Reinado de Isabel II (1833-1868): Consolidación del Estado Liberal y Conflictos Internos

Al morir Fernando VII en 1833, su hija Isabel II fue proclamada reina, a lo que se opuso su tío, Carlos María Isidro, apoyado por los absolutistas más reaccionarios. Ante esta situación, la necesidad mutua condujo a la alianza entre isabelinos y liberales, y al estallido de la primera guerra carlista. Paralelamente se inició la construcción de un Estado liberal en España, que osciló entre dos tendencias: la moderada, defensora de mantener la posición social adquirida, y la progresista, deseosa de ampliar las conquistas políticas y sociales. Como veremos, el apoyo de Isabel II a los moderados se tradujo en numerosos levantamientos y en la creación de un partido intermedio, la Unión Liberal.

Etapas del Reinado

Este periodo político se divide en dos etapas: la época de las regencias (1833-1843) y el propio reinado de Isabel II (1843-1868) al obtener la reina la mayoría de edad para poder gobernar. La debilidad del nuevo régimen se tradujo en la alternancia de las constituciones (moderadas o progresistas), ya que cada partido que gobernaba intentaba elaborarlas a su medida. Los partidos políticos eran débiles y frecuentemente estaban dirigidos por un militar (espadón). Solo disfrutaba del derecho de voto una minoría y se adulteraban los resultados de las elecciones. Con estas deficiencias del sistema político fue frecuente el recurso al militar victorioso (pronunciamientos) para la formación de los gobiernos. Esto legitimó el intervencionismo del ejército en la vida política e hizo cristalizar una teoría nacional militar que hacía de las fuerzas armadas la institución esencial del Estado y de la Nación.

Revolución Liberal

Proclamada reina Isabel, su madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, asumió la regencia aliándose con los liberales para frenar el alzamiento carlista. El resultado: una revolución liberal en la que se asentaron los conceptos de soberanía nacional, defensa de derechos y libertades individuales, división de poderes, Cortes representativas, defensa de la Constitución y limitación del poder real.

Divisiones dentro del Liberalismo

Los liberales se dividieron en:

• Moderados (nobleza, clero y alta burguesía): defendían la soberanía compartida entre las Cortes -bicamerales (Senado, de nombramiento real, y Congreso)- y el Rey, que podría intervenir en política y disolver aquellas; el centralismo; un sufragio censitario muy restringido; un Estado confesional sin libertad de cultos; la restricción de los derechos ciudadanos; defensa del derecho a la propiedad; subordinación de la libertad individual a la autoridad y orden social; y el proteccionismo. Su obra: la Constitución de 1845. Destacaron Bravo Murillo y Narváez.
• Progresistas (clase media): defendían (Constitución de 1837) la soberanía nacional; la no intervención del rey en política; una mayor autonomía de los poderes locales; un sufragio censitario restringido; bicameralismo -Senado mixto-; amplios derechos individuales, pero no colectivos (huelga, etc.); limitación de la influencia de la Iglesia católica; economía librecambista. Destacaron Mendizábal, Espartero y Madoz.

De los progresistas se escinden en 1849 los demócratas, que abogaban por el sufragio universal masculino y la libertad de culto y prensa. Y de estos, a su vez, se escinden los republicanos, que rechazan la monarquía.

Carlismo: Ideología y Apoyos

Los carlistas (pequeños propietarios rurales y bajo clero) defendían la monarquía absoluta, el catolicismo y el foralismo -“Dios, Patria, (Fueros), Rey”-. Eran pequeños propietarios campesinos minifundistas y arrendatarios que temían cambios en la propiedad de la tierra (desamortizaciones), artesanos arruinados que apoyaban el sistema gremial, clero rural y nobleza rural, cuya fuente de riqueza eran el diezmo o las rentas agrícolas. Predominaban en el País Vasco, Navarra, norte de Cataluña y el Maestrazgo, pero era un movimiento débil fuera de allí. No controlaban ninguna gran ciudad, salvo Estella, y les obsesionaba dominar Bilbao.

