El Reinado de Isabel II (1833-1868): Entre Moderados y Progresistas
El reinado de Isabel II se caracterizó por la lucha política entre liberales moderados y progresistas. La etapa inicial estuvo marcada por la predominancia de los moderados, liderados por el General Narváez, quienes buscaron orden y estabilidad a través de la restricción de derechos y la limitación de reformas progresistas.
En 1845, se promulgó una nueva constitución, más conservadora que la de 1837. Esta nueva constitución eliminaba el sufragio universal, reforzaba el poder del rey (con derecho a disolver las Cortes, nombrar y destituir ministros, y derecho de veto) y restringía el derecho al voto, además de reafirmar el carácter confesional del Estado.
Durante este período, se llevaron a cabo importantes reformas, como la reconstrucción fiscal liderada por Alejandro Mon, con un sistema tributario común para toda España (excepto Navarra y las provincias vascas, que mantenían un régimen especial). Hubo una bonanza económica con el desarrollo de infraestructuras, como el Canal de Isabel II, un sistema radial de carreteras y los primeros tramos de ferrocarril. Sin embargo, el carácter autoritario de los moderados y el desprestigio de la corona, debido a los escándalos de la vida privada de Isabel II y la corrupción, generaron un creciente descontento social y político.
Este descontento derivó en una conspiración progresista y el pronunciamiento de Vicálvaro en 1854, liderado por O’Donnell. A raíz de este levantamiento, se publicó el Manifiesto de Manzanares, que exigía una regeneración política y moral. La presión obligó a la reina a llamar al general Espartero, dando inicio al Bienio Progresista (1854-1856).
Durante el Bienio Progresista, se aprobaron medidas importantes como la Ley de Ferrocarriles de 1855 y la Ley de Desamortización de Pascual Madoz. Se elaboró un proyecto constitucional que proclamaba la soberanía nacional, la libertad de prensa y la democratización de los ayuntamientos.
El Regreso de los Moderados y la Crisis del Reinado
En 1856, tras los disturbios conocidos como el “motín del pan”, se reinstauró la Constitución de 1845 y se aprobó la Ley de Instrucción Pública, que regulaba la enseñanza. En 1858, las tensiones con Narváez llevaron a la reina a nombrar a O’Donnell, quien creó el partido de la Unión Liberal.
La Unión Liberal buscaba consolidar la monarquía liberal e impulsó el desarrollo ferroviario y de carreteras, pero fracasó en sus intervenciones en conflictos coloniales. A partir de 1863, Isabel II, temiendo el poder político, se inclinó hacia gobiernos más autoritarios. Esto, junto con el creciente desprestigio de la corona, incrementó el descontento de los progresistas, que reclamaban el sufragio universal, la creación de partidos políticos y sindicatos, y la libertad de prensa y religiosa.
En 1866, progresistas, demócratas radicales y miembros de la Unión Liberal firmaron el Pacto de Ostende, con el objetivo de derrocar a Isabel II. Este acuerdo fue la base de la Revolución de 1868 y el fin del reinado isabelino.
El Sexenio Democrático (1868-1874): Revolución, Monarquía y República
El Sexenio Democrático comenzó con la Gloriosa Revolución de 1868, impulsada por una grave crisis económica y el descontento político. La caída de la bolsa y el encarecimiento del algodón, tras la Guerra de Secesión en Estados Unidos, agravaron la situación. La oposición firmó el Pacto de Ostende para derrocar a la monarquía.
El 18 de septiembre de 1868, el almirante Topete se alzó en Cádiz al grito de “¡Abajo los Borbones!”. La revolución se extendió rápidamente, derrotando a las tropas leales a la reina. Isabel II se exilió en París, donde moriría en 1904. Por primera vez en España, un monarca era destronado por el pueblo, abriendo un período democrático.
El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869
El Gobierno Provisional (1868-1871), presidido por Serrano y con figuras clave como Prim y Sagasta, impulsó la elaboración de la Constitución de 1869, la primera de carácter democrático en España. Esta constitución proclamaba la soberanía nacional y garantizaba los derechos individuales, incluyendo la libertad religiosa y el sufragio universal masculino. Se mantenía la monarquía, lo que llevó a los republicanos descontentos a formar el Partido Republicano Federal.
