crearon las Reales Audiencias, presididas por el Capitán General, para la administración de justicia.
• Se extendió la figura del Corregidor castellano a todos los municipios.
• Se implantaron los Intendentes, funcionarios reales con amplios poderes económicos, fiscales y de supervisión.

4. La Ocupación Napoleónica y la Guerra de Independencia

4.1. El impacto de la Revolución Francesa

La influencia de la Revolución Francesa (1789) provocó la difusión de ideas liberales en España, pero también generó:

• Rechazo en la Corte y entre los estamentos privilegiados.
• Carlos IV eliminó la influencia de la Ilustración, destituyó a los ministros ilustrados (Floridablanca, Jovellanos) y frenó las reformas.
• Nombró a Manuel Godoy como Secretario de Estado (valido).
• Se cerró la frontera con Francia para evitar el”contagi” revolucionario.

En 1793, tras la ejecución de Luis XVI en la guillotina:

• Carlos IV se unió a la coalición militar europea contra la Francia revolucionaria (Guerra de la Convención).
• España fue derrotada, sufriendo un alto coste económico y la ocupación de parte de su territorio.
• Se firmó la Paz de Basilea (1795), en la que España quedó subordinada a los intereses franceses.

La subida al poder de Napoleón Bonaparte supuso un cambio en la orientación de la política exterior española, convirtiéndose España en aliada de Francia:

• Carlos IV y Godoy renovaron la alianza con Francia (Tratados de San Ildefonso).
• Esto implicó la guerra contra Gran Bretaña, que culminó con la desastrosa derrota de la flota franco-española en Trafalgar (1805).

Tras la derrota, la situación interna de España era crítica:

• Grave crisis de la Hacienda Real (endeudamiento).
• Godoy recurrió al aumento de impuestos y a la desamortización de tierras de la Iglesia.

Esto provocó:

• Oposición de la Iglesia y la nobleza.
• Desconfianza del príncipe heredero, Fernando VII, que conspiraba contra Godoy y su padre.
• Descontento popular debido a los elevados impuestos, la carestía de alimentos, las epidemias y el mal gobierno.
• Desprestigio general del gobierno de Godoy y de la propia monarquía.

4.2. La ocupación napoleónica

Tras firmar el Tratado de Fontainebleau (1807):

• España autorizaba a las tropas francesas a cruzar su territorio para atacar Portugal (aliado de Gran Bretaña).
• Se acordaba un reparto de Portugal, en el que Godoy recibiría un principado.

Las tropas francesas entraron en España en febrero de 1808.

• Fueron ocupando plazas estratégicas (Barcelona, Figueras, Pamplona, Vitoria…) más allá de lo pactado.
• Las autoridades españolas aceptaron inicialmente una presencia que se volvía cada vez más amenazante.
• Cuando el ejército francés llegó a Madrid, la familia real, aconsejada por Godoy, huyó a Aranjuez con intención de seguir hacia Andalucía y, posiblemente, América.

Motín de Aranjuez (marzo de 1808)

• Fue impulsado por la nobleza palaciega y el clero, partidarios de Fernando VII.
• Protagonizado por soldados y sectores populares.
• Exigieron la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV.
• Fernando VII fue proclamado rey.

Carlos IV solicitó la ayuda de Napoleón para recuperar el trono.

• Napoleón convocó a Carlos IV y Fernando VII en Bayona (Francia).
• Allí les obligó a abdicar en su favor (Abdicaciones de Bayona), cediendo él la corona a su hermano José I Bonaparte.
• Napoleón convocó unas Cortes en Bayona para aprobar una Constitución (Estatuto de Bayona).
• José I fue reconocido como rey de España por las instituciones del Antiguo Régimen.
• Impulsó reformas de carácter liberal: abolición de privilegios, igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a cargos públicos.

4.3. Revueltas populares y Juntas

La tensión por la presencia francesa era muy alta, ya que era evidente que se trataba de una invasión y no de un simple tránsito.

• Extorsiones y abusos cometidos por el ejército imperial.
• Rumor de que Napoleón había secuestrado a los reyes en Bayona.
• Se produjeron motines y resistencias en diversas localidades.

Levantamiento del 2 de mayo de 1808

El 2 de mayo de 1808 se produjo un levantamiento popular en Madrid contra las tropas francesas, iniciado ante la salida de los últimos miembros de la familia real hacia Bayona.

• Fue duramente reprimido por el ejército francés al mando del general Murat (fusilamientos del 3 de mayo).
• La noticia de los sucesos de Madrid y la represión extendió la revuelta por todo el país.
• El alzamiento fue protagonizado fundamentalmente por las clases populares y algunos cuadros militares (Daoíz y Velarde).
• El clero actuó a menudo como agente movilizador en defensa del catolicismo y la monarquía fernandina.

Formación de Juntas

Las instituciones del Antiguo Régimen (Consejo de Castilla, Capitanías Generales) habían perdido el control político o colaboraban con los franceses.

• Se produjo un vacío de poder en las zonas sublevadas.
• Los insurrectos (denominados patriotas) crearon Juntas locales y provinciales, formadas por personalidades de las élites locales (nobles, clérigos, burgueses, militares).

En mayo de 1808, en Sevilla, se creó la Junta Suprema de España e Indias.

• Declaró la guerra a Francia y se propuso coordinar la insurrección en Andalucía.
• Nombró al General Castaños capitán general del ejército en Andalucía.
• Surgieron otras juntas en Granada, Jaén, etc.

