La Época de las Regencias y el Problema Carlista (1833-1843)

A la vez que moría Fernando VII y se iniciaba la guerra, comenzaba la construcción de una España liberal.

Moderados y progresistas

Las tendencias moderada y progresista (exaltados o radicales) desencadenaron el juego político hasta 1868. Ambos admitían ciertas bases: la Constitución, el sufragio censitario y las libertades individuales.

El modelo moderado era práctico.

• Pretendía asimilar los principios del Antiguo Régimen y las ideas liberales. El grupo moderado estaba integrado por liberales “doceañistas” y por grupos de liberales que se habían separado de los exaltados y progresistas.
• El poder estaría controlado por las clases propietarias e ilustradas; las capacitadas para hacerlo. Para ello, el procedimiento fue el sufragio censitario: solamente podrían elegir diputados o senadores aquellos que pagaran al Estado una determinada cantidad anual en concepto de contribución por la propiedad, o que tuvieran una determinada profesión.

El modelo progresista gozó de simpatías entre las clases medias: propietarios medios de la tierra, comerciantes y manufactureros e intelectuales universitarios y “clases populares”.

• Sostuvieron la definición de la Constitución de 1812, la soberanía residía en la nación y tenía su representación en las Cortes.
• Su programa era reformista, defendían el sufragio censitario, aunque ampliaban la participación ciudadana al rebajar la cantidad de contribución anual.
• Defendían el librecambismo, es decir, la eliminación de barreras aduaneras.
• El deseo de suprimir “la contribución de sangre”; el servicio militar obligatorio de quintas. Las necesidades militares debían solucionarse con un ejército profesional.

El Estatuto Real de 1834

En enero de 1834, el ministro Martínez de la Rosa, cuando se dio cuenta de que era imposible un acuerdo con los carlistas, intentó lograr un equilibrio entre moderados y radicales. El primer paso fue el Estatuto Real.

El Estatuto, fue firmado por la regente en abril de 1834. Por un lado, era una “Carta otorgada”: el monarca, sin que las Cortes intervinieran, se limitaba a consentir a su lado otros poderes; por otro lado, era una “constitución” incompleta: no regulaba los poderes del rey ni del Gobierno, ni recogía declaración sobre los derechos de los individuos. Este Estatuto no satisfacía a los radicales, quienes proponían una Constitución elaborada desde la soberanía nacional o la vuelta a la de 1812.

La reacción progresista

La guerra contra los carlistas supuso una radicalización del liberalismo en armas. En 1836 permanecía el clima de crispación provocado por la guerra civil y por la situación de la Hacienda. El motín de los sargentos de La Granja, en 1836, obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar como jefe de gobierno a José María Calatrava, un progresista.

La desamortización de Mendizábal

La desamortización de los bienes eclesiásticos y de los pueblos fue la medida tomada por los liberales, y se desarrolló durante el siglo XIX. El hecho de desamortizar suponía: primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, dejando de ser “manos muertas” para convertirse en “bienes nacionales”; y segundo, la puesta en venta, mediante subasta. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades. Este proceso fue resultado de varias desamortizaciones: como la de Godoy (1798); la de Mendizábal (1836-1851)…

La desamortización de Mendizábal trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma. Cuando en 1835, llegó para presidir el Gobierno, quería garantizar la continuidad en el trono de Isabel II. Para ello había que ganar la guerra; pero esto no podría realizarse sin dinero. A su vez, para fortalecer la credibilidad del Estado ante peticiones de crédito extranjeras, era preciso disminuir la deuda pública.

El decreto desamortizador, en 1836, puso en venta los bienes del clero regular. En 1837 se sacaron a la venta los del clero secular. Con esta desamortización se quería: ganar la guerra; eliminar la deuda pública; atraer a las filas liberales a los beneficiarios de la desamortización. Además, la Iglesia se transformaba en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el culto.

El proceso de desamortizaciones no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos, sino para conseguir dinero para los planes del Estado. Otras consecuencias fueron: en lo social, la aparición de un proletariado agrícola, formado por campesinos sin tierra, jornaleros con duras condiciones y trabajo estacional y una burguesía terrateniente. En cuanto a la estructura de la propiedad, se mantuvo el latifundismo en el centro y el sur y el minifundio en el norte y noroeste. Otro aspecto importante de este periodo progresista fue la promulgación de la Constitución de 1837.

La primera guerra carlista (1833-1839)

Fernando VII murió en 1833, su hermano, con el Manifiesto de Abrantes, reclamaba el trono.