El Reinado de Amadeo I (1871-1873)
Las Cortes eligieron a Amadeo I de Saboya como nuevo rey. Su llegada estuvo marcada por el asesinato de su principal apoyo, el General Prim. Sin respaldo político y rechazado por la nobleza, Amadeo I se enfrentó a graves problemas, como la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) y el creciente movimiento obrero. Abdicó en 1873.
La Primera República Española (1873-1874)
Tras la abdicación de Amadeo I, se proclamó la Primera República (1873-1874). Estanislao Figueras, el primer presidente, no pudo controlar el caos generado por los conflictos existentes. Le sucedió Francisco Pi y Margall, quien defendía un modelo federal con 17 estados, incluida Cuba, pero su proyecto no prosperó.
Desbordado, Pi y Margall dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien reprimió el cantonalismo, pero renunció al negarse a firmar penas de muerte. Emilio Castelar adoptó una postura más conservadora y suspendió las garantías constitucionales para buscar el orden. Su gobierno cayó en 1874 cuando las Cortes le negaron una moción de confianza.
Ante el riesgo de un gobierno federal, el General Pavía disolvió las Cortes, instaurando un régimen militar con Serrano como presidente. A finales de 1874, el general Martínez Campos proclamó a Alfonso XII (hijo de Isabel II) como rey. Con el apoyo de Cánovas del Castillo, se restauró la monarquía borbónica, inaugurando un largo período de estabilidad política en España.
La Restauración Borbónica (1875-1923): Estabilidad y Turnismo Político
El reinado de Alfonso XII comenzó en 1875 tras el pronunciamiento de Martínez Campos. La Restauración monárquica, diseñada por Cánovas del Castillo, estableció un sistema político estable y liberal, pero no democrático.
La Constitución de 1876
La Constitución de 1876, la más duradera hasta la Segunda República, estableció la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el carácter confesional del Estado y, inicialmente, el sufragio censitario (el sufragio universal masculino se introdujo en 1890). El poder legislativo se compartía entre el rey y las Cortes, el poder ejecutivo lo ejercía el rey, que designaba a los ministros, y el poder judicial recaía en jueces independientes.
El Turno de Partidos
El sistema se basaba en el turno de partidos, una alternancia pacífica entre dos grandes partidos: el Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y el Liberal, liderado por Sagasta. Los conservadores defendían el orden, el sufragio censitario y los valores tradicionalistas, mientras que los liberales apoyaban el sufragio universal, mayores libertades y un menor centralismo.
La colaboración entre ambos partidos quedó sellada con el Pacto del Pardo en 1885, tras la muerte de Alfonso XII. El “gobierno largo” de Sagasta (1885-1890) impulsó importantes reformas, como la abolición de la esclavitud y la instauración del sufragio universal masculino.
La alternancia en el poder se lograba mediante el “encasillado”: una lista de candidatos pactada por los partidos, y el fraude electoral, que garantizaba la victoria del partido en turno.
Nacionalismos, Regionalismos y Movimiento Obrero
Durante la Restauración, surgieron nacionalismos y regionalismos como respuesta a la centralización del Estado. El movimiento obrero, que había comenzado a organizarse durante el Sexenio Democrático, se consolidó con la Ley de Asociaciones de 1887, que legalizó las agrupaciones obreras. Los anarquistas tuvieron gran influencia en Cataluña y Andalucía, pero su radicalización llevó al terrorismo, con atentados como el del Liceo de Barcelona. Los socialistas fundaron el PSOE en 1879 y participaron en las elecciones desde 1910.
Este sistema político, controlado por una oligarquía, fue una fachada institucional donde el fraude y el caciquismo garantizaron el dominio de los partidos tradicionales hasta su crisis en 1923.
La Crisis Colonial de 1898: El Fin del Imperio Español
A finales del siglo XIX, España perdió sus últimas colonias. Cuba tenía una economía de plantación basada en la producción de azúcar, exportado principalmente a Estados Unidos. El descontento creció debido a las políticas proteccionistas españolas, que perjudicaban su economía exportadora.