Para coordinar todas las acciones y asumir el gobierno en ausencia del rey, se creó en septiembre de 1808 la Junta Suprema Central, con sede inicial en Aranjuez y luego en Sevilla y Cádiz.

• Reconoció como rey legítimo a Fernando VII y asumió la autoridad en su nombre hasta su regreso.

5. La Guerra de Independencia: Desarrollo, Actitudes y Consecuencias

5.1. Desarrollo: La guerra contra los franceses

La guerra (1808-1814) fue larga y compleja, con varias fases:

1. Éxitos iniciales españoles (1808): En toda España se formaron grupos de voluntarios junto a parte del ejército regular. Se obtuvieron victorias inesperadas contra los franceses, destacando la Batalla de Bailén (julio de 1808). Tropas improvisadas al mando del general Castaños derrotaron cerca de Despeñaperros a un cuerpo del ejército francés dirigido por el general Dupont. Fue la primera vez que un ejército napoleónico era derrotado y obligado a rendirse en campo de batalla. José I tuvo que abandonar Madrid.
2. Hegemonía francesa (finales 1808 – 1812): Ante la derrota de Bailén, Napoleón movilizó parte de su Grande Armée (más de 250.000 hombres). En noviembre de 1808 se trasladó personalmente a la península ibérica. Ocupó Aragón (Sitios de Zaragoza), Cataluña y recuperó Madrid. A lo largo de 1809 y 1810, el dominio francés se extendió por casi toda la península, alcanzando su máximo apogeo en 1812 cuando dominaron Valencia. Solo Cádiz, gracias a la ayuda británica, quedó libre de ocupación.
3. Ofensiva anglo-española y derrota francesa (1812-1814): El dominio francés empezó a debilitarse cuando Napoleón retiró parte de sus tropas para la campaña de invasión de Rusia. Esto permitió el contraataque de las fuerzas británicas (llegadas a la península en 1808), portuguesas y españolas, comandadas por el General Wellington. Obtuvieron la decisiva Victoria en la batalla de Arapiles (Salamanca, julio de 1812), que marcó el principio del fin para la ocupación francesa.

Guerrillas de patriotas

En el conflicto tuvo un gran protagonismo la lucha de guerrillas:

• Realizaban un continuo hostigamiento a los franceses (emboscadas, ataques a convoyes, espionaje).
• Estaban formadas por pequeños grupos de combatientes (guerrilleros), a menudo antiguos soldados, campesinos o bandoleros.
• Actuaban preferentemente en zonas rurales, aprovechando su conocimiento del terreno.
• Estaban dirigidos por líderes surgidos del pueblo o por militares y clérigos (El Empecinado, Espoz y Mina, el cura Merino).

Tratado de Valençay

El avance de las tropas anglo-españolas obligó a José I a huir de Madrid, que fue recuperada en agosto de 1813.

• Napoleón, incapaz de mantener los frentes de Rusia y España simultáneamente, decidió pactar el fin de la guerra en la península.
• Firmó el Tratado de Valençay (diciembre de 1813) con Fernando VII, a quien reconoció como rey de España.
• Acordó la retirada de sus tropas y restableció a Fernando VII en el trono (quien regresó a España en marzo de 1814).

5.2. Las actitudes sociales y políticas

La guerra provocó una división en la sociedad española frente a la invasión francesa y al nuevo régimen de José I:

• Afrancesados: Una minoría, compuesta por intelectuales, altos funcionarios y parte de la nobleza, que apoyó a José I. Veían en su régimen una oportunidad para modernizar España de forma pacífica, siguiendo el modelo de las reformas ilustradas y evitando una revolución. Al final de la guerra, muchos tuvieron que exiliarse.
• Frente Patriótico: La gran mayoría de la población que se opuso a la invasión. Era un grupo muy heterogéneo, unido por el rechazo al francés y la lealtad a Fernando VII, pero dividido ideológicamente:
  • Absolutistas: La mayor parte del clero y la nobleza. Defendían la vuelta al absolutismo y al Antiguo Régimen bajo Fernando VII.
  • Liberales: Principalmente burgueses, intelectuales y algunos nobles y clérigos. Veían la guerra como una oportunidad para realizar una revolución liberal, acabar con el Antiguo Régimen e implantar un sistema constitucional basado en la soberanía nacional.
  • Pueblo llano: La mayoría de la población, que luchaba por la defensa de su tierra, su rey y su religión tradicional, a menudo sin una clara adscripción ideológica, pero instigados por el clero y los notables locales contra el invasor.

5.3. Los costes de la guerra

Fue una guerra larga, marcada por una crueldad extrema (asedios, represalias, guerrillas) y muy destructiva.

• Costes demográficos: Se estima una alta mortalidad entre la población civil (hambrunas, epidemias, violencia) y una caída de la natalidad. El número total de víctimas pudo rondar el medio millón o más.
• Costes económicos: La producción agraria quedó en gran medida destruida (campos arrasados, cosechas perdidas, ganado requisado). La incipiente producción industrial colapsó (especialmente sectores como la lana de Castilla o las manufacturas catalanas). El comercio interior estaba paralizado y el comercio colonial sufrió una gran interrupción. El transporte quedó afectado por la destrucción de caminos y puentes.
• Costes financieros: La Hacienda pública quedó en bancarrota, generando una deuda pública inasumible.
• Costes patrimoniales: Hubo un importante expolio de obras de arte por parte de los franceses y destrucciones del patrimonio histórico-artístico.