En el bando carlista estaban los partidarios del Antiguo Régimen; partidarios del absolutismo, de la religión y la Iglesia, y de la defensa de los fueros. Desde lo social militaban altos funcionarios ultraconservadores, parte de la nobleza, parte del ejército, la mayoría del bajo clero, una parte del campesinado y de los artesanos. Las zonas de mayor implantación carlista fueron: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra… En el exterior no contaron con el apoyo de ningún país, pero sí con las simpatías de imperios absolutistas.

En el bando isabelino la reina regente tuvo que buscar apoyos en los absolutistas moderados y en los liberales. Ella contó con el apoyo de parte de la nobleza, casi todo el alto clero, casi todos los generales, la alta burguesía, las clases medias urbanas, los obreros industriales y una parte del campesinado y con el apoyo de Portugal, Inglaterra y Francia.

En cuanto al desarrollo bélico la guerra se inicia en otoño de 1833, en un primer momento destacan los triunfos carlistas. Su suerte se trunca en 1835 cuando el general carlista Zumalacárregui muere en el cerco de Bilbao. En 1837 se produce la expedición real de Carlos V, a punto estuvo de tomar Madrid. A partir de ese momento pasaron a la defensiva y el general Maroto negoció con Espartero, las conversaciones de paz acabaron en la firma del Convenio de Vergara en 1839, los carlistas se rendían, pero conservaban sus grados militares en el ejército de Isabel II, y los liberales mantuvieron los fueros.

Las consecuencias más importantes de la guerra: En lo político la monarquía se inclinó hacia el liberalismo. Los militares tendrían un gran protagonismo en lo político y protagonizarían frecuentes pronunciamientos. Por último, los gastos de la guerra forzaron la desamortización de las tierras de la Iglesia.

La regencia de Espartero

Tras el fin de la guerra, el prestigio del general progresista Espartero era grande. Después de su triunfo en Luchana (1839), era un ídolo de los liberales progresistas. Pero su prestigio creció cuando en 1840 defendió los alzamientos de las provincias frente al proyecto de Ley de Ayuntamientos: por él se reducía el poder independiente de los ayuntamientos al establecer que los alcaldes serían nombrados por los gobiernos, contradiciendo la Constitución vigente. Pese a esto, la reina firmó la ley; con la firma llegaron los desórdenes y María Cristina renunció a gobernar. Espartero sería nombrado regente en 1841.

Durante tres años gobernó autoritariamente. Reprimió los pronunciamientos moderados. En 1842 ordenó el bombardeo de barrios de Barcelona, donde se habían producido motines a causa de una crisis industrial. Su mandato estuvo lleno de revueltas encabezadas por generales moderados partidarios de María Cristina -O’Donnell, Narváez- y finalizó en julio de 1843, con un pronunciamiento de Narváez.

La Década Moderada (1844-1854)

En los últimos meses de 1843, (es nombrada regente Isabel II) los moderados comenzaron a desplazar a los progresistas del poder. Además, creció la opinión de que era hora de asentar el Estado sobre unas bases firmes, reformando la Constitución de 1837. Cuando Narváez llegó a la presidencia del Gobierno, en 1844, inició reformas que limitaban las libertades propuestas por los progresistas, reforzando el poder de la Corona y organizando una administración centralista.

Las primeras reformas moderadas

La preocupación de los moderados era hacer compatibles dos conceptos: orden y libertad. Y se empezó por establecer un orden público estricto.

• A finales de 1843, el gobierno presidido por González Bravo había suprimido la Milicia Nacional; con ello se acababa con la fuerza de choque del partido progresista.
• A la vez se empezó a preparar la Guardia Civil, para salvaguardar el orden público y la propiedad de las personas. Su reglamento fue aprobado en 1844. Su primera obligación era auxiliar al jefe político provincial del que dependía, o bien tomar esta función en el caso de que dicha autoridad no estuviera presente. Su segunda obligación consistía en disolver cualquier reunión sediciosa y armada.
• Con la prensa, se produjo un control preciso de la imprenta y de la prensa por parte del Gobierno.
• La ley orgánica de 1845 (Constitución) delimitaba la función de los alcaldes; serían nombrados por el Gobierno y se les encomendaba la custodia del orden público, teniendo como colaboradora a la Guardia Civil. De esta forma se liquidaban los intentos progresistas de descentralización.

Finalmente, mediante un decreto de septiembre de 1845, se centralizó la instrucción pública y se organizó la enseñanza en sus distintos niveles.

• La reforma de la hacienda. Para salir del debilitamiento en que siempre se había encontrado, se refundieron los impuestos antiguos en unos pocos de corte moderno, con el fin de racionalizar su cobro. La reforma se concretó en nuevas contribuciones directas -territoriales, industriales y de comercio-.

