Contexto Histórico

Nos encontramos ante un decreto escrito por Mendizábal hacia la regente María Cristina y publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de febrero de 1836. En él, propone una reforma para intentar sanear la Hacienda Pública y para crear una copiosa familia de propietarios. Se trata por tanto de un texto de fuente histórica y naturaleza económica.

En 1836, España se encontraba en una época de construcción del estado liberal, con un estado progresista gobernado por la Regencia de María Cristina. El país estaba en crisis desde la monarquía de Carlos IV.

La sociedad estaba dividida política, social e ideológicamente, en Carlistas e Isabelinos que a su vez se dividían en liberales moderados y progresistas. Todas estas diferencias les llevaron a un enfrentamiento armado: la guerra carlista.

Ideas Principales del Decreto

Este texto es una propuesta de saneamiento de la Hacienda Pública y una justificación de por qué desamortizar los bienes de la iglesia. La venta de tierras se presenta como una fuente de riquezas para el estado, además de una forma de ganar apoyo de los liberales burgueses, la aristocracia y los campesinos, ya que todos ellos podrían acceder a la compra de tierras.

La Regencia de María Cristina y la División del Liberalismo

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, se inicia una etapa de transición en la que gobernaba como regente su viuda, María Cristina. En esta etapa se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes:

• Liberales moderados: Partidarios de un liberalismo atenuado y conservador, que creían que la corona debía contar con amplios poderes y que el sufragio debía ser muy limitado.
• Liberales progresistas: Partidarios de la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y de una reforma y políticas que limitase el poder del rey a favor del Parlamento.

María Cristina se mostró partidaria de los moderados. Al comenzar su regencia, nombró un gabinete presidido por el ministro Cea Bermúdez, quien defendía la monarquía absoluta. Javier de Burgos llevó a cabo la división provincial de fines de 1833, a la que se oponían liberales y absolutistas.

La Primera Guerra Carlista y el Estatuto Real

La primera guerra carlista comenzó tras la muerte de Fernando VII por las ansias de su hermano Carlos María Isidro por obtener el trono. Esta situación obligó a la regente a llamar a Martínez de la Rosa para formar un nuevo gobierno integrado por destacados políticos del trienio liberal.

Martínez de la Rosa concibió el Estatuto Real con carácter de carta otorgada, que en realidad era una convocatoria de cortes con dos cámaras: el estamento de próceres (cámara alta) y el estamento de procuradores (cámara baja). La corona entendía la soberanía como histórica y depositada con las cortes con el rey; estas solo podían legislar a propuesta del monarca, que era quien las convocaba.

Esta reforma constitucional no satisfacía a los liberales doceañistas, que reclamaban mayor participación ciudadana y el retorno a la revolución liberal de 1812. Para los más moderados era suficiente y para los reaccionarios inaceptable, puesto que defendían la vuelta al absolutismo. El gobierno se enfrentaba a la oposición liberal y a la antiliberal.

La Revolución de 1835 y el Gobierno de Mendizábal

La relación entre gobierno y cortes se volvió tensa. La epidemia de cólera, la guerra civil y la matanza de frailes en 1834, junto con la debilidad de la Hacienda Real y el endeudamiento, aumentaron la tensión y radicalizaron a unos y otros.

El conde de Toreno, que sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno en junio de 1835, junto con el ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal, durante su mandato llevó a cabo importantes reformas como la disolución de los conventos de menos de 12 religiosos y de la Compañía de Jesús en 1835.

La milicia urbana, progresistas, protagonizó levantamientos en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga y Cádiz, que dieron lugar a la formación de juntas que tenían como objetivo asumir un gobierno revolucionario de corte anticlerical y absolutista. Gracias a ellos se exclaustraron todos los conventos.

Como consecuencia de la revolución de 1835, se rompieron las relaciones con la Santa Sede y el clero regular se unió a los Carlistas. El gobierno de Toreno ordenó la disolución de las juntas, pero la tensión revolucionaria no disminuyó y la regente llamó a Mendizábal para formar un gobierno.

Desde agosto de 1835 hasta 1837 se produjo la transición política hacia el sistema liberal, en la que tuvo influencia Mendizábal apoyado por María Cristina.

El nuevo gabinete afirmó la necesidad de una declaración de derechos del ciudadano y de someter el gobierno al Parlamento e integró a las juntas en las diputaciones provinciales, se reorganizó la Milicia Nacional con el nombre de Guardia Nacional y se planteó acabar la guerra en poco tiempo gracias a los ingresos que obtendrían mediante la desamortización de bienes del clero. Querían nacionalizar los bienes de la iglesia y subastarlos para, con los beneficios obtenidos, sanear la deuda pública, poder hacer frente a la guerra y la crisis en la que vivían inmersos y crear una clase de nuevos propietarios adictos a la causa liberal.

Consecuencias de la Desamortización

El proceso desamortizador fue la primera pieza de la transformación agraria del siglo XIX. El conjunto de leyes desamortizadoras se calificó como una reforma agraria liberal, porque alteraba la distribución de la propiedad y ponía en circulación tierras sin explotar para su cultivo. Además, fueron los gobiernos liberales quienes las llevaron a cabo, formando así un grupo de propietarios con esta ideología. Los procesos de desamortización se prolongaron hasta 1844, cuando su aplicación quedó paralizada por el gobierno moderado de Narváez, pero afectaron principalmente a los bienes del clero regular y a los del clero secular.

A pesar del intento de sanear la deuda, no dio resultado, la guerra continuó y en las elecciones de 1836 los progresistas ganaron las elecciones, aunque poco más tarde tuvieron que dimitir y María Cristina nombró presidente a Istúriz, quien decidió colaborar con Alcalá Galiano y Ángel Saavedra.

Este proceso de nacionalización y venta tuvo como consecuencias:

• Incrementó el número de grandes terratenientes, nuevos propietarios que invirtieron su dinero en tierras y casas porque se vendieron sin ningún criterio distributivo, solo con el fin de obtener ingresos para el fisco, de la forma más rápida. Con esta reforma ni hubo ni se pretendió una reforma agraria, ya que apenas afectó a la estructura de la propiedad de la tierra, ni se modernizaron las formas de explotación, solo cambió de manos.
• Los compradores fueron gente adinerada procedente de la vieja aristocracia y burgueses enriquecidos. Así, la nobleza consolidó su patrimonio y permutó los abolidos derechos señoriales por la plena propiedad y los derechos señoriales.
• Permitió poner en cultivo gran cantidad de tierras abandonadas, así se resolvió el problema de la carestía de alimentos.
• Los grandes perdedores fueron los campesinos, que tuvieron que pagar rentas más elevadas por el cultivo de tierras; la iglesia, que perdió gran parte de su patrimonio inmobiliario, artístico y documental; y, por último, los municipios, que perdieron su principal fuente de ingresos al privatizar los bienes de propios, baldíos y comunales.
• Todo esto dio pie a que el mundo rural y campesino apoyara la causa carlista, ya que prometía la vuelta del Antiguo Régimen agrícola y la anulación de las desamortizaciones.
• La desamortización acabó siendo vista como el instrumento de los liberales, los ricos y poderosos que gobernaban la España de aquella época.