6. Cádiz, capital del liberalismo

6.1. La convocatoria de Cortes

Durante la Guerra, la Junta Suprema Central, además de dirigir la resistencia, inició un proceso de consulta al país sobre las reformas necesarias y decidió convocar Cortes Generales y Extraordinarias.

• La mayoría de las respuestas a la consulta culpaban de la situación a Carlos IV y su gobierno (Godoy) y proponían reformas que limitasen el poder del monarca.

Sin embargo, la Junta no pudo superar las derrotas militares y el desprestigio, por lo que:

• Fue reemplazada por una Regencia colectiva de cinco miembros, encabezada por el obispo de Orense (enero de 1810).
• Esta Regencia, aunque con reticencias, mantuvo la convocatoria de Cortes en Cádiz, única ciudad importante no conquistada que resistía el asedio francés con ayuda de Gran Bretaña.

Los diputados no pudieron ser elegidos con normalidad en todas las provincias debido al contexto de guerra y ocupación. Muchos territorios eligieron suplentes entre las personas presentes en Cádiz.

• Se reunieron unos 300 diputados.
• Las Cortes, inauguradas en septiembre de 1810, decidieron ser unicamerales y no estamentales (cada diputado un voto, sin separación por estamentos).

Los liberales consiguieron imponer sus tesis fundamentales en la primera sesión:

• Las Cortes eran depositarias de la soberanía nacional (el poder reside en la nación, no en el rey).
• Acordaron la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
• Reconocieron a Fernando VII como rey legítimo de España.

Estas decisiones tenían un carácter revolucionario:

• Rompían con el Antiguo Régimen (soberanía como atributo exclusivo del rey, sociedad estamental con privilegios…).
• Establecían las bases para la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el reconocimiento de derechos individuales.

6.2. La Constitución de 1812

Durante más de tres años (1810-1813), las Cortes desarrollaron una intensa actividad legislativa. Aprobaron numerosas leyes y decretos, y elaboraron la Primera Constitución de la España contemporánea, que sentó las bases de un nuevo sistema liberal y acabó jurídicamente con el Antiguo Régimen.

Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José (por eso se la conoce popularmente como”La Pep”). Fue un texto muy avanzado para la época, que se convirtió en referencia para el liberalismo en España y en otros países (Italia, Portugal, Hispanoamérica).

Establecía:

• Una amplia declaración de derechos del ciudadano: de petición, de educación (enseñanza primaria obligatoria), de propiedad.
• Libertades civiles: libertad de pensamiento, de opinión y de imprenta (con limitaciones para textos religiosos).
• Igualdad jurídica y fiscal (reparto proporcional de los impuestos).
• Sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25 años (se elegía a compromisarios que a su vez elegían a los diputados).
• Seguridad individual: garantías procesales (derecho a un juicio justo, prohibición de la tortura), inviolabilidad del domicilio, derechos penales.

La Nación se definía como “el conjunto de todos los españoles de ambos hemisferios” (incluyendo a los habitantes de las colonias americanas y asiáticas) que ejercen su soberanía mediante el sufragio.

La estructura del Estado se basaba en una monarquía limitada, fundamentada en la división de poderes:

• Poder legislativo: Residía en las Cortes unicamerales, que representaban la voluntad nacional. Tenían amplias facultades: elaborar leyes, aprobar los presupuestos y los tratados internacionales, comandar el ejército, etc.
• Poder ejecutivo: Correspondía al Rey, que poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes a través de la iniciativa y la sanción, poseyendo veto suspensivo por dos años. Su poder estaba controlado por las Cortes.
• Poder judicial: Era competencia exclusiva de los tribunales de justicia independientes. Se establecían los principios básicos de un Estado de derecho (códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, garantías procesales).

La Constitución también reconocía:

• La Confesionalidad católica del Estado (la religión católica era la única de la nación española).
• La creación de un ejército nacional permanente con servicio militar obligatorio.
• La organización territorial del Estado en provincias y municipios, gobernados por diputaciones y ayuntamientos electivos.
• Regulaba la Milicia Nacional: un cuerpo de ciudadanos armados (principalmente burgueses y clases medias) para defender el régimen liberal frente a sus enemigos internos.

6.3. La abolición del Antiguo Régimen

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar legalmente el Antiguo Régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal.

• Se abolió el régimen señorial (1811): Se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, por los cuales los señores impartían justicia y ejercían otras funciones públicas en sus dominios. La población dejó de estar sometida a la jurisdicción privada para depender únicamente de la autoridad pública y de las leyes del Estado. Sin embargo, los señoríos territoriales (la propiedad de la tierra) se mantuvieron como propiedad privada de los señores, lo que generó conflictos con los campesinos.
• Se intentó iniciar una reforma agraria mediante: la expropiación de los bienes de los conventos extinguidos por el gobierno de José I, la venta o reparto de terrenos baldíos y bienes comunales, y la limitación de los mayorazgos (que impedían la venta de las tierras vinculadas a títulos nobiliarios).
• Se adoptaron medidas próximas al liberalismo económico para impulsar la producción y el comercio:
  • Libertad de comercio, de industria y de trabajo.
  • Supresión de los gremios y de las aduanas interiores.

Sin embargo, la guerra impidió que muchas de estas reformas se aplicasen de forma efectiva. Los sectores absolutistas, que controlaban gran parte del territorio no ocupado por los franceses, se opusieron a ellas y esperaban el regreso de Fernando VII para restaurar el absolutismo.