La segunda guerra carlista (1846-1849)

Conocida también como Guerra dels Matiners. El pretendiente era Carlos VI. No tuvo ni la violencia ni el impacto de la primera. La causa del resurgimiento del conflicto fue el fracaso de la boda entre Carlos VI e Isabel II, lo que hubiera resuelto el conflicto dinástico. Se desarrolló sobre todo en el campo catalán.

El clericalismo de los moderados: el concordato de 1851

La Constitución del 45 decía que la religión de la nación española era la católica, apostólica y romana, en contraste con la Constitución de 1837, que enunciaba que la religión católica era en la que creían los españoles. Los moderados intentaban restablecer las relaciones con el Papa, después de la ruptura tras la desamortización de Mendizábal, y negociaron un concordato que se firmaría en 1851.

El concordato interpretaba que la única religión del Estado era la católica. Las consecuencias de esta afirmación era la intervención que se concedía a los obispos en la enseñanza y el apoyo que los gobiernos deberían prestarles en la represión de las llamadas doctrinas heréticas.

En el orden político, los gobiernos moderados consiguieron dos importantes logros: la aceptación por Roma de que los bienes desamortizados quedaran en manos de sus propietarios, lo cual implicaba acabar con la persecución de los compradores, que formaban el núcleo del partido moderado, y la renovación del derecho de presentación de obispos; el Gobierno tenía el derecho de proponer tres nombres para que Roma eligiera entre ellos al nuevo obispo, lo cual significaba que los gobiernos propondrían a adictos a sus programas y pretensiones.

Las reformas de la administración

Los objetivos fundamentales eran tres: un orden jurídico unitario, una administración centralizada y una Hacienda con unos impuestos únicos.

• El deseo de componer un corpus de leyes unitario que sirviera para todos, y que implicaba la eliminación de todos los fueros, leyes y costumbres excepcionales.
• La centralización y organización administrativa, sustentada por la reforma territorial de Javier de Burgos de 1833, quedó consolidada y uniformada, desde 1845, mediante leyes que regulaban la ordenación provincial y la administración local, concentrando en los gobernadores civiles la autoridad en cada provincia y haciendo depender de ellos a los alcaldes.

Finalmente, mediante un decreto de septiembre de 1845, se centralizó la instrucción pública y se organizó la enseñanza en sus distintos niveles.

• La reforma de la hacienda. Para salir del debilitamiento en que siempre se había encontrado, se refundieron los impuestos antiguos en unos pocos de corte moderno, con el fin de racionalizar su cobro. La reforma se concretó en nuevas contribuciones directas -territoriales, industriales y de comercio-.

El Bienio Progresista y la Vuelta al Moderantismo (1854-1868)

El favoritismo en lo social y la corrupción en la política económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron movimientos en sectores liberales, incluidos los moderados, que llevaron a la calle a las clases populares.

En julio de 1854, una facción del ejército encabezada por el general O’Donnell se pronunció en Vicálvaro. El resultado fue indeciso y O’Donnell se retiró. En Manzanares se le unió Serrano y lanzaron el Manifiesto de Manzanares con promesas progresistas. Con su difusión, las agitaciones populares aumentaron y casi toda España se unió a la insurrección, de modo que el alzamiento militar moderado quedó convertido en un movimiento popular y progresista. Debido a esto, la reina Isabel II entregó el poder a Espartero.

Las reformas progresistas del bienio

Comenzaba el bienio progresista; hasta septiembre de 1856. Los gobiernos querían poner en práctica medidas liberales. Se elaboró la Constitución de 1856 la cual no fue promulgada.

El texto reflejaba el ideario del partido progresista: la soberanía nacional, la limitación de poder de la Corona, una prensa sometida al juicio, la Milicia Nacional, alcaldes elegidos por los vecinos, un Senado elegido por los votantes, autonomía de las Cortes y superioridad de éstas sobre el Senado en las decisiones sobre los presupuestos anuales, y tolerancia religiosa.

La política económica tuvo como eje la desamortización y varias leyes económicas para atraer capitales extranjeros, relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril: Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria de 1856 y creación del Banco de España 1856.

La desamortización de Madoz de 1855

El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Madoz, sacó la Ley de Desamortización General. Se llamaba “general” porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos y los de los pueblos -se llamaban bienes de propios aquellos que proporcionaban una renta al Concejo; los comunes no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos. El procedimiento utilizado para las ventas fue copia del de Mendizábal; pero había dos diferencias. Una es el destino del dinero obtenido: fue dedicado a la industrialización del país; a la expansión del ferrocarril. La otra era la propiedad de dicho dinero: el Estado no era el propietario, sino los ayuntamientos.