Apoyos Sociales

Los medios urbanos apoyaron a los liberales (isabelinos o cristinos): bases populares de las ciudades, clases medias intelectuales que apoyaban el liberalismo de las reformas de Cádiz, beneficiarios de las desamortizaciones eclesiásticas (burgueses y campesinos ricos), la mayor parte del Ejército, y antiguos apoyos de Fernando VII, es decir, funcionarios estatales, altas jerarquías eclesiásticas que vían un cambio a nivel internacional y nobleza latifundista del centro y el sur que obtuvo parte de las tierras eclesiásticas desamortizadas y la legitimidad de sus propiedades, pero también los jornaleros que piensan en un posible acceso a las tierras.

Guerras Carlistas

Hubo tres guerras carlistas:

• La primera (1833-40) entre Carlos María Isidro e Isabel II.
• La segunda (1846-49) al casarse Isabel con su primo Francisco de Asís en vez de con el primogénito de Carlos, Carlos Luis.
• La tercera (1872-76) entre Carlos VII y los gobiernos de Amadeo I, la I República y Alfonso XII, sucesivamente.

Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El conflicto estalló el 1 de octubre con el Manifiesto de Abrantes redactado por parte de Carlos Mª Isidro, el cual se proclamó rey como Carlos V (pretendiente). Ante la falta de ejército regular los carlistas optan por la formación en un principio de “partidas” (grupos guerrilleros). Contarán en el ámbito internacional, con el apoyo de las potencias absolutistas (Rusia, Prusia y Austria) mientras que el bando isabelino por las liberales (Gran Bretaña, Francia y Portugal).

• Primera fase (1833-35): el ejército carlista al mando de Zumalacárregui dominó gran parte del País Vasco y Navarra, pero la muerte de este en el asedio de Bilbao (1835) decantó la guerra del lado liberal.
• Segunda fase (1835-37): expediciones carlistas de nulas consecuencias, como la de Miguel Gómez o la de Carlos María Isidro hacia Madrid, y éxito liberal al conseguir Espartero que finalizase el asedio carlista a Bilbao.
• Tercera fase (1837-40): Ante la imposibilidad de que los carlistas ganasen la guerra, algunos de sus generales (Guergué, Sanz y Cabrera) optaron por resistir (intransigentes), mientras que el resto (transaccionistas), encabezados por Maroto, lograron un acuerdo con Espartero que reconcilió a ambos bandos (Convenio de Vergara, 1839): recogía la conservación de los fueros vasco-navarros y la integración de la oficialidad carlista en el ejército real.

Con la huida de España de Carlos María Isidro y la toma del último núcleo de resistencia carlista (Morella, 1840), el liberalismo se asentó en España.

Consecuencias de la Primera Guerra Carlista

La guerra provocó alrededor de 300.000 muertos, sobre una población de 13 millones, implicó la definitiva inclinación de la monarquía isabelina hacia el bando liberal, y ratificó el protagonismo social y político de los militares, que liderarán los principales partidos políticos y los gobiernos, recurriendo muchas veces a pronunciamientos para cambiar el signo del gobierno según conviniese. Los gastos de la guerra acabaron por arruinar las finanzas públicas, a pesar de los ingresos procedentes de la desamortización de Mendizábal de 1836. Freno al desarrollo económico de amplias zonas del territorio español por los destrozos de la guerra o el aumento del gasto militar en detrimento de sectores económicos como la industria o la agricultura.