La Guerra de Cuba y Filipinas
Durante el Sexenio Democrático (1868-1874), estalló la Guerra de los Diez Años (1868-1878) con el “Grito de Yara”, liderada por Antonio Maceo y Manuel Céspedes. La guerra tenía un carácter antiesclavista y anticolonialista. A pesar del desgaste de los sublevados, la Paz de Zanjón no resolvió el conflicto.
En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, impulsando la independencia. La situación se agravó con la imposición de políticas centralistas y restricciones a la participación política de los cubanos.
En 1895, se reanudó la lucha con el Grito de Baire. El general Martínez Campos renunció al mando por negarse a combatir a la población civil. Su sucesor, Valeriano Weyler, optó por la concentración de civiles en zonas controladas por el ejército, mientras España enviaba 300,000 soldados. Sin embargo, la malaria y la ayuda de Estados Unidos debilitaban a las fuerzas españolas. El gobierno de Sagasta concedió la autonomía a Cuba en 1897, pero ya era demasiado tarde.
En Filipinas, también estalló un conflicto independentista en 1896, liderado por Andrés Bonifacio.
La Guerra Hispano-Estadounidense (1898)
Estados Unidos veía a Cuba y Filipinas como estratégicas para sus intereses comerciales y militares. La prensa norteamericana movilizó a la opinión pública, presentando a España como opresora. La explosión del acorazado Maine en La Habana en febrero de 1898 provocó la declaración de guerra de Estados Unidos el 21 de abril de 1898.
En Filipinas, el comodoro Dewey destruyó la flota española en Cavite. La Paz de París (1898) estableció que España cediera Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos, y Cuba quedó bajo su “protección”. Estados Unidos ocupó Guam, y España vendió las Marianas, Carolinas y Palaos a Alemania.
El Desastre del 98 y el Regeneracionismo
La pérdida de las colonias marcó el fin de España como potencia mundial. La crisis de 1898 generó un sentimiento de fracaso conocido como el “Desastre del 98”. Aunque la prensa había alentado expectativas de victoria, la realidad era que España seguía siendo una potencia media en evolución.
Esta crisis impulsó el regeneracionismo, un movimiento que abogaba por la modernización del país. Joaquín Costa criticó el sistema basado en la oligarquía, el fraude electoral y el caciquismo, y defendía invertir en educación e infraestructuras.
Transformaciones Demográficas y Sociales en la España del Siglo XIX
A principios del siglo XIX, España tenía 11 millones de habitantes, y a finales del siglo, 18 millones, un ritmo de crecimiento lento en comparación con otros países europeos. Las principales dificultades para el crecimiento demográfico fueron la alta mortalidad infantil, las epidemias (como la fiebre amarilla y el cólera) y las malas cosechas, que provocaban hambrunas.
Aunque España tenía una de las tasas de natalidad más altas de Europa, la esperanza de vida era baja, no superando los 35 años. La transición demográfica no ocurrió hasta mediados del siglo XX, cuando se redujo significativamente la mortalidad infantil.
Movimientos Migratorios
- Migraciones internas: A mediados del siglo XIX, hubo un importante movimiento de población hacia Madrid y Barcelona, debido al desarrollo industrial. Bilbao también atrajo inmigrantes por su crecimiento industrial hacia finales de siglo.
- Migraciones estacionales: Jornaleros, como los segadores gallegos, se desplazaban a otras regiones para trabajos de cosecha.
- Emigración exterior: La emigración hacia América (Argentina, México, Cuba) comenzó en las últimas décadas del siglo, aunque en menor número que otras naciones europeas.
Urbanización y Reformas Urbanas
A finales del siglo XIX, la mayoría de la población vivía en ciudades pequeñas (menos de 100,000 habitantes). Las principales ciudades eran Madrid y Barcelona. Madrid era la capital política y financiera, mientras que Barcelona experimentaba un gran desarrollo industrial.
Para hacer frente al crecimiento urbano, se llevaron a cabo grandes reformas urbanísticas. En Barcelona, Ildefonso Cerdá diseñó un ensanche en 1860, con barrios planificados de forma ortogonal, calles amplias y jardines interiores. En Madrid, Carlos María de Castro diseñó su ensanche con un plano similar, creando áreas para la burguesía (como el barrio de Salamanca) y barrios populares como Chamberí.
