La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931): Modernización y Crisis en la España del Siglo XX

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)

La larga crisis del sistema canovista se resolvió de forma inesperada mediante el

golpe de estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, golpe aceptado por el monarca y parte de la opinión pública.

Pronto se transformó en una dictadura que fomentó el desarrollo económico y

mantuvo la paz social, a cambio de paralizar la Constitución, prohibir la actividad

política y controlar la prensa. El intento final de establecer un estado corporativista

apoyado por un partido único, a imitación del modelo fascista, fracasó. Finalmente,

terminó por producirse una crisis política que, tras acabar con Primo (que dimite el

28 de enero de 1930), desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II

República, que llegaría en 1931.

1. Llegada de Primo de Rivera al poder

El régimen de la Restauración fue debilitándose a comienzos del siglo XX, pues sus

problemas estructurales (exclusión de las masas en la política, oligarquía, caciquismo…) no pudieron ser resueltos a pesar de los tímidos intentos de reforma y regeneración iniciados tras la crisis de 1898.

Tras el asesinato de Canalejas (1912), el modelo bipartidista español comenzó a

ponerse en tela de juicio, y, durante la década de 1910-1920, la crisis se acentuó en todos sus ámbitos (militar, político y social), con la guerra de Marruecos o la huelga general de 1917 como algunos de los sucesos más destacados.

Además de estos hechos, las diferencias políticas entre los distintos partidos, incluidos los dinásticos, hicieron que desde 1913 el panorama español fuese complicado, a lo que hay que añadirle el hecho de que la IGM, en la que España se

mantuvo neutral, también dividiera en dos a la sociedad española.

1.1 La descomposición del sistema.

Desde 1917 hasta 1923 los gobiernos se vieron incapaces de realizar reformas

políticas en profundidad, de hecho hubo una gran inestabilidad política, sucediéndose hasta trece gobiernos distintos. A esto se le añadieron una serie de

conflictos sociales y de tensiones políticas consecuencia del conflicto de Marruecos,

que imposibilitaron la supervivencia del régimen de la Restauración.

a) La descomposición política.

Durante la primera etapa del régimen de la Restauración (1875-1898), los dirigentes dinásticos pretendieron realizar una renovación política basada en el bipartidismo y la estabilidad política. Pero la oposición a este sistema, sucesivas crisis desde fines del siglo XIX y la fragmentación de los partidos dinásticos hicieron que, progresivamente, la Restauración fuera disolviéndose.

No se hizo posible ya reunir mayorías parlamentarias suficientes con el fin de crear

gobiernos estables. Por ello, a partir de 1917 se recurrió con frecuencia a los gobiernos de concentración, siendo el más relevante el Gobierno Nacional (presidido por Maura desde 1918), con participación de todos los jefes parlamentarios de los partidos afines a la monarquía, tanto liberales como conservadores, y de los regionalistas catalanes.

Las reformas propuestas para frenar la inflación y restablecer el orden social no

pudieron ser llevadas a cabo, ya que existían grandes diferencias entre los dirigentes, volviendo así al turno dinástico, lo que supuso la sucesión de 10 gobiernos distintos que no encontraban en el fraude electoral la mayoría absoluta ni

la estabilidad.

b) Conflictividad social.

Todos los grupos revolucionarios se sentían en este momento con ciertas esperanzas, pues en Rusia acababa de triunfar la Revolución bolchevique. Por otro

lado, el fin de la Gran Guerra (1914-1919) supuso para España un cambio brusco en la economía: la producción descendió, aumentó el paro y los precios subieron. Todo esto hizo que tuviera lugar una movilización obrera y un gran crecimiento del

sindicalismo.

El recurso a la huelga se hace muy importante en este momento, y será en Barcelona donde mayores dimensiones se alcanzarán. Destaca la huelga en la

Canadiense, desarrollada en 1919, y que finalizó con la readmisión de los despedidos, el aumento de salarios y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. La huelga fue reiniciada tras el incumplimiento de la promesa a la hora de liberar a los detenidos, por lo que la patronal cerró empresas y protagonizó una

durísima represión contra los sindicatos.

En Andalucía tuvo lugar lo que se conoce como Trienio Bolchevique (1918-1921):

anarquistas y socialistas, estos últimos en menor medida, protagonizaron revueltas

campesinas (quema de cosechas, ocupación de tierras y municipios controlados por

los comités de huelga) como consecuencia del “hambre de tierras”, del deterioro de

los salarios y de las condiciones de vida. Esta rebelión llegó a su fin con la declaración del estado de guerra, la ilegalización de las organizaciones obreras y la

detención de sus líderes.