Regencia de María Cristina (1833-1840)

María Cristina confirmó como primer ministro a Cea Bermúdez, que en 1833 aprobó la división provincial de Javier de Burgos. Con la guerra y el descontento militar, llegó al poder Martínez de la Rosa, que arrancó a la reina el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que establecía Cortes bicamerales (la de los Próceres, designados por la reina, y la de los Procuradores, por sufragio restringido). La guerra y el descontento popular por un sufragio restringido a 16.000 votantes y las insuficientes reformas forzaron el acercamiento a los progresistas, y se nombró jefe de Gobierno a Mendizábal (1835), el cual liquidó la deuda pública, reformó el Estatuto Real y la Milicia Nacional -ahora Guardia Nacional-, alistó a 100.000 hombres y desamortizó los bienes religiosos. Esto último y la carencia de éxitos militares supusieron su sustitución por Istúriz en el Gobierno, provocando levantamientos progresistas y el motín de los Sargentos de La Granja, que obligaron a María Cristina a jurar la Constitución de 1812. El nuevo gobierno progresista de Calatrava elaboró la Constitución de 1837, aceptada por moderados y progresistas, que recogía [soberanía nacional, amplia declaración de derechos individuales, división de poderes, aconfesionalidad del Estado], pero haciendo concesiones a los moderados (Cortes bicamerales, amplios poderes de la Corona, financiación de la Iglesia Católica por el Estado). Entonces, los moderados llegaron al poder e intentaron parar las leyes progresistas, lo que provocó que Espartero obligase a la regente a dimitir. (Y ENTONCES ESPARTERO REGENTE)

Regencia de Espartero (1841-1843)

Su carácter autoritario provocó la ruptura con el ala civil de su partido dirigido por Olózaga. La crisis económica y su política librecambista (tratado comercial con Reino Unido) ocasionaron protestas en Barcelona, que fueron reprimidas con un bombardeo que provocó en 1843 un levantamiento general. Derrotado política y militarmente por moderados y progresistas, que estaban dirigidos por Narváez, Espartero renunció.

Década Moderada (1843-1853)

En 1843 Isabel, de 13 años, fue declarada mayor de edad por las Cortes y Narváez nombrado presidente. El Estado liberal se asentó con:

• la Constitución de 1845: soberanía conjunta de la Corona y las Cortes bicamerales (Congreso electivo y Senado por designación real con carácter vitalicio); la Corona nombra ministros, disuelve las Cortes, sanciona de leyes; sufragio censitario (1%); reducción de la libertad de prensa y libertades individuales; religión católica única y mantenida por el Estado.
• Asimismo el Estado liberal también se asentó en el centralismo mediante Códigos Penales (1848 y 1850), la creación de gobernadores civiles en las provincias y la Guardia Civil (1844); la creación del Banco de España (1844); la Ley de Ayuntamientos de 1845 (el Gobierno designa los alcaldes de los municipios con más de 2000 habitantes); la reforma de la Hacienda; la reforma tributaria de Mon y Bravo Murillo; y el restablecimiento de relaciones con la Iglesia católica a través del Concordato de 1851 por el que Roma reconocía la Monarquía Isabelina y las expropiaciones realizadas; a cambio el Gobierno reconocía como única religión la Católica, establecía un impuesto para mantener al clero, devolvía los bienes no vendidos y aceptaba la supervisión de la educación.
• La Ley de Instrucción Pública, la Ley Moyano (1857) intento de regularizar la educación.

En 1846-48 resurgirá el problema carlista con la II Guerra carlista debido al fracaso de la boda entre Isabel II y el primogénito de Carlos Mª Isidro (Carlos Luis de Borbón, futuro pretendiente Carlos VI). Se extenderá por Cataluña de la mano de las partidas de matiners (“madrugadores”, en catalán, en referencia a que las partidas hostigaban a las tropas a primeras horas de la mañana). En esta década se modernizaron algunos símbolos nacionales. En primer lugar, en octubre de 1843 se decretó el uso de la bandera roji-gualda para todas las fuerzas armadas. En segundo lugar, se construyó en estilo neoclásico entre octubre de 1843 y octubre de 1850 el Palacio del Congreso de los Diputados, obra del arquitecto Narciso Pascual Colomer.

Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854 el viraje muy reaccionario del gobierno de Bravo Murillo (reforzamiento del poder ejecutivo en detrimento del poder del parlamento) produjo el pronunciamiento de los generales Dulce y O’Donnell (Vicalvarada), que dejó la situación indecisa hasta que el Manifiesto de Manzanares, obra de Cánovas del Castillo, movilizó a los progresistas en las ciudades, produciéndose una revolución de dos tiempos. La reina entregó el gobierno a Espartero que, apoyado por O’Donnell, como ministro de la guerra, amplió las libertades y aprobó la Ley General de Caminos de Hierro, la desamortización de Madoz (1855), la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856) y la Ley del Trabajo de 1856 (reducía la jornada laboral para los niños entre 10 y 12 horas diarias,se permitían asociaciones obreras de cómo máximo 500 miembros o se establecía los jurados mixtos controlados por el Gobierno para resolver los conflictos laborales). La inestabilidad social por la epidemia de cólera de 1854, las malas cosechas, el alza del precio del trigo por culpa de la Guerra de Crimea (1854-56), y la conflictividad laboral, llevaron a la sustitución en 1856 de Espartero por O’Donnell, fundador de la Unión Liberal. La Constitución de 1856, que debía reemplazar a la de 1837, de nuevo vigente, no se aprobó -la “non nata”-, y se restableció la de 1845.

Fase de Unionistas y Moderados (1856-1868)

La Unión Liberal y el Partido Moderado de Narváez se repartieron el poder. Hubo una expansión económica hasta 1866 por la inversión de capital extranjero y la especulación inmobiliaria, y la adopción de medidas proteccionistas sobre la industria textil catalana y la naval vizcaína. El ferrocarril llegó a Murcia en febrero de 1863. Buscando prestigio internacional se intervino en Marruecos (1859-1860), con la victoria de Prim en Wad-Ras y la toma de Tetuán; en México (1861), donde se fracasó; y en Conchinchina (1858-1862), con escaso beneficio. Santo Domingo se reincorporó a España de manera efímera (1861-1865) al no verse la rentabilidad de dicha incorporación. Desde 1863 prevaleció la inestabilidad política, debido al descrédito de la reina y del gobierno moderado de Narváez, a la represión ejercida contra la oposición (progresistas, demócratas y republicanos) que ya no sólo conspiraban contra el gobierno sino también contra la propia Monarquía, así como a la crisis económica 1865-68. En agosto de 1866 progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, al que se adhirieron también los unionistas en noviembre de 1867, tras la muerte de O’Donnell y ahora dirigidos por el general Serrano. Con este pacto se pretendía acabar con la monarquía de Isabel II, a la que se acusaba de preferencia por los moderados que gobernaban a través de un régimen corrupto. El progresismo, marginado de la política y sin el respaldo de la Corona, derrocó a Isabel II en 1868 con el pronunciamiento de Topete, apoyado por los generales Serrano y Prim. La muerte de Narváez en 1868, sería el punto de inicio para que los partidos firmantes del Pacto de Ostende llevasen a cabo la Revolución de Septiembre de 1868 “La Gloriosa” que acabó con la Monarquía Isabelina (huida de Isabel II a Francia), dándose inicio al “Sexenio Democrático o Revolucionario”.

Conclusión: Crisis y Fin del Reinado Isabelino

El sistema isabelino entró en crisis a mediados de los años 60 debido a factores económicos, como la crisis europea de 1866, que afectó a España con la quiebra de bancos, empresas de ferrocarriles e industrias siderúrgicas y textiles, lo que aumentó el malestar social. Y a factores políticos, como la escasa representatividad del sistema y la represión de la oposición. El brusco enriquecimiento de las clases dirigentes con la Bolsa y el ferrocarril y la existencia de camarillas alrededor de la reina generaron la oposición del pueblo al régimen isabelino. Todo ello llevó a progresistas y demócratas a constituir el Pacto de Ostende (1866), al que se sumaron los unionistas (1868), derribando a Isabel II del poder mediante la Revolución de 1868: La Gloriosa.