De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases
En este período, España vivió la transformación de una sociedad estamental (basada en el nacimiento) a una sociedad de clases, donde la riqueza y el derecho de propiedad definían las divisiones sociales.
El Estado liberal consolidó esta nueva estructura social, comenzando con las Cortes de Cádiz y la abolición de los privilegios del Antiguo Régimen. Aunque el retorno del absolutismo con Fernando VII retrasó el proceso, este se consolidó a lo largo del siglo XIX gracias a las reformas de los progresistas.
La nueva sociedad de clases permitió una mayor movilidad social. La alta burguesía (empresarios, financieros) y la nobleza (con títulos honoríficos) dominaron la sociedad. Por debajo, surgieron las clases medias urbanas (funcionarios, médicos, pequeños propietarios). La mayoría de la población era campesina, con una gran diversidad dentro de la población rural. En las ciudades, un pequeño grupo de obreros industriales comenzó a formarse con la industrialización.
Economía y Desarrollo en la España del Siglo XIX: Desamortización, Industrialización y Comercio
La construcción del Estado liberal en España no solo incluyó reformas políticas, sino también económicas. Una de las principales reformas fue la desamortización.
La Desamortización
La desamortización consistió en la expropiación y venta de tierras eclesiásticas y municipales, que previamente estaban fuera del mercado debido a su propiedad por parte de la Iglesia, órdenes militares y ayuntamientos. Estas tierras fueron subastadas para aumentar la producción agrícola y modernizar el país. Sin embargo, los nuevos propietarios fueron, en su mayoría, grandes terratenientes, lo que dificultó la creación de una nueva clase de campesinos propietarios. Además, la reforma no mejoró significativamente la productividad agrícola, y muchos campesinos perdieron sus tierras comunales, convirtiéndose en jornaleros con condiciones de vida precarias.
La primera desamortización importante fue la Ley de Mendizábal (1835-1837), seguida por la Ley Madoz (1855), que afectó a tierras de los ayuntamientos y propiedades comunales. A pesar de las intenciones, la desamortización no cumplió sus objetivos y exacerbó las desigualdades.
Industria y Comercio
La industrialización en España fue débil y concentrada en algunas regiones. La industria textil catalana, basada en el algodón, fue una de las primeras en desarrollarse, beneficiándose de la política proteccionista y la alta demanda interna. Sin embargo, la pérdida de las colonias americanas y la falta de infraestructura impidieron el crecimiento generalizado de la industria.
La minería, especialmente en el País Vasco, también creció, y las leyes de minas de 1868 permitieron la explotación privada. La industria agroalimentaria, como la harinera castellana, también experimentó avances. Sin embargo, la revolución industrial en España fue limitada debido a la falta de capital, la debilidad del mercado interno y las malas comunicaciones.
El Ferrocarril y las Infraestructuras
La mejora de las infraestructuras, especialmente las carreteras y el ferrocarril, fue crucial para la modernización del país. La construcción de vías férreas comenzó en 1848 y se expandió notablemente durante el Bienio Progresista (1854-1856). La red ferroviaria alcanzó los 11,000 km para 1900, mejorando la comunicación interna y promoviendo la industrialización, aunque en gran medida estuvo financiada por capital extranjero.
El ferrocarril tuvo un impacto crucial en la economía y la sociedad, favoreciendo el transporte de pasajeros más que el de mercancías. Su expansión contribuyó a la integración territorial y al desarrollo de nuevas áreas industriales, aunque España siguió estando algo aislada de Europa debido a su sistema ferroviario distinto.
Proteccionismo y Librecambismo
A lo largo del siglo XIX, hubo un debate entre los partidarios del proteccionismo, que defendían la protección de las industrias nacionales, y los librecambistas, que abogaban por la libre competencia. Durante el reinado de Espartero, el país adoptó el librecambismo, eliminando las políticas proteccionistas, especialmente en la industria textil y agroalimentaria.
La Banca Moderna
Durante la década de 1840, España modernizó su sistema bancario, y en 1856 se fundó el Banco de España. Esto permitió la llegada de inversiones extranjeras, favoreciendo el desarrollo de la industria y el comercio. En 1868, con la creación de la peseta como moneda nacional, se completó la modernización del sistema financiero español.