7. Libertad de imprenta frente a la Inquisición

Las Cortes de Cádiz aprobaron el decreto de libertad de imprenta (1810), aunque con limitaciones en materia religiosa. Uno de los debates más intensos fue sobre la supresión de la Inquisición, vista por los liberales como un obstáculo a la libertad de pensamiento y un símbolo del Antiguo Régimen. La abolición de la Inquisición fue finalmente aprobada en 1813. Sin embargo, fue restablecida por Fernando VII en 1814 y abolida definitivamente en 1834, durante la regencia de María Cristina.

8. La emancipación de las colonias americanas

El vacío de poder creado en España por la invasión napoleónica (1808) y el descontento de la burguesía criolla (descendientes de españoles nacidos en América), marginada del poder político y económico, impulsaron los movimientos de independencia en las colonias americanas. Aunque la Constitución de 1812 reconoció la igualdad de derechos entre los españoles de ambos hemisferios, las Cortes no pudieron detener el proceso emancipador, que se consolidó tras el regreso de Fernando VII y la restauración del absolutismo. Hacia 1825, España había perdido todas sus colonias continentales en América. Solo conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas hasta 1898.

9. La restauración del absolutismo y el Trienio Liberal

9.1. La restauración del absolutismo (1814-1820)

Cuando en marzo de 1814 Fernando VII regresó a España, no cumplió sus promesas de aceptar el régimen constitucional. Apoyado por sectores absolutistas del ejército, la nobleza y la Iglesia (expresado en el “Manifiesto de los Persas”), y amparándose en las peticiones de estos, procedió al restablecimiento del Antiguo Régimen.

Tras su llegada a Valencia y posteriormente a Madrid, mediante el Decreto de Valencia (4 de mayo de 1814), declaró nula y sin efecto la Constitución de 1812 y los decretos de Cádiz. Inició la persecución de liberales y afrancesados: muchos fueron detenidos y ejecutados, o tuvieron que marchar al exilio.

Se restauraron las antiguas instituciones (Consejos, Inquisición), el régimen señorial y los privilegios estamentales.

9.2. La desafección social y política: Los pronunciamientos

La restauración absolutista se enfrentó a graves problemas: inestabilidad gubernamental, crisis económica agravada por la guerra y la pérdida de las colonias, y descontento social.

La guerra contra Napoleón había cambiado la mentalidad de muchos grupos sociales. Las ideas liberales y constitucionales se habían difundido. La represión ejercida por Fernando VII no impidió que la burguesía, las clases medias urbanas y parte del ejército siguieran defendiendo el liberalismo.

Todo ello favoreció la reivindicación liberal y constitucional, que encontró en los pronunciamientos militares el principal método para intentar acceder al poder. Estos consistían en el levantamiento de un sector del ejército, con apoyo civil en las ciudades (de intelectuales, burgueses, etc.), en favor de la Constitución. Pretendían conseguir la fuerza suficiente para obligar al monarca a aceptar el cambio de régimen.

Entre 1814 y 1820 hubo varios intentos de pronunciamiento liberal (Espoz y Mina, Porlier, Lacy), que fracasaron y fueron duramente reprimidos.

9.3. El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820 triunfó un pronunciamiento en favor de la Constitución. Lo encabezó el coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), al frente de una compañía de soldados que estaban acantonados para embarcar hacia América a sofocar las revueltas independentistas. La insurrección se extendió por otras ciudades.

Ante la extensión del movimiento, Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución de 1812, jurándola en marzo de 1820 (“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”).

Se formó un nuevo gobierno y se convocaron elecciones. Las nuevas Cortes, con mayoría de diputados liberales, iniciaron una importante obra reformista para consolidar el liberalismo.

El principal objetivo del Trienio fue consolidar la abolición del Antiguo Régimen, iniciada por las Cortes de Cádiz y abortada en 1814. Para ello se adoptaron las siguientes medidas:

• Supresión definitiva de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones, lo que permitió liquidar el feudalismo en el campo y desarrollar la propiedad privada capitalista.
• Reforma eclesiástica: supresión de conventos, desamortización de tierras del clero regular, reducción del diezmo. Se buscaba limitar el poder económico de la Iglesia y obtener recursos para la Hacienda.
• Reforma del sistema fiscal para aumentar los recursos del Estado y establecer la contribución directa.
• Eliminación de los gremios, lo que permitió la libertad de industria y comercio.
• Aprobación del primer Código Penal (1822).
• División del territorio en 52 provincias.

Para mantener el orden público y defender el régimen constitucional frente a la oposición absolutista, se instauró la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos voluntarios de clases medias urbanas.

9.4. Liquidación del Trienio

Las reformas del Trienio encontraron la oposición de la monarquía (Fernando VII utilizó el veto suspensivo para frenar leyes) y de los absolutistas (nobleza, clero, campesinado descontento). Estos crearon partidas guerrilleras realistas en Navarra, Cataluña y el Maestrazgo.

Además, el propio liberalismo se dividió entre:

• Moderados (doceañistas): Partidarios de reformas más limitadas y de un compromiso con las élites del Antiguo Régimen. Gobernaron hasta 1822.
• Exaltados (veinteañistas): Defensores de aplicar íntegramente la Constitución de 1812 y de reformas más radicales. Gobernaron a partir de 1822.

El triunfo del liberalismo en España y su posible contagio a otros países alarmó a las potencias absolutistas de Europa, unidas en la Santa Alianza (creada tras la derrota de Napoleón). Estas decidieron intervenir militarmente para restaurar el absolutismo en España.