La posición de los sindicatos y de la patronal se radicalizó. Con el objetivo de detener a la fuerza sindical se creó la Federación Patronal, fueron contratados pistoleros a sueldo y se recurrió frecuentemente al cierre de las empresas. Se fundó, además, el Sindicato Libre con el que fomentaron las acciones violentas contra el sindicalismo anarquista. Algunos grupos vinculados a la CNT respondieron ante esto con violencia, y atentaron contra las autoridades, contra los patronos y contra las fuerzas del orden. Esto hizo que esta época (1916-1923) fuera bautizada con el nombre de pistolerismo. Por otra parte se establece la ley de fugas, por la cual la policía tenía derecho a disparar a los detenidos en caso de intento de fuga.

c) El problema de Marruecos.

Las kabilas de la zona oriental del Protectorado del norte de Marruecos hostigaban al

ejército español permanentemente al inicio de la década de 1920. Se intentaron

varias operaciones para controlar a los rebeldes. El general Silvestre inició una

ofensiva que acabó en un verdadero desastre, y el ejército fue derrotado en el llamado desastre de Annual (1921)

En 1923, sectores del ejército y de la derecha fueron movilizándose ante la pretensión de llevar la derrota en Annual al parlamento, ante los gobiernos inestables y ante la grave tensión social existente, y, desde hacía ya un tiempo, veían la única salida a la crisis en una dictadura militar.

1.2 Las causas del golpe militar.

El golpe militar que tuvo como consecuencia el inicio de la dictadura de Primo de

Rivera, una medida claramente inconstitucional, fue justificado por éste y por los

sectores que lo apoyaban como una solución ante la crisis política y la conflictividad

social y, se difundió a través de un discurso con pretensiones regeneracionistas.

Las razones por las cuales la situación debía cambiar, bajo el punto de vista de los

golpistas, eran las siguientes:

  • Inestabilidad y bloqueo del sistema político parlamentario, a lo que se le añadía un gran desprestigio motivado por el fraude electoral.
  • El miedo por parte de las clases acomodadas a una posible revolución social, y a una mayor influencia del republicanismo y del nacionalismo periférico, en especial el catalán.
  • El descontento del ejército tras el desastre de Annual en el conflicto de Marruecos. Existía, además, un deseo por evitar que las Cortes pudieran exigir responsabilidades por lo sucedido en Marruecos (el denominado “expediente Picasso” que investigó el desastre).
  • El establecimiento de sistemas dictatoriales en otras zonas de Europa, en especial, el fascismo italiano tras la marcha sobre Roma (1922)

Algunos historiadores opinan que otra de sus razones fue evitar que el régimen

político de la Restauración terminara por democratizarse, ya que el último gobierno

de concentración pretendía una reforma en la Constitución de la ley electoral, del

sistema de turno de partidos, de las relaciones laborales y de la limitación en el

poder del rey.

2. Bases políticas

La dictadura de Primo de Rivera consta de dos fases. Inicialmente se desarrolló el

Directorio militar (1923-1925), que se mantuvo hasta que comenzaron a intervenir

en el gobierno personalidades civiles, desembocando así en un Directorio civil (1925-1930), aunque no se abandonó nunca el régimen autoritario.

Durante el Directorio militar se mantuvo un profundo carácter dictatorial reflejado en las medidas que se tomaron, como fueron la suspensión del régimen constitucional, la disolución de las cámaras legislativas, el cese de las autoridades civiles y la prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. A esto se le sumó el gran poder que tenía el ejército sobre el pueblo y la represión del obrerismo más radical.

El caciquismo seguía existiendo, su eliminación fue una de las intenciones más propagandísticas del dictador, que elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Además, fueron disueltos los ayuntamientos, sustituidos por juntas. La regeneración que habían perseguido y prometido quedó reducida a una farsa; los

mecanismos electorales se suspendieron y la renovación política únicamente sustituyó unos caciques por otros.

Se creó la Unión Patriótica, un partido gubernamental cuya misión era apoyar a la

dictadura sin tener un programa ideológico definido y siguiendo el modelo fascista de partido único impuesto por Mussolini en Italia. Los afiliados provenían principalmente de las filas del catolicismo, funcionarios y caciques rurales. Por otro lado, se reactivó el Somatén, un grupo de ciudadanos armados voluntariamente cuya finalidad era mantener el orden público.

El esfuerzo de Primo de Rivera durante esta primera etapa fue dirigido hacia el

conflicto de Marruecos. Con la ayuda francesa se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), con gran éxito. El conflicto se dio por finalizado en 1927 con la

ocupación efectiva por parte del ejército español de todo el Protectorado marroquí, lo que le dio al dictador una gran popularidad.

Trató de institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia. Comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, ya durante el

Directorio civil, cuyos miembros no eran elegidos por sufragio sino por designación;

de hecho, el sufragio universal quedó completamente olvidado. Pero esta asamblea

fracasó rápidamente en su intento de redactar una ley fundamental que hiciera el

papel de constitución de la dictadura.

3. Política económica y social

La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional de los años 20 y puso en marcha un programa para fomentar la economía, pero sin intervenir apenas en el inestable mundo agrario. Fueron años de política proteccionista y de dirigismo estatal que impulsaron el desarrollo industrial.

