La proclamación de la Segunda República Española (1931)
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España. El triunfo de las candidaturas republicanas y socialistas llevó a la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII abandonó el país y partió al exilio. Los representantes de los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián formaron un gobierno provisional y convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Paralelamente, el gobierno decretó una serie de medidas. Si bien la República contó con un amplio apoyo popular, también enfrentó la oposición de propietarios agrícolas, la oligarquía financiera y sectores de la Iglesia.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931, elaborada bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora, tuvo un carácter democrático y progresista. Definía a España como una república de trabajadores de todas las clases, organizada en un régimen de libertad y justicia. Se configuraba un Estado integral, permitiendo la constitución de gobiernos autónomos. El poder legislativo residía en las Cortes de una sola cámara; el ejecutivo, en el gobierno; y el judicial, en un poder independiente. La Constitución incluía una amplia declaración de derechos y libertades, concediendo por primera vez el voto a la mujer, no declarando ninguna religión oficial y reconociendo el matrimonio civil y el divorcio. Las discrepancias sobre cuestiones religiosas y autonómicas provocaron divisiones, llevando a Manuel Azaña a la presidencia del gobierno.
El Bienio de Izquierdas (1931-1933)
En materia religiosa, la República limitó la influencia de la Iglesia, especialmente el temor a la influencia de las órdenes religiosas en la enseñanza. Se prohibió su dedicación a la enseñanza mediante la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes de las órdenes religiosas. La jerarquía eclesiástica manifestó su antagonismo hacia la República. Se realizaron reformas en el ejército. Manuel Azaña pretendía crear un ejército profesional y democrático, reduciendo los efectivos militares mediante la Ley de retiro de la oficialidad, que permitía a los oficiales en activo retirarse con el sueldo íntegro si prometían su adhesión a la República. La reforma agraria fue un proyecto importante, buscando poner fin al latifundismo. Se prohibió rescindir contratos de arrendamiento, se fijó la jornada laboral de ocho horas y se estableció un salario mínimo. La Ley de Reforma Agraria permitía la expropiación, con o sin indemnización, de tierras mal cultivadas o arrendadas sin ser regadas. Esta ley aumentó la tensión social. En educación, se promovió una educación liberal y laica, acabando con la hegemonía de la enseñanza religiosa y estableciendo una escuela pública, gratuita y obligatoria. Se impulsaron campañas culturales, como las Misiones Pedagógicas, para mejorar el nivel cultural de la población. Francisco Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, impulsó reformas laborales, aprobando la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley del Jurado Mixto, estableciendo la semana laboral de 40 horas y estimulando el aumento de salarios.
El Bienio Conservador (1933-1935)
Las elecciones del 18 de noviembre de 1933 dieron la victoria a la derecha, iniciando el Bienio Negro. El Partido Radical y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) fueron las fuerzas políticas más importantes. El gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, paralizó muchas reformas anteriores. Se frenó la reforma agraria, devolviendo tierras a la nobleza y anulando la expropiación de tierras mal cultivadas. Se intentó contrarrestar la reforma religiosa con un presupuesto para el culto y el clero. En el ejército, se aprobó una amnistía para los sublevados de Sanjurjo y colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. La entrada de la CEDA en el gobierno, tras exigirlo bajo amenaza de retirar su apoyo parlamentario, radicalizó al PSOE y la UGT, provocando huelgas y manifestaciones. La Revolución de Octubre de 1934 tuvo consecuencias notables: la CEDA aplicó condenas con rigor, se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se devolvieron propiedades a los jesuitas, y se nombró a Gil Robles ministro de Guerra y a Francisco Franco jefe del Estado Mayor. Una crisis de gobierno, marcada por escándalos de corrupción (el Caso del Estraperlo), llevó a elecciones en febrero de 1936.
El Frente Popular y el inicio de la Guerra Civil
En las elecciones de 1936, los partidos de izquierda se unieron en el Frente Popular, con un programa común que incluía la amnistía para los encarcelados por la Revolución de Octubre. El triunfo del Frente Popular llevó a Manuel Azaña a la presidencia de la República y a Casares Quiroga a la jefatura del gobierno. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista. La derecha mostró un rechazo absoluto a la nueva situación. La Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política, utilizando la violencia contra los de izquierdas. El clima de violencia llevó al general Franco a intentar declarar el estado de guerra. Una conspiración militar, inicialmente débil, cobró fuerza con la incorporación del general Emilio Mola. El asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 aceleró los acontecimientos, desembocando en el inicio de la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936.