Fernando VII pidió ayuda a la Santa Alianza. En el Congreso de Verona (1822), se acordó la intervención. Francia recibió el encargo de formar un ejército, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, que, bajo el mando del Duque de Angulema, atravesó los Pirineos en abril de 1823.

El ejército francés apenas encontró resistencia. El gobierno liberal y las Cortes se refugiaron en Cádiz, llevándose al rey. Finalmente, en octubre de 1823, Fernando VII fue liberado, recuperó su condición de monarca absoluto, declaró nula toda la legislación del Trienio e inició una feroz persecución de los liberales, implantando un régimen de terror.

10. La Década Ominosa (1823-1833)

El regreso al absolutismo (1823-1833) fue acompañado de una gran represión de la oposición liberal (ejecuciones como la de Riego, Mariana Pineda o Torrijos en 1831) y de depuraciones en la administración y el ejército. Hubo intentos fallidos de levantamientos liberales.

Para combatir posibles levantamientos, se creó un cuerpo paramilitar formado por absolutistas, los Voluntarios Realistas.

La década se caracterizó por graves problemas económicos:

• La pérdida definitiva de la mayoría de las colonias americanas agravó aún más la crisis crónica de la Hacienda.
• Ante los problemas económicos, el rey tuvo que buscar la colaboración de sectores moderados de la burguesía financiera e industrial. Se impulsó una reforma fiscal que intentaba hacer pagar impuestos también a los sectores privilegiados, lo que generó descontento entre los realistas más intransigentes.

Además, surgió un conflicto dinástico:

• Fernando VII no había restaurado la Inquisición (abolida durante el Trienio), lo que decepcionó a los sectores más ultraconservadores (apostólicos o realistas puros). Estos criticaban la supuesta moderación del rey y exigían más contundencia contra los liberales.
• Los realistas más intransigentes intentaron levantamientos (Guerra de los Agraviados en Cataluña, 1827) y empezaron a apoyar a Carlos María Isidro, hermano del rey y presunto heredero, como garante del absolutismo más puro.
• Fernando VII se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, con quien en 1830 tuvo una hija, Isabel. Para que ella pudiera heredar el trono, el rey promulgó la Pragmática Sanción, una norma aprobada por Carlos IV en 1789 pero no publicada, que anulaba la Ley Sálica (implantada por Felipe V, que prohibía reinar a las mujeres si había varones en la línea sucesoria).
• Los partidarios de Carlos María Isidro (carlistas) consideraron ilegal la Pragmática Sanción y defendieron la candidatura de Carlos al trono, considerándolo el legítimo sucesor de Fernando VII.

11. La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

11.1. Sectores Carlistas e Isabelinos

En 1833 murió Fernando VII. Su testamento nombraba heredera a su hija Isabel (de tres años) y regente a su esposa María Cristina. Los partidarios de su hermano Carlos María Isidro (que se autoproclamó rey como Carlos V) iniciaron una insurrección armada en el norte de España. Ante la debilidad inicial del gobierno de la reina regente, esto supuso el inicio de una larga y cruel guerra civil entre los Carlistas (defensores del absolutismo y los derechos de Carlos) y los Isabelinos o Cristinos (defensores de los derechos de Isabel II y, progresivamente, de un régimen liberal).

Carlistas:

• Se agrupaban bajo el lema “Dios, Patria y Rey” (y Fueros).
• Defendían el origen divino de la monarquía y el poder absoluto del rey.
• Consideraban a la Iglesia católica como la institución vertebradora del orden social.
• Se oponían a la centralización política liberal y defendían el mantenimiento de los antiguos fueros (leyes e instituciones propias) de los territorios, especialmente vascos y navarros.
• Se oponían radicalmente al liberalismo.
• Sus apoyos se concentraban en el País Vasco, Navarra, y zonas de Cataluña, Aragón y Valencia (Maestrazgo).
• Socialmente, contaban con el apoyo de gran parte del clero (especialmente el bajo clero), una parte de la pequeña nobleza agraria, y una base campesina de pequeños propietarios empobrecidos, artesanos arruinados y arrendatarios que temían las reformas agrarias liberales (desamortización, abolición de comunales) y defendían los usos tradicionales. Fuerza importante en las zonas rurales.

Isabelinos:

• Inicialmente, recibieron el apoyo de parte de la alta nobleza, del alto clero, del funcionariado y de la mayor parte del ejército.
• Ante la necesidad de ampliar su base social para hacer frente al carlismo, la regente María Cristina tuvo que buscar el apoyo de los liberales.
• Para captar a la burguesía, las clases medias urbanas y parte de las clases populares de las ciudades, la regencia tuvo que acceder gradualmente a las demandas de los liberales de acabar con el Antiguo Régimen y el absolutismo e implantar un régimen liberal.

11.2. El desarrollo de la guerra

La guerra tuvo varias fases:

• Formación del foco carlista del norte (1833-1835): Los carlistas tomaron fuerza en la zona norte (País Vasco y Navarra). Don Carlos se instaló en Navarra, donde organizó un pequeño Estado alternativo con su gobierno, su administración y un ejército regular dirigido por militares experimentados como Zumalacárregui. Fracasaron en su intento de tomar Bilbao (donde murió Zumalacárregui).
• Expansión carlista (1836-1837): Se formó un segundo foco carlista importante en Cataluña y, sobre todo, en el Bajo Aragón y el Maestrazgo, dirigido por el general Cabrera. Los carlistas organizaron expediciones fuera de sus bastiones para intentar extender la sublevación, como la Expedición Real de Don Carlos, que llegó a las puertas de Madrid (1837) pero fracasó.
• Fase final y victoria isabelina (1838-1840): La incapacidad carlista para conquistar ciudades importantes y extender la guerra, junto con las victorias del ejército isabelino (dirigido por Espartero), debilitaron la causa carlista.