En este proceso, la burguesía fue la gran beneficiaria. Pero, la enajenación de propiedades municipales trajo el empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado.

Las nuevas corrientes políticas

• A la izquierda del progresismo se consolidaron las opciones demócrata y republicana; ésta recogía corrientes como el socialismo y el federalismo.

El Partido Demócrata nació en la regencia de Espartero. Hacia 1840, la opinión democrática y republicana se extendía en círculos del progresismo atraídos por el furierismo. De entre los progresistas surgieron tendencias preocupadas por “la cuestión social”, que se difundía por medio de periódicos como El Republicano.

• El movimiento obrero, tiene sus orígenes en 1840, cuando surgen las organizaciones de trabajadores en Cataluña. Juan Munas lideraba la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, que promovió las primeras huelgas por mejoras salariales.
• El carlismo volvió a dar señales de vida.

Durante estos dos años, los progresistas se vieron continuamente golpeados en las sesiones de las Cortes y en los medios de comunicación por la derecha, y por la izquierda radical. Las acciones reivindicativas de obreros y campesinos y los intentos políticos para acabar con los gobiernos fueron constantes. La conflictividad aumentó, con esto una nueva crisis venía.

Retorno al moderantismo (1856-1868)

La crisis se produjo, en julio de 1856: ante la inestabilidad existente, O’Donnell dio un golpe de Estado en 1856 y desplazó del poder a Espartero y al partido progresista. Acabando así el bienio progresista. O’Donnell asumió la presidencia del Gobierno con el respaldo de su nuevo partido, la Unión Liberal, y presentó los objetivos principales de su política: consolidación de la monarquía constitucional; respeto a “los legítimos derechos y legítimas libertades”; restablecimiento del orden público, y conciliación de las tendencias moderada y progresista.

La política de la Unión Liberal

O’Donnell quería en 1856 establecer un liberalismo “centrista”. Repuso la Constitución de 1845 con un Acta Adicional que reconocía algunos principios progresistas, suprimió la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos. Pero retornó Narváez, con la supresión del Acta Adicional, la interrupción de la desamortización y rodeándose de los más conservadores del moderantismo, los “neocatólicos”.

Una nueva oportunidad para la Unión Liberal fue el periodo 1858-1863. Fueron años de expansión económica. La guerra de Marruecos (1859-1861), con una notable exaltación “patriótica”, junto con expediciones a México e Indochina, dieron prestigio al Gobierno. En estas aventuras adquirió gran reconocimiento el general Prim, que ante el ejército había demostrado sus dotes militares: había sido héroe en Castillejos, observador de guerra en Crimea, gobernador en Puerto Rico y enviado a México para ayudar a los franceses. El general Prim lideró a los progresistas. Él defendió los ideales de la libertad, a partir de 1863 empezó a conspirar para derribar a Isabel II.

En 1864 volvió Narváez al Gobierno y una política conservadora y de represión de las libertades públicas.

La crisis de 1866 y el agotamiento del régimen isabelino

En la crisis final del reinado de Isabel II actuaron como factores: las demandas sociales, el descrédito de Isabel, y el malestar social debido a una crisis financiera y de subsistencias en 1866. A ello se unió: la expulsión de sus cátedras, con la consiguiente manifestación estudiantil ahogada en sangre de 1865 –La noche de San Daniel-, y la organización de un complot militar liderado por Prim que fracasó, pero animó a la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil.

Prim pactó en Ostende en 1866 una alianza con el partido demócrata, sobre dos bases: la destrucción de lo existente, y la construcción de un orden nuevo por medio de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

En septiembre de 1868 se produjo una sublevación triunfante que provocó la caída de la dinastía borbónica y la esperanza de un régimen democrático para España.

Castilla La Mancha en el Reinado de Isabel II

• El Carlismo. Por toda la región se organizaron partidas carlistas, especialmente, las conducidas por Cabrera en 1837.
• División provincial de 1833. Con la división provincial de Javier Burgos en 1833, Toledo y Cuenca cedían territorios a varias provincias, Guadalajara y Ciudad Real aumentaban los suyos y se formaba una nueva provincia (Albacete).
• Desamortizaciones. La desamortización de Mendizábal tuvo especial significado en Toledo y la de Madoz afectó a Toledo y Ciudad Real. La venta de estas tierras consolidó el régimen latifundista.
• Ferrocarril. La primera línea que se construye continúa la iniciada hasta Aranjuez, prolongándose por Alcázar de San Juan, Albacete y, por Almansa hasta Alicante. Más tarde llegarían a Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Y mucho más tarde a Cuenca. La red ferroviaria quedó condicionada por el centralismo de Madrid.