El estado tuvo un protagonismo económico notable gracias al fomento de las obras o infraestructuras públicas (ferrocarriles, carreteras, embalses, confederaciones

hidrográficas, etc.) y se aprobó un decreto de protección de la industria nacional que preveía la entrega de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios como el de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España (1924) y de petróleo a la Compañía CAMPSA (1927). Toda esta política provocó un notable crecimiento del déficit presupuestario y un acusado endeudamiento del estado.

A nivel social, la dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo

que pretendía:

  • Eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del estado
  • La integración de los sectores moderados del movimiento obrero
  • La represión de las organizaciones más radicales.

Por esto, a imitación del fascismo italiano, se creó la Organización Corporativa Nacional, que articulaba las relaciones laborales sobre la base de las profesiones,

creando los comités paritarios, formados en igual número por patronos y obreros. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, la

mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales. Contaron con el apoyo de la

UGT, mientras la CNT era prohibida, obligando a anarquistas y comunistas (que

habían surgido en 1921 como escisión del PSOE) a permanecer en la clandestinidad.

4. La oposición a la dictadura

El régimen dictatorial de Primo de Rivera recibió el apoyo de la oligarquía de terratenientes e industriales, el ejército, la Iglesia, gran parte de las clases medias y también parte del mundo obrero (los socialistas no ofrecieron especialmente resistencia e incluso colaboraron con el régimen).

Recibió, sin embargo, la oposición de algunos líderes de los partidos dinásticos, los

republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, y casi la totalidad de los intelectuales.

Fue clave el creciente descontento en las filas del ejército ante las arbitrariedades de Primo de Rivera, y varios dirigentes participaron en conspiraciones militares.

En cuanto al mundo estudiantil, la dictadura pretendió controlarlos mediante la

censura llegando incluso a cerrar las universidades, lo que derivó en protestas

(protagonizadas por figuras como Unamuno y Ortega y Gasset), y en el origen de un gran sindicato opositor, la Federación Universitaria Española.

El conflicto político más persistente se produjo con el republicanismo y los nacionalismos. Los republicanos organizaron la Alianza Republicana y desarrollaron una gran campaña propagandística en el exterior. En Cataluña, las medidas represivas que Primo de Rivera tomó supusieron un profundo distanciamiento.

La CNT se mantuvo también contraria al régimen y fue intensamente perseguida,

agravando la situación entre los partidos de posturas más radicales y violentas. En

1927 crearon la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El PSOE cambió su posición en 1929, momento en el que los problemas económicos empeoraron enormemente

tras el crack de la Bolsa de Nueva York, que hicieron que el descontento social aumentase, dando lugar a nuevos movimientos huelguísticos que acrecentaron la

oposición a la dictadura: el PSOE proclama su oposición al régimen y su apoyo a la

causa republicana.

5. El fin de la dictadura: la caída del dictador.

La oposición a la dictadura se intensificó. Además, aumentaron los problemas económicos, con una deuda todavía mayor debido a la Exposición Universal de Sevilla (1929). Todo esto motivó la reaparición de conflictos sociales, que motivaron

el abandono socialista.

De este modo el rey, convencido de que la dictadura podía suponer un peligro para

la permanencia de la monarquía, dejó de confiar en Primo de Rivera, quien terminó

dimitiendo el 30 de enero de 1930, y Alfonso XIII se apresuró a aceptarla presionado por los políticos conservadores y liberales que deseaban volver al parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a París, donde murió dos meses después.

El general Berenguer lo sustituyó, y se inició así un período conocido humorísticamente como la “dictablanda“, cuyo objetivo era convocar unas elecciones

que facilitasen la vuelta a la situación previa a 1923.

La vuelta a las libertades constitucionales fue muy lenta y los sectores opositores

(republicanos, socialistas, catalanistas de izquierda) aprovecharon esta situación

para conseguir más apoyos. Comenzaron entonces a organizarse y firmaron el Pacto de San Sebastián (1930), por el que se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Su finalidad fue, por lo tanto, presentarse a las

elecciones y establecer un gobierno provisional, preludio de la futura república. Para estar perfectamente coordinados crearon un Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora, republicano bastante conservador.

La posibilidad republicana terminó por ser apoyada por la CNT e incluso por sectores militares, ejemplo de esto la sublevación de Jaca de 1931 en la que se tomó la ciudad y se proclamó la república. Mientras, Alfonso XIII se sentía cada vez más aislado.

Berenguer, sin embargo, fue incapaz de preparar las elecciones por lo que fue sustituido por el gobierno del almirante Aznar, que puso en marcha unos comicios

en los tres niveles: municipales, provinciales y legislativas.

En primer lugar fueron convocadas el 12 de abril de 1931 las elecciones municipales, pero Alfonso XIII estaba excesivamente comprometido con la dictadura y las elecciones se presentaron como una votación a favor o en contra de la monarquía. El triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas republicanas y socialistas precipitaron la abdicación del rey y la proclamación de la

II República el 14 de abril de 1931, ante el entusiasmo popular.