11.3. El final del conflicto

La debilidad militar del carlismo provocó discrepancias internas entre:

• Los Transaccionistas: Partidarios de alcanzar un acuerdo negociado con los liberales para poner fin a la guerra. Liderados por el general Maroto.
• Los Intransigentes (o apostólicos): Partidarios de continuar la guerra hasta la victoria final. Apoyados por Don Carlos y Cabrera.

Finalmente, el sector transaccionista se impuso en el bando carlista del norte y se acordó:

La Firma del Convenio de Vergara (agosto de 1839) entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto. Establecía:

• El fin de la guerra en el norte.
• El compromiso del gobierno de respetar y proponer a las Cortes el mantenimiento de los fueros en el País Vasco y Navarra (aunque adaptándolos a la Constitución).
• La integración de la oficialidad carlista que aceptase el convenio en el ejército real isabelino, con reconocimiento de sus grados y empleos.

Sin embargo, los sectores más intransigentes, como Don Carlos (que marchó al exilio) y Cabrera (que resistió en el Maestrazgo hasta 1840), no aceptaron el pacto y optaron por el exilio o la continuación de una resistencia marginal.

El balance de la guerra fue muy negativo: se estima que causó entre 150.000 y 200.000 víctimas mortales y dejó profundas secuelas económicas y políticas.

12. El proceso de revolución liberal (1833-1843): Las regencias

Durante la minoría de edad de Isabel II (1833-1843), se produjo la instauración definitiva del régimen liberal en España, en el contexto de la guerra carlista. Este periodo se divide en la Regencia de María Cristina (1833-1840) y la Regencia de Espartero (1840-1843).

12.1. El fracaso del Estatuto Real

La reacción inicial de la regente María Cristina ante la insurrección carlista fue tibia. Su primer gobierno, presidido por Cea Bermúdez (absolutista moderado), intentó buscar un acuerdo con los carlistas y apenas introdujo reformas administrativas.

Sin embargo, el inmovilismo del gobierno permitió la expansión del carlismo. La monarquía isabelina necesitaba urgentemente más apoyos. María Cristina nombró un nuevo gobierno presidido por el liberal moderado Martínez de la Rosa.

Este propuso la promulgación del Estatuto Real (1834). No era una Constitución, sino una Carta Otorgada concedida por la Corona. Establecía unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres, designados por la Corona, y Estamento de Procuradores, elegido por sufragio muy restringido) con funciones meramente consultivas y subordinadas al rey.

El Estatuto Real resultó insuficiente para atraer el apoyo de la mayoría de los liberales (los progresistas) y para hacer frente a la guerra carlista. El malestar social crecía (epidemias, hambre, motines anticlericales).

Para conseguir el apoyo decidido de los liberales progresistas y restablecer la autoridad y el orden, la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por el liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal (septiembre de 1835).

12.2. La revuelta de 1836: Los progresistas al poder

Mendizábal se propuso derrotar militarmente a los carlistas y transformar el Estado en un sentido liberal. Para financiar la guerra, puso en marcha una Reforma Agraria basada en:

• La desamortización de las tierras eclesiásticas (1836): Expropiación y venta en pública subasta de los bienes pertenecientes al clero regular (órdenes religiosas).
• La supresión de las congregaciones religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria).

El proyecto reformista de Mendizábal consolidó la división interna del liberalismo español, que ya se venía perfilando desde el Trienio Liberal, en dos grandes corrientes:

• Moderados (doceañistas): Antiguos liberales de 1812, más conservadores. Partidarios de la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, de un sufragio censitario muy restringido, de limitar los derechos individuales y de un Estado centralizado pero respetuoso con los poderes tradicionales (Iglesia, Corona). Apoyados por la alta burguesía, la aristocracia terrateniente y altos mandos militares.
• Progresistas (exaltados): Herederos de los liberales más radicales del Trienio. Defensores de la soberanía nacional residiendo únicamente en las Cortes, de un sufragio censitario más amplio, de mayores libertades y derechos, de limitar el poder de la Corona y la Iglesia, y de potenciar la Milicia Nacional y los poderes locales (ayuntamientos). Apoyados por la pequeña y mediana burguesía, las clases medias urbanas y artesanos.

María Cristina, presionada por los sectores moderados y la Corte, destituyó a Mendizábal y entregó el gobierno a los moderados (mayo de 1836). Esta decisión provocó:

• Amplias protestas progresistas en muchas ciudades.
• Revueltas populares, motines y formación de Juntas revolucionarias que pedían el restablecimiento de la Constitución de 1812.
• Un Motín de sargentos en el Palacio de La Granja (agosto de 1836) obligó a María Cristina a aceptar la Constitución de 1812 y a nombrar un nuevo gobierno progresista.

Este nuevo gobierno, formado por José Mª Calatrava con Mendizábal como ministro de Hacienda, dio comienzo a un cambio de régimen definitivo, desmantelando las estructuras del Antiguo Régimen y poniendo las bases de un Estado liberal.

12.3. El nuevo orden constitucional: La Constitución de 1837

Los progresistas asumieron la tarea de desmantelar jurídicamente el Antiguo Régimen e implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria.

El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron una mayoría progresista.

• Estas Cortes redactaron una nueva constitución, la Constitución de 1837.

La Constitución de 1837

Intentó ser una constitución de consenso entre moderados y progresistas, aunque con predominio de estos últimos. Era más breve y sistemática que la de 1812.

Reconocía:

• El principio de soberanía nacional (aunque no se mencionaba explícitamente en el articulado, sí en el preámbulo).
• Una amplia declaración de derechos de los ciudadanos (libertad de prensa, de asociación, de reunión…).
• La división de poderes.
• La confesionalidad católica del Estado, pero con el compromiso de mantener el culto y el clero.
• Introducía una segunda cámara legislativa: Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados, elegido por sufragio directo censitario, y Senado, con miembros designados por el rey entre una terna elegida en cada provincia).
• Otorgaba mayores poderes a la Corona que la de 1812 (derecho de veto absoluto sobre las leyes, nombramiento de ministros, disolución de las Cortes).
• Establecía que las colonias serían gobernadas por leyes especiales, al margen de la Constitución.

Además de la Constitución, se aprobaron otras leyes importantes que consolidaron el régimen liberal: Ley de Imprenta, Ley Electoral (que fijaba un sufragio censitario más amplio que el del Estatuto Real pero aún restringido), continuación de la desamortización, abolición definitiva de los señoríos y los diezmos.

13. El reinado de Isabel II: Entre Moderados y Progresistas (1843-1868)

Tras la caída de Espartero (1843), las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II (con 13 años). Su reinado se caracterizó por la alternancia en el poder (generalmente mediante pronunciamientos militares) de los dos grandes partidos liberales, Moderado y Progresista, y por la aparición de nuevas fuerzas políticas (Demócratas, Republicanos, Unión Liberal).

13.1. Las bases del régimen moderado (Década Moderada: 1844-1854)

En las elecciones de 1844, los moderados consiguieron una amplia mayoría y el General Narváez formó un nuevo gobierno. Su objetivo era clausurar la etapa revolucionaria, asentar un régimen liberal conservador (moderantismo) que garantizase el orden, la propiedad y el control del Estado por la oligarquía (alta burguesía terrateniente y financiera, aristocracia). Para ello:

• Elaboraron la Constitución de 1845, que sustituyó a la de 1837 y asentaba los principios del moderantismo:
  • Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
  • Mayores poderes para la Corona.
  • Restricción de derechos y libertades (especialmente la de imprenta).
  • Confesionalidad católica del Estado más marcada.
  • Cortes bicamerales: Senado totalmente designado por el rey y Congreso elegido por sufragio censitario muy restringido (Ley Electoral de 1846, que limitaba el voto a menos del 1% de la población: los mayores contribuyentes).
• La Ley Electoral facilitaba el fraude en los resultados y la intromisión del gobierno en las elecciones para asegurar la victoria del partido en el poder.

13.2. El desarrollo del Estado liberal moderado

Durante la Década Moderada se construyó la estructura del Estado liberal centralizado en España:

• Se llevó a cabo una reforma fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845) para aumentar los ingresos del Estado, estableciendo la contribución directa sobre la propiedad y creando el impopular impuesto sobre el consumo (aplicado a artículos de primera necesidad).
• Se aprobaron el Código Penal (1848) y se inició la elaboración del Código Civil (que no se aprobaría hasta 1889).
• Se realizó una profunda reforma de la administración pública del Estado y de la administración provincial y municipal (leyes de 1845), reforzando el centralismo: los gobernadores civiles en las provincias y los alcaldes de las principales ciudades eran nombrados por el gobierno.
• Se estableció un sistema nacional de instrucción pública (Ley Moyano, 1857, aunque preparada en esta década), que regulaba los diferentes niveles educativos.
• Se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo militarizado encargado del mantenimiento del orden público, especialmente en el medio rural, y de la defensa de la propiedad.
• Se impuso el servicio militar obligatorio mediante el sistema de quintas (sorteo de mozos), aunque se permitía la redención en metálico o la sustitución, lo que lo hacía recaer sobre las clases populares.
• Se adoptó el Sistema Métrico Decimal de pesos y medidas.
• Se firmó el Concordato con la Santa Sede (1851):
  • El Estado español reconocía el catolicismo como religión oficial y única de la nación.
  • Se comprometía al sostenimiento económico de la Iglesia (presupuesto de culto y clero) como compensación por las desamortizaciones.
  • La Iglesia obtenía amplias competencias en educación y censura, y reconocía a Isabel II y aceptaba la desamortización ya realizada (aunque se paralizaban las ventas de bienes eclesiásticos).

13.3. La crisis del moderantismo

Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Fueron frecuentes las luchas internas por el poder dentro del partido moderado y la influencia de las camarillas palaciegas sobre la reina.

Además, tuvieron que hacer frente a diversos conflictos:

• Segunda Guerra Carlista o Guerra dels Matiners (1846-1849): Los carlistas protagonizaron un nuevo levantamiento, centrado sobre todo en Cataluña, en apoyo del pretendiente Carlos Luis de Borbón (conde de Montemolín), hijo mayor de Carlos María Isidro. Fue más bien una sublevación guerrillera que una guerra abierta, y fue sofocada.
• Divisiones internas del moderantismo: Surgieron diferentes tendencias dentro del partido (puritanos, vilumistas…), lo que propició la inestabilidad de los gobiernos. La vida política real no se desarrollaba tanto en las Cortes como en torno a la Corte y los grupos de presión militares y económicos.
• Autoritarismo creciente: La marginación de la oposición progresista y la deriva autoritaria de los últimos gobiernos moderados (Narváez, Bravo Murillo) aumentaron el descontento. La reforma constitucional de Bravo Murillo en 1852, que intentaba establecer un sufragio aún más restringido y fortalecer el poder ejecutivo, fracasó pero evidenció la crisis del régimen.

