El régimen de la Restauración, a pesar de sus promesas regeneracionistas, fue incapaz de ensanchar su base social y solucionar los problemas del momento, sobre todo a partir de 1917, por lo que, con la irrupción cada vez más fuerte de sus opositores (republicanos, movimiento obrero, nacionalistas) y la fragmentación de los partidos dinásticos tradicionales, se fueron sucediendo las crisis y los conflictos que desembocaron en el golpe de Estado del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de Septiembre de 1923, golpe que fue aceptado por el monarca y parte de la opinión pública.

Dicho golpe pronto se transformó en una dictadura que fomentó el desarrollo económico y mantuvo la paz social, a cambio de suspender la Constitución, prohibir la actividad política y controlar la prensa. El intento final de establecer un Estado corporativista apoyado por un partido único, a imitación del modelo fascista, fracasó. Finalmente, terminó por producirse una crisis política que, tras acabar con Primo (que dimite el 28 de enero de 1930), desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II República, que llegaría en 1931.

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera sacó las tropas a las calles de Barcelona, ocupó los principales edificios oficiales y declaró el Estado de guerra, iniciando así el golpe de Estado. En un manifiesto proclamó la suspensión de las garantías constitucionales y exigió que el poder pasara a manos militares. Alfonso XIII, tras unas horas de indecisión, dio su beneplácito al golpe y encomendó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares.

El Golpe militar que tuvo como consecuencia el inicio de una dictadura, una medida claramente inconstitucional, fue justificado por Primo de Rivera y por los sectores que lo apoyaban (la monarquía, los sectores católicos, la patronal catalana,…) como una solución ante la crisis política y la conflictividad social y, se difundió a través de un discurso con pretensiones regeneracionistas que se centraba en la crítica de la “vieja política”. Tenía un claro componente populista con el fin de atraerse la opinión popular.

Las razones por las cuales la situación debía cambiar, bajo el punto de vista de los golpistas, eran las siguientes:

• La inestabilidad y bloqueo del sistema político parlamentario, a lo que se le añadía un gran desprestigio motivado por el fraude electoral.
• El auge de la conflictividad obrera y campesina, así como una mayor influencia del republicanismo y del nacionalismo periférico, en especial el catalán que amenazaba la unidad de España.
• Y el descontento del ejército tras el desastre de Annual en el conflicto de Marruecos. Existía, además, un deseo de evitar que las Cortes pudieran exigir responsabilidades al rey y los altos mandos militares por lo sucedido en Marruecos (el denominado “expediente Picasso” que investigó el desastre).

A estas razones se une además un contexto internacional favorable a la solución dictatorial. Por un lado la revolución bolchevique en Rusia (1917) había despertado expectativas entre la clase obrera pero había generado el miedo a la expansión del comunismo entre las clases propietarias; además tras la 1ª Guerra Mundial, muchos países europeos entraron en una situación de crisis en la que las democracias liberales salieron seriamente perjudicadas y en este ambiente, se produjo el ascenso y auge de los fascismos (Italia, 1921) como respuesta a esta crisis y a la amenaza del comunismo y del movimiento obrero. Nadie salió en apoyo del régimen liberal y el Golpe se entendió como el fin de un sistema político nacido medio siglo atrás. Predominó una clara indiferencia que denotaba el escaso entusiasmo hacia un régimen caduco y caciquil. Por el contrario tuvo el apoyo de las derechas antiliberales y de los católicos. También contó con el respaldo del nacionalismo catalán de la LLiga y con la patronal. Por el contrario los sectores más reticentes fueron los de los partidos del turno que si bien no se opusieron al golpe si manifestaron que no colaborarían con Primo. En el otro extremo los sindicatos obreros actuaron de forma tímida. Los socialistas reclamaron tranquilidad y solamente anarcosindicalistas y comunistas convocaron una huelga que apenas tuvo incidencia. Primo de Rivera se presentó ante la prensa como un cirujano de hierro que pretendía llevar a cabo un saneamiento político y que, en noventa días, tras acabar su tarea, se retiraría de escena. Sin embargo esto no fue así y la dictadura se prolongaría mucho más tiempo del anunciado.

La dictadura militar duró siete años en los que se puede diferenciar un Directorio Militar, de 1923 a 1925 con gabinetes integrados por ministros exclusivamente militares, y un Directorio Civil entre 1925 y 1930 con presencia de ministros civiles y la intención de institucionalizar el nuevo régimen.

El Directorio militar (1923-1925)

Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las actividades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, etc. todo ello acompañado por la militarización del orden público y la dura represión hacia anarquistas y comunistas.

La eliminación del caciquismo fue una de las intenciones más propagandísticas del dictador, que elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Además, fueron disueltos los Ayuntamientos, sustituidos por juntas de vocales (mayores contribuyentes de la localidad) nombradas por los gobernadores civiles. La regeneración que habían perseguido y prometido quedó reducida a una farsa; los mecanismos electorales se suspendieron y la renovación política consistió únicamente en la sustitución de unos caciques por otros.

El Directorio civil (1925-1930)

En este periodo se intentó dar carta de legalidad al régimen para que éste perdurase en el tiempo. A imagen de lo que ocurría en la Italia fascista, Primo de Rivera inició la institucionalización de su régimen mediante la creación de un partido único, la Unión Patriótica (1924). Fue un partido sin base social, de ideología derechista, antiparlamentaria, autoritaria, monárquica y católica, creado para colaborar con el gobierno y convertirse en un instrumento de propaganda oficial. Además se creó una Asamblea Nacional Consultiva (1927), a modo de pseudoparlamento que carecía de capacidad legislativa y sólo ejercía la función consultiva de asesorar e informar al dictador. Estaba formada por 400 miembros que no eran elegidos sino designados por el gobierno entre afiliados a la Unión Patriótica, oficiales del ejército, obispos y clases altas.