13.4. La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista (1854-1856)

La deriva autoritaria del régimen moderado precipitó el levantamiento de progresistas, demócratas (escindidos de los progresistas, defendían el sufragio universal masculino) y algunos sectores republicanos.

La acción se inició en Vicálvaro (Madrid) con el pronunciamiento del general O’Donnell (un militar moderado descontento). Inicialmente fracasó, pero los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), con promesas progresistas para atraer apoyo popular.

La sublevación se extendió por las ciudades con participación popular y formación de Juntas revolucionarias. Isabel II, ante la presión, se vio obligada a llamar al poder al líder progresista, el General Espartero, y a O’Donnell como ministro de la Guerra. Se inició así el Bienio Progresista.

Durante este periodo, gobernó una coalición de progresistas y moderados más abiertos (que formarían la Unión Liberal, partido centrista liderado por O’Donnell).

Las nuevas Cortes Constituyentes redactaron una nueva Constitución en 1856, de carácter progresista, pero que no llegó a publicarse (non nata) debido al fin prematuro del Bienio.

13.5. La acción de los gobiernos del Bienio

El gobierno progresista impulsó importantes reformas económicas que sentaron las bases para una etapa de desarrollo y expansión económica en las décadas siguientes:

• Se aprobó una nueva Ley de Desamortización civil y eclesiástica (1855), liderada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz. Afectó principalmente a los bienes de los municipios (propios y comunales) y también a los del Estado y a los eclesiásticos que quedaban sin vender. Buscaba obtener recursos para la Hacienda y fomentar la agricultura capitalista, pero perjudicó a los campesinos más pobres que dependían de los bienes comunales.
• Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba la construcción de la red ferroviaria española y ofrecía grandes incentivos a las empresas inversoras (mayoritariamente extranjeras), lo que impulsó la creación de las principales líneas férreas.
• Se impulsó el desarrollo del sistema de telégrafo.
• Se fomentó la ampliación de la red de carreteras.
• Se promovió la actividad bancaria (creación del Banco de España como banco emisor) y las sociedades por acciones.

13.6. La crisis del Bienio Progresista

El Bienio se enfrentó a una grave crisis económica (malas cosechas, alza de precios) y a una creciente conflictividad social (huelgas obreras en Cataluña, motines campesinos en Andalucía) en 1855 y 1856.

Ante esta situación, el gobierno adoptó duras medidas represivas, amparadas por O’Donnell. Esto provocó el enfrentamiento con Espartero, que estaba en desacuerdo con la represión.

La reina Isabel II se mostró a favor de O’Donnell, a quien nombró jefe de gobierno en julio de 1856.

O’Donnell puso fin al Bienio Progresista mediante un golpe de fuerza: cerró las Cortes, suprimió la Milicia Nacional, destituyó ayuntamientos y diputaciones progresistas y anuló gran parte de la legislación del Bienio, restableciendo con modificaciones la Constitución de 1845.

14. Obstáculos a la normalidad constitucional en la España Isabelina

El funcionamiento del nuevo Estado liberal durante el reinado de Isabel II se vio constantemente obstaculizado por una serie de factores que impidieron una normalidad constitucional y democrática.

14.1. Factores de inestabilidad

• La constante injerencia del ejército en la política: La fuerte presencia del ejército heredada del Antiguo Régimen, el prestigio obtenido en las guerras (Independencia, Carlista) y la debilidad del sistema parlamentario provocaron que los militares (Narváez, Espartero, O’Donnell, Prim…) se convirtieran en líderes de los partidos políticos y recurrieran sistemáticamente al pronunciamiento militar para derribar gobiernos y cambiar el signo político.
• La intromisión de la Corona en los asuntos políticos: Isabel II intervino activamente en la política, nombrando y destituyendo gobiernos según sus preferencias (generalmente a favor de los moderados) y participando en las intrigas políticas, lo que erosionó su legitimidad y la del sistema.
• La influencia de las camarillas palaciegas: En torno a Isabel II se formaron una serie de grupos de presión (camarillas) compuestos por nobles, clérigos, militares y financieros que luchaban entre sí para influir en las decisiones de la reina sobre asuntos políticos y económicos, llegando a tener un poder considerable al margen de las instituciones.
• El falseamiento sistemático de las elecciones: La debilidad del sistema político, basada en un sufragio muy restringido (censitario), y la falta de una cultura democrática sólida provocaban la manipulación constante de los resultados electorales por parte del gobierno de turno (mediante la presión a los votantes, el pucherazo, etc.) para asegurarse la mayoría parlamentaria. Esto impedía una alternancia política real basada en la voluntad popular.
• La frecuente suspensión de las garantías constitucionales: Ante los conflictos políticos, sociales o militares (pronunciamientos, revueltas, guerras carlistas), los gobiernos recurrían con frecuencia a la suspensión de las garantías constitucionales (derechos y libertades) y a la declaración del estado de excepción, lo que afectó negativamente al desarrollo y consolidación del